El lío de las subvenciones escolares día a día hasta el cambio de Ministra

A propósito del lío en torno al cobro indebido de subvenciones escolares y del desorden en el control del pago de dichas subvenciones, que culminó con la aprobación de una acusación constitucional contra la ex-Ministra Yasna Provoste y la designación de Mónica Jómenez como nueva Ministra de Educación el 17 de abril 2008, se transcriben a continuación:

-- una columna de J. J. Brunner publicada en la sección Educación del diario El Mercurio del día 9 de marzo 20087, y

-- una columna de Carlos Peña aparecida el domingo 24 de febrero en el cuerpo Reportajes de El Mercurio.

Más abajo ver un registro día a día de la información, comentarios y análisis de prensa aparecidos en torno a este tópico a partir del día 16 febero y hasta el 17 de abril de 2008.

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Columna de opinión publicada por J. J. Brunner en la Sección Educación del diario El Mercurio, domingo 9 marzo 2008.

Más allá del debate sobre las subvenciones: ¿Qué hacer?

El fragor de la polémica en torno al cobro indebido de subvenciones y la falta de adecuado control en esta materia ha impedido asumir el principal desafío que resulta de esta situación. Cual es, la urgente modernización del Estado en el sector educacional.

En efecto, la conducción de este sector descansa sobre la frágil y anacrónica organización de nuestro Ministerio de Educación, pieza vital, sin embargo, dentro del esquema de gobierno del sistema escolar.

A lo largo de los últimos 18 años, este ministerio ha impulsado una serie de importantes reformas, pero no ha emprendido aún la de su propia organización.

Urge hacerlo. De hecho, el Acuerdo Educacional entre el Gobierno y la oposición prevé una nueva estructura de gobierno para el sistema escolar, con la presencia de cuatro organismos públicos: una autoridad curricular nacional, un organismo de control y fiscalización, una entidad encargada de monitorear el desempeño de las escuelas (la Agencia de Calidad) y el propio ministerio, cuyas funciones futuras no aparecen sin embargo claramente definidas.

¿Cuáles debieran ser esos roles?

En primer lugar, formular políticas y diseñar las normas fundamentales para el sistema escolar, tareas que suponen una especial capacidad de "inteligencia" o, como suele decirse ahora, de gestión de conocimientos.

Los ministerios de países como Finlandia, Corea, el Reino Unido, los Países Bajos y otros cuentan con equipos altamente profesionalizados, con gran capacidad técnica, que operan con el respaldo de una rica plataforma de conocimiento e información.

Nuestro ministerio necesita, en segundo lugar, desarrollar una plataforma tal, en estrecha conexión con centros académicos nacionales e internacionales dedicados a la investigación educacional, que le permita adquirir un grado mayor de sofisticación en el diseño de políticas, regulaciones e incentivos.

En tercer lugar, requiere contar -internamente o por la vía de servicios contratados externamente- con equipos humanos en condiciones de elaborar estándares y planes curriculares, y de prestar asistencia a los colegios en conformidad con las recomendaciones de la Agencia de la Calidad.

Por último, el ministerio debe dar un verdadero salto tecnológico que lo habilite para administrar y controlar de mejor forma los procesos rutinarios de comunicación con las escuelas y la comunidad educacional, el pago de subvenciones, el registro de la matrícula, sus relaciones con los sostenedores, la producción de las estadísticas oficiales, etcétera.

Por el momento, los rezagos en estos aspectos constituyen un obstáculo para racionalizar estos procesos y generan, además, problemas de orden administrativo, contable, de gestión e información que entraban un eficaz desempeño ministerial.

La actual coyuntura, cuando se inicia el debate parlamentario de los proyectos de ley que darán lugar al nuevo esquema de gobierno del sistema escolar, es favorable para emprender esta redefinición de funciones ministeriales. Corresponde al Gobierno tomar ahora la iniciativa.

Los ministerios de países como Finlandia y el Reino Unido cuentan con equipos de gran capacidad técnica y con el respaldo de una rica plataforma de información.

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Lecciones de un despilfarro

Carlos Peña

En un sistema escolar como el nuestro (donde el Estado financia la educación, pero no la provee) el principal deber de la autoridad es vigilar los subsidios. Para eso no basta con ser íntegro, se requiere validez, un buen diseño de las reglas y un cuidado escrupuloso por ellas. Todo lo que en este caso faltó. , El Mercurio, 24 febrero 2008

Lo que ha ocurrido en Educación no puede ser peor. Miles de millones de pesos manejados con inexplicable desorden y unos cientos en manos de sostenedores que los obtuvieron mediante engaño.

Y desgraciadamente -no vale la pena hacerse los lesos- la reacción de las autoridades no ha estado a la altura.

Conocidos los hechos, la ministra Provoste declaró que había 261 mil millones ya aclarados ante Contraloría. "No hay ningún recurso -agregó- que esté extraviado". El ministro Viera Gallo, por su parte, explicó que el Seremi Traverso no había cometido infracción, sino sólo incumplido "su deber de velar por el buen uso de los caudales públicos".

Esas reacciones (más centradas en defender a Traverso y a otros funcionarios que en explicar el desorden) eluden, me temo, la cuestión fundamental.

Porque nadie duda de la probidad de Traverso o de las autoridades de Educación. Nadie piensa que el Seremi se echó esos dineros al bolsillo. Pero si esos deberes se incumplen, o se los cumple a medias, y como resultado de eso hay despilfarro, el asunto no merece comprensión -como la que insinuó el ministro Viera Gallo- sino un reproche severo de parte del Gobierno.

Tampoco el asunto se resuelve o se suprime -como lo sugirió la ministra- porque los dineros aparezcan y el desorden se remedie.

Porque el problema es que durante un largo tiempo hubo desorden y los recursos públicos se manejaron al margen de los procedimientos que, con escrúpulo, es deber de las autoridades cumplir. En el Estado -nunca está de más recordarlo- los procedimientos lo son todo o casi todo. El respeto de los trámites -esta firma aquí, esta autorización allá, la espera de ese informe antes de cursar el cheque- es uno de los principales deberes de las autoridades y los funcionarios. Es el lado virtuoso de la burocracia. Los trámites y las reglas que a veces nos exasperan tienen fines de control y evitan que se confunda la liviandad de los asuntos domésticos (donde casi no hay reglas) con la formalidad que deben tener los asuntos públicos (donde las reglas lo son todo).

Cumplir las reglas -ser procedimentalmente virtuoso- es uno de los primeros deberes de quienes cumplen funciones públicas. Abandonarlas o dejar que se las abandone -lo que habría hecho Traverso- es incumplir el deber básico de quienes ejercen funciones públicas.

Por eso le haría mejor al Gobierno no morigerar este asunto. En vez de eso debiera hacer explícito que la probidad no basta. Que además sonnecesarios la eficiencia y el respeto escrupuloso de las reglas. Después de todo el costo de la ineficiencia y del descuido recae sobre esos millones de niños y de sus familias que han puesto todas sus esperanzas en la escuela.

Pero este asunto ha revelado también defectos en el financiamiento de nuestro sistema escolar.

En Chile -desde los años ochenta- contamos con un sistema escolar financiado mediante subsidios a la demanda. El Estado transfiere recursos a la escuela -privada o municipal- que el niño o su familia elige. Así -supuso Friedman en 1955- las escuelas tendrían incentivos para enseñar bien. Los padres podrían escoger y las buenas escuelas tendrían más estudiantes y más subsidios.

Pero como el subsidio se paga por asistencia (así la escuela tiene incentivos para evitar el ausentismo) existe la posibilidad de que el sostenedor, confiado en la débil fiscalización, la altere y así reciba más subsidio del que le corresponde.

Eso es lo que, al parecer, habría ocurrido en este caso.

Una manera de evitar que el ardid se generalice (manteniendo el sistema de subsidios a la demanda) consiste en pagar la subvención por matrícula y no por asistencia. El sistema de aseguramiento de la calidad (hoy día inexistente) podría crear incentivos suficientes para que la escuela evitara el ausentismo.

En nuestro país hay cerca de 10.000 centros educativos. Casi todos ellos -con excepción de 506 establecimientos privados- reciben subsidios en proporción a la asistencia. Controlar la fidelidad de esa información entregada por los colegios es muy difícil. Pero no lo es en cambio controlar la calidad de los colegios más débiles. Por eso no es descabellado imaginar subsidios por matrícula con un sistema de aseguramiento de la calidad independiente centrado en las escuelas de peor rendimiento.

Lo que es claro es que en un sistema como el nuestro -donde el Estado financia la educación, pero no la provee- las autoridades educativas debieran especializarse en el control del buen uso de los recursos. Ese es su deber básico. Y como la capacidad de hacerlo es inevitablemente escasa, es mejor centrarse en el control de quienes atienden a los niños y las familias más vulnerables.

Ah, y por supuesto, cuando hay despilfarro o desorden el primer deber de las autoridades no es dar excusas o minimizar los hechos, sino poner el grito en el cielo.


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Publicado por: jjbrunner

Comentarios

Publicado por: Guillermo J. Briones Fecha: Marzo 6, 2008 01:55 AM

Publicado por: alicia blanco Fecha: Abril 17, 2008 03:19 PM

Publicado por: Diego Poblete Fecha: Abril 19, 2008 10:33 AM

Publicado por: JJ B Fecha: Abril 20, 2008 12:52 PM

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