Lucro y educación
José Joaquín Brunner

La tajante oposición entre lucro y educación tiene una larga historia. San Bernardo, a comienzos del siglo XII, condena a los banqueros por vender tiempo, propiedad exclusiva de Dios, y a los maestros de escuela por vender el conocimiento, que sólo a Dios pertenece. Luego, el Concilio de Letrán, en 1179, proclama la gratuidad de la enseñanza.

Tras esta oposición moral se sugiere, además, una necesidad social: la enseñanza de los estudiantes pobres sólo es posible en los colegios catedralicios, sostenidos por la renta y las prebendas eclesiásticas.

Cuando surge el Estado moderno, él se hace cargo de extender aquel principio y de responder a esta necesidad mediante la provisión masiva de enseñanza pública. De paso, obtiene el control sobre la principal palanca de integración nacional.

Pero, ¿qué ocurre con la expansión de capitalismo después de la Revolución Industrial?

J.S. Mill, en 1869, plantea en nuevos términos las viejas cuestiones. La educación pública, afirma, coexiste ahora con escuelas propietarias (particulares pagadas); con escuelas sostenidas por fundaciones y, también, con el ímpetu de quienes ofrecen el servicio educacional a cambio de dinero. Y en seguida formula dos preguntas claves: "¿Es la educación una de aquellas mercancías cuya provisión puede entregarse al interés rival de los vendedores? ¿Es la educación una necesidad pública que se halla satisfecha por el estímulo común del principio del comercio?"

Sus respuestas muestran que es un liberal bien temperado. Por un lado, aboga por el derecho de las fundaciones a proporcionar educación en nombre de la diversidad y los derechos de las minorías. Por el otro, aunque desconfía de la uniformidad característica de la provisión pública, admite su presencia como una necesidad social. Y, en cuanto al comercio en la educación, alega que sólo puede contribuir a la sociedad bajo adecuadas regulaciones, debido a la existencia de lo que hoy llamaríamos fallas de mercado y asimetrías de información.

En efecto, sostiene que "cuando la ignorancia del cliente es grande, el motivo del comercio (i.e., el lucro) actúa mucho más poderosamente en la dirección de una competencia en las artes del engaño y la autopromoción que del mérito". Ergo, Mill se sitúa en las antípodas del pensamiento neoliberal.

El Estado chileno buscó tempranamente seguir esta línea. La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920) establece una subvención por alumno en favor de escuelas sostenidas por todo tipo de agentes privados: propietarios, industriales, instituciones de beneficencia y sociedades de cualquiera clase, incluso comerciales, bajo la condición de cumplir con una serie de requisitos legales.

Tal ha sido la tradición nacional, no siempre bien lograda por el lado de las regulaciones. La LOCE es sólo un botón de muestra. En suma, Chile hace rato optó por la colaboración público-privada en su sistema escolar. Y, apartándose de San Bernardo, ha creído posible compatibilizar el servicio público, la filantropía y el principio comercial. Mi propia visión es que conviene mantener esta tradición, mejorándola, sin retroceder a los tiempos en que las sociedades aún no emprendían los caminos de la secularización y la diversidad.

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