J. J. Brunner advierte los riesgos de la futura Superintendencia de Educación

"Nada sería peor que crear un pesado sistema de procedimientos burocráticos de fiscalización que terminen ahogando a las escuelas bajo una tupida malla de controles y exigencias", advierte.

"Sería conveniente establecer que los colegios con mejor desempeño tendrán una inspección más ligera", sugiere desde España.

Que las escuelas desarrollen sus capacidades de autogestión y no "rodearlas con una suerte de cerco de supercontrol burocrático" son los desafíos que, a ojos del investigador educacional José Joaquín Brunner, debe enfrentar la futura Superintendencia de Educación.

Ayer la Presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley del nuevo organismo -sin entregar el detalle el articulado- que de aprobarse establece profundos cambios en el sistema educacional al permitir la intervención o cierre de colegios que reciben subvención estatal por malos resultados académicos o de gestión, además de establecer la fiscalización de los establecimientos particulares pagados si hay denuncias o reclamos contra ellos.

La superintendencia tendrá presencia en cada región del país, podrá auditar a los colegios, evaluará en forma periódica a sostenedores, colegios y docentes, además de exigir una rendición de cuenta económica y pedagógica de los dineros estatales entregados.

En el detalle del articulado "está la clave"

En medio de intensas reuniones en Valencia (España), donde desde hace un par de días Brunner trabaja en la supervisión del sistema de educación superior español por encargo de la OECD (que agrupa a los países en desarrollo), el profesional comentó a La Segunda los riesgos y desafíos que ve en esta futura instancia reguladora.

A continuación se reproducen en forma textual sus comentarios:

"Es positivo que por fin se inicie en Chile el debate sobre los procedimientos que se usarán para el aseguramiento de la calidad en el sistema escolar.

El gobierno ha dado a conocer en líneas generales las bases del proyecto que enviará próximamente al Congreso. Sin conocer el articulado es difícil pronunciarse en detalle, sin embargo. Y en el detalle está la clave en este caso.

Reconocer autonomía de gestión

De cualquier forma, en lo grueso el proyecto parece bien orientado y recoge la experiencia internacional. Establece un organismo público autónomo a cargo de las funciones de supervisión y evaluación. Dota a éste de las facultades necesarias para cumplir sus fines y prevé que el personal profesional sea independiente y se elija sin interferencia de los partidos y los intereses corporativos. Le encarga aplicar el SIMCE y decidir la participación de Chile en exámenes internacionales. Asimismo, evaluar establecimientos, a sus directivos y profesores.

Todo esto es correcto en la medida en que, a la vez, se reconozca firmemente la autonomía de gestión de las escuelas. Habrá que ver si esto último, que es decisivo, se contempla adecuadamente en el proyecto. Además, sería conveniente establecer que los colegios con mejor desempeño tendrán una inspección más ligera.

Clave las agencias interventoras

En cuanto a la intervención de las escuelas con mal desempeño reiterado, es evidente que ella se justifica. Crucial resulta aquí saber en detalle cómo ella se llevará a cabo.

En qué circunstancias, decidida por quién, cómo se hará, con qué garantías para padres y alumnos y, lo más importante, por quién se ejercerá.

Es decir, por qué tipo de agencias interventoras que -es de esperar-sean organismos técnicos de alta calidad, previamente acreditados y con suficiente apoyo en recursos por parte del Ministerio de Educación y dotado de las facultades para cumplir sus objetivos.

Confianza en las escuelas

En general, un sistema de aseguramiento descansa en la función de supervisión de los establecimientos. Esta debería mirar y evaluar, antes que todo, si acaso el colegio posee y usa dispositivos internos de gestión y control de calidad. Y si acaso ellos funcionan eficazmente.

Dicho en otras palabras: nada sería peor que crear un pesado sistema de procedimientos burocráticos de inspección y fiscalización, que terminen ahogando a las escuelas bajo una tupida malla de controles y exigencias. La filosofía que esperamos inspire el articulado del proyecto debería ser confianza en las escuelas y en su autonomía de gestión.

Rendición de cuenta simple, claro y directo

Los procedimientos de supervisión, en tanto, deben ser para mejorar la calidad del desempeño; no para fiscalizar minuciosamente el funcionamiento de una escuela, como si todas ellas fueran propensas a defraudar el interés público y a sus alumnos.

Lo mismo cabe decir respecto de la rendición de cuentas.

Es un principio que debe establecerse para todo establecimiento que recibe una subvención del Estado. Es obvio que así debe hacerse.

Debe haber transparencia y corrección, además de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos. Pero el mecanismo de rendición debe ser simple, claro y directo.

En suma, lo importante aquí está en los detalles. La intención de tener un sistema de aseguramiento de la calidad es correcta. Lo decisivo, sin embargo, es cómo esta intención se traduce en un articulado. Este debería poner énfasis en el desarrollo de capacidades de autogestión dentro de las escuelas y no en rodear a éstas con una suerte de cerco de super-control burocrático. Es de esperar que también el debate se centre en torno a esta disyuntiva y no en el terreno de los prejuicios ideológicos".

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