SIMCE: ¿qué podemos esperar?
José Joaquín Brunner
Columna publicada en el diario La Tercera, 13 mayo 2007

La pregunta clave no es si los resultados de 4° año básico están estables o estancados, sino si acaso hemos hecho lo necesario para mejorar los logros de aprendizaje de los alumnos. A esta crucial pregunta la respuesta es no; no hemos hecho lo que necesitaríamos hacer para cambiar la tendencia.

Primero, persiste hasta hoy la absurda idea que una educación de razonable calidad puede obtenerse con un gasto público por alumno 50% inferior al comúnmente considerado como imprescindible. Y, peor aún, insistimos en engañarnos, sosteniendo que, igual, el gasto ha crecido, sin reparar que tal esfuerzo ha servido, apenas, para alcanzar la mitad del nivel mínimo requerido. En breve, estamos comprando los resultados que obtenemos. Mientras el mercado de la enseñanza particular pagada nos indica que el costo de formar un alumno proveniente de un hogar rico en recursos económicos, sociales y culturales alcanza a alrededor de 150 mil pesos, nosotros pretendemos (hipócritamente) que el costo de formar a los niños de hogares pobres en estos recursos, podría equivaler a la quinta parte. Cosechamos lo que sembramos: un abismo cada vez mayor de aprendizaje entre niños provenientes de los dos extremos de la sociedad.

Segundo, sabemos hace rato, y ahora vemos confirmado, que más de la mitad de los alumnos de los grupos bajo y medio-bajo, y un 40% de los niños del sector medio --que en conjunto representan alrededor de un tercio del total de alumnos de 4° grado del país-- no alcanzan el umbral mínimo de competencias necesarias para seguir aprendiendo normalmente durante su carrera escolar. Sin embargo, pretendemos que también estos estudiantes, que a los déficit del hogar agregan los propios de una mala formación inicial, pueden educarse en condiciones de abierto sub-financiamiento. Los condenamos así a seguir adelante sin siquiera haberlos dotado de las capacidades mínimas de lecto-escritura y matemática. ¿Cómo podrían, entonces, mejorar su desempeño?

Tercero, mantenemos para este mismo tercio de alumnos un régimen de salas de clase sobrepobladas, con 35 o más alumnos por profesor. En estas condiciones es imposible que alumnos rezagados en sus aprendizajes puedan recibir la atención personalizada que requieren para progresar más rápido.

Cuarto, una proporción mayoritaria de estos alumnos, los más vulnerables entre ellos, asisten a escuelas municipales. Sin embargo, hasta aquí poco hemos hecho para entregar a estos establecimientos la autonomía de gestión y las capacidades que necesitarían para enfrentar la compleja tarea que la sociedad les impone.

Quinto, tampoco hemos abordado integralmente el rediseño de la profesión docente --su formación inicial, estatuto laboral, evaluación, retribución e incentivos-- al punto que contamos con algo así como un 5% de profesores destacados o de primera línea, cifra absolutamente insuficiente para dar un salto en los resultados de aprendizaje.

En fin, si no hemos hecho las tareas que nos corresponden como sociedad, ¿por qué habríamos de obtener mejores resultados en el SIMCE de los que merecemos? A fin de cuentas, el SIMCE no es más que un espejo que nos devuelve la imagen de nuestro pobre esfuerzo y falta de resolución para abordar los problemas de fondo de la educación chilena.

(c) La Tercera

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Brunner en su hora más crítica contra la política educacional del gobierno
Reportaje-entrevista, diario La Segunda, 11 mayo 2007

"Nadie puede esperar que cambiar la LOCE o tener una Superintendencia va a incidir tan directamente en los aprendizajes como las otras cosas que no se han hecho".

"Lo peor que podría ocurrir, y puede ocurrir, es terminar con distintos instrumentos legales que no fueran coherentes ni convergentes entre sí".

Por Jéssica Henríquez D.

Viene llegando de Argentina tras inaugurar un congreso educacional y ya va saliendo hacia Europa para evaluar el sistema de enseñanza superior española.

Sin embargo, el ex ministro e investigador educacional José Joaquín Brunner sigue de cerca cada paso que da el gobierno en materia educacional y el debate que han generado los resultados del último Simce, donde se reveló que el 40% de los alumnos de 4° básico apenas logra aprender los contenidos mínimos.

Cuando ya está a punto de lanzar el libro donde analizará, junto a otros importantes investigadores, la proyectada nueva Ley General de Educación (ver recuadro en pág. 25), conversó con "La Segunda".

"Recién podríamos hablar en serio doblando la subvención"

-¿Le sorprenden los resultados del Simce?

-Uno debe preguntarse qué cosas hemos hecho realmente como país, que sea de suficiente magnitud, como para provocar cambios reales en los resultados. ¿Hemos aumentado de manera dramática la inversión por alumno? No. Tenemos un gasto promedio de $30 mil a $35 mil por escolar, cuando sabemos que recién podríamos empezar a hablar en serio con una subvención pareja para todos los alumnos del doble de ese monto. Por encima de eso, diferenciada".

Continúa:

-¿Hemos reducido de manera dramática el número de alumnos por sala en cursos que atienden a los niños más vulnerables del país? Por cierto que no. Ahí sigue habiendo 40 niños por aula y no se pueden obtener los resultados que uno quisiera con ese número de escolares con dificultades.

-¿Hemos hecho una innovación radical en la formación de nuestros profesores de lectoescritura o Matemática del primer ciclo, que es donde el 40% de los niños no logra los dominios básicos? Tampoco.

-¿Nos hemos tomado en serio el problema de mil o dos mil colegios que no logran salir no de puntajes mediocres, sino de estar por debajo de la escala? No.

Por eso, dice, "si no hemos hecho ninguna de esas cosas, ¿por qué esperamos que se produzca un salto en los aprendizajes?".

"Difícil" enmendar el rumbo

-¿Dentro del gobierno está así de claro el diagnóstico?

-No sé qué tan claro está, porque en este minuto la política educativa está demasiado concentrada en los instrumentos legislativos y en el marco institucional. Nadie puede esperar que cambiar la LOCE o tener una Superintendencia va a incidir tan directamente en los aprendizajes como las otras cosas que no se han hecho.

-¿Se está errando el camino?

-Se está concentrando la atención, tiempo y energía en trabajar sobre el marco institucional, lo cual en parte se explica por la movilización que hubo el año pasado. Pero eso debiera ser complementario en abordar los problemas de fondo que no están en la ley y que no tienen que ver con la regulación del sistema, no tienen que ver con incluir o no a los operadores con fines de lucro o sacar dos años más o menos en la selección de alumnos... Tienen que ver con cuestiones propiamente pedagógicas de funcionamiento del sistema, con el gasto por alumno que es un indicador elemental para después exigir mejores resultados.

Lucro: "fue un planteamiento equivocado"

-¿Hay problemas de prioridad?

-Uno siempre en política debe trabajar en varios frentes y ahora estamos trabajando nada más que el frente de temas legislativos, que además está bastante desordenado. Aquí no hay sólo una iniciativa legal (LGE), sino 4 ó 5 más que están en el Parlamento que a todas luces demorarán un par de años en concretarse. Entonces queda la pregunta de, ¿cuál es la consistencia de todo esto?.

-¿Se puede aún enmendar rumbo?

-Creo que es muy difícil en lo que resta de este gobierno, porque ya tiene una agenda semiconsolidada y tal cantidad de iniciativas legislativas institucionales que en realidad su mayor preocupación de aquí al final del gobierno va a ser cómo les da consistencia a estas distintas iniciativas. Lo peor que podría ocurrir, y puede ocurrir, es que uno terminara con distintos instrumentos legales que no fueran coherentes ni convergentes entre sí, lo que al final significa que tendríamos una institucionalidad contradictoria.

-¿Qué piensa de haber introducido el tema del lucro en la Ley General de Educación?

-Fue un planteamiento equivocado, porque lo que el gobierno ha dicho es que quiere buscar cómo regular mejor a los proveedores de educación, en cuanto a los requisitos para serlo, las cuentas que deben rendir y los compromisos pedagógicos que van a asumir. Si uno es consecuente con esas tres cosas, no necesita entrar en el terreno de cómo se constituyen jurídicamente en sostenedores. Si están bien establecidas las regulaciones, el tener o no fines de lucro no guarda relación con la calidad. Bastaría haberse concentrado en las regulaciones principales y no irse por una rama que al final lo único que produjo es una tormenta de discusiones que tanto el gobierno como el resto de la sociedad sabemos que es de muy difícil aprobación. Además de que personalmente creo que no debiera ser aprobado, cualquiera que haga un cálculo político razonable de las fuerzas que inciden en estos temas debiera saber que eso no tenía ninguna posibilidad de éxito.

Libro de debate: "No tiene ningún carácter polémico ni conspirativo"

Sólo dos semanas demoró el grupo de académicos encabezados por José Joaquín Brunner en tener listo un libro que analiza la Ley General de Educación y que entre sus autores cuenta a expertos de diversas tendencias.

"Somos gente con trayectoria en investigación educacional que buscamos hacer un aporte, sin ningún carácter polémico ni conspirativo, con la idea de contribuir al debate", afirma

El libro será dado a conocer la próxima semana. En él cada autor aborda bajo su firma un tema específico. Entre los autores se cuenta a Mariana Aylwin (ex ministra), Carlos Peña (rector de la Universidad Diego Portales), Claudio Orrego (alcalde de Peñalolén), Abelardo Castro (ex decano de Educación) y los investigadores Jorge Manzi, Alejandra Mizala, Harald Beyer, Cristian Cox y Loreto Fontaine.

"No es una propuesta alternativa, sino un conjunto de planteamientos sobre los temas principales contenidos en el proyecto de Ley General de Educación y asuntos que rodean a esta iniciativa, como es la Superintendencia, el régimen de financiamiento y la gestión escolar", dice.

Uno de los grandes ausentes del libro es Patricia Matte (directora de la Sociedad de Instrucción Primaria), quien no pudo sumarse porque cuando recibió la invitación "tuvo que asumir una responsabilidad pública de representar en esta suerte de gabinete en las sombras de Educación por parte de la Alianza".

"El gobierno debiera liderar y, ciertamente, no lo está haciendo"

Descontento con la forma como está actuando el gobierno se manifiesta José Joaquín Brunner. "Es un actor que debiera liderar y, ciertamente, no está conduciendo el debate y el proceso de toma de decisiones como me gustaría".

Entre otras cosas, dice, porque tiene la tendencia de sólo proponer debate, abrir discusiones y generar deliberaciones. "En Educación, por ejemplo, eso se hizo con una comisión asesora de la Presidenta. Uno esperaba el momento de la decisión con una propuesta de gobierno, pero el gobierno presentó un conjunto de instrumentos que se deben debatir en el Parlamento. El punto es ¿en torno a qué el gobierno quiere conseguir acuerdos? ¿En torno a qué se juega?".

Y ejemplifica diciendo que en la Ley General de Educación, "donde aparece claramente el tema del lucro referido a los colegios particulares pagados, el gobierno se apresura en decir no es eso lo que queremos, ese punto lo vamos a retirar una vez que lleguemos allá. Sobre la no selección de alumnos dicen que aparece hasta 8° básico pero en realidad podría ser menos... Entonces uno se pregunta ¿qué es lo que realmente quiere proponerle el gobierno al país para lograr acuerdos?".

Recalca: "El camino de proponer ideas para el debate e irlas revisando en el proceso es impecable desde el punto de vista democrático, pero desde el punto de vista de la efectividad de la democracia, no funciona".

Para Brunner, lo que está ocurriendo "tiene mucho que ver con las dificultades de arribar a sólidos acuerdos dentro de la Concertación. Con el fenómeno de dispersión de opiniones, de personalización de los liderazgos y debilitamiento de los partidos que ha ocurrido últimamente... ¿cómo se entiende con la oposición, si no logra concitar un mínimo orden de apoyo dentro de la Concertación?

-¿Está agotada la Concertación?

-Creo que ha llegado a una situación límite. Si ha agotado su ciclo como capacidad gobernante, está por verse. Pero qué duda cabe que hoy la capacidad gobernante de la Concertación, que fue su gran carta de triunfo a partir de 1990, esta mellada, debilitada, dispersa y desordenada. La Concertación vive un fenómeno de pérdida del sentido de responsabilidad gobernante y cuando pierde eso, pierde su principal capital que es el ofrecer una clarísima visión de conducción al país. Ahora la Concertación en la práctica se ha separado del gobierno y constituye una suerte de oposición fraccionalista a sus iniciativas, discute cada una de las políticas en sus fundamentos públicamente, lo que es una suerte de abandono de la responsabilidad gobernante y pone en duda la capacidad de seguir en el poder después de la próxima elección.

Términos y Condiciones de la información © Empresas El Mercurio S.A.P., editor del diario La Segunda.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Notas de base empleadas para la presentación oral del tema Los principios en el Proyecto de Ley General de Educación: Tres test para probar su consistencia; Sminario ¿Hacia una Educación de Calidad?, realizado el día 8 de mayo en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

LOS PRINICIPIOS EN EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LEGE): TRES TEST PARA PROBAR SU CONSISTENCIA
José Joaquín Brunner
Santiago, 8 de mayo 2007.

I
¿Qué son “principios” conforme a la Real Academia Española (RAE)?

• Son “bases, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia” (3ª acepción RAE)

• “Cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empieza a estudiar las ciencias o las artes” (5ª)

• “Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta”
(8ª)

• Derecho: “Norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales”

En suma, los principios son enunciados de carácter normativo; sirven de guía para aplicar e interpretar la ley; declaran su doctrina básica, su razón de ser.

II
El riesgo más usual en estas materias es convertir los principios en lo que solemos llamar “meras declaraciones de principios”; esto es, enunciados demasiados generales, imprecisos o ambiguos que declaran intenciones sin
consecuencias prácticas para la ley y su aplicación a la cambiante realidad del sistema.

No es lo que se necesita, pues estos principios, que encabezan la LEGE, deben servir para orientar su articulado y otorgarle su doctrina de base, que sirva mañana para su adecuada aplicación e interpretación.

En efecto, el propio Mensaje del Proyecto destaca la importancia de estos principios en su apartado capítulo III. 2:

El proyecto que se somete a discusión, consagra los principios que inspiran al proceso educativo chileno, entre los cuales destacan la universalidad y gratuidad del acceso, la calidad, la equidad, la participación, la responsabilidad, la articulación del sistema educativo, transparencia y flexibilidad. Dichos principios se han socializado en el debate y también han sido incorporados en otras legislaciones educacionales comparadas.

¿Cómo evaluar estos principios?

Propongo tres test sucesivos.

III
1. El test de la claridad y precisión de los principios enunciados
(En minúscula el texto del Proyecto; en mayúscula mi comentario)

a) Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida. NO ES PARA NADA CLARA NI EVIDENTE LA FÓRMULA EMPLEADA DE “ESTAR AL ALCANCE DE TODAS LAS PERSONAS”. ¿SIGNIFICA ESTO QUE TODA EDCACIÓN DEBE SER ACCESIBLE PARA CUALQUIERA PERSONA A LO LARGO DE SU VIDA? ¿O QUE DEBERÍA SER GRATUITA EN TODOS LOS NIVELES? ¿O QUÉ DEBE ESTAR AL ALCANCE DE TODOS BAJO MODALIDADES PRESENCIALES O BIEN MEDIANTE EL USO DE LAS TIC?

b) Calidad de la educación. La educación debe propender a que todos los alumnos, independiente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley. ¿ES ESTA UNA “MERA DECLARACIÓN” O UNA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, O DE LAS ESCUELAS, Y BAJO QUÉ CONDICONES, QUE TODOS ALCANCEN LOS ESTÁNDARES FIJADOS POR LA AUTORIDAD?

c) Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a la integración e inclusión de todos los sectores de la sociedad, estableciendo medidas de discriminación positiva para aquellos colectivos o personas que requieran de protección especial. PROPENDER ES NADA MÁS QUE “INCLINARSE HACIA ALGO”. ¿ES SUFICIENTE CON ESTO? ¿QUÉ SIGNIFICA EN ESTE CONTEXTO LA INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SECTORES?

d) Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser considerados en el proceso educativo y en la toma de decisiones. UN “DERECHO A SER CONSIDERADO” ES ASAZ AMBIGUO. SIGNIFICA SER TRATADO CON URBANIDAD Y RESPETO”; QUIZÁ, SER TOMADO EN CUENTA. ¿VALE LO MISMO ESTE PRINCIPIO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO EDUCATIVO Y PARA INTERVENIR EN LA TOMA DE DECISIONES?

e) Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben ser evaluados y rendir cuenta pública respecto de sus logros educativos. “¿QUÉ SE INCLUYE BAJO LA FÓRMULA “TODOS LOS ACTORES”? ¿TAMBIÉN LOS PADRES Y APODERADOS Y LOS MUNICIPIOS QUE SOSTIENEN ESCUELAS?

f) Articulación del sistema educativo. Las personas pueden entrar o salir de él, o cambiarse de modalidad, progresando en el sistema. ¿ DEBE ENTENDERSE QUE ESTE PRINCPIO FUNDA UN DERECHO DE LAS PERSONAS? ¿O ES MERMAMENTE UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES?

g) Transparencia. La información del conjunto del sistema educativo, incluyendo la de los resultados académicos, debe estar a disposición de los ciudadanos. ¿QUÉ SE DEBE ENTENDER POR “CONJUNTO DEL SISTEMA”? ¿EL SISTEMA EN SU CONJUNTO O TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES? ¿TODOS LOS CIUDADANOS TIENEN EL MISMO DERECHO A SER INFORMADOS?

h) Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades y proyectos educativos institucionales. ¿DE TODOS LOS PROCESOS QUE FORMAN PARTE DEL “PROCESO” EDUCATIVO? ¿SIGNIFICA PERMITIR, POR EJEMPLO, QUE CADA ESTABLECIMIENTO ELIJA CUÁNTO DEL CURRÍCULUM NACIONAL ENSEÑA? ¿CÓMO SE COMPATIBILIZA ESTO CON LOS PRINCPIOS DE CALIDAD Y EQUIDAD?

En suma, hay un conjunto de imprecisiones y ambigüedades en el enunciado de los principios que dificulta que ellos puedan cumplir su función normativa y de guía de la interpretación jurídica de la ley.

2. El test de la coherencia entre los principios enunciados y el resto de las disposiciones contenidas en el Proyecto de LEGE.

El principio de la universalidad naturalmente choca con el hecho que “la educación” no está al alcance de todos a lo largo de la vida:

• hay requisitos de acceso para los diversos niveles
• hay edades mínimas y máximas

El principio de la calidad, relativo a alcanzar los estándares fijados por la autoridad, es impracticable a menos que se establezca la responsabilidad del Estado y la sociedad de entregar a las escuelas las capacidades, condiciones y recursos que permitan materializar esta “buena intención”.

El principio de equidad, tan loable, sólo señala la posibilidad de establecer “discriminaciones positivas” pero no señala que es un principio, también, el de excluir cualquiera “discriminación negativa”, esto es, “arbitraria”, asunto este último que luego aparece mencionado en el discutible articulo sobre “selección” de alumnos.

El principio de participación se inclina en el cuerpo del Proyecto más en favor de la participación en los derechos y beneficios y es menos preciso y exigente en cuanto a la participación en los deberes y responsabilidades, lo que no parece ser la mejor opción en un sistema que busca volverse más exigente y justo en materias de calidad.

El principio de responsabilidad habla de la evaluación de todos los actores pero no señala , lo que luego aparece claro en el articulado, que se trata de una responsabilidad del sistema frente al Ministerio, que reserva para sí la evaluación de alumnos, profesores y establecimientos, sin perjuicio de una evaluación adicional de colegios que (supongo) podría quedar en mano de una Superintendencia.

El principio de articulación del sistema, tal como está enunciado, no pasa de ser una “declaración de principio”, pues luego el proyecto no contempla mecanismos operativos a través de los cuales podría materializarse dicha articulación.

El principio de transparencia incluye taxativamente la información sobre resultados a los ciudadanos, pero más adelante limita esta información de distintas formas.

El principio de flexibilidad habla de la “adecuación del proceso a la diversidad de realidades y proyectos educativos institucionales”, pero luego impone al principal agente del proceso --la escuela-- una serie de trabas que bien podrían limitar su capacidad de adecuación.

En suma, este segundo test muestra que se requiere trabajar más finamente los principios para que, una vez precisados, ellos sirvan realmente, “transversalmente” como se dice ahora, como entramado doctrinario de base del conjunto del articulado.

V
3er test: el de la suficiencia y pertinencia. Esto es, si acaso los principios enunciados son realmente todos los que deberían “inspirar” a nuestro sistema o si faltan uno o más que son pertinentes, relevantes, para el sistema. Pienso que este es el test más importante y decisivo.

Enumero a continuación los principios que se hallan ausentes y, sin embargo, resultan altamente pertinentes para nuestro sistema.

• No se asume entre los principios la pareja “derecho de las personas” a una educación (de calidad) y “libertad de enseñanza”, es decir de las familias para elegir la educación de sus hijos y de los privados para crear y gestionar escuelas, que en realidad debería ser el eje básico que estructure esta Ley, tal como, en cambio, aparece en la Constitución. El hecho de que estos principios estén consagrados en la Constitución no obsta, sino que a mi juicio vuelve necesario, que se especifiquen en la Ley General.

• No se enuncia el principio del carácter mixto de nuestro sistema, con participación de proveedores públicos y privados. Ni se menciona el principio, corolario del anterior, de que el sistema supone y necesita la cooperación público – privada.

• No se declara, a nivel de principios, que los sostenedores privados podrán constituirse con libertad bajo la forma jurídica que elijan, sometiéndose a los requisitos y regulaciones de la ley, lo cual habría evitado la polémica sobre sostenedores constituidos como sociedades comerciales o “con fines de lucro”.

• Nada se dice respecto de la igualdad de trato que debe existir entre las diferentes categorías de proveedores o sostenedores, que es una consecuencia de un sistema mixto con libertad de enseñanza, donde los privados no son meros “cooperadores” de la función del Estado, sino parte esencial del sistema sujetos a un mismo conjunto de derechos y regulaciones.

• No se enuncia el principio más importante para un sistema descentralizado, cual es el de la autonomía de gestión de que deben gozar las escuelas, sean ellas sostenidas por los municipios o los privados.

• No se señala el principio más importante de un sistema que busca la calidad, cual es, que éste actuará bajo un régimen independiente de aseguramiento de la calidad administrado por una agencia (o superintendencia) de carácter independiente y de naturaleza técnica.

• No se establece el principio matriz de conducción y coordinación del sistema, que estaría conformado por un órgano autoridad curricular (un Consejo independiente del Gobierno); una agencia aseguradora de la calidad que evalúa a alumnos, profesores y establecimientos, y un Ministerio que formula políticas, dicta normas generales, presenta a la autoridad curricular los currícula, programas y estándares para su aprobación, financia a los establecimientos subsidiados y actúan a favor de ellos mediante programas de apoyo y desarrollo.

• Tampoco se señala en el nivel de principios cuáles son las bases del régimen de financiamiento público del sistema; esto es, que el financiamiento ha de orientarse hacia los alumnos como titulares del derecho a la educación; que debe fijarse el monto del subsidio en relación con las características socio-económicas de los alumnos y con otros parámetros, todo esto dentro de un régimen bien definido de rendición de cuentas y supervisión.

En suma, algunos de los principios que personalmente considero los más importantes y relevantes para nuestro sistema están ausentes y su inclusión debería discutirse ahora en el Parlamento.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Respuestas a cuestionario de La Nación, 23 abril 2007

En relación a la Superintendencia de Educación, cuyo proyecto será presentado a fines de mes, me interesa conocer su opinión acerca de tres puntos en torno a los cuales el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación no obtuvo acuerdos.

¿Debe esta agencia abarcar a los colegios pagados?
R: Depende de los asuntos de que se trate. Si la agencia aseguradora de la calidad o Superintendencia se hace cargo, como creo debiera ocurrir, de la evaluación de los logros de aprendizaje de los alumnos conforme a los estándares que defina la autoridad, ya bien mediante la aplicación del SIMCE y/o de otros exámenes externos y a través de la participación de colegios chilenos en pruebas internacionales como PISA y TIMSS, esta función debiera cubrir a todos los colegios, independientemente de la naturaleza de su sostenedor. En cambio, la inspección o supervisión de colegios pienso debería aplicarse obligatoriamente sólo a los establecimientos subvencionados, y, además, bajo la regla: a mejor desempeño de un colegio, menor intensidad y frecuencia de la inspección.

¿Debe hacerse cargo de la fiscalización del uso de los recursos?
R: Evidentemente sí pero sólo para el caso de los establecimientos subvencionados y dentro de un marco más general de evaluación de la gestión de estos establecimientos.

¿Qué modelo internacional podría adaptarse mejor a la realidad chilena?
R: En asuntos de aseguramiento de la calidad educacional podemos aprender valiosas lecciones de diversos países, particularmente, creo yo, de Nueva Zelanda, Australia, Holanda y España.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Columna de opinión publicada en la seciión Artes y Letras de el diario El Mercurio, 22 abril 2007

Lucro y educación
La tajante oposición entre lucro y educación tiene una larga historia. San Bernardo, a comienzos del siglo XII, condena a los banqueros por vender tiempo, propiedad exclusiva de Dios, y a los maestros de escuela por vender el conocimiento, que sólo a Dios pertenece. Luego, el Concilio de Letrán, en 1179, proclama la gratuidad de la enseñanza.

Tras esta oposición moral se sugiere, además, una necesidad social: la enseñanza de los estudiantes pobres sólo es posible en los colegios catedralicios, sostenidos por la renta y las prebendas eclesiásticas. Cuando surge el Estado moderno, él se hace cargo de extender aquel principio y de responder a esta necesidad mediante la provisión masiva de enseñanza pública. De paso, obtiene el control sobre la principal palanca de integración nacional.

Pero, ¿qué ocurre con la expansión de capitalismo después de la Revolución Industrial? J.S. Mill, en 1869, plantea en nuevos términos las viejas cuestiones.

La educación pública, afirma, coexiste ahora con escuelas propietarias (particulares pagadas); con escuelas sostenidas por fundaciones y, también, con el ímpetu de quienes ofrecen el servicio educacional a cambio de dinero.

Y en seguida formula dos preguntas claves: "¿Es la educación una de aquellas mercancías cuya provisión puede entregarse al interés rival de los vendedores? ¿Es la educación una necesidad pública que se halla satisfecha por el estímulo común del principio del comercio?"

Sus respuestas muestran que es un liberal bien temperado. Por un lado, aboga por el derecho de las fundaciones a proporcionar educación en nombre de la diversidad y los derechos de las minorías. Por el otro, aunque desconfía de la uniformidad característica de la provisión pública, admite su presencia como una necesidad social. Y, en cuanto al comercio en la educación, alega que sólo puede contribuir a la sociedad bajo adecuadas regulaciones, debido a la existencia de lo que hoy llamaríamos fallas de mercado y asimetrías de información.

En efecto, sostiene que "cuando la ignorancia del cliente es grande, el motivo del comercio (i.e., el lucro) actúa mucho más poderosamente en la dirección de una competencia en las artes del engaño y la autopromoción que del mérito". Ergo, Mill se sitúa en las antípodas del pensamiento neoliberal.

El Estado chileno buscó tempranamente seguir esta línea. La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920) establece una subvención por alumno en favor de escuelas sostenidas por todo tipo de agentes privados: propietarios, industriales, instituciones de beneficencia y sociedades de cualquiera clase, incluso comerciales, bajo la condición de cumplir con una serie de requisitos legales.

Tal ha sido la tradición nacional, no siempre bien lograda por el lado de las regulaciones. La LOCE es sólo un botón de muestra. En suma, Chile hace rato optó por la colaboración público-privada en su sistema escolar. Y, apartándose de San Bernardo, ha creído posible compatibilizar el servicio público, la filantropía y el principio comercial.

Mi propia visión es que conviene mantener esta tradición, mejorándola, sin retroceder a los tiempos en que las sociedades aún no emprendían los caminos de la secularización y la diversidad.


Términos y Condiciones de la información
© El Mercurio S.A.P

----------------------------------------------------------------------------

Columna de opinión publicada en el diario El Mercurio, 18 abril 2007

Educación: ¿Son posibles los acuerdos?

El debate suscitado por el Proyecto de Ley General de Educación necesita reorientarse constructivamente. Al momento, la áspera controversia no conduce a los compromisos imprescindibles para sustituir la LOCE. Sin embargo, nadie desea su continuación; al contrario, todos manifiestan buscar una más apropiada institucionalidad escolar. ¿Cómo lograr que esta intención se plasme en acuerdos?

Primero, restituyendo el consenso en torno a los fundamentos del sistema. En efecto, ellos no están en cuestión. Chile posee un sistema mixto de provisión educacional, cuyo eje es la colaboración público-privada. La mitad de la matrícula escolar es provista por establecimientos privados, la mayoría subsidiados por el Estado. Esta realidad se halla enraizada en la historia del país y es una de sus fortalezas.

Segundo, en resguardo de la libertad de las personas y el pluralismo en la sociedad, nuestro sistema admite variados tipos de proveedores. Lo anterior obliga a regular con precisión las condiciones que deben reunir los proveedores, así como sus derechos y responsabilidades. El proyecto, al introducir mayores exigencias para acreditar a los sostenedores, busca justamente garantizar su solidez y el de su proyecto educativo. En este punto las debilidades de la LOCE son bien conocidas.

Tercero, sin embargo, apartándose de una larga tradición según la cual el Estado reconoce y financia establecimientos sostenidos por "instituciones de beneficencia, por sociedades de cualquier clase, por particulares o con los emolumentos de los padres de familia", según ya establecía la Ley 3.654 de Educación Primaria Obligatoria (1920), ahora se obligaría a los colegios privados a tener un sostenedor constituido únicamente como fundación o corporación; es decir, una entidad sin fines de lucro. Esta reforma crea problemas, más que resolverlos. Por lo pronto, el Gobierno ha debido aclarar que ella no se aplicaría a los privados sin subsidio estatal. ¿Qué justifica mantenerla para los demás? Es una restricción que en nada contribuye a la calidad. En cambio, plantea cuestiones de constitucionalidad, genera inestabilidad, crea incentivos para eludir la norma mediante subterfugios y sólo favorece a los sostenedores en condiciones de movilizar redes de apoyo económico, social o eclesiástico.

Cuarto, resulta más eficiente, en cambio, regular a los sostenedores mediante los demás dispositivos contemplados en la propuesta gubernamental, como la obligación de los colegios de poseer un sólido proyecto educativo e institucional; ceñirse a unas bases curriculares comunes para desarrollar sus propios programas de estudio; cumplir los estándares de desempeño fijados por una autoridad independiente, y contar con personal idóneo. Cabría legislar, además, sobre reglas de transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos fiscales.

Quinto, es efectivo que nuestro sistema constituye una relativa excepción en la experiencia y legislación comparadas. En efecto, no es corriente que los estados financien proveedores organizados legalmente como sociedades (con fines de lucro), como tampoco que subsidien colegios privados que declaran una misión religiosa. Ambas excepcionalidades son legítimas sin embargo y gozan de la preferencia de los padres. Por tanto, ambos tipos de colegios deberían seguir sirviendo a quienes los eligen.

Sexto, el proyecto propone otra serie de innovaciones dirigidas a elevar las exigencias de calidad. No se entiende, en este contexto, el tratamiento dado a la selección académica. La ley debe prohibir cualquier discriminación arbitraria; esto es, basada en consideraciones de clase social, etnia, nivel de escolaridad de los padres, sus creencias o estatuto familiar. Así lo hace el proyecto, junto con prever la aceptación, por los padres y alumnos, del proyecto educativo y reglamento del colegio al momento de inscribirse en él. En cambio, ¿qué justifica incluir la selección académica entre los motivos de discriminación arbitraria? Con razón reclaman los mejores establecimientos municipales. Esta medida no conduce a mejorar la calidad y sólo crea un espejismo de mayor equidad.

Séptimo, los países desarrollados emplean diversos dispositivos legítimos de selección en distintas combinaciones y momentos, tales como la zona de residencia de los postulantes, su historial académico, las recomendaciones de su anterior establecimiento, la preferencia de los alumnos por programas especiales, etcétera. En tanto, la idea de que un sorteo sería un método más justo de admisión no repara en dos hechos. Uno, el azar inhibe y distorsiona el esfuerzo y los motivos meritocráticos de los estudiantes y sus familias. Dos, empuja a los padres (en condiciones de hacerlo) a gastar tempranamente en la educación extraescolar de sus hijos, con el fin de prepararlos para la selección universitaria. La lotería se transforma en un costoso y prolongado preuniversitario.

En suma, si se aclaran los aspectos más controvertidos (y sin embargo no medulares) del proyecto, y se valoran sus aportes, sería posible lograr acuerdos para mejorar nuestra institucionalidad escolar. Para ello, sin embargo, es urgente restablecer previamente un clima que favorezca los consensos.
----------------------------------------------------------------------------------------

Transcripción de partes de una entrevista con Radio Cooperativa, 16 abril 2007

Brunner destacó que nueva ley no mejora por sí misma la enseñanza

El experto destacó que la calidad de la educación es responsabilidad de las escuelas que la impartirán, ya que la norma sólo puede crear un "buen marco" de desarrollo.

El director adjunto del programa de educación de la Fundación Chile, José Joaquín Brunner, destacó que la Ley General de Enseñanza, de ser aprobada, no acarreará por sí misma una mejora o empeoramiento del sistema escolar chileno.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad "Adolfo Ibáñez", Brunner destacó que el actual proyecto "en muchas de sus partes mejora las condiciones de la institucionalidad del sistema escolar para que podamos, los que trabajamos en el propio sistema, mejorar el desempeño de los colegios. La ley como tal no va a mejorar ni va a empeorar la calidad de la educación".

"La calidad de la educación nace básicamente del origen socioeconómico de un niño y de la efectividad que las escuelas tienen para compensar las desigualdades de origen y llevar a sus alumnos a logros relativamente altos", explicó el magister en sociología.

"De modo que la ley lo único que puede hacer es crear un buen marco para que se desenvuelvan las escuelas, que son efectivamente las responsables de la calidad de la educación", añadió el ex ministro.

Sobre las acusaciones sobre la calidad del proyecto presentado por el Gobierno, que apuntan a que "daña" la educación, Brunner no cree que sea así.

"Me parece que uno de los problemas mayores desde el punto de vista político del debate de estos días es esta suerte de exageración de los términos en que se expresan las distintas posiciones", consideró.

Esta situación, agregó, se da "desde la que sostiene que si alguien defiende el fin de lucro lo que está defendiendo son bastardos intereses y su bolsillo hasta quien dice que la ley esta va a causar daños irremediables en los fundamentos de la libertad de las personas y del sistema educacional".

"Creo -aseveró- que con ese lenguaje la verdad que vamos a perder la mejor oportunidad que hemos tenido en todo este tiempo para cambiar efectivamente la LOCE, que como habrá visto, nadie defiende".

Suprimir sistemas de selección no es una señal conveniente

Brunner apuntó además a la iniciativa para terminar con los sistemas de selección de alumnos hasta octavo básico, asegurando de que se trata de una señal errónea al plantearlo junto al tema de elevar la calidad de la enseñanza.

"La señal como tal no es para nada conveniente. Uno no puede, en el mismo acto decir: 'mire, yo quiero elevar los estándares, poner exigencias a los colegios, darles mayores capacidades para que todos eleven su desempeño' y al mismo tiempo decir 'pero el esfuerzo de los niños, el esfuerzo de las familias, de los alumnos, de los jóvenes, al final de cuenta no va a atener reconocimiento mayor, sino que va a estar sujeto a lo que resuelva una lotería ciega'. No es realmente la manera mejor de proceder en un sistema que necesita dar un salto de calidad", explicó.

Según el sociólogo, todos los países usan en mezclas distintas de "procedimientos de selección del algún tipo, pero jamás de discriminación arbitraria", que se debiera prohibir desde el nivel preescolar hasta el universitario, añadió. (Cooperativa.cl)

--------------------------------------------------------------------------------------
Opinión aparecida en El Mercurio, 15.04.2007.
Las cinco condiciones para mejorar

Los desafíos de la educación son diferentes ahora que a comienzos de los años '90. También lo son las condiciones del país y la política. Hoy se espera del Gobierno que profundice las reformas iniciadas entonces. La sociedad es más exigente, el sistema escolar más complejo y las demandas por equidad y calidad mayores. Hay más conciencia de que es necesario mejorar los resultados del aprendizaje de todos los niños y jóvenes por igual. Asimismo el país y su economía tienen requerimientos más elevados de productividad, competitividad e innovación. Las familias y los alumnos plantean con mayor fuerza sus reivindicaciones educacionales.

En suma, el escenario ha cambiado y es preciso actuar decisivamente, con claridad de propósitos y --ahora todavía más que antes-- con enorme voluntad de crear consensos y producir los acuerdos necesarios para mejorar nuestra educación.

El proyecto que sustituye la LOCE debería evaluarse a la luz de estas exigencias, teniendo presente que se trata solo de una de las varias iniciativas comprometidas por el Gobierno. ¿Cuáles podrían ser, para todas ellas, las condiciones a satisfacer?

Primero, ahondar la colaboración público-privada, corazón de nuestro sistema mixto de provisión educacional.

Segundo, igual trato, reglas y responsabilización por resultados para todos los proveedores de educación subsidiada por el Estado, considerando el origen socio-económico de sus alumnos.

Tercero, mayores exigencias, también, para todos ellos en términos de acreditación de sus establecimientos, autonomía de gestión, desempeño curricular y estándares a alcanzar.

Cuarto, una visión y estrategias compartidas para elevar la calidad y equidad del sistema, incluyendo un gasto sustancialmente mayor por alumno, proyectos educativos sólidamente determinados por cada colegio, exclusión de toda discriminación arbitraria en los procesos de admisión, exámenes externos para los alumnos a lo largo de su trayectoria escolar, evaluación continua del trabajo de los profesores y apoyo para desarrollar sus competencias pedagógicas.

Quinto, sobre todo, una ética escolar basada en el esfuerzo, en méritos y responsabilidades tanto como en derechos y libertades.

Cada uno de nosotros podemos contribuir al logro de estas metas en un clima constructivo y con afán de producir acuerdos.

------------------------------------------------------------------------------
Entrevista publicada en el diario La Tercera, 14 abril 2005, bajo el título J.J.Brunner: "Polémica del lucro entraba la posibilidad de acuerdo para cambiar la LOCE"

El experto en educación José Joaquín Brunner se refirió a los puntos más destacables del proyecto de Ley General de la Educación que ayer ingresó a la Cámara de Diputados y que pretende reemplazar la LOCE.

Brunner valoró las exigencias que crean las condiciones para mejorar la calidad de la educación, como por ejemplo una mejor y más actualizada definición del marco curricular, como también los objetivos en el aprendizaje de los alumnos al terminar el octavo básico y la educación media.

También destacó la idea de fijar estándares de desempeño de competencias (habilidades) que los alumnos deberían adquirir en los distintos grados y asignaturas, "esto todos los países contemporáneos, desarrollados lo tienen y Chile no había definido los estándares, por lo que esto va a ayudar mucho a todo el sistema de evaluación del aprendizaje de los alumnos",afirmó.

Sin embargo, Brunner se refirió al artículo en que se se establece que no se podrá cancelar la matrícula, suspender o expulsar a los alumnos por causales que sean producto del rendimiento de los estudiantes.

"A mi no me gusta como señal puesta en la ley, encuentro que esas son cosas que corresponden mucho más a las políticas propias y a las prácticas de cada uno de los establecimientos (...) creo que todo lo que lleve a desincentivar la exigencia, que tanto alumnos como profesores y sostenedores se esfuercen y den de sí lo mejor, no es la señal que necesitamos porque precisamente estamos tratando de revertir una situación en donde estamos insatisfechos con los resultados de aprendizaje", recalcó.

FIN DEL LUCRO
En cuanto a la polémica que ha despertado el fin del lucro en los establecimientos subvencionados, el ex miembro del Consejo Asesor dijo que no cree que un cambio en la naturaleza jurídica de los sostenedores tenga algún efecto sobre la calidad de la educación.

"No creo que haya una relación estrecha entre el tipo de sociedad que tiene un sostenedor y los resultados que obtiene, habían maneras mucho más adecuadas de regular este tema en vez de generar esta enorme polvareda y polémica que lo único que hace es entrabar la posibilidad de acuerdos que son necesarios para poder cambiar la LOCE.

Por último dijo que es natural que en un sistema competitivo y de libre elección, cada vez que se crea una regla formal -que en este caso procura eliminar el motivo del lucro-, "lo que hace es incentivar a que algunos agentes en el sistema, busquen caminos retorcidos, laterales o subterfugios para sortear esta regla".

-----------------------------------------------------------------------

Columna de opinión aparecida en La Tercera, 12 abril 2007

Ley, lucro y educación

El Proyecto de Ley General de Educación (PLEGE) busca otorgar “validez democrática” a la normativa que regulará “uno de los ámbitos más importantes de la actividad humana”, según indicó la Presidenta de la República. Se pretende pues, a través del debate y luego mediante amplios acuerdos en el Parlamento, reemplazar la LOCE por un ordenamiento que haga posible mayor igualdad y más calidad educacionales.

Al momento hay dos factores que entraban el debate, sin embargo.

Por un lado, el PLEGE es sólo una pieza dentro del conjunto de iniciativas que el Gobierno ha anunciado pero aún no materializa. Falta conocer la propuesta que crea una superintendencia de educación, la cual obligará a revisar, también, las funciones del MINEDUC. Asimismo, está pendiente el planteamiento para fortalecer la gestión de los establecimientos municipales, incluyendo la puesta al día del estatuto de la profesión docente. En suma, discutimos sin tener el cuadro completo de las reformas postuladas.

Por otro lado, la discusión se ha focalizado en el motivo de lucro; esto es, el derecho de los sostenedores constituidos como sociedades comerciales a existir, o la obligación de transformarse en fundaciones o corporaciones. Cabe pues la siguiente pregunta: ¿cuánto contribuye al doble fin del PLEGE --mayor igualdad y más calidad-- la eliminación de este tipo de sostenedores? Muy poco probablemente, si acaso algo. En efecto, la igualdad no se incrementará por la extinción o transformación de un tipo legal cualquiera de sostenedores. Por lo demás, cerca de un 70% de los alumnos vulnerables del sector privado subvencionado se halla matriculado, precisamente, en establecimientos con fin de lucro (aunque no necesariamente lucrativos). De ellos un 56% en régimen gratuito y un 34% en régimen de financiamiento compartido con pago de hasta $6.050. El lucro convive pues con motivos altruistas. Tampoco hay evidencia de que en las comunas más pobres los establecimientos con sostenedor comercial posean un desempeño inferior, por ejemplo, a los colegios católicos sin fines de lucro. La calidad (o la mediocridad) de los resultados depende de factores más complejos.

Tres consideraciones adicionales. Primero, los sostenedores comerciales representan un fenómeno masivo. Tienen presencia en 231 comunas; es el subsector con mayor crecimiento en número de establecimientos entre 1991-2005; donde más crece es en los municipios gobernados por la Concertación y hoy reúne a más de un millón de alumnos. Por lo mismo, segundo, un cambio drástico en el régimen de operación de estos sostenedores tenderá a producir incertidumbre en el conjunto de los proveedores privados, que ofrecen educación a la mitad de los alumnos chilenos. Al contrario, necesitamos fortalecer la colaboración público-privada. Tercero, entre todo tipo de proveedores --privados y municipales-- existen, sin duda, problemas no resueltos de calidad, efectividad, gestión, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad por resultados. ¿No es allí, entonces, donde habría que aplicar las regulaciones? ¿No sería ello más conducente, asimismo, para lograr los acuerdos que permitan reemplazar la LOCE?

--------------------------------------------------------------------------------

Respuestas a cuestionario de El Mercurio, 10 abril 2007

1. ¿El nuevo proyecto de ley sienta las bases para que mejore la calidad de la educación?

R: Sólo parcialmente creo yo, pues faltan varias piezas aún para completar esas bases, entre ellas, el anunciado sistema de aseguramiento de la calidad o superintendencia de educación, incluyendo la acreditación de escuelas; un plan para fortalecer la gestión de las escuelas municipales; un programa para aumentar sustancialmente la subvención de todos los alumnos, sin perjuicio de elevar el monto de ella para los alumnos más vulnerables; la definición de los estándares curriculares; la puesta al día del estatuto docente, de la formación inicial de los profesores y un régimen más efectivo de evaluación de su desempeño, y la modernización del MINEDUC. El Proyecto del Ejecutivo abre pues un debate de gran interés e importancia para el país, el que irá enriqueciéndose en la medida que el Gobierno presente las demás iniciativas y medidas. Al final, sin embargo, lo que importa es si este Proyecto logra concitar los amplios acuerdos necesarios para modificar la LOCE o bien si quedará a medio camino envuelto en una fogosa controversia.

2. ¿Qué echó de menos en el proyecto?

R: Echo de menos tres cosas en un Proyecto que buscar ser nuestra Ley General de Educación: (i) una definición clara sobre la autonomía de gestión de los establecimientos municipales; (ii) las bases de organización de la profesión docente, y (iii) el mandato de aplicar exámenes externos con consecuencias pedagógicas para los alumnos en diversos momentos a lo largo de su trayectoria escolar.

3. ¿Qué es lo que le pareció más valioso?

R: Valoro ante todo el objetivo explícito en el Proyecto de reforzar un sistema mixto de colaboración público - privada en el sistema escolar, aunque luego esto no siempre se materialice de la mejor forma posible en el articulado. En seguida, el propósito de innovar en asuntos curriculares, en particular mediante la fijación de estándares de aprendizaje que ahora tendrán que ser definidos explícitamente y después aplicados a la evaluación del desempeño de los colegios.

----------------------------------------------------------------------------------

Respuestas a cuestionario de La Segunda, 9 abril 2007

Ante todo, debe quedar claro que el Proyecto de Ley general de Educación (LOGE) se refiere a variados aspectos del sistema escolar y no sólo a la exclusión de sostenedores constituidos como sociedades comerciales (con fines de lucro) y la prohibición de la selección en los dos niveles de transición y de 1° a 8°. Es de esperar que el debate mire el conjunto del Proyecto y no sólo estas dos materias que, de suyo polémicas, no son sin embargo las más decisivas.

1.- ¿Qué le parece el fin del lucro en colegios particulares subvencionados? ¿Por qué?

R: Pienso que un sistema que promueve la provisión privada de educación obligatoria (al punto que hoy reúne más del 50% de la matrícula), debería centrarse más en la regulación de las actividades de los sostenedores que en su organización jurídica. Lo que importa es que todos los sostenedores, independiente de su carácter legal, cumplan con los estándares de calidad, respeten los derechos de sus alumnos y profesores y actúen con transparencia, rindiendo cuenta sobre el uso de recursos públicos.

La pregunta de fondo es: ¿qué peso tiene la forma jurídica de organización del sostenedor sobre la calidad de los aprendizajes de los alumnos? Según la evidencia disponible, muy poca.
Luego, este cambio propuesto en el Proyecto LOGE hay que mirarlo bajo otras ópticas. Por ejemplo, ¿facilitará los acuerdos necesarios en el Parlamento para modificar la actual LOCE? O bien, dado que hay más de 2000 establecimientos cuyos sostenedores son sociedades comerciales, los que matriculan a un 25% del total de alumnos de enseñanza básica y media, ¿es viable producir esta transformación sin generar importantes efectos de incertidumbre e intrincados problemas de constitucionalidad, judiciales y de orden político?

2.- ¿No es un riesgo que ocurra lo mismo que en la educación superior donde las universidades ocupan otras empresas como fachada para lucrar?

R: Si se encomienda la producción de bienes públicos a los privados, siempre existe el riesgo, al buscar eliminar el motivo del lucro, que se termine simplemente por incentivar su encubrimiento. El altruismo es sin duda noble, pero no es el único motivo que mueve a las personas a actuar, emprender, arriesgar su capital y administrar bien los recursos públicos.

3.- ¿Qué opina de la no selección de alumnos hasta 8° Básico? ¿No debiera ser en todo el sistema, hasta 4° medio?

R: En realidad, el Proyecto LOGE busca impedir la selección discriminatoria, la que debería excluirse a lo largo de todo el proceso educacional. Admite, en cambio, durante los 8 años de la educación básica la selección preferente de postulantes cuyos hermanos están matriculados en el colegio o que son hijos de docentes de dicho establecimiento, excluyendo la selección arbitraria, esto es, socio-económica, étnica o por el estado civil, escolaridad y religión de los padres. También excluye la selección por el "rendimiento escolar pasado o potencial" de los alumnos, lo cual es discutible a mi juicio. En cambio, prevé que los padres deben aceptar el proyecto educativo y el reglamento del establecimiento al cual postulan sus hijos. De igual forma, acepta la selección "objetiva y transparente" a partir del 1er año medio.

En suma, se trata de regular la selección y habrá tiempo en el Parlamento para perfeccionar estas normas y clarificar bien su sentido y alcance.

----------------------------------------------------------------------------------------

Respuestas a cuestionario de La Nación, 3 abril 2007

Quisiera conocer su opinión sobre el anuncio presidencial de eliminar la selección de alumnos en las escuelas hasta sexto básico. ¿Le parece correcta esta medida? ¿Cual cree Ud. que fue la motivación para dejarlo hasta sexto y no ampliarlo a toda la educación básica y media?

Con respecto a la información aparecida en El Mostrador, ¿Le parece necesario que se amplíe el Consejo Superior de Educación, con la llegada de estudiantes y profesores?

Sin conocer el Mensaje y los contenidos exactos del Proyecto de LOCE que el Gobierno enviará al Congreso, y las demás medidas educacionales que se espera la Presidenta anuncie, es difícil opinar sobre cuestiones puntuales. En general, pienso lo siguiente:

1. Selección. Cualquiera medida que evite discriminar en los procesos de admisión entre alumnos según su origen socio-económico y étnico es positiva, y este principio vale a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. La selección por otro tipo de criterios (no-discriminatorios o arbitrarios) es un dispositivo legítimo que las políticas educacionales de los países emplean de variadas maneras. Por ejemplo, se ha insinuado que en Chile la selección académica podría aplicarse a partir de cierto grado, por ejemplo a partir del 4°, 6° u 8° año. O bien se plantea que los alumnos hijos de profesores podrían tener preferencia en el establecimiento donde éstos trabajan. Tan legítimos (o discutibles) como estos criterios son otros que se aplican en diversos países democráticos desarrollados, como por ejemplo: preferencia para alumnos según su zona de residencia, o según su historial académico previo, o según el tipo de escuela o programa que desean cursar, o según aceptación por los padres de la filosofía misión del colegio, etc. Todo depende de cuáles sean los objetivos de política que se persiguen y cómo se evalúa el efecto que el uso de estos dispositivos podría tener sobre el mejoramiento del desempeño del sistema escolar. En suma, soy partidario de prohibir toda discriminación arbitraria y de regular los procesos de selección en función de objetivos de política educacional.

2. Consejo. Tanto las funciones como la composición del Consejo deberían cambiar con la nueva LOCE. Y, a la vez, su integración debería ajustarse a las funciones. Sin saber cómo se define a este organismo es imposible establecer su mejor forma de integración. En principio, supongo que no se buscará crear un organismo de representación corporativa, sino uno que apruebe estándares curriculares, objetivos y contenidos. Si esa fuera su función, los principales integrantes deberían ser elegidas entre personas con experiencia en la organización de procesos de enseñanza y aprendizaje, pudiendo perfectamente incluir entre ellas a docentes y también estudiantes, siempre a título de sus propios méritos y que contribuyan a garantizar la independencia del Consejo.