Discurso de la Presidenta de la República al presentar la Ley General de Educación, 9 abril 2007

Amigas y amigos:

Yo creo que esta ceremonia, lo decía la ministra, tiene un simbolismo especial. Hace seis días firmé el proyecto de ley que corrige el sistema electoral vigente. Con ello dimos un paso significativo en contra de la exclusión política. Hoy estamos dando otro paso, también significativo, en contra de la discriminación y a favor de la igualdad de oportunidades en la educación.

Ambos cambios permitirán superar resabios autoritarios y fortalecerán la inclusión social, que es uno de los sellos de mi gobierno.

Estamos cumpliendo, también, con un compromiso adquirido ante el país y ante la comunidad educativa. Damos un paso determinante en la historia de la educación en Chile, un paso para un mejor futuro para nuestros niños y nuestros jóvenes.

Hoy enviamos al Congreso Nacional el proyecto de nueva Ley General de Educación, que deroga y reemplaza la anterior Ley Orgánica, la actual LOCE.

Teníamos el compromiso ante el país y la comunidad educativa de hacerlo. Pero era, además, un compromiso con nuestras más profundas convicciones republicanas: en democracia, una ley debe su legitimidad a la soberanía popular, y la actual LOCE, claramente no cuenta con esa legitimidad. Su origen autoritario y su lejanía con las necesidades y las demandas de amplios sectores de la educación, reclamaban la necesidad de reforma. Más aún, había que contar con una ley que permitiera avanzar con fuerza hacia una educación de calidad.

Este es un primer ajuste con la historia: dotar de validez democrática a una ley que regula uno de los ámbitos más importantes de la actividad humana, como es la educación.

Pero junto a ello, este proyecto representa una manera de deliberar sobre políticas públicas de la cual yo me siento orgullosa: es el resultado de un amplio y representativo proceso de discusión que todo el país conoce, y aquí se vierten las ideas y el aporte de muchos.

El año pasado abrimos un diálogo. Muchos dijeron que iba a ser un desastre. Sin embargo, yo creo que fue fructífero y que fue necesario, porque es un diálogo sobre un tema que era importante para todos.

Una reflexión y un trabajo en que se dio el espacio necesario a todos los actores comprometidos con la educación. Y hoy estamos viendo resultados fructíferos de esta labor.

Quiero aprovechar esta oportunidad, nuevamente, de dar muchas gracias a todas y a todos quienes contribuyeron a hacer de este proyecto una realidad.

Pero hay un tercer hito importante que va a marcar esta ley: nunca antes se establecieron en forma tan clara y tan amplia, derechos garantizados en educación.

Nunca antes se habló tan claramente de calidad en la educación, al menos a este nivel tan alto de la legislación. Que como yo siempre he dicho, ha llegado la hora de pasar de aquel derecho garantizado hoy día en Chile, de educación a todos, al derecho a una educación de calidad a todas y a todos.

Nunca antes se tuvo en perspectiva alinear todo el sistema educativo con la exigencia de construir un país mejor para todos. No le podemos pedir a la educación por sí sola que cambie el país, sin duda, ningún esfuerzo aislado podría hacer tanto. Sabemos que tenemos que actuar en distintos ámbitos vitales al mismo tiempo, pero también sabemos que sin una mejor educación no habrá un mejor presente y un mejor futuro para cada uno de sus habitantes y, por ende, no habrá un país mejor.

Lo que hoy día concretemos sólo tendrá plenos efectos en las nuevas generaciones, pero tenemos plena conciencia de estar dando pasos decisivos.

Junto con la reforma a la educación, estamos construyendo un estado moderno, que busca universalizar la prestación de bienes públicos de manera sostenida y progresiva. Y mientras transformamos la educación y modernizamos el Estado, damos forma a un nuevo sistema de protección social. De allí lo que estamos haciendo con el nuevo régimen de pensiones, lo que seguiremos haciendo con la salud, lo que seguiremos haciendo con la política de vivienda de mejor calidad, con las políticas de infancia, en fin, todo el conjunto de políticas que estamos llevando adelante para que nuestro país sea un Estado moderno de bienestar, donde contemos con un sistema de protección social consolidado, que apoye a los que les va bien, pero que, sobre todo, apoye fuertemente a los que han quedado rezagados.

Todas estas transformaciones se harán fortaleciendo la democracia, descentralizando el poder, considerando a los ciudadanos, eliminando exclusiones, integrando mejor al país, porque como siempre he dicho: Chile somos todos.

Y esta forma de ver el desarrollo, esta forma de entender los derechos de los ciudadanos, es una visión que se entronca con la tradición de progreso social en nuestro país que primó durante gran parte del siglo XX.

Hoy podemos retomar esta senda, hacer nuestros los instrumentos más modernos y avanzar a paso firme hacia una sociedad mejor, más justa y solidaria.

¿Cuáles son los ejes de este proyecto de Ley General de Educación?

Un primer y trascendental eje consiste en instituir la responsabilidad del Estado para que todos los niños y jóvenes de Chile tengan igualdad de oportunidades desde el inicio de la vida escolar.

Y lo que estamos haciendo es asegurar el acceso gratuito a 14 años de educación formal, desde pre kinder hasta Cuarto Medio. Nunca antes en Chile el Estado garantizó a todos sus hijos e hijas que podrían incorporarse a la educación parvularia de manera gratuita y a tan temprana edad.

Un segundo eje tiene que ver con el deber del Estado de velar por el derecho a una educación de calidad, imponiendo la definición de estándares rigurosos y exigentes, tanto en términos educativos como administrativos y de gestión.

En esa misma línea se encuentra el establecimiento de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa. A partir de esta ley, ningún establecimiento que reciba financiamiento público podrá discriminar a ningún alumno por razones familiares, económicas, religiosas o de otra índole. Asimismo, se prohíbe la selección de alumnos para el ingreso a los establecimientos que reciben subvención estatal hasta octavo año básico y que en los casos cuando no haya cupo, tendrá que buscarse mecanismos objetivos y no arbitrarios cuando no caben todos los postulantes al colegio.

Un tercer eje apunta a hacer más exigentes los requisitos para obtener el reconocimiento oficial a los establecimientos que impartan educación.

Aún más, a partir de esta ley, los recursos públicos entregados a las entidades educativas deberán ser destinados muy precisamente al cumplimiento de la función educativa, porque para eso son los recursos públicos, para ser invertidos en educación y nada más que educación, y fiscalizaremos que así se haga.

En este sentido, proponemos que en el futuro, los establecimientos educacionales que reciban subvención del Estado, se organicen como personas jurídicas sin fines de lucro, para asegurar aún más que los recursos se gasten bien.

Tenemos que seguir el ejemplo de una serie de sostenedores que hoy cumplen dicha función con espero y transparencia. Hay allí iglesias, hay fundaciones, hay personas naturales de vocación pedagógica. A todos ellos queremos seguir apoyando, porque la educación es tarea de todos en nuestro país.

Un cuarto eje es la creación de un nuevo Consejo Nacional de Educación que reemplazará al actual Consejo Superior de Educación.

De lo que se trata es que se constituya, efectivamente, en el organismo rector que sancione cuáles son los contenidos que la sociedad chilena quiere transmitir a las nuevas generaciones.

Por su importancia, sus integrantes deberán ser académicos, profesionales, docentes y estudiantes de la más alta excelencia, reconocida ampliamente. Su composición, asimismo, contará con la participación de profesionales destacados que representen a los organismos representativos de los docentes y la Asociación Chilena de Municipalidades.

Porque una educación de calidad es una tarea superior que concierne a todos, el nuevo Consejo deberá estar formado por los mejores y contar con la voz de quienes están más directamente ligados a la actividad educativa.

Amigas y amigos:

La nueva Ley General de Educación establece un marco regulatorio general, sin que pueda, obviamente, entrar en detalles. Es sólo el inicio, aunque es un gran inicio.

Por eso seguimos trabajando en los otros componentes del sistema educativo.

Estas nuevas reglas del sistema educativo son la base de una nueva arquitectura de la educación chilena, donde los pilares serán:

Una robusta Superintendencia que fiscalice para garantizar el derecho a una educación de calidad, con atribuciones suficientes para cumplir con ese papel, proyecto de ley que enviaremos en los próximos 30 días.

El incremento de recursos financieros asociado a la más exigente rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos públicos.

El reforzamiento de la institucionalidad pública educativa para que, efectivamente, imparta educación de calidad para quienes más lo necesitan en Chile, los sectores populares y la clase media del norte al sur de nuestro país.

Hoy cumplo con un compromiso con Chile.

En las próximas semanas cumpliremos con el resto de nuestra agenda educacional, que va a dar respuesta no sólo al marco regulatorio, como es la ley que hoy día estamos promulgando, que va a dar respuesta al marco de la fiscalización, va a dar respuesta al marco de la institucionalidad y del financiamiento.

Porque como dije durante la campaña, cuando recorrí Chile de punta a cabo: la educación es nuestra prioridad para ese Chile más justo y moderno que queremos construir.

Hoy nos estamos embarcando en la más hermosa tarea que un país puede emprender. Hoy estamos sembrando más igualdad y justicia, más mérito, más capacidades para las personas, más oportunidades para todos y todas nuestras hijas e hijos.

Muchas gracias.

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El lucro y las platas públicas
Eduardo Engel

La Tercera, 15 abril 2007

¿Lucrar o no lucrar? Ese es el tema que ha puesto en la agenda el gobierno con el proyecto de Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) anunciado esta semana. Porque la propuesta establece que sociedades cuyo fin es ganar plata no podrán ser dueñas de colegios subvencionados por el Estado.

¿Y la calidad?

Existe amplio consenso en que el principal problema de la educación en Chile es la mala calidad. Nos va muy mal en pruebas que comparan la calidad de la educación entre países. El rendimiento promedio de los colegios municipalizados y subvencionados es pobrísimo; aun el rendimiento de los mejores colegios privados no llega siquiera a los niveles promedio de países desarrollados.

La LOCE es sólo una de varias leyes que presentará el gobierno para mejorar la calidad de la educación. Falta conocer el proyecto que crea la Superintendencia de Educación, la ley de subvención preferencial y el proyecto de administración municipal. Sólo cuando conozcamos el paquete completo podremos evaluar si realmente contribuirá a resolver el problema de la baja calidad en educación.

Lo que se puede adelantar, eso sí, es que terminar con los colegios subvencionados con fines de lucro no ayudará a mejorar la calidad de la educación, porque la evidencia indica que no existe una relación entre lucro y calidad. Hay escuelas con y sin fines de lucro que lo hacen relativamente bien, así como también existen ambos tipos de colegios entre los que lo hacen sumamente mal.

El caso de la telefonía rural*

A comienzos de los noventa, un millón y medio de chilenos vivía en localidades que no contaban ni siquiera con un teléfono. Esto llevó al gobierno a crear el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. El consejo ejecutivo del fondo preparó un inventario de las localidades rurales que necesitaban un teléfono público. A continuación la Subtel agrupó las localidades en proyectos, en base a proximidad geográfica, procediendo a licitarlos al proveedor que solicitara el menor subsidio. La primera ronda de licitaciones, iniciada en 1995, abarcó más de la mitad de las localidades sin teléfono público, 1.265 para ser precisos.

La empresa que se adjudicaba un proyecto tenía obligaciones claras en cuanto a la calidad del servicio que debía proveer. Al mismo tiempo, el contrato le permitía elegir la tecnología y tipo de red que estimara conveniente. El resultado de las licitaciones fue sorprendente: más de 30 empresas se interesaron en las licitaciones, la competencia que esto generó llevó a que los subsidios solicitados sumaran sólo la mitad del monto presupuestado por la Subtel. De esta manera se liberaron cuantiosos recursos que se destinaron a otros proyectos sociales.

Medios versus fines

Uno de los medios con que cuentan los gobiernos para cumplir su tarea es que las empresas privadas, con los incentivos adecuados, son más eficientes que las empresas públicas. Bien canalizada, la búsqueda del lucro por parte de los privados puede servir para lograr fines sumamente loables, como proveer teléfonos públicos en las zonas rurales más pobres del país a un costo mucho menor que si lo hiciera directamente el gobierno.

Aquello de "incentivos adecuados" para las empresas con fines de lucro es crucial. Por ejemplo, se requiere de contratos bien diseñados, donde la calidad del servicio se define con precisión y se monitorea en serio. También se requiere garantías y multas que incentiven a los privados a cumplir sus compromisos contractuales.

Con el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones las cosas se hicieron bien, en el caso del Transantiago, en cambio, no fue así.

Con la reforma educacional, uno de los desafíos centrales que tendrá la Superintendencia de Educación que se creará próximamente es definir y monitorear estándares de calidad.

¿Realmente sin fines de lucro?

Hace poco leímos en la prensa que un connotado político había vendido su participación en una universidad privada. Las universidades privadas son corporaciones sin fines de lucro, por lo cual no tienen dueño y luego nadie puede vender su participación en una de ellas. Lo que sucede es que existen una serie de artimañas que permiten burlar el espíritu de la ley. Una posibilidad es que la universidad arriende los terrenos y edificios donde funciona a una empresa con fines de lucro. Basta que ésta cobre precios más altos de los que corresponden, para licuar las eventuales utilidades que genere la universidad. Es por eso que el Estado debe monitorear cada transacción de una corporación sin fines de lucro si desea evitar abusos. Tal como lo muestra la experiencia chilena con las universidades privadas, hacer esto en la práctica resulta imposible.

Conclusión

Cuando justificó el artículo de la LOCE que termina con los colegios subvencionados con fines de lucro, la Ministra de Educación afirmó que "el espíritu de esta ley es que los recursos que el Estado invierte en educación -que son de todos los chilenos y que reciben los establecimientos municipales o particulares subvencionados- se destinen sólo para el objetivo que han sido enviados, que es educación". A mi juicio, el objetivo de la ley debiera ser mejorar la calidad de la educación de todos los chilenos, especialmente de los más pobres. Centrarse en si los colegios lucran o no lucran no es relevante. Primero, porque no existe ninguna relación entre lucro y calidad de la educación. Segundo, porque en la práctica los colegios sin fines de lucro tienen a su disposición una serie de martingalas para tener utilidades. Y tercero, porque con una regulación apropiada el país se puede beneficiar de la iniciativa privada en el campo de la educación.

Eduardo Engel
Department of Economics, Yale University

*Basado en Bjorn Wellenius, "Extending Telecommunications Services
to Rural Areas---The Chilean Experience", Public Policy for the
Private Sector, Febrero 1997.