A propósito de una encuesta

Primero que todo hay que atender a las contradicciones alojadas en la conciencia ciudadana. Menciono sólo unas pocas entre muchas.

La mayoría de la gente (y en aumento) preferiría educar a sus hijos en un colegio privado subvencionado pero, al mismo tiempo, piensa que los establecimientos escolares deberían ser administrados por el Ministerio (es decir, que dejen de ser privados).

La gente dice elegir colegios, ante todo, por su calidad académica pero sólo una minoría considera, a la hora de tomar la decisión, los puntajes SIMCE y PSU.

La mayoría de la gente se siente satisfecha con la calidad de la enseñanza que recibe sus hijos; sin embargo, al sistema en su conjunto le pone sólo una nota regular.

Por último, la gente valora fuertemente la disciplina y el orden escolares pero casi la mitad se pronuncia en contra del empleo de medidas rigurosas para con los alumnos que quebrantan gravemente la disciplina y el orden del colegio.

Estas contradicciones revelan, a mi entender, dos cosas. Por un lado, la enorme complejidad de los asuntos educacionales que debe enfrentar la sociedad chilena. Por el otro, el estado de perplejidad en que se encuentra la opinión pública en cuanto a cómo abordar y resolver estos asuntos.

Lo grave sería que hoy, a propósito de resultados como los que muestra la encuesta del CEP, o ayer respecto de la movilización estudiantil, o mañana cuando se entreguen las conclusiones del Consejo Asesor de la Presidencia, también la clase dirigente se manifieste en un estado similar de perplejidad.

Pues así como hay percepciones contradictorias en la opinión pública, hay también zonas crecientes de acuerdo.

Por ejemplo: la gente valora los colegios donde estima hay mejor calidad académica e infraestructura, mayor diversidad de alumnos y un más fuerte énfasis en la formación de valores, incluso religiosos.

Asimismo, la gente exige ahora más de los profesores; piensa que su formación no es suficiente, que ellos deben someterse a evaluaciones y ser remunerados conforme a sus méritos o desempeño.

En suma, cabe a la los grupos dirigentes de la sociedad –y, particularmente al Gobierno y el Ministerio de Educación—disipar el estado de perplejidad en que se encuentra la opinión pública, promoviendo desde ya una agenda coherente de cambios que sean política, técnica y legalmente sustentables.

Hay que terminar, más pronto que tarde, con la confusión reinante en torno a la administración municipal, profundizando la descentralización del sistema y la autonomía de las escuelas en vez de cultivar la idea de un ilusoria vuelta atrás hacia la gestión ministerial o sub-ministerial de los colegios.

Hay que pronunciarse claramente en favor de una provisión mixta del servicio educacional, con regulaciones parejas y no asfixiantes para todos los sostenedores subvencionados sin discriminación y sin temor a supervisar y apoyar a todos por igual.

Hay que fijar reglas del juego claras y metas de desempeño para los colegios y terminar con el mito de que las escuelas crónicamente deficitarias podrán mejorar por sí solas.

Hay que asumir el desafío de modernizar la profesión docente, sin esquivar el espinudo tema del estatuto docente ni caer en la torpe apreciación de que allí residiría el mayor problema de nuestro sistema escolar. Hay que invertir más en educación e invertir con un claro sentido de compensar las desigualdades educativas que mantienen segmentado al sistema y desintegrada a la sociedad.

En conclusión, existe un camino por donde avanzar. Y es imprescindible hacerlo con urgencia y resolución. Lo peor, sin duda, es la parálisis o dejarse llevar por la corriente de la perplejidad que, inevitablemente, desembocaría en la confusión política y en el retroceso de la reforma.

José Joaquín Brunner