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Junio 30, 2012
Entrevista sobre la coyuntura política de a semana
Ex ministro José Joaquín Brunner (PPD) y la polémica por el "clientelismo": "Estas prácticas deben ser extirpadas, y el debate de esta semana ha contribuido a eso"
El militante del PPD y ex titular de la Segegob ha seguido atentamente en estos días las acusaciones y la discusión que se ha generado respecto de las "malas prácticas" en la política. "Hasta acá había una consigna un poco abstracta sobre renovar las prácticas y, por primera vez, esto adquiere una cierta concreción", asegura en conversación con "El Mercurio".
FELIPE CONTRERAS A. , El Megcurio, 30 de junio de 2012
http://diario.elmercurio.com/2012/06/30/nacional/_portada/noticias/2572CB53-C179-45A5-826F-FF2AFC6E1E40.htm?id={2572CB53-C179-45A5-826F-FF2AFC6E1E40}
Sin entrar en detalles de nombres ni denuncias específicas, a José Joaquín Brunner, militante del PPD y ex vocero de Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, no le son indiferentes las declaraciones cruzadas que se han suscitado tras las acusaciones de "clientelismo" hechas por el ex ministro Andrés Velasco al senador Guido Girardi (PPD). Brunner estima que esta discusión abre una oportunidad para abordar y enfrentar el tema desde una perspectiva más global.
-¿Cómo analiza la polémica que se ha dado esta semana?
-Creo que es una discusión interesante y necesaria la que estamos teniendo a propósito de la polémica entre Velasco y Girardi. Lo que ha surgido a propósito de eso es lo que tiene amplias y positivas repercusiones. Hasta acá había una consigna un poco abstracta sobre renovar la política y renovar las prácticas. Por primera vez esto adquiere una cierta concreción. La renovación tiene que ver con contenido, ideas y mensaje, pero el otro lado es necesariamente la renovación de las prácticas. Lo que ha estado en juego es el tema del clientelismo político y eso es lo que estuvo en el tapete esta semana, porque es efectivamente una muy mala práctica que en muchas democracias es un hecho.
-Los partidos y algunos dirigentes políticos envían listas de nombres proponiendo gente para ocupar ciertos cargos. ¿Es esto una "mala práctica" o está dentro del legítimo derecho de cada colectividad?
-Cuando las coaliciones presentan nombres y luego el Presidente de la República o los ministros eligen a las personas más adecuadas desde un punto de vista político para llenar cargos de confianza es una discusión distinta a la que realmente tenemos que enfrentar. Eso no es una práctica ni ilegítima ni incorrecta. Es normal dentro de la vida política.
-¿Cuándo entonces se cae en "clientelismo" y "malas prácticas"?
-Cuando uno habla de clientelismo político, habla de la formación de redes de favores mutuos que se suscitan entre quienes están en un partido y quienes ocupan altos cargos en el gobierno. En este caso, lo que se pide de un lado a otro es nombrar a tales o cuales personas en ciertas posiciones compensando más adelante con un apoyo o ayuda política en el Congreso o desde el propio partido formando verdaderas redes clientelares. Esta es la práctica que no es legítima y que en definitiva lleva a que en el Estado, posiciones que debieran ser ocupadas meritocráticamente en el marco de la orientación que el gobierno tenga, terminen siendo medio de pago de un favor a otro. Eso es una irregularidad que ocurre y que hay que desterrarla.
-¿Cual sería la forma correcta de que los partidos y líderes posicionen legítimamente a su gente?
-Hay que distinguir claramente entre cargos de confianza política, en donde es legítimo que los partidos a través de sus órganos regulares hagan propuestas de nombres. Ese número de cargos es hoy bastante reducido: ministros, subsecretarios, intendentes, etc., que son de directa confianza del Presidente. Al lado de eso, la mayor parte de los cargos, desde la administración de Ricardo Lagos en adelante, tras una iniciativa conjunta entre el gobierno y la oposición de aquella época liderada en esta materia por el entonces senador Pablo Longueira, dieron un salto importantísimo de modernización del Estado y una gran gama de cargos se transformaron en cargos de designación por alta dirección pública, cuyos nombramientos deben ser de manera meritocrática. En ese caso, no cabe ningún tipo de sugerencia ni presión ni petición informal o formal desde los partidos políticos. Ahí simplemente tiene que operar la mejor trayectoria y los mejores méritos, como los conocimientos técnicos y la destreza de gestión.
-El propio ex Presidente Ricardo Lagos reconoció que recibió presiones directamente para incorporar gente de ciertas corrientes...
-Lagos ha mostrado una vez más su visión de estadista, porque en vez de sacarle el cuerpo a la discusión, como han hecho otros, ha hablado de lo que hay que hablar. No de las listas que son legítimas, sino de presiones ejercidas sobre la autoridad y ha señalado una verdad que es sabida por todos los que hemos participado de altos cargos políticos: que estas presiones son ilegítimas e incluso a veces amenazantes, como dijo el ex Presidente. Es positivo que él, con la enorme autoridad intelectual y política que tiene, lo haya dicho porque permite discutir, sin amarrar esto a ciertos nombres, sino hablar sobre una práctica que tiene que ser superada para que la democracia se fortalezca y para que el Estado pueda funcionar mejor.
-¿Estas prácticas estuvieron presentes en los cuatro gobiernos de la Concertación?
-Estuvo presente en distintos momentos, seguramente con mayor intensidad en ciertos ministerios. Uno no tiene una posibilidad real de conocer los detalles de cada situación que se vivió justamente porque se sabe que esto no es un juego legítimo. Esto no es un problema de la Concertación, sino que es analizado por toda la literatura de las ciencias políticas porque ocurre en todos los regímenes democráticos. Algunos logran madurar y superar estas prácticas y hay otros donde esto es expandido y extraordinariamente negativo. Creo que nosotros como país estamos a mitad de camino, no tenemos las mejores prácticas y claramente no tenemos las peores prácticas tampoco.
-¿Cuándo se agrava el problema en la realidad chilena?
-El problema está cuando se empieza a suponer que los cargos burocráticos del Estado son una especie de propiedad de la cual yo como ministro o autoridad puedo disponer como si fuera parte de mi patrimonio personal. Ésa es la parte perversa y una vieja concepción patrimonialista del Estado y cree que puede distribuir cargos discrecionalmente como si fuera una empresa propia y privada. Esa es una visión totalmente errada, tradicionalista y anticuada de muy malas consecuencias para el Estado.
-¿Qué conclusiones se deben sacar en limpio de este debate?
-Si queremos tener un Estado que regule mejor, con más responsabilidades en todos los campos, se deben fortalecer los órganos regulatorios, como la nueva Superintendencia de Educación y las instituciones que protegen al consumidor y al medio ambiente. Así seremos capaces de asegurar que el Estados sea concebido como una democracia moderna donde hay un servicio civil, donde nadie entienda la idea de que el Estado es parte del patrimonio de los partidos o de cualquiera que llega al gobierno. Por eso, es correcto lo que estamos haciendo en el sentido de tener un Estado con más facultades de intervenir. Pero para que eso funcione bien tenemos que asegurar que, a su vez, la composición interna del Estado sea de acuerdo a las burocracias modernas, con un régimen de servicio civil y que sus miembros sean elegidos meritocráticamente.
-¿A usted le tocó recibir directamente presiones?
-Por cierto. Yo realmente no creo que ningún dirigente político que haya ocupado un alto cargo pueda decir con una falsa inocencia, como se ha hecho por estos días, que nunca vivió algo semejante. Y alguna vez me llegó una lista, pero eso es totalmente legítimo. Estoy seguro de que, al igual que cualquier otro ministro, así como también otras autoridades, recibieron este tipo de presiones clientelares que planteaban poner a tal persona que trabaja conmigo en tal parte aludiendo a que "el día de mañana yo quedo comprometido contigo y cuando yo pueda ayudarte te voy a dar una mano". Eso es considerado normal porque los dos somos del mismo partido y el día de mañana es normal que yo cobre la deuda. Nada de eso es normal y hay que sacarlo del panorama político.
-Usted es parte del PPD, ¿como fue su experiencia en este sentido con Guido Girardi?
-Yo nunca he hablado de qué persona pidió qué porque me parece que es desplazar el foco de donde hay que ponerlo. Yo esto lo viví con personas que ocupaban cargos de responsabilidad en el Parlamento y/o en los partidos. No es una propiedad exclusiva del PPD, ocurre con los partidos miembros de la coalición porque es visto como algo normal. Esto se ha ido instalando como algo cuasi normal y se ha dicho que es muy malo hacer estas denuncias, como lo ha hecho Andrés Velasco, porque se está desprestigiando a la clase política, cuando es al revés. Se está diciendo una verdad que debe ser analizada para ver cómo se supera. Es un síntoma de algo enfermo en la política, por eso hay que tratar de que estas prácticas se conozcan y sean extirpadas y el debate de esta semana ha contribuido a eso.
-Varios ex ministros han hecho estas denuncias y el senador Girardi, como defensa, ha asegurado que es una estrategia de Velasco para posicionarse como candidato presidencial...
-Tengo una alta valoración sobre Velasco y he seguido de cerca su trayectoria académica y como ministro de Hacienda. Él no va a usar un expediente como éste, que es además riesgoso y una discusión que es muy amarga a ratos, para promover su carrera política. Me parece que es un argumento que no se sostiene ni por un segundo en pie.
-¿Cree usted que es éste uno de los principales desafíos de la Concertación si pretende retornar a La Moneda?
-Creo que el principal desafío es la renovación de las ideas sobre qué le ofrece la Concertación al país en los próximos 30 o 50 años, y también una renovación de las prácticas. En parte, la derrota de la Concertación se explica porque la sociedad llegó a tener una cierta sospecha por ciertas malas prácticas políticas de los partidos de la Concertación. En ese sentido, la actitud de pasarse mirando a Nueva York, imaginando que desde allí va a venir una renovación real de la Concertación me parece un error. O sea, la renovación nace dentro de Chile, ya sea en el plano de las ideas o de las prácticas, o no va a existir.
Posted by jjbrunner at 11:43 PM | Comments (0) | TrackBack
PREAL: Claves para adoptar decisiones correctas en las políticas públicas sobre educación
Circula el siguiente aviso de los Co-directores de PREAL a proposito de la publicación de su boletin referido en esta oportunidad al tema de las claves para las políticas de educación.
Bajar el boletín aquí
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Estimados colegas
Nos es grato adjuntar una reciente edición del Serie Políticas de PREAL, No. 40, titulado “Claves para adoptar decisiones correctas en las políticas públicas sobre educación”. Los contenidos de este edición se base en el libro Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México (OCDE, 2010), cuyo Capítulo 1 “Condiciones para el éxito de la reforma educativa” recoge los principales hallazgos de la investigación sobre cómo las políticas públicas pueden optimizar la enseñanza, el liderazgo y la participación social de las escuelas, con el fin de mejorar los resultados de los niños en la educación básica. El texto completo se adjunta a este correo electrónico como un documento PDF y está disponible en línea aquí.
Saludos / Regards, Jeffrey Puryear & Marcela Gajardo Codirectores, PREAL
Posted by jjbrunner at 11:27 PM | Comments (0) | TrackBack
El incremento de los aranceles en los EE.UU: ¿Qué podemos aprender?
What's Driving College Costs Higher?
Npr, June 26, 2012
http://www.npr.org/2012/06/26/155766786/whats-driving-college-costs-higher?ft=1&f=13&sc=17
Just days before student loan rates are set to double for millions of Americans, President Obama and congressional leaders haven't reached an agreement on legislation to keep those rates at 3.4 percent.
The debate reflects the growing concern over the debt burden many take on to get a college education. About two-thirds of bachelor's degree recipients borrow money to attend college, and collectively, student debt has topped $1 trillion.
Kevin Carey, the director of the Education Policy Program at the New America Foundation, believes the student debt crisis reflects larger, troubling trends in higher education — among them excessive spending by colleges and universities, which drives up tuition, and declining government support for public universities as state and local governments face budget crises.
In the past three decades, Carey says, college tuition has consistently increased much faster than both inflation and incomes.
"Every year, [it increases] 2 or 3 or 4 percent above the inflation rate, to the point where college is now four times more expensive than it was, say 20 or 30 years ago," he says.
Where does that money go? To all sorts of things, including administrative and teaching costs, scholarships, sports teams and elaborate new construction projects.
"[Colleges and universities] compete with one another not to make money, but for status and prestige, so they buy things that increase their status and prestige in relation to their competitors," Carey tells Fresh Air's Dave Davies. "They're big on construction. ... They're always building things."
College campuses may be expanding but that doesn't necessarily mean their teaching staffs are growing. Carey points out that the number of full-time professors has shrunk across the country — and that less than 40 percent of students are now taught by tenure or tenure-track professors.
"[Professors] are not the beneficiaries of large increases in college spending that has gone on," he says. "In fact, the percentage of all students taught by non-tenure-track professors — adjuncts, teaching assistants — has gone up and up and up."
Meanwhile, university administrations have grown — meaning colleges are now employing more provosts, deans and assistant deans than ever before.
"I'm sure that most of those people are working hard at real jobs," he says. "But that doesn't necessarily mean that it's a good idea to increase spending and pass along many of those costs onto students in the form of higher tuition. ... And the more the prices go up, the more that these students who are squeezed out of opportunity are middle-income students, low-income students, and the net effect over time is to make our college and university system no longer the engine of economic mobility that it once was."
The Burden Of Student Loan Debt
The average college senior in the U.S. now carries $25,000 in student loan debt at graduation. Those figures rise when graduate degrees are figured into the equation, Carey says.
"No one planned for that to happen," he says. "No one thought that was a good idea because in fact, it's a very bad idea. The reality is that as college tuition has consistently outpaced the ability of people to pay out of pocket, debt has been the safety valve of our higher education system. It is what has allowed everything to keep running because people know they have to go to college — they don't feel they have any choice — so they just continue to borrow and borrow and borrow."
Those debts will follow students around for decades, Carey says.
"Democrat or Republican, liberal or conservative, if you want a quality college education, there's a good chance you're going to spend most of your 20s in a state of indentured servitude to a lender or an employer you hate but can't quit, because the loan bills — undischargeable in bankruptcy, thanks to industry lobbying — will follow you to the end of time," he writes in a recent New York Daily News op-ed. "Literally: The Washington Post has reported that $36 billion in loan debt is held by people over 60 years old."
To change things, Carey says, colleges need to rein in spending — and perhaps modify their educational models. He points to Harvard, MIT and Stanford's recent experiments with noncredit online classes, which anyone can take around the world.
"These are courses that are being taught to hundreds of thousands of students around the world and they don't cost anything," he says. "There is now no doubt that certain kinds of students can learn a lot online. But people don't just go to college to learn; they go to college to get a job. That's the difference between a library and a college."
Stanford is now experimenting with giving class participants certificates noting that they took the class and scored in a certain percentile within the class, Carey says.
"And in the end, all a college degree is is a piece of paper saying, 'Dear such-and-such, you took these classes and here's how you did in them,' " he says. "Nothing more, nothing less. It's a piece of paper that has the seal of approval from an institution that has itself been approved through accreditation, but the essential act of communication is the same."
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June 26, 2012
Just days before student loan rates are set to double for millions of Americans, President Obama and congressional leaders haven't reached an agreement on legislation to keep those rates at 3.4 percent.
The debate reflects the growing concern over the debt burden many take on to get a college education. About two-thirds of bachelor's degree recipients borrow money to attend college, and collectively, student debt has topped $1 trillion.
Kevin Carey, the director of the Education Policy Program at the New America Foundation, believes the student debt crisis reflects larger, troubling trends in higher education — among them excessive spending by colleges and universities, which drives up tuition, and declining government support for public universities as state and local governments face budget crises.
In the past three decades, Carey says, college tuition has consistently increased much faster than both inflation and incomes.
The percentage of all students taught by non- tenure-track professors – adjuncts, teaching assistants – has gone up and up and up.
- Kevin Carey
"Every year, [it increases] 2 or 3 or 4 percent above the inflation rate, to the point where college is now four times more expensive than it was, say 20 or 30 years ago," he says.
Where does that money go? To all sorts of things, including administrative and teaching costs, scholarships, sports teams and elaborate new construction projects.
"[Colleges and universities] compete with one another not to make money, but for status and prestige, so they buy things that increase their status and prestige in relation to their competitors," Carey tells Fresh Air's Dave Davies. "They're big on construction. ... They're always building things."
College campuses may be expanding but that doesn't necessarily mean their teaching staffs are growing. Carey points out that the number of full-time professors has shrunk across the country — and that less than 40 percent of students are now taught by tenure or tenure-track
"[Professors] are not the beneficiaries of large increases in college spending that has gone on," he says. "In fact, the percentage of all students taught by non-tenure-track professors — adjuncts, teaching assistants — has gone up and up and up."
Meanwhile, university administrations have grown — meaning colleges are now employing more provosts, deans and assistant deans than ever before.
"I'm sure that most of those people are working hard at real jobs," he says. "But that doesn't necessarily mean that it's a good idea to increase spending and pass along many of those costs onto students in the form of higher tuition. ... And the more the prices go up, the more that these students who are squeezed out of opportunity are middle-income students, low-income students, and the net effect over time is to make our college and university system no longer the engine of economic mobility that it once was."
The Burden Of Student Loan Debt
The average college senior in the U.S. now carries $25,000 in student loan debt at graduation. Those figures rise when graduate degrees are figured into the equation, Carey says.
"No one planned for that to happen," he says. "No one thought that was a good idea because in fact, it's a very bad idea. The reality is that as college tuition has consistently outpaced the ability of people to pay out of pocket, debt has been the safety valve of our higher education system. It is what has allowed everything to keep running because people know they have to go to college — they don't feel they have any choice — so they just continue to borrow and borrow and borrow."
Those debts will follow students around for decades, Carey says.
"Democrat or Republican, liberal or conservative, if you want a quality college education, there's a good chance you're going to spend most of your 20s in a state of indentured servitude to a lender or an employer you hate but can't quit, because the loan bills — undischargeable in bankruptcy, thanks to industry lobbying — will follow you to the end of time," he writes in a recent New York Daily News op-ed. "Literally: The Washington Post has reported that $36 billion in loan debt is held by people over 60 years old."
To change things, Carey says, colleges need to rein in spending — and perhaps modify their educational models. He points to Harvard, MIT and Stanford's recent experiments with noncredit online classes, which anyone can take around the world.
"These are courses that are being taught to hundreds of thousands of students around the world and they don't cost anything," he says. "There is now no doubt that certain kinds of students can learn a lot online. But people don't just go to college to learn; they go to college to get a job. That's the difference between a library and a college."
Stanford is now experimenting with giving class participants certificates noting that they took the class and scored in a certain percentile within the class, Carey says.
"And in the end, all a college degree is is a piece of paper saying, 'Dear such-and-such, you took these classes and here's how you did in them,' " he says. "Nothing more, nothing less. It's a piece of paper that has the seal of approval from an institution that has itself been approved through accreditation, but the essential act of communication is the same."
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Interview Highlights
On university space
"Universities don't do a good job of using their space. Go to any college campus on a Monday morning or Friday afternoon and you'll find empty buildings because professors and students don't like to go to class on those days."
On how universities work
"Universities are run for the benefit of the people who work there. That's different than a for-profit corporation, which is run for the benefit of shareholders or a regular public agency that is run for the benefit of elected officials and the public. Our colleges and universities exist in an odd position. I think the closest analogy is organized religion, where you have nonprofit institutions that have been around for a long, long time. ... They sustain themselves. They have their own set of values. If you look at the decisions they make, those values are quite apparent. Particularly our four-year colleges and universities, the professional status is bound up in academia, in scholarship. And so these universities are organized in such a way that reflects that."
On professor recruitment
"Professors are recruited and paid on their academic reputations, not whether they're any good at teaching. And there is a desire for status. There is a constant competition with one another. And the thing with reputational competition is that there's no end to it. You don't ever reach some point where you're as good as you can be because the only question is, 'Are you as good as the university in the next state?' So there's no ceiling to how much money colleges and universities can spend competing with one another."
On rankings
"They simply made numbers out of a value system that was already in place. They empiricized a sense of higher education quality that revolves around three things: wealth, exclusivity and fame. It's the wealthy institutions that have the smallest admissions rate and are the most well-known for their students and their professors that always stay atop the list. It's not a coincidence that every year Harvard and Princeton go back and forth between 1 and 2. US News didn't invent the idea or the thought that status was a function of wealth, fame and exclusivity. You could say that about lots of things. What they have done is let fuel to the fire and created a mechanism by which universities that haven't been around for hundreds of years to climb up through the ranks and claw their way past their competitors from a status standpoint."
Posted by jjbrunner at 07:10 PM | Comments (0) | TrackBack
Junio 29, 2012
Lucro universitario, otra vez
El Estado tiene una deuda histórica con las víctimas de las universidades que lucran
Por : Noam Titelman en Opinión, El Mostrador, 28.06.2012
http://ciperchile.cl/2012/06/28/el-estado-tiene-una-deuda-historica-con-las-victimas-de-las-universidades-que-lucran/
Según una reciente investigación del Centro de Estudios Públicos la promesa de que la educación universitaria produce una mejoría económica, debe ser cuestionada. Debido a la baja calidad de muchos establecimientos y a la falta de información de las familias, varias instituciones están produciendo que los alumnos pobres que entran a ellas, salgan más pobres, pues quedan fuertemente endeudados y adquieren cartones que en el mercado valen poco. Para los universitarios que hoy marchan, este terrible resultado es fruto del lucro con que operan muchas universidades. En esta columna el presidente de la FEUC Noam Titelman dirige sus dardos al Estado que no ha hecho cumplir la ley que expresamente les prohíbe a las universidades lucrar. “Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación"' argumenta.
Así reza el informe reciente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Educación Superior. Así de tajante y clara es la situación: durante décadas en nuestro país se ha violado la ley sistemáticamente, persiguiendo lucro donde está prohibido, y el mecanismo mencionado en la cita es solo una de varias estrategias empleadas.
Frente a esto me parece que quedan abiertas tres preguntas muy importantes para entender este último round entre el gobierno y el movimiento estudiantil (que ahora cuenta con el apoyo del
Poder Legislativo): ¿Por qué no debería haber lucro? ¿Quién es el responsable de que la normativa vigente no se haya cumplido? Y ¿qué hacemos ahora?
El debate en torno al lucro en la educación ha tenido larga trayectoria y se ha abordado desde varias aristas. Como punto inicial bastará confirmar que en educación escolar un sistema como el nuestro, con establecimientos particulares subvencionados con fines de lucro y financiamiento compartido, es único en el mundo. Su arista más grave es que genera un sistema profundamente segregado, con estudiantes de primera, segunda y enésima categoría amparados por una legislación absolutamente permisiva y con un deterioro progresivo de nuestro sistema público.
En educación superior tenemos más ejemplos similares en el mundo con los que compararnos. Esquemas de educación particular superior con fines de lucro no son extraños en el mundo. Sin embargo, lo que sí es extraño es el peso que tiene el sector privado y el financiamiento considerable que recibe desde el Estado.
La idea de los defensores del lucro es que, al igual que en el mercado de los zapatos o de cualquier otro bien, la persecución de bienestar personal de quienes son dueños de las empresas productoras, en este caso universidades, junto con un mercado perfecto significará que los establecimientos competirán entre ellos reduciendo sus precios al mínimo y maximizando la calidad del bien entregado. Pero, sin gran sorpresa se puede afirmar esto, la educación no es un zapato. Como lo explica el director del Centro de Estudios Públicos, Arturo Fontaine, las universidades no compiten vía precios, que solo suben, ni calidad, que puede ser difícil de medir antes de graduarse: las universidades compiten vía marketing.
Es imposible regular los incentivos de tantas entidades diferentes buscando el beneficio personal y empleando cada recurso imaginable para maximizar lo que cobran y reducir los costos de lo que entregan. No es ninguna sorpresa que entre las 100 mejores universidades no haya ni una sola con fines de lucro. Lo sorprendente sería que existiera tal universidad. El proceso educacional integral tiene múltiples dimensiones y, por lo tanto, no se puede estandarizar como si fuera una zapatilla. La educación que va más allá de un mero adiestramiento, no es un bien de consumo.
Cuando se plantea la necesidad de un sistema de educación público y la incompatibilidad de este con el lucro es porque se entiende que las instituciones de formación cumplen un rol público. Rol que requiere de la consonancia entre los objetivos de la institución y de la sociedad. Necesitamos universidades que busquen el desarrollo de nuestro país y la formación de ciudadanos de excelencia para cumplir esta misión, no meramente maximizar su retorno a la inversión. Curiosamente, el propio ministro Beyer, en su momento, afirmó que las universidades con fines de lucro nunca serán buenas universidades. Lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta: si el efecto nefasto del lucro está tan aceptado ¿por qué nada se ha hecho para resolver esta situación?
Al respecto, las sentencias del ex ministro de Educación, Felipe Bulnes, a la comisión son esclarecedoras: “No es casualidad que ningún ministro de Educación –incluyo ambas coaliciones- haya ejercido acciones decididas para controlar esta materia…debo decir que la ley no fue pensada para sancionar a una universidad por dicha circunstancia…Esa ley tiene 30 años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente algunas de las universidades no la estén burlando, incluso, es público y notorio –algunas personas se refirieron a ello antes que surgiera esta polémica- que las universidades representaban un buen negocio, en el sentido de que, así lo entendí yo, era una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe”
La situación es clarísima. Tenemos un sistema legal diseñado para hacer la “vista gorda” frente a quienes violan sistemáticamente la ley. De hecho, hemos visto ya a la luz pública, a varios miembros del gobierno actual y de gobiernos anteriores involucrados en esta transgresión. Sin embargo, queda absolutamente patente que una superintendencia, como se ha planteado en el último proyecto presentado por el gobierno, sería completamente impotente frente a los subterfugios empleados. Ya lo han dicho el director del CEP y el Contralor General de la República. Lo fundamental es legislar de manera contundente para que quienes lucren en las universidades y quienes lo hagan con fondos públicos en el resto del sistema educacional, tengan penas suficientes para que no siga siendo un negocio. Las penas estipuladas en el proyecto actual con suerte llegan a ser simbólicas y no permiten evitar las estrategias contables para ocultar el lucro.
Por último, quedan los miles de estudiantes que acuden a estos cuestionados establecimientos. ¿Cómo se hace cargo el Estado de una responsabilidad que ha abandonado notoriamente? Según un estudio reciente del CEP, presentado por Sergio Urzúa, más del 40% de los titulados de establecimientos privados obtendrán una rentabilidad negativa: haber estudiado en este tipo de universidades, lejos de permitir la promoción social y económica, ha significado una verdadera estafa que ha empeorado su situación económica. Es indignante e inaceptable, sobre todo cuando se considera la complicidad que ha tenido el Estado. Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación. Según Contraloría, más de $85 mil millones fueron asignados solo a las universidades cuestionadas por el informe de la comisión investigadora y hay muchas razones para creer que el número de universidades y monto comprometido es bastante mayor.
Por lo tanto, el primer paso es terminar con esta verdadera complicidad en la que ha caído nuestro Estado. Se debe tramitar con urgencia una legislación robusta que permita fiscalizar y castigar a aquellos que estén lucrando con recursos fiscales. En segundo lugar, se debe prohibir y tipificar el delito cometido por aquellos que lucran y engañan a miles de chilenos. No es posible que la única sanción para quienes han cometido este ilícito sea revocar su estatuto de universidad.
Por último, el Estado tiene una deuda histórica con quienes han sido víctimas de las universidades que lucran y de las cuales el mismo Estado que fue cómplice. Los dueños de estas instituciones tienen que ser perseguidos en juicios civiles para devolver los recursos que fueron obtenidos ilegalmente del Estado, pero también de los miles de estudiantes que confiaron en las buenas intenciones de los establecimientos que se comprometían a no perseguir lucro. Estos recursos deberían emplearse en reubicar a los estudiantes en instituciones que cumplan la ley o renovar las instituciones asegurando que los nuevos controladores efectivamente sean organizaciones sin fines de lucro. Incluso a quienes ya se han graduado de estos establecimientos se les debiese garantizar la oportunidad de continuar con sus estudios para recuperar sus rentabilidades negativas o indemnizarles por sus pérdidas.
La solución es difícil y requerirá de grandes esfuerzos por parte de todos. La irresponsabilidad de quienes diseñaron e implementaron este modelo ha traído un nivel tal de injusticia que hace necesario plantear transformaciones de fondo y un gran proyecto nacional para subsanar estas falencias. Existen ejemplos de casos similares en el mundo. Evidentemente la solución no vendrá de la noche a la mañana y, de hecho, tomará varios años. Recordemos que tomó 30 años instalarlo.
Esperamos que el informe de la comisión investigadora y la denuncia en fiscalía, frente a la cual ya se ha comprometido un fiscal especial, permitan avanzar en esta dirección y romper con aquellos que han sentenciado la imposibilidad de recuperar nuestro sistema educacional. Como lo afirmó el propio Jefe de la División de Educación Superior del MINEDUC: “¿por qué hoy no ha habido ningún recurso en tribunales, si es que hay alguna institución que esté faltando a la ley de manera tan evidente, como se dice en todas partes? Porque las Universidades son todas instituciones organizadas, sin fines de lucro y, por lo tanto, no existe una evidencia mediante la cual uno pueda ir a un tribunal y denunciar a aquella institución que está faltando a la ley, o que el ministerio tome iniciativa al respecto”. Bueno, la denuncia está. Es hora de actuar.
Las “exigencias” del movimiento estudiantil al gobierno y parlamentarios para un “nuevo Sistema Educacional”
Entre las acciones que consideran "inmediatas" plantean la necesidad de retirar de su tramitación el proyecto de reforma tributaria, el que crea la Superintendencia de Educación y "congelar" la iniciativa que pone fin al CAE como mecanismo de financiamiento.
por EL MOSTRADOR, 29 de junio de 2012
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/06/28/las-exigencias-del-movimiento-estudiantil-al-gobierno-y-parlamentarios-para-un-nuevo-sistema-educacional/
Tres páginas tiene la carta de emplazamiento que los representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) entregaron este jueves en el Palacio de La Moneda, y en la sede del Parlamento en Santiago, la que formula cinco “exigencias fundamentales para un nuevo Sistema Educacional”.
El objetivo, plantea la misiva, es “construir un Nuevo Sistema Nacional de Educación, basado en la concepción de la educación como un derecho social universal en todos sus niveles, que tenga como pilar la Educación Pública gratuita, democrática y de excelencia, y esté orientado a la erradicación de las desigualdades de clase, género y etnia, a la construcción de ciudadanía y la generación de un desarrollo integral y sostenible para el país”.
El petitorio se refiere a que la educación que se debe impartir en el país debe ser pública, gratuita, autónoma, democrática, pluralista, intercultural y de excelencia, y proponen como un punto de partida “inmediato” el retiro de la reforma tributaria impulsada por el gobierno que se tramita en el Congreso Nacional.
Pero no sólo eso, sino que también solicitan que no siga tramitándose el proyecto que crea la Superintendencia de Educación y que además se congele “la tramitación del proyecto de ley de financiamiento estudiantil del Ministro Beyer —que elimina el CAE—, porque ese proyecto debe ir de la mano con las medidas que se detallan a continuación para evitar la profundización del lucro, la estafa y mal gasto de recursos públicos”.
También solicitan el “fin inmediato al lucro con recursos públicos en todo el sistema educacional” y el aumento de los Aportes Basales para las Universidades del Estado, “que les permita su expansión, desarrollo y cumplimiento de su compromiso con las necesidades del país en términos de docencia, investigación, extensión e infraestructura. Este aumento progresivo deberá expresarse en el Presupuesto de Educación 2013 (cubriendo, al menos, un 50% de sus presupuestos) y tendrá como horizonte de mediano plazo el otorgar una educación gratuita”.
Ver el documento en: http://www.scribd.com/doc/98601102/Carta-Emplazamiento-Estudiantes
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Cien mil personas repletaron la Alameda recordando peak del año anterior
Estudiantes apuestan a lograr fin efectivo del lucro tras potente demostración de fuerzas en marcha de ayer
La masiva convocatoria ayudó a sellar varios temas: el contundente respaldo ciudadano a la agenda antilucro, la continuidad entre lo que se hizo el año pasado y éste, y la convicción de que vendrán más acciones similares. Mientras el ministro Harald Beyer llamó a los estudiantes a debatir en el Congreso, el presidente de la FECh, Gabriel Boric, asegura que este “entró desplegando una agenda, pero sin embargo, poco a poco ha ido perdiendo piso. Ha ido teniendo que doblegarse frente a las presiones de empresarios de la educación”.
por ALEJANDRA CARMONA, El Mostrador, 29 de junio de 2012
La lluvia caía, pero no fue suficiente para detener a las más de cien mil personas que llegaron hasta la Alameda para marchar desde Plaza Italia hasta Avenida Blanco Encalada. Y la demostración no sólo sirvió para registrar una fotografía de la masiva concurrencia.
La tercera marcha —convocada por la Confech, que reúne a los universitarios, y las dos organizaciones de secundarios (Cones y Aces)— fue también la confirmación de cuál es el primer tema en la agenda de los estudiantes: el fin del lucro; una demanda que está presente en la carta que los jóvenes entregaron ayer primero en La Moneda y luego en la sede del ex Congreso.
“Fin inmediato al lucro con recursos públicos en todo el sistema educacional”, exige uno de los requerimientos de la misiva, punto para el cual se pide respuesta inmediata (ver documento adjunto). Lo mismo ocurre con otro tema importante para el Gobierno: el texto propone el retiro del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación, “pues en lugar de evitar que corporaciones que según la ley no deben perseguir fines de lucro lo hagan, encubre este delito”. Esto último, se contrapone con lo que defiende el ministro de Educación, Harald Beyer, quien ha argumentado que su cartera no tiene atribuciones para fiscalizar que no exista lucro y que esa situación podría ser diferente con la figura de la Superintendencia.
LA PRUEBA
La convocatoria de ayer era mirada como una prueba de fuerzas en un contexto que ha revelado el poder económico que existe tras el negocio de la educación. El informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados es una comprobación de ello, pero también lo son —para los estudiantes— situaciones como las que enfrenta el Ministerio de Educación, que entregó como plazo el 30 de junio para que las universidades hagan llegar sus balances financieros. Sin embargo, hasta el martes recién pasado, de 173 instituciones sólo 17 habían entregado la información requerida por esa cartera. Es decir, tampoco estas instituciones sienten la obligación de cumplir con los requerimientos de esa cartera. “Es un ninguneo al Gobierno”, comentan en la Confech.
La prueba de fuego ayer era la calle, algo fundamental para los estudiantes. No sólo porque reflejaría el apoyo de la ciudadanía a la demanda antilucro, sino también porque serviría para reforzar la conexión entre la pelea librada el año pasado y este 2012.
“Vemos al ministro solo”, piensan algunos dirigentes universitarios. Una idea que refuerza Noam Titelman, presidente de la FEUC: “Hemos ido sumando a diferentes actores del mundo social, pero también hemos sumado recientemente a los rectores de las universidades de Chile y desde el Poder Legislativo se ha dado un apoyo explícito gracias a este informe de la comisión. O sea, vemos que el gobierno se está quedando solo, porque no ha querido abrir los ojos y reconocer que esto no puede ser resuelto a la vieja usanza del debate entre pocos, sino que tendrá que incluir al movimiento social”.
La prueba de fuego ayer era la calle, algo fundamental para los estudiantes. No sólo porque reflejaría el apoyo de la ciudadanía a la demanda antilucro, sino también porque serviría para reforzar la conexión entre la pelea dada el año pasado y este 2012. También abriría la posibilidad de generar otros actos similares contra el abuso: de hecho, según comentan al interior de la Confech, un nuevo paso podría ser convocar a un paro nacional. Las medidas a seguir se tomarán en unas dos semanas más.
LA RESPUESTA DE BEYER
Casi al finalizar la tarde, el ministro de Educación Harald Beyer, se refirió a la masiva marcha y emplazó a los estudiantes a tomar en cuenta los acuerdos que se encuentran en el Parlamento. “Ellos están equivocados, han planteado y han participado en el Congreso en debates concretos, como por la Superintendencia, (donde) asistimos juntos a una discusión sobre ese proyecto de ley, sus planteamientos se escucharon y yo mismo dije que me parecieron interesantes”, afirmó Beyer, quien también advirtió que “no se pueden imponer propuestas desde la calle, hay instancias de diálogo. El Congreso es el lugar mas apropiado para la discusión”, argumentando en la misma línea que ya había trazado su antecesor, Felipe Bulnes.
Sin embargo, ninguna de las propuestas que no signifiquen terminar con el lucro efectivo servirán para que los estudiantes y el gobierno se pongan de acuerdo.
“Esta marcha viene a desordenar el mapa político”, enfatizó Boric. Y apuntó a más: “El ministro Beyer entró desplegando una agenda, pero sin embargo, poco a poco ha ido perdiendo piso. Ha ido teniendo que doblegarse frente a las presiones de empresarios de la educación… Lo ocurrido con la U. del Mar, las declaraciones de Herman Chadwick, aún con su rectificación, dejan absolutamente claro que aquí hay un problema que no se puede seguir escondiendo. Aquí hay mucha gente que tiene que dar explicaciones; entre ellos, tres ministros de gobierno”.
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Junio 28, 2012
Lucro y Superintendencia: contrapuntos
Investigación del Centro de Estudios de la FECh
El mapa del poder y el negociado detrás del lucro universitario en Chile
Cuáles son las universidades que registran más ingresos, de qué forma mantienen supremacía en el mercado los planteles no tradicionales que captan –sin mayor selección– a grandes masas de estudiantes, son algunas de las preguntas que responde este estudio, que ya tiene respuestas preliminares. Una información que sirve para entender el contexto del problema, hoy cuando se realiza la tercera marcha del año contra lo más vapuleado del negocio de la educación superior: el lucro.
por ALEJANDRA CARMONA, El Mostrador, 28 de junio de 2012
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/06/28/el-mapa-del-poder-y-el-negociado-economico-detras-del-lucro-universitario-en-chile/
Informe Ejecutivo Investigación CEFECh Final 27 de Junio 2012: ver en
http://www.scribd.com/doc/98484987/Informe-Ejecutivo-Investigacion-CEFECh-Junio-2012
El Centro de Estudios de la FECh (Cefech) concluyó la primera etapa de una gran investigación respecto al “Poder económico y social de la Educación Superior en Chile”, en el que se da cuenta de cómo se han movido grandes sumas de dinero para crear el imperio de la educación que existe hoy en Chile y que miles de estudiantes van a salir a criticar hoy a la calle, en la tercera marcha del año.
Entre los datos de los que da cuenta el estudio —financiado por la Fundación Heinrich Böll— y que replica en extenso El Mostrador, la envergadura del mercado de las instituciones universitarias en Chile representa a 8.706.005 sueldos mínimos ($182.000 pesos). Todo esto se enmarca en un escenario en el cual predominan las instituciones tradicionales que seleccionan a sus estudiantes (39,18%) y aquellas no tradicionales que captan a una gran masa de “clientes” (33,38%), como el caso de la Universidad de las Américas o la polémica Universidad del Mar, una de las que tiene mayor número de sedes a nivel nacional.
“Una de las principales conclusiones que podemos sacar de la primera parte del informe, es que el ‘milagro’ chileno de la educación superior en torno a la expansión de la matrícula, ha traído un negocio de enormes magnitudes a costa de las familias. El poder económico y social que tienen estas instituciones trae consigo poder político”, señala Pablo Soto, director ejecutivo del Cefech, quien también apunta a que esta es una realidad que quedó al descubierto en la lista elaborada por la periodista María Olivia Mönckeberg que fue publicada el miércoles por El Mostrador y que revela los rostros públicos tras el lucro.
“Es por esto que hay grandes empresas detrás de la educación, empresas que compran carteras de estudiantes, no sólo Universidades. Además, la recopilación de información para completar el mapa es muy compleja porque las Universidades post-1981 son una caja negra que se aprovechan de un mercado cautivo y altamente explotable, por lo necesario que es ingresar a la educación superior”, afirma Soto.
El estudio también analiza la participación en el mercado de estas casas de estudio dependiendo de su estructura de propiedad: por grupo económico (aquellas que tienen grandes espaldas detrás, como Laureate), por corporación unitaria (aquellas que no pertenecen a grandes holding o grupos económicos y poseen sobre 15 mil estudiantes) y las pequeñas corporaciones, que poseen menos estudiantes que la mencionada anteriormente.
“Son instituciones que han obtenido, a costa de la economía de los hogares y sueños de los nuevos estudiantes que ingresan a la educación superior, un importante poder económico avalado por una legalidad que permite el lucro bajo una serie de subterfugios”, explica Soto, director ejecutivo del Cefech.
En ese sentido, se observa que la Universidad Andrés Bello es la institución que representa el mayor poder de mercado, con valores ligeramente sobre la media; esto se debe más que nada al gran número de matriculados que tiene.
“Son instituciones que han obtenido, a costa de la economía de los hogares y sueños de los nuevos estudiantes que ingresan a la educación superior, un importante poder económico avalado por una legalidad que permite el lucro bajo una serie de subterfugios”, explica Soto.
Coincidentemente, las instituciones universitarias nombradas en el informe presentado por la comisión investigadora del funcionamiento de la Educación Superior, son las instituciones que han sumado en sus aulas a una mayor cantidad de estudiantes en el último tiempo. Son las mismas que presentan mayor poder dentro del mercado de la educación universitaria y son las que han practicado de manera más eficiente un negocio rentable para sus dueños.
MOCIÓN PROPONE NUEVAS MEDIDAS PARA FISCALIZAR Y SANCIONAR A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Cámara de Diputads, Publicado el 27 de junio del 2012
http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=49590
La iniciativa, presentada por diputados de oposición, dota al Consejo Nacional de Educación de atribuciones para intervenir frente a infracciones de las universidades privadas y disponer medidas sancionatorias en su contra. Además, se propone el establecimiento de la figura de interventores provisionales, en caso de formularse cargos, o interinos, cuando se cancele la personalidad jurídica y la caducidad del reconocimiento del Estado.
Nuevas facultades fiscalizadoras y sancionatorias para el Consejo Nacional de Educación son algunas de las propuestas incluidas en una moción (boletín 8364) que busca perfeccionar el actual sistema universitario y que fuera ingresada a trámite legislativo el pasado 13 de junio por un grupo de diputados de oposición encabezados por Rodrigo González (PPD).
El proyecto, derivado a la Comisión de Educación para su estudio, fue ingresado por el diputado González y sus compañeros de bancada Pepe Auth y Cristina Girardi, junto a los diputados DC Mario Venegas y Carolina Goic, PRI Alejandra Sepúlveda y PC Lautaro Carmona.
“Es necesario perfeccionar la legislación vigente de manera de asegurar que, en caso de incumplimientos graves de sus obligaciones y deberes por parte de estas entidades de educación superior, el Estado tenga las atribuciones idóneas para intervenir, investigar y sancionar las faltas cometidas”, plantearon los autores.
Más específicamente, la iniciativa modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, dotando al Consejo Nacional de Educación, en tanto órgano técnico máximo del sistema educativo chileno, de atribuciones para intervenir frente a infracciones de las universidades privadas ya creadas, así como para disponer de medidas sancionatorias en su contra.
En esta línea, la moción indica que el Consejo, de oficio o por denuncia, iniciará las investigaciones tendientes a establecer la comisión de las infracciones a la normativa legal y administrativa vigente. Durante dicho proceso, los administradores y/o propietarios del establecimiento deberán suministrar dentro de los tres días siguientes todos los antecedentes que se le soliciten, como asimismo, tanto ellos como su personal directivo, administrativo y académico, tendrán la obligación de comparecer en caso de ser requeridos ante el organismo.
Más aún, se obliga a todos los órganos del Estado a suministrar las informaciones, documentación u otros antecedentes que obren en su poder, que sean solicitados por el Consejo en los procesos de investigación.
En caso de formularse cargos y aún antes de la resolución final, el Consejo podrá dictar una o varias de las siguientes medidas precautorias:
1.- Suspender temporalmente de su cargo al Rector y a la Junta Directiva de la Universidad o centro de educación superior, nombrando en su reemplazo a un interventor temporal que se haga cargo de la dirección y administración superior del establecimiento con plenos poderes de administración, excepto el de venta o enajenación de bienes inmuebles, para lo cual requerirá la autorización del Consejo.Esta suspensión podrá ser por un plazo de 90 días, prorrogables.
2.- Suspender el ingreso de nuevos alumnos a las carreras que se dicten.
3.- Someter a la Universidad o centro de educación superior a la supervisión de sus actividades académicas por parte de una o varias universidades
La moción también establece que el Consejo podrá cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial, previo proceso de investigación, en el cual se asegurará el derecho a formular descargos y defensas.
“La sanción será recurrible por la vía de un recurso especial de reclamación por ilegalidad ante la Corte de Apelaciones competente en la comuna en donde ésta tenga su sede central, el que gozará de preferencia para su vista y se agregará extraordinariamente a las tablas respectivas. La interposición del recurso no suspenderá los efectos de la resolución recurrida”, se establece.
La resolución que cancele la personalidad jurídica y revoque el reconocimiento oficial contendrá un plan de cierre de la Universidad, el cual deberá asegurar el derecho de los estudiantes a concluir íntegramente sus estudios. El plan de cierre del establecimiento no podrá superar el plazo de 7 años desde la fecha de la resolución. Mientras éste esté vigente, la personalidad jurídica y el reconocimiento oficial se mantendrán plenamente vigentes.
Con la finalidad de cumplir con lo recién indicado, el proyecto permite al Consejo nombrar a un interventor interino, que durará en sus funciones hasta el término total de las actividades de la Universidad, debiendo informar trimestralmente al organismo sobre la ejecución del plan de cierre.
Dentro de los requisitos que se imponen al cargo se establece la imposibilidad de tener vigente o haber suscrito, por sí o por terceros, contratos o cauciones con la respectiva universidad donde pasará a ejercer funciones. Tampoco podrán tener litigios pendientes con ella. Asimismo, no podrá ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y funcionarios directivos de la Universidad.
editor@congreso.cl
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Las claves del proyecto de Superintendencia que busca fiscalizar y sancionar el lucro en las instituciones
Una de las características es el aseguramiento de los derechos de los estudiantes en caso de que la universidad, CFT o IP no cumpla con la Ley.
por La Tercera - 26/06/2012
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2012/06/657-468958-9-las-claves-del-proyecto-de-superintendencia-que-busca-fiscalizar-y-sancionar-el.shtml
La falta de atribuciones para poder fiscalizar y sancionar a las instituciones, CFT e IP que estén incumpliendo la ley respecto a la imposibilidad de lucrar, entre otras cosas, es una de las principales respuestas que entrega el Ministerio de Educación para poder haber evitado, por ejemplo, la situación de la Universidad del Mar.
Por esta razón, el Mineduc anunció que pondrán suma urgencia (15 días hábiles) al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, que se está tramitando desde hace siete meses en el Congreso y que esperan esté listo a fines de agosto. Algunas de las características de esta institución según el Ministerio son:
NUEVAS EXIGENCIAS PARA LAS UNIVERSIDADES
Hoy no existe obligación de incorporar miembros independientes a la junta directiva. La Superintendencia, obliga a contar con ellos en sus directorios. Asimismo, actualmente si bien están permitidas las operaciones de personas relacionadas, no existe ninguna regulación. El organismo regulará las trasferencias, las que deben ser autorizadas por los miembros independientes y en condición de mercado.
NUEVAS ATRIBUCIONES
Actualmente se fiscaliza sólo ante una denuncia. Con la superintendencia se fiscalizará de oficio o ante denuncia. Por otra parte, hoy se depende de la información proporcionada por las instituciones. Con la iniciativa de gobierno, se podrá ingresar a las dependencias de las instituciones de educación superior y acceder a cualquier documento, libro o antecedentes que sea necesario para fines de fiscalización. Así también, se podrá realizar u ordenar auditorias cuando existan sospechas fundadas respecto la veracidad y exactitud de la información entregada.
RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Según el Ministro de Educación, las atribuciones de hoy para asegurar los derechos de los estudiantes están dispersas en distintas instituciones del Estado. Con el proyecto, se podrá fiscalizar la prohibición de efectuar publicidad engañosa, respecto por las condiciones de contrato e impedir abusos en los procesos de titulación.
NUEVAS INFRACCIONES
La superintendecia considera infracción si se incumple con la regulación a las operaciones con personas relacionadas, con las obligaciones de información establecidas por la ley y contractualmente con los estudiantes. Ámbitos que hasta hoy no eran considerados.
NUEVAS SANCIONES
De 100 a 1.000 UTM es el monto máximo que deberá pagar una institución si no cumple con la normativa vigente. Además, se considera la inhabilidad para quienes infrinjan la ley respecto a las operaciones con personas relacionadas y la revocación del reconocimiento oficial.
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Boric: Si el Superintendente recién nombrado va a permitir el lucro nos vamos a seguir oponiendo
La vocera de la Aces señaló que "el problema no es la fiscalización o si nombran a una nueva autoridad para administrar los fondos", sino que se trata de desmunicipalizar los establecimientos. Agregó que de no hacerlo, "funarán las elecciones municipales".
por Fabiola Melo, La Tercera - 27/06/2012 - 16:26
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2012/06/657-469140-9-boric-si-el-superintendente-recien-nombrado-va-a-permitir-el-lucro-nos-vamos-a.shtml
"Acá no necesitamos personas que hagan cumplir la ley en el mundo escolar, porque si cumplir la ley es volver a legitimar el lucro en la educación nosotros nos vamos a seguir oponiendo". Así el presidente de la Fech Gabriel Boric, se refirió al nombramiento del primer Superintendente de Educación Escolar, Manuel Casanueva.
Según el dirigente universitario, "no pueden seguir existiendo empresarios que se sigan llenando los bolsillos a costa de todos los chilenos", como ocurre actualmente en la educación escolar.
La misma visión comparte la vocera de la Aces, Eloisa González, quien señaló que "el problema no es la fiscalización o si nombran a una nueva autoridad para administrar los fondos", sino que se trata de desmunicipalizar los establecimientos. Esto, porque según González, "la responsabilidad ha caído en los municipios o superintendecias, pero nosotros sabemos que bajo la experiencia de 30 años, esto no ha servido".
El vocero de Cones, Cristofer Sarabia increpó también al Gobierno señalando que "¿hasta cuándo se va a seguir lucrando con la educación chilena? El dirigente sostuvo que si bien "en la educación universitaria es completamente ilegal lucrar y aún así se hace, en la educación secundaria es legal, y lo hacen a vista y paciencia, amparados por la ley".
Desde la ACES, Gonzaléz anunció además, que si en cuatro meses el gobierno no desmunicipaliza los establecimientos, funarán las elecciones municipales. "Tienen exactamente 4 meses para desmunipalizar los liceos, porque esto no da para más. Si no lo hacen, nosotros funaremos sus elecciones municipales, que son el mecanismo más preciado que es lo que ha mantenido a una clase política que en su conjunto es responsable de que hoy se esté lucrando y que no exista educación de excelencia y de calidad".
Los estudiantes aseguraron que "cualquier propuesta que emane y que hoy se planteé solucionar el problema de la educación debe estar basada en las demandas sociales", pero "los proyectos de financiamiento y desmunicipalización no responden a las demandas del movimiento estudiantil, no se acercan ni han sido conversados con el movimiento estudiantil", concluyó Boric.
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Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional (COLMEE)

Recibo la siguiente nota de parte de la Oficina Chilena de la Unesco:
Para su conocimiento y fines pertinentes, les reenviamos información sobre el Congreso Latinoamericano de Medición y Evaluación Educacional (COLMEE) que está realizando la Oficina de UNESCO- Santiago en conjunto con el Centro de Medición Mide UC y que se realizará el 4 y 5 de octubre en el Centro de Extensión de la Universidad Católica.
La actividad está orientada a profesionales de diversas disciplinas que deseen profundizar sus conocimientos sobre medición y evaluación educacional, además de reflexionar y debatir acerca de las experiencias y hallazgos en los distintos países de la región.
Investigadores de toda Latinoamérica podrán postular sus trabajos a través de www.colmee.cl desde el 30 de abril hasta el 30 de junio de 2012. Los trabajos serán evaluados por el Comité Científico y los seleccionados se presentarán para las sesiones de trabajo del congreso.
Cordialmente,
Comisión Nacional Chilena de Coperación con UNESCO
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Junio 27, 2012
Conversación sobre control de calidad en la educación superior
Información entregada por la Universidad Central.
José Joaquín Brunner reflexionó en la UCEN sobre el actual sistema de acreditación universitaria
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, 26 junio, 2012
http://www.politicaygobierno.cl/?p=6277
Bajo el título “Control de calidad: ética, regulaciones e información” el profesor titular e investigador de la Universidad Diego Portales José Joaquín Brunner dictó el pasado martes 26 de junio una conferencia sobre reforma al sistema de acreditación y financiamiento de la educación superior, en el marco de las actividades de extensión de la Cátedra de Gobierno Luciano Tomassini del Instituto de Gestión Pública de nuestra Facultad.
La bienvenida estuvo a cargo del decano Marco Moreno y la presentación del conferencista del Secretario de Facultad y Director del Instituto Enrique Paris, quien destacó, entre otras cosas, la dilatada e intensa trayectoria académica del profesor Brunner, quien cursó sus estudios de pregrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Chile y realizó posteriormente estudios de postgrado en la Universidad de Oxford y obtuvo su doctorado en Sociología por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leiden.
Durante su exposición, Brunner se refirió inicialmente a la génesis del actual sistema de educación superior y de los sistemas de acreditación existentes. Tras hacer un recorrido histórico desde la creación de las primeras universidades en Europa, llegó en particular al caso de América Latina, en la cual señaló que durante buena parte del siglo XX existió un débil control que fue producto de una combinación de factores como: 1) escasa evaluación externa por parte de la autoridad pública, 2) débil autocontrol interno, el cual descansaba fundamentalmente en los catedráticos, y 3) todo esto justificado por la existencia de una educación superior excluyente y minoritaria.
A partir de segunda mitad del siglo XX, Brunner mencionó que se produjo una masificación y universalización de la matrícula debido a la proliferación de instituciones de educación superior de gran diversidad (de misiones, tipos, funciones, selectividad, etc.), lo cual se acrecentó también con la creación de universidades privadas y que llevó a la necesidad de reconocimiento recíproco, a nivel internacional, de cursos, programas y diplomas.
A su juicio, la gran transformación se produce a contar de la década del 70, con una gran explosión de escolarización superior que, en términos mundiales, más que duplica la tasa bruta en 2009 (alcanzando más de un 70% frente a un 30% en 1970) y, en el caso de Chile, incluso es más impresionante ya que va desde un 8% en 1970 a un 55% en 2009.
Sin embargo, esta verdadera “explosión” de escolarización no siempre estuvo acompañada de la creación de leyes que garantizaran la calidad de estas nuevas instituciones de educación superior públicas y privadas. Se refirió en especial a la necesidad de reforzar la autoevaluación y autorregulación internas, a la generación de mecanismos para evaluar externamente la calidad y promover mejoramiento continuo y que el sistema de acreditación de cumplimiento y posea estándares o reconocimiento de niveles de excelencia.
Más adelante, destacó que el régimen actual está en crisis:
de legitimidad y confianza por la composición del Consejo Nacional de Acreditación y los posibles conflictos de interés que se han verificado;
por no responder a diversidad de expectativas: acreditación, excelencia, mejoramiento, legalidad, supervisión, resultados laborales, regulación carreras, nuevas sedes, información, buen uso de recursos públicos y privados, protección del consumidor;
por exiguos avances en acreditación voluntaria de programas;
por arrojar resultados contradictorios entre diversos procedimientos e instrumentos;
por no poder garantizar la calidad de sus propias actuaciones; y
por sospechas respecto de las actuaciones de agencias privadas
En efecto, sostuvo que hay amplio consenso en cuanto a un estado de crisis y la necesidad de renovar y fortalecer régimen, por lo que el actual Gobierno solicitó evaluación externa a la OCDE y al Ministerio de Educación junto con otros actores quienes están preparando una autoevaluación de fortalezas y debilidades y propuestas de cambio. Asimismo, destacó que el Gobierno tiene un compromiso de enviar un proyecto de ley para reformar Consejo Nacional de Acreditación durante el último trimestre del presente año y que también ha propuesto medidas adicionales complementarias, tales como un proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior y la recolección de información financiera detallada (para fin de junio 2012). Sobre ello, reconoció que comienzan a aparecer diversas propuestas y medidas para una revisión y cambio del régimen de control existente, lo cual es bien valorado por todos los sectores.
Al finalizar, presentó algunas propuestas, las que fueron también comentadas con los asistentes entre quienes se encontraban autoridades, profesores y estudiantes de las carreras de la Facultad, además del director y el subdirector de Aseguramiento de la Calidad Exequiel González y Florencio Manríquez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación José Luis Reyes, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Alexis Gotschlich, la secretaria de Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Vivian Heyl junto a la directora (s) de la Escuela de Ingeniería Comercial Loreto Aceitón, además de docentes de otras facultades.
Descargue la presentación de José Joaquín Brunner hecha por el Director del Instituto de Gestión Pública de la Facultad, Enrique Paris.
José Joaquín Brunner reflexionó en la UCEN sobre el actual sistema de acreditación universitaria
Miércoles 27 de junio de 2012
http://www.ucentral.cl/jose-joaquin-brunner-reflexiono-en-la-ucen-sobre-el-actual-sistema-de-acreditacion-universitaria/prontus_ucentral2012/2012-06-27/155954.html
Bajo el título “Control de calidad: ética, regulaciones e información” el profesor titular e investigador de la Universidad Diego Portales José Joaquín Brunner dictó el pasado martes 26 de junio una conferencia sobre reforma al sistema de acreditación y financiamiento de la educación superior, en el marco de las actividades de extensión de la Cátedra de Gobierno Luciano Tomassini del Instituto de Gestión Pública de nuestra facultad.
La bienvenida estuvo a cargo del decano Marco Moreno y la presentación del conferencista del secretario de facultad y director del instituto, Enrique Paris, quien destacó, entre otras cosas, la dilatada e intensa trayectoria académica del profesor Brunner, quien cursó sus estudios de pregrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Chile y realizó posteriormente estudios de postgrado en la Universidad de Oxford, doctorándose en Sociología por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leiden.
Durante su exposición, Brunner se refirió inicialmente a la génesis del actual sistema de educación superior y de los sistemas de acreditación existentes. Tras hacer un recorrido histórico desde la creación de las primeras universidades en Europa, llegó en particular al caso de América Latina, en la cual señaló que durante buena parte del siglo XX existió un débil control que fue producto de una combinación de factores como la escasa evaluación externa por parte de la autoridad pública; un débil autocontrol interno, el cual descansaba fundamentalmente en los catedráticos, y la existencia de una educación superior excluyente y minoritaria.
Brunner mencionó que, a partir de segunda mitad del siglo XX, se produjo una masificación y universalización de la matrícula debido a la proliferación de instituciones de educación superior de gran diversidad (de misiones, tipos, funciones, selectividad, etc.), lo cual se acrecentó también con la aparición de universidades privadas, lo que llevó a la necesidad de un reconocimiento recíproco, a nivel internacional, de cursos, programas y diplomas.
A su juicio, la gran transformación se produce a contar de la década del 70, con una gran explosión de escolarización superior que, en términos mundiales, más que duplica la tasa bruta en 2009 (alcanzando más de un 70% frente a un 30% en 1970) y, en el caso de Chile, incluso es más impresionante ya que va desde un 8% en 1970 a un 55% en 2009.
Sin embargo, esta verdadera “explosión” de escolarización no siempre estuvo acompañada de la creación de leyes que garantizaran la calidad de estas nuevas instituciones de educación superior públicas y privadas. Se refirió en especial a la necesidad de reforzar la autoevaluación y autorregulación internas, a la generación de mecanismos para evaluar externamente la calidad y promover mejoramiento continuo y que el sistema de acreditación de cumplimiento y posea estándares o reconocimiento de niveles de excelencia. Más adelante, destacó que el régimen actual está en crisis:
de legitimidad y confianza por la composición del Consejo Nacional de Acreditación y los posibles conflictos de interés que se han verificado;
por no responder a diversidad de expectativas: acreditación, excelencia, mejoramiento, legalidad, supervisión, resultados laborales, regulación carreras, nuevas sedes, información, buen uso de recursos públicos y privados, protección del consumidor;
por exiguos avances en acreditación voluntaria de programas;
por arrojar resultados contradictorios entre diversos procedimientos e instrumentos;
por no poder garantizar la calidad de sus propias actuaciones; y
por sospechas respecto de las actuaciones de agencias privadas.
En efecto, sostuvo que hay amplio consenso en cuanto a un estado de crisis y la necesidad de renovar y fortalecer el régimen, por lo que el actual Gobierno solicitó una evaluación externa a la OCDE y al ministerio de Educación junto con otros actores, quienes están preparando una autoevaluación de fortalezas y debilidades y propuestas de cambio. Asimismo, destacó que el Ejecutivo asumió el compromiso de enviar un proyecto de ley para reformar Consejo Nacional de Acreditación durante el último trimestre del presente año y que también ha propuesto medidas adicionales complementarias, tales como un proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior y la recolección de información financiera detallada (para fin de junio 2012). Sobre ello, reconoció que comienzan a aparecer diversas propuestas y medidas para una revisión y cambio del régimen de control existente, lo cual es bien valorado por todos los sectores.
Al finalizar, presentó algunas propuestas, las que fueron también comentadas con los asistentes, entre quienes se encontraban autoridades, profesores y estudiantes de las carreras de la facultad, además del director y el subdirector de Aseguramiento de la Calidad Exequiel González y Florencio Manríquez, respectivamente; el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, José Luis Reyes; el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Alexis Gotschlich; la secretaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Vivian Heyl, junto a la directora (s) de la Escuela de Ingeniería Comercial Loreto Aceitón, además de docentes de otras facultades.
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Junio 26, 2012
Los nuevos desafíos de la educación chilena
Ponencia sobre "Los nuevos desafíos de la educación chilena" presentada en el curso del eminario "Los nuevos desafíos para la educación chilena" organizado por FullCap, servicios de capacitación, que tuvo lugar en el Hotel Terrano, en la ciudad de Concepción, VIII Región, el día 27 de junio de 2012.
Bajar la Presentación aquí
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Control de calidad: ética, regulaciones e información
Presentación de base empleada para una conversación sobre el tema del aseguramiento de la calidad de la educación superior con estudiantes de la Universidad central, 26 de junio de 2012.
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Junio 25, 2012
Informe de la Comisión Investigadora sobre el lucro: texto completo
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Lucro en las universidades ha dado a conocer ahora su informe completo. Las conclusiones son las ya conocidas; se entregan ahora los antecedentes aportados a la Comisión por los divesros organismos y personas invitados a declarar.
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6,2 MB
Más abajo la información de prensa que ha acompañado la entrega de este Informe.
Mi contribución al debate del tema del lucro, 24 de junio de 2014.
Entrevistas radiales en que opino sobre este asunto, 20 y 21 de junio de 2012.
Diversas críticas al pre-informe del lucro en días recientes, 23 de junio de 2014
Pre-Informe expedido por la Comisión Investigadora, 20 de junio de 2012.
Informe de comisión sobre el lucro también apunta a universidades estatales
24 de junio de 2012 - 13:38 | Por: El Dínamo
Así se aprecia en el informe de la instancia fiscalizadora en cuyas conclusiones se sostiene que estos planteles, debido a la necesidad de generar recursos y competir con los privados, crearon instancias que, citando al contralor Ramiro Mendoza, “permiten ‘la huida del derecho administrativo’”.
No sólo las universidades privadas están siendo miradas con lupa por la comisión parlamentaria que investigó el financiamiento y el lucro en la educación superior pues se reveló que los planteles estatales también recibieron críticas.
Esto según publica El Mercurio, así se aprecia en el informe de la instancia fiscalizadora en cuyas conclusiones se sostiene que estos planteles, debido a la necesidad de generar recursos y competir con los privados, crearon instancias que, citando al contralor Ramiro Mendoza, “permiten ‘la huida del derecho administrativo’”.
Incluso el informe revela que Mendoza abordó el tema en la sesión del 14 de diciembre del año pasado, donde manifestó que “me doy cuenta de que hay un lucro encubierto en el desarrollo de ciertos emprendimientos que escapan de las reglas de control. En algunos casos será muy justificado”. La autoridad agregó que, como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, integró una fundación que vendía servicios junto a otros académicos.
En ese momento el contralor -según consignan las conclusiones del informe final de la comisión parlamentaria- expresó que era necesario “sugerir un marco que diga relación con estos emprendimientos empresariales”.
Además, las conclusiones del informe tiene duras críticas para el Ministerio de Educación, al que cuestionan el no haber ejercido las atribuciones de solicitar información específica a las instituciones de educación superior y de no dictar tres reglamentos, de los cuales se permite supervisar a las agencias acreditadoras.
Tanto los representantes de Impuestos Internos como de la Contraloría afirmaron, en las distintas sesiones de la comisión, que la única entidad con atribuciones para fiscalizar era el ministerio.
De hecho, en las propuestas finales de la comisión se le pide al Mineduc que ejerza su facultad fiscalizadora sobre nueve planteles de educación superior.
Las conclusiones del informe también critican lo que definen como “errores de diseño e implementación” del crédito con aval del Estado. “No es posible que no se haya pensado en requisitos de carácter administrativo y financiero (para acceder al crédito), en particular, si no se disponía de instrumentos para identificar subterfugios para el retiro de excedentes vía operaciones con empresas relacionadas”, sostiene el documento.
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Ignacio Sánchez: "Da la impresión de que en el tema de la fiscalización estamos en tierra de nadie"
El rector dice que para evitar casos como el ocurrido en la U. del Mar se debe apurar la creación de la superintendencia.
por Carolina Araya, La Tercera, 25 de junio de 2012
Hace una semana que el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, comenzó un recorrido por los colegios emblemáticos de Santiago para dar a conocer la institución. Sin embargo, según la autoridad académica, lo más importante ha sido “responder a las inquietudes que tienen los alumnos respecto de nuestra universidad. En ese trabajo, muchos se sorprendieron cuando supieron que el 35 por ciento de nuestra matrícula responde a alumnos que provienen de liceos municipales o colegios subvencionados”, detalla.
A meses de que la casa de estudios cumpla 125 años, este médico pediatra señala que aún quedan varios desafíos pendientes. Dentro de estos destaca el que tiene que ver con “la inclusión, no sólo socioeconómica, sino en todo orden, que incluya la discapacidad, las diferentes realidades culturales, etc.”, dice. Otro de los puntos importantes para la UC es “seguir mejorando en los altos estándares de calidad de la docencia e investigación”, aspectos que tienen relación con el financiamiento institucional.
Según Ud., ¿cómo debería funcionar el financiamiento institucional?
El Estado debería diferenciar el financiamiento dependiendo de la categoría en la que se encuentre cada institución y reconocer a aquellas universidades que tienen docencia, investigación, y todo un cuerpo académico capacitado en investigar y que, además, le entrega al país formación de doctores, publicaciones, capacidad de transferencia desde la investigación, innovación, emprendimiento, etc. Al cabo de un período de tres o cuatro años se puede hacer una evaluación que determine si cumplió con las expectativas que se tenían.
Y para que esto se concrete, ¿usted estima que debe haber fondos fijos?
Sí, fondos fijos según la categoría en que se encuentre la universidad, ya que se debe categorizar estas en tres o cuatro tipos de instituciones, dependiendo de su nivel de investigación y del cumplimiento de ciertos requisitos. Después de tres o cuatro años se verá si esa institución merece seguir en ese sistema o no. Esto tiene que ser un constante estímulo para que las instituciones mejoren su labor.
¿Qué universidades ubica usted en esa primera categoría de calidad que menciona?
En relación con la calidad o índice de impacto hoy, la UC, la U. de Chile y la U. de Concepción están liderando el ámbito de las publicaciones. Más atrás le siguen la U. de Santiago, la UC de Valparaíso y la U. Austral
¿Cree que hay alguna universidad privada en condiciones de sumarse a este grupo?
En este momento no están en el nivel más alto de investigación, pero quizás con una propuesta concreta, con estímulos y con un proyecto de largo plazo, lo pueden hacer.
¿Qué le pareció el informe que hizo público la comisión investigadora de la Cámara sobre la presencia de lucro entre algunas universidades?
Desde el año pasado que estamos apoyando la creación de la Superintendencia de la Educación Superior. Al proyecto de ley hay que hacerle cambios para asegurar que no haya una relación comercial entre las empresas relacionadas que pueden interferir en el manejo de las universidades. Los excesos que se han producido, como en el caso de la U. del Mar, se podrían haber minimizado o, a lo mejor, evitado si existiera un organismo encargado del tema. Hoy, el ministerio no tiene las capacidades, la CNA se fija en los procesos y no en los resultados; y el Consejo Nacional de Educación puede actuar solamente ante una solicitud del ministerio. Entonces, da la impresión de que en este tema de la fiscalización, en el país estamos en tierra de nadie.
¿Es válido el lucro en la educación superior?
Es importante destacar que la legislación vigente prohíbe el lucro en las universidades. Parte de esta tarea es la definición clara de que lucro es la extracción de renta por parte de accionistas que tienen el control de una universidad. El lucro en otros ámbitos de la educación está muy relacionado con el foco en la calidad que le dan las instituciones. Si en la educación técnico-profesional hay autorización para que los institutos tengan fines de lucro, o tengan ganancias que se repartan entre sus accionistas, creo que es necesaria, con mayor razón, una acreditación rigurosa y una fiscalización permanente, para que las ganancias que los socios puedan tener legalmente no vayan en desmedro de la calidad de enseñanza.
¿Por qué en el último Consejo de Rectores no se entregó la apreciación que tienen respecto del proyecto de ley de financiamiento único?
Faltaba discutirlo al interior del consejo. Aquí hay algunas miradas diferentes en algunos temas que son muy opinables. Por ejemplo, hay rectores que piensan que sí o sí las becas debieran llegar hasta el séptimo decil. Otros piensan que esto puede ser progresivo y que ya es una buena señal que abordemos el tercer quintil, o sea, el 60% de los estudiantes. Varios rectores pensamos que es importante conocer más sobre cómo se va a determinar el arancel de referencia, y hemos insistido en que se formen comisiones con el Mineduc. Es muy legítimo que cada institución tenga posturas diferentes, porque tiene que ver con sus realidades.
La Feuc ha pedido que en la UC se amplíe la participación estudiantil. ¿Es posible aquello?
Estimulamos a que nuestros estudiantes estén participando en los consejos de facultad, en los comités curriculares, en todo lo que signifique complementar la formación de la disciplina misma. Participación, en mi percepción, no es sinónimo de voto o de una opinión vinculante. Los ascensos a profesor titular, las contrataciones académicas, las modificaciones curriculares, no corresponden a decisiones que tomen los estudiantes a través de una votación.
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24 de junio de 2012
Marcharán el jueves 28 de junio
Confech convoca a nuevas marchas y culpa al Gobierno de ser “cómplice” del lucro
El informe de la comisión de la Cámara de Diputados también incorpora entre sus conclusiones, críticas a las universidades estatales y afirma que estos planteles “debido a la necesidad de generar recursos y competir con los privados, crearon instancias que, citando al contralor Ramiro Mendoza, ‘permiten’ la huída del derecho administrativo”.
por El Mostrador, 25 de junio de 2012
La Confech convocó a una marcha el próximo jueves 28 de este mes para manifestar el descontento respecto al sistema educacional chileno, culpando de paso al Gobierno de ser “cómplices” del lucro.
Así se determinó tras una reunión realizada por primera vez en una universidad privada, ocasión en que los dirigentes estudiantiles concordaron en que la próxima convocatoria será un “hito político”.
El presidente dela Federacióndela Universidadde Concepción, Recaredo Gálvez, dijo que “el próximo jueves señalaremos a diputados, senadores, integrantes del Gobierno y del Estado que están lucrando con la educación y que pertenecen a las grandes corporaciones de universidades y del Consejo de Rectores”.
En tal sentido, Gabriel Boric, presidente dela Fech, aseguró que “el gobierno es cómplice del lucro y de las perversiones del actual sistema”, añadiendo que algunos ministros como Joaquín Lavín, Cristián Larroulet y Teodoro Ribera “deberán dar muchas explicaciones” por su participación en planteles universitarios.
En tanto, la presidente dela Federacióndela UniversidadDiegoPortales, Fernanda Sandoval, expuso que en el actual sistema educacional existe un “fraude al Fisco” y que existen políticas similares al “lavado” de dinero.
Informe de comisión sobre el lucro incluye crítica a universidades estatales
El polémico informe de la comisión sobre el lucro dela Cámarade Diputados, el cual fue cuestionado por el oficialismo por considerarlo “pobre” en sus conclusiones y tener una visión sesgada del tema, también critica a las universidades estatales.
Así lo da a conocer el diario El Mercurio, que dice haber tenido acceso al informe de la instancia fiscalizadora, en el cual en sus conclusiones se sostiene que estos planteles, “debido a la necesidad de generar recursos y competir con los privados, crearon instancias que, citando al contralor Ramiro Mendoza, ‘permiten’ la huída del derecho administrativo”.
El documento constata que Mendoza abordó el tema en la sesión del 14 de diciembre del año pasado, donde sostuvo que “me doy cuenta de que hay un lucro encubierto en el desarrollo de ciertos emprendimientos que escapan de las reglas de control. En algunos casos será muy justificado”.
El diario consigna que la autoridad señaló que “como profesor dela Facultadde Derecho dela Universidadde Chile, integro una fundación que vendía servicios junto a otros académicos”.
Además, las conclusiones del informe critican duramente al Ministerio de Educación, al que acusan de no ejercer las atribuciones de pedir información específica a las instituciones de educación superior y de no dictar tres reglamentos, entre los cuales se cuenta el que permite supervisar a las agencias acreditadoras”.
El documento también cuestiona los “errores de diseño e implementación” del crédito con aval del Estado y “no es posible que no se haya pensado en requisitos de carácter administrativo y financiero (para acceder al crédito), en particular, si no se disponía de instrumentos para identificar subterfugios para el retiro de excedentes vía operaciones con empresas relacionadas”.
Disputa entre oposición y oficialismo para aprobar el informe
El informe tiene que ser aprobado por los diputados, pero esto ya ha generado una fuerte disputa entre el oficialismo y la oposición. Los primeros aseguran que lo rechazarán porque esgrimen que “está mal escrito y con conclusiones pobres” y que tiene una visión sesgada sobre las universidades privadas.
El miembro de la comisión investigadora, Germán Becker (RN), dijo que una de las principales falencias del documento es que apunta directamente a un grupo de planteles privados con nombre y apellido.
A su vez, el jefe de la bancada dela UDI, Felipe Ward, precisa que el informe ha sido usado como un instrumento político y cree que “los diputados que aprobaron el informe han dado un triste espectáculo, han hecho un show mediático y se han dedicado a bailar la música que han puesto los estudiantes vinculados al Partido Comunista”.
Por su parte, la visión de los diputados concertacionistas es distinta, ya que los jefes de bancadas del PS, PPD, PRSD y DC votarán a favor del texto porque “se dan a conocer explícitamente las formas a través de las cuales las instituciones generan ganancias, y porque es una investigación sólida”.
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Junio 24, 2012
Lucro e ideales: mil años de debates
Columna de opinión publicada hoy en la página de Educación de El Mercurio: Lucro e ideales: mil años de debates
A ojos de los críticos contemporáneos, el amor sciendi (amor desinteresado) ha sido sustituido por el turpe lucrum o lucro moralmente reprobable.
José Joaquín Brunner, El Mercurio, 24 de junio de 2012
La condena del lucro igual como de la usura y, en general, del comercio de bienes nobles -la educación y el conocimiento entre ellos- posee una raíz religiosa. En la historia de las universidades estuvo presente desde su origen. Se expresó como una tensión entre amor sciendi , amor desinteresado por la ciencia, y el lucrum , que debía ser repudiado. Esto pues, sostenían los teólogos medievales, el conocimiento es un don de Dios; en consecuencia, no podía venderse ( Scientia donum Dei est, unde vendi non potest ). Era un bien común, propiedad sagrada, sólo comunicable por medio de un acto de amor dentro de una economía de la donación.
Esta visión gratuita de la educación y el conocimiento era contradicha por la práctica de las ciencias lucrativas, como el derecho y la medicina, que se enseñaban en Bolonia y Montpellier, respectivamente. Allí los profesores vendían su conocimiento y los estudiantes pagaban por él a sus maestros. Un incipiente mercado. El gran Abelardo, primer y más paradigmático académico de París, confesaba que a él lo movían pecunie et cupiditas ; codicia y ambición, en breve.
Hasta hoy se mantiene esta tensión. De hecho, la universidad ha descendido del templo y se ha sumergido en el mercado. Ha sido secularizada. Se gana la vida a cambio de vender su trabajo -docencia, investigación, extensión, transferencia y aplicación del conocimiento- igual como el común de los mortales. Las ciencias aplicadas y las ingenierías, la medicina y la computación, el diseño y las disciplinas de la administración y el comercio, el derecho y la psicología se han acomodado al modelo de Bolonia y Montpellier e ingresado de lleno a los circuitos comerciales del saber y el capital humano.
A su vez, las universidades que cobijan a estas "artes mecánicas", como se las llamaba antiguamente, o carreras para "ganapanes", como despreciativamente las denominaba la filosofía universitaria alemana del siglo XIX, han debido aprender a administrar sus negocios, a generar excedentes y a utilizarlos en beneficio propio. Tan valioso como un currículum de excelencia es ahora un modelo académico-comercial exitoso.
A ojos de los críticos contemporáneos, el amor sciendi ha sido sustituido por el turpe lucrum o lucro moralmente reprobable. No es distinto en Chile. Las universidades más consolidadas y prestigiosas generan el mayor flujo de ingresos por comercio de servicios y productos de conocimiento. Todas buscan expandir su portafolio de actividades rentables: desarrollan empresas médico-clínicas; establecen fundaciones y sociedades ad hoc para tener un mayor margen de maniobra; ofrecen programas de capacitación a empresas; contratan proyectos con el Estado; administran canales de televisión (o los venden), editoriales y laboratorios; organizan parques tecnológicos; suministran asesorías expertas y estudios medioambientales, etc.
La mayoría de los académicos trabajamos -a regañadientes, es cierto- en este medio ambiente competitivo, taylorista y de emprendimientos múltiples, bajo la presión de requerimientos de productividad y de mediciones del desempeño individual y colectivo. Algunos se preguntan si las universidades pueden penetrar tan adentro de las redes del mercado sin quedar atrapadas allí y perder el alma. Quieren saber si es posible ir tan lejos en el compromiso con intereses intramundanos, sin que sus instituciones se vuelvan burguesas, materialistas y utilitarias, traicionando así su (misteriosa) esencia ideal.
Hace diez siglos, cuando el capitalismo apenas despuntaba en el horizonte europeo, comenzó esta discusión. Ahora en tiempos de capitalismo global, turbulento y posmoderno, ella continúa, más o menos en los mismos términos. Los jóvenes que protestan en las calles confirman pues una tendencia milenaria: que el conocimiento, según dijo Goethe alguna vez, sea visto como algo sagrado, siendo considerado casi un acto de simonía pedir o aceptar un pago por él.
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Junio 23, 2012
Diversas críticas al informe "Lucro" emanada de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados
Variadas debilidades del Informe comienzan a ser objeto de análisis en la prensa. Ver una selección a continuación y, al final, entrevista a Ministro H. Beyer.
Informe de comisión sobre la educación superior
El trabajo merece reparos formales y de fondo que restan validez a sus conclusiones y a la labor investigadora desempeñada por los diputados.
La tercera, editorial, 23/06/2012 - 04:00
LUEGO DE 10 meses de indagaciones, se han difundido las que serían las conclusiones de la comisión especial investigadora sobre el funcionamiento de la educación superior, creada por la Cámara de Diputados en agosto de 2011, en las que hace duras acusaciones contra un conjunto de universidades privadas, acerca de las cuales señala que realizarían prácticas contrarias a la disposición legal que las define como corporaciones educacionales sin fines de lucro.
El trabajo de la comisión merece distintos reparos formales y de fondo que restan validez a sus conclusiones. Estas reproducen de manera bastante fiel la argumentación inicial planteada por los 52 diputados que, hace un año, solicitaron crear la comisión, lo cual induce a pensar que las 24 sesiones celebradas y la comparecencia de más de 70 invitados a declarar sólo sirvieron para reafirmar las convicciones preestablecidas de los siete miembros de la comisión que votaron favorablemente el informe. Este y sus conclusiones muestran una clara disposición contraria a la educación superior privada y una idealización, que podría incluso calificarse de ingenua, de la labor de las universidades públicas. Es cierto que entre éstas hay instituciones de altísima calidad y prestigio, pero también que existen muchas de ellas que ofrecen educación de bajo nivel, realidad que el documento pasa por alto.
Constituye una omisión inexcusable que entre los invitados a comparecer no se encontraran varios de los rectores de las universidades acusadas. La explicación entregada por algunos diputados, en el sentido de que, como algunos de aquellos declinaron asistir, se desistió de convidar al resto, es una excusa pueril que niega un criterio de elemental justicia: el derecho a la defensa.
Más allá de estos reparos, es posible cuestionar si la labor de la comisión se ciñó a la disposición constitucional que la permite. La Constitución autoriza a la Cámara de Diputados la creación de comisiones especiales investigadoras para “reunir informaciones relativas a determinados actos de gobierno”, no para indagar a instituciones que se encuentran fuera del ámbito gubernamental, como las universidades privadas. Hubiera correspondido, en lugar de centrarse en la labor de éstas, que la comisión se enfocara en investigar por qué los entes fiscalizadores del Estado no estarían cumpliendo su tarea.
De hecho, las conclusiones del informe plantean en reiteradas ocasiones que el Estado no está desarrollando la labor fiscalizadora que le compete en el ámbito de la educación superior, pese a lo que exige la ley. Así, por ejemplo, acusa al Ministerio de Educación de no ejercer el control que le corresponde en ese ámbito y señala que “no se ha realizado en 30 años de lo que lleva de existencia el sistema de educación superior privado, alguna fiscalización, auditoría o simple revisión en orden a determinar la existencia de fines de lucro en algunas de las instituciones privadas”. Si esto fuera así, habría correspondido que la comisión pusiera el foco de su atención en lo que ella misma considera una obvia falta, pues ésta habría sido cometida por órganos gubernamentales sobre los cuales tiene competencia. Sin embargo, todo indica que por razones políticas prefirió pasar por encima de sus atribuciones y denunciar a instituciones privadas sobre las que la Constitución no le entrega jurisdicción.
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Lucro en la educación superior
El Mercurio, editorial, 23 de junio de 2012
Tras un año de haberse constituido, se han conocido las conclusiones de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados cuyo objetivo era "el funcionamiento de la educación superior". Desde su primera sesión, sin embargo, influida por las circunstancias del momento, con las masivas protestas sociales del año pasado, el acento estuvo puesto en investigar el lucro en las universidades. Y el informe final ha recibido respaldo o rechazo de los miembros de la comisión según un estricto alineamiento político, lo que por cierto le resta credibilidad. A juicio de siete de los 13 diputados, siete universidades habrían violado la ley, pero el fundamento de sus acusaciones aún no se ha hecho público.
El funcionamiento de la educación superior debería abarcar mucho más que la investigación de los fondos en siete planteles, pero hace ya años que las comisiones de la Cámara parecieran empequeñecer los temas que investigan, en vez de contribuir a mejorar las normativas. El asunto no es simple, pues en la educación superior chilena está permitido el lucro, pero sólo en los institutos profesionales y los centros de formación técnica. En cambio, la ley establece que no puede haberlo en las universidades. Aunque los fundamentos de tal distinción nunca han quedado claros, no se ha hecho ningún intento serio por cambiar esta legislación en los últimos 30 años.
La conclusión de los diputados referida al lucro -la única que se ha publicitado y discutido en los medios- es sorprendente, pues de hecho una comisión de la Cámara se ha erigido en instancia investigadora de delitos económicos, y concluye sus actividades con una denuncia por algunos de sus miembros ante el Ministerio Público, antes incluso de que el informe tenga su redacción final y haya sido aprobado por la sala. Desde luego, el ámbito escogido no corresponde a su atribución constitucional de "fiscalizar los actos del Gobierno". Pero mientras no se den a conocer todos los fundamentos de su conclusión, y antes de que el Ministerio Público inicie su propia investigación, resulta difícil afirmar si los múltiples mecanismos por medio de los cuales -según los diputados- se podría burlar la ley, se han utilizado en la realidad, o si se trata sólo de especulaciones.
Bajo las normas vigentes, el sistema de educación superior chileno ha tenido un vertiginoso desarrollo en las últimas décadas: de dar cobertura al cinco por ciento de la población en edad de cursar esta clase de estudios en 1981, en sólo 30 años se ha llegado a cubrir el 45 por ciento de las cohortes correspondientes, una cifra similar a la de los países de mayor desarrollo. Los visitantes extranjeros se maravillan al comprobar el buen nivel de nuestras universidades, que se han convertido en un polo de atracción para estudiantes de muchos países, incluyendo europeos y norteamericanos. Con sólo 2,5 por ciento de la población de América Latina, Chile cuenta con cuatro de las 10 mejores universidades de la región, según el ranking de QS elaborado en Londres. Los diputados de la comisión harían bien en fortalecer las bases sobre las cuales fue construido el sistema, en vez de intentar demolerlas.
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Parlamentarios de la UDI acusan "engaño": Recrudece la polémica entre diputados por informe de la comisión sobre lucro
Presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda (PRI), insistió en que no se deben adelantar opiniones hasta que el informe sea analizado en detalle.
Alejandra Muñoz C., El Mercurio, 22 de junio de 2012
Las diferencias entre los diputados de Gobierno y oposición que integraron la comisión que indagó el lucro en las universidades escalaron ayer luego que diputados de la UDI acusaran un "engaño" al votar.
Según Gonzalo Arenas (UDI), el lunes 18 debía votarse el informe elaborado por la Concertación. Sin embargo, "cuando estábamos votando, se nos dice que nos estamos pronunciando también sobre un texto adicional, elaborado por la diputada Cristina Girardi".
Esa fue la razón, dijo, por la cual los diputados de Gobierno se abstuvieron. El informe aún debe ser votado por la sala de la Cámara de Diputados.
Según Arenas y su par María José Hoffman, el texto presentado el lunes no aporta ningún dato adicional ni denuncias formales. "Lo que busca es una intencionalidad política, para desprestigiar el aporte privado en la educación superior", dijo Arenas. Pese a ello, reconoció que "hay antecedentes y sospechas fundadas de que puede haber universidades tanto públicas como privadas que están infringiendo la ley y por eso es muy bueno que el Ministerio Público investigue".
La diputada Alejandra Sepúlveda (PRI), presidenta de la comisión, dijo que los parlamentarios sabían qué estaban votando, pues lo explicó dos veces. Además, pidió tranquilidad y no hacer comentarios hasta que se conozca el documento completo (cuya publicación, anunciada para ayer, no se concretó). Luego de eso, añadió, se entregará a la fiscalía.
Los cuestionamientos de Libertad y Desarrollo
1 Ausencia de rigurosidad:
Según LyD, el texto conocido hasta ahora se basaría en reportajes periodísticos, no incluye denuncias formales y tiene faltas de redacción y de ortografía.
2 Notoria ideologización:
Hay apreciaciones sin fundamentos. Se cuestiona la libertad de las instituciones de educación superior y su inversión en publicidad, dice el instituto.
3 Incoherente reflexión filosófica:
El texto incluye una reflexión filosófica, lo que excede el mandato de la comisión.
4 Comisión no investiga:
LyD sostiene que el documento se basa en un artículo periodístico de 2011 sobre tres universidades, a partir del cual se sacan conclusiones que se extienden a todo el sistema.
5 Informe parcial:
El informe afirma que las exigencias para crear universidades son escasas, pero no se dice cuáles son y se sostiene que es un buen negocio sin que se aporten datos financieros de los planteles, analiza LyD.
6 Análisis confuso:
No se aclara la responsabilidad de la situación actual.
7 Propuestas extemporáneas:
LyD cuestiona que se proponga la paralización de los proyectos de ley sobre educación superior que hay en el Congreso y que se plantee quitar todo el financiamiento a las instituciones.
8 Propuestas sin fundamentos:
Según LyD, no se incluyen estudios serios ni opiniones expertas y se desconoce el trabajo legislativo.
Revise el informe completo en internet http://goo.gl/IPGw8
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Rector de la UAH no descarta lucro en las instituciones del Cruch
Fernando Montes de la U. Alberto Hurtado, pidió control similar para todos los planteles.
por Christian Palma; La Tercera, 23 de junio de 2012
El Consejo de Rectores se reunió ayer con los máximos representantes de las ocho universidades privadas adscritas al proceso de admisión que utilizan los 25 planteles del Cruch. La idea fue precisar los detalles de la inclusión del ranking de notas de los secundarios. Sin embargo, el informe de la comisión de la Cámara de Diputados sobre la educación superior, no estuvo ausente de la cita.
“El lucro es un tema que tarde o temprano tiene que ser encarado de verdad porque echa a perder la credibilidad del sistema”, sostuvo el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes.
La comisión parlamentaria denunció que, al menos, siete planteles privados realizan prácticas ilícitas que podrían estar encubriendo lucro. Esto originó una investigación del Ministerio Público y la reacción de los planteles citados.
“Espero que haya un fiscal que investigue a las instituciones que están contra la ley y que sean sancionadas. Y las que están bien queden con sus hojas limpias”, dijo Montes, cuyo plantel no aparece en el informe preliminar de la comisión.
Además, respondió al rector de la Usach y vicepresidente del Cruch, Juan Manuel Zolezzi, quien el jueves aseguró que ninguna de las 25 universidades tradicionales lucra. “Si bien las instituciones del Cruch no lucran ¿qué pasa con las facultades donde los profesores sí están lucrando?”, se preguntó Montes. “Por ejemplo -agregó- la Facultad de Economía de la U. de Chile, les permite a los profesores usar el nombre de la universidad para beneficio propio”. Aclaró que su afán no es defender a las universidades privadas, “pero es necesario el control para todos, porque hay universidades que tienen empresas lucrativas y son tradicionales”.
“Pedimos disculpas”
La cita entre el Cruch y los rectores de universidades privadas, sirvió también para limar asperezas luego que esos planteles no fueran considerados a la hora de instaurar el ranking de notas en la ponderación para ingresar a la enseñanza superior en 2013 y que se sumará a la PSU y las notas de primero a tercero medio.
“Pedimos disculpas porque no avisamos lo del ranking. Les explicamos que era un tema antiguo en el Cruch y que dábamos por hecho que estaban informados. Entendieron y valoraron la deferencia”, dijo Zolezzi.
Precisó que la próxima semana, el Cruch resolverá el porcentaje que tendrá el ranking en el proceso de admisión, el cual será flexible por plantel y carrera en las 33 universidades adscritas al sistema. Sin embargo, dijo “ningún plantel de estos puede quedar al margen”.
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Zolezzi niega lucro en universidades del Consejo de Rectores
Tras la reunión que sostuvo con la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la Educación Superior.
Tv Nacional, 24 Horas, 22 de junio de 2012
Representantes del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), liderados por su vicepresidente ejecutivo rector Juan Manuel Zolezzi, fueron recibidos este jueves en el Congreso Nacional de Santiago por la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la Educación Superior, presidida por la diputada del PRI Alejandra Sepúlveda.
Este encuentro tuvo como objetivo conocer más detalles acerca de las conclusiones del informe que la comisión entregó durante esta semana.
El rector Juan Manuel Zolezzi, manifestó que este documento trata de algo muy serio y merece toda la atención del CRUCH porque ha sido realizado por un poder del Estado que tiene la misión de fiscalizar. “Hoy es un día distinto al día de ayer y esto significa un gran avance porque si bien el tema del lucro es vox populi ningún organismo del Estado lo había puesto sobre la mesa. Hoy día por primera vez tenemos a una institución del Estado de Chile que emite un informe de mucha trascendencia para el país, como es el lucro en la educación superior y que pudiera estar explicando fuertemente el nivel de endeudamiento al cual han sido sometidos los estudiantes y sus familias”, afirmó.
Zolezzi rechazó de plano el tema de que en alguna de las 25 universidades del Consejo de Rectores pueda haber lucro, asegurando que "en ninguna de las 25 universidades del CRUCH existe apropiación de excedentes, que es lo que se denomina lucro. En particular nosotros – como universidades estatales- estamos regulados por la Contraloría General de la República y la Ley de Transparencia. Las universidades del Cruch entregan informes al Ministerio, nuestros balances son auditados y públicos, igual que toda la información, por lo tanto no hay ninguna posibilidad".
Se anunció que el informe será dado a conocer públicamente el viernes 22 de junio desde las 20 horas en el sitio de la Cámara de Diputados (www.camara.cl) y para conocer más profundamente su contenido los rectores invitaron a la diputada Alejandra Sepúlveda para la próxima sesión plenaria del CRUCH, que se realizará el próximo jueves 28 de junio en la Universidad Federico Santa María para que lo presente al pleno de rectores en detalle.
La diputada Alejandra Sepúlveda por su parte invitó a no sacar conclusiones apresuradas del documento y esperar el informe completo para poder ratificar todas las personas que fueron invitadas para su elaboración. “La reflexión que hoy día tuvimos con los rectores tiene que ver con cómo hoy día tenemos que mirar la educación superior, no como una industria sino como un eje central en el desarrollo de este país y no solo en términos de producción intelectual sino en términos valóricos, o sea sobre qué personas estamos formando para el servicio de este país”, explicó.
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Rector de Universidad Mayor: informe sobre lucro en la educación "tiene sesgo político"
El rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, dijo que el informe sobre el lucro en las universidades privadas realizado por la Comisión investigadora de la Cámara tiene "un sesgo político que es complejo" y pidió un análisis más técnico. Mientras que Fernando Montes de la Universidad Alberto Hurtado, bogó por un sistema universitario integrado y con las reglas claras para todos.
Viernes 22 de junio de 2012| por Nación.cl
El rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, restó importancia técnica al informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. "No quiero estar prejuiciado, pero creo que hay un sesgo político que es complejo, me gustaría un análisis más técnico, creo que el sistema universitario privado chileno le ha traído muchos beneficios a la sociedad chilena" dijo a través de Radio Bío Bío, después de la reunión que sostuvieron los rectores de las 8 universidades privadas que suscriben el Sistema de Admisión y Selección Universitaria 2013 con el Consejo de Rectores.
En la misma oportunidad, Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, criticó que permanentemente se está cuestionando a las instituciones privadas y conminó a avanzar en la creación de un sistema único con reglas iguales para todos. "(Pido) que juguemos limpio y que haya claridad, yo creo que hay varias universidades que tienen empresas lucrativas y son de las universidades tradicionales. La universidad de Chile tiene empresas lucrativas. Todo eso debe ser muy claro".
Harald Beyer y el lucro: "Voy a hacer cumplir la ley"
La Tercera, 23 de junio de 2013
El ministro dice que la agenda del gobierno en educación y su decisión de enfrentar los debates y levantar temas han contribuido a bajar la intensidad del movimiento estudiantil. Lo que la gente espera, asegura, son acuerdos. Si no los hay, seguirá castigando a los políticos. Se reconoce partidario de reformar el binominal, pero también de la unidad del oficialismo.
por Texto: Cony Stipicic H. - Fotografía: Ximena Navarro
Lleva casi seis meses en el gabinete en el que tanto se ha sufrido durante este gobierno. Dos antecesores y las calles llenas de estudiantes y sus familiares demandando gratuidad y calidad recibieron a Harald Beyer, hasta entonces, referente en cualquier debate sobre educación en el país. En este corto tiempo ha visto reducirse el tamaño de las manifestaciones y aumentar su popularidad en las encuestas.
Esta semana irrumpió nuevamente en la agenda el lucro, luego que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados acusara a siete universidades de obtener ganancias. Beyer insiste en considerar insuficiente el trabajo, “porque recoge información que ya era pública y que todos conocíamos”, y apunta a que el tema es cómo demostrar que se infringió la ley. “Si es efectivo, tengo que cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial de las instituciones. Eso es lo que obliga a ser muy prudente en esto, porque en las instituciones mencionadas hay 130 mil estudiantes, o sea, más del 10% de la matrícula de educación superior en Chile”, señala.
La ley que prohibe el lucro existe desde 1981. ¿Por qué no se hizo nada antes?
Yo en esto quiero ser muy responsable. No ha habido las atribuciones suficientes, y nadie estimó necesario tener una regulación distinta. Hoy, la legislación dice: cuando hay fallas hay que iniciar un proceso de revocación del reconocimiento oficial. La ley no me da atribuciones para hacer cumplir esa disposición legal, no me da ningún instrumento. Cuando uno mira históricamente, yo creo que no hubo voluntad política para hacerlo.
¿Por qué?
No se vio como un problema. El mundo político reacciona mucho frente al problema y no hubo uno mayor en esto, y estábamos todos contentos con el aumento de la cobertura. Se pensaba que el acceso a la educación superior era el camino para corregir la desigualdad. Los aumentos de cobertura fueron muy bienvenidos y yo creo que no hubo una prioridad en favor de la educación superior.
¿Y cuándo pasa a ser un problema?
A mediados de la década pasada, por el financiamiento y también la regulación. Por ejemplo, el crecimiento de los programas de Pedagogía. El año 2000 había más de 320 programas, a fines del 2010 hubo más de 900. Eso no es razonable. La primera reacción del sistema fue crear la acreditación para garantizar calidad, pero al poco tiempo, nos dimos cuenta de que era un sistema relativamente débil e insuficiente, que no había suficiente transparencia, que el Ministerio era débil en atribuciones.
¿Qué va a hacer el gobierno con el lucro?
La postura del gobierno es clara: hacer cumplir la ley. Y para hacerlo bien, necesitamos más atribuciones. En el Congreso está el proyecto de superintendencia y queremos ‘cabalgar’ rápido en eso.
¿Qué se hará con las llamadas sociedades espejo? El ministro Joaquín Lavín ganó dinero al vender su participación en la inmobiliaria propietaria de los inmuebles de la UDD.
Yo quiero rebatir eso: de la existencia de transacciones entre empresas relacionadas, no se desprende necesariamente que haya una infracción a la ley.
Pero está la sospecha.
Bueno, pero lo que corresponde a un gobierno serio es demostrarlo y, si se hace, revocar el reconocimiento oficial. Estamos disponibles para hacerlo, pero primero se tiene que comprobar. Ahora, el proyecto de la superintendencia se ocupa de este tema. Primero, permite -como ocurre hoy día- que haya transacciones entre empresas relacionadas, pero obliga a fiscalizar y ver si efectivamente se hace a precios de mercado. Si lo son, no hay lucro. Al mismo tiempo, establece que la junta directiva debe tener directores independientes. Y se les aplican las mismas reglas de las sociedades anónimas: tienen que velar porque estas acciones sean correctas y que las instituciones cumplan con sus estatutos. Si no, pueden ser afectados en su patrimonio. Es una regulación bien fuerte y, además, la superintendencia va a tener mucha más capacidad para “meterse adentro” de la institución y velar por las transacciones precisas.
Desde el punto de vista de los principios, ¿al ministro de Educación le parece aceptable o no el lucro en la educación superior?
Bueno, hoy día existe, se permite en los centros de formación técnica e institutos profesionales; éstos pueden organizarse como sociedades comerciales y obtener excedentes. En el caso de las universidades, se prohibe. Más allá de cuál sea mi postura, el gobierno ya tomó la suya: hacer cumplir la ley. Y yo lo voy a hacer.
¿La legislación en trámite le parece suficiente para velar por la calidad de la educación superior y el cumplimiento de la ley respecto del lucro?
Nosotros creemos que sí. Tenemos un sistema heterogéneo, desde instituciones complejas hasta otras que sólo son docentes. Y creo que hay espacio para todas. Hay que recordar que los estudiantes de las universidades estatales representan el 17%; de las privadas tradicionales y no tradicionales, el 45%, y 38% los institutos profesionales y CFT. Lo que nosotros tenemos que asegurar es: transparencia, cumplimiento de la ley y calidades razonables en toda la oferta. Para eso son el sistema de aseguramiento de la calidad y la superintendencia, y yo noto en el Congreso ánimo de tener un buen resultado en esta línea y avanzar.
¿Cómo está su relación con los estudiantes? Usted no se ha reunido con ellos. ¿No lo considera necesario?
La verdad nos hemos juntado, informalmente, en varias ocasiones. Pero no, no está dentro de mis prioridades, porque cuando lo planteé -de muy buena fe- ellos no aceptaron. Pusieron cuatro condiciones que yo no tenía autoridad para satisfacer. Así que decidí que si se produce la oportunidad, encantado, pero no está en mi agenda. Hay siete proyectos en el Congreso que resuelven muchas de sus demandas. Mi esfuerzo está concentrado hoy día en llevarlos adelante.
¿Cuánto influye en su evaluación la baja en la intensidad del movimiento?
El país está pidiendo diálogo y nosotros hemos demostrado con hechos que estamos disponibles. Es una combinación de factores. Ha disminuido y eso era esperable. No he visto en ninguna parte del mundo que un movimiento pueda mantenerse con la misma intensidad de un año a otro. Hubiese sido muy raro.
¿Hay algo que lo haya debilitado en particular o es el desgaste lógico?
Es una mezcla de factores. Nosotros tenemos una agenda que uno puede cuestionar o criticar, pero es potente.
¿Y usted cree que la gente que acompañó a los estudiantes en la calle así lo está percibiendo?
La gente finalmente entiende que esto se tiene que resolver por la vía de las instituciones. Insistir en imponer una agenda tomándose la calle no es la forma correcta de operar en democracia.
¿Cómo entra en este juego el aumento de de 30% a 42% en su aprobación como ministro?
No sé, no tengo una explicación…
Pero usted sabe de encuestas...
Mi interpretación es que tenemos, por una parte, una agenda válida, legítima, con fuerza. Lo segundo es que yo he enfrentado el debate. He sostenido -por ejemplo- por qué no creo en la gratuidad, y lo he hecho con transparencia.
Camila Vallejo dice que sólo con argumentos técnicos…
Siempre es legítimo usar argumentos técnicos. No he eludido ninguno de los temas. Puedo tener aproximaciones distintas a otras personas, pero he tratado de enfrentarlos de la mejor forma posible. Y he puesto temas que me parecen relevantes para la gente; siento que tengo poco tiempo para hacerlo y tal vez no voy a poder concretarlos todos, pero sí dejar una discusión sobre lo que tenemos que enfrentar: clasificar a las universidades, buscar una nueva forma de entregarles financiamiento, apoyar a las que producen más bienes públicos. No busco que la gente esté conmigo, pero sí reconozco en todas las encuestas que la gente es sensata. Y cuando uno le transmite lo que está haciendo, dice ‘puede ser, le doy el beneficio de la duda’.
¿La gente le está dando al gobierno ahora el beneficio de la duda en educación?
Así es.
El gobierno y la Concertación no se ponen de acuerdo respecto del diálogo y la búsqueda de consensos. ¿Qué tan necesarios resultan éstos en educación?
Son tremendamente importantes. El país tiene que construir aquí una agenda permanente, amplia y compartida. Si uno mira los grandes números, el nuestro sigue siendo un país donde hay dos grandes coaliciones, que van a coexistir durante mucho tiempo. Yo no comparto que haya un problema de representatividad, porque finalmente, en las encuestas la gente se identifica con las dos coaliciones. La gente es ideologizada, y lo que hay es una demanda por soluciones y por acuerdos. Es muy parecido a lo que está pasando en Europa. El europeo promedio está castigando a sus líderes porque no ser capaces de ponerse de acuerdo. Acá en los últimos años el mundo político está castigado por lo mismo. La señal de la gente es ‘pónganse de acuerdo y avancemos’.
¿Quién no lo está entendiendo, entonces, el gobierno o la Concertación?
No veo que el gobierno le haya dado un portazo a los acuerdos. Por lo menos en mi área estamos abiertos a lograrlos. El 2011 generó mucha desorientación en el mundo político, y se nota todavía en las discusiones, como que el político tiene temor de no estar representando bien a la ciudadanía. Esa desorientación se está comenzando a superar y vamos a ir avanzando en más acuerdos. Creo que el alza en la aprobación del gobierno tiene que ver un poco con eso.
¿Con la percepción de una mayor disposición a llegar a acuerdos?
Claro. La población quiere eso: pónganse de acuerdo, avancen, resuelvan los problemas en la medida de sus posibilidades. En esto la gente es sensata y quiere avances, aunque sean parciales y aunque las cosas no sean perfectas.
¿Es inaceptable que se condicione el diálogo al debate sobre el binominal?
Poner condiciones no responde a una voluntad de diálogo. Lo que pasa es que la Concertación tiene un problema de cómo enfrenta estratégicamente los dos años que quedan. Y esto se mezcla con la voluntad de diálogo. Sentémonos y veamos cómo encontrar acuerdos.
Usted es partidario de reformar el binominal y pasar a un uninominal corregido, así lo escribió antes de llegar al ministerio. ¿Cómo recibe que la UDI se oponga como lo ha hecho?
No me siento cómodo comentando cuál es el sistema electoral más adecuado, pero creo que la coalición requiere también de unidad. Los gobiernos la necesitan. Hay que reflexionar sobre este tema y, sin abandonar la prioridad, alejar la presión. Si tú me dices “vamos a discutir el sistema electoral del 2017”, mucha de la ansiedad disminuye. La discusión se evita, porque la Concertación está un poquito cerrada en torno al proporcional, que, claro, es el sistema que históricamente rigió en Chile, pero que combinado con un sistema presidencialista como el nuestro provoca fraccionamientos y mucha dificultad para gobernar.
¿Esta una reforma relevante para el país?
O sea, me gustaría un sistema electoral distinto. Pero eso lo digo como ciudadano, no como ministro.
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Junio 22, 2012
Transición del colegio a la universidad: charla en Instituto Hebreo
Presentación de base empleada para la charla sobre "Transición desde la secundaria a la educación superior (terciaria)" en el Instituto Hebreo de Santiago, 22 de junio de 2012.
Bajar la Presentación aquí
1,23 MB
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Candidatos mexicanos a la presidencia no profundizan en educación según especialistas
Candidatos no profundizan en educación: especialistas
Educación a Debate, Lunes 11 de junio de 2012
ED/ Héctor Rojas
Escuchar el debate comentado más abajo aquí.
Luego del debate entre los cuatro candidatos a la Presidencia de México, especialistas en educación coincidieron que los aspirantes que compiten en el actual proceso electoral consideran que pueden ganar las elecciones sin profundizar en el tema educativo, pues hay otro conjunto de prioridades que resultan más atractivas para el electorado.
Por lo que escuchamos en el debate no podemos asegurar que haya algún candidato que realmente se interese en la educación, consideró Sylvia Schmelkes, académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana (UIA).
“A mí me gustaría saber qué vamos a hacer con el rezago educativo, donde más del 30 por ciento de la población en México no ha concluido la educación básica”, señaló Germán Álvarez, académico del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigaciones y Estudio (Cinvestav).
Germán Álvarez lamentó que este y otros temas fundamentales los candidatos no tengan un posicionamiento.
Por su parte la académica del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Aurora Loyo, recalcó que los aspirantes presidenciales no se han posicionado de forma ni siquiera discursiva con respecto a “para qué quieren mejorar la educación”.
Aunado a ello, los académicos invitados al encuentro organizado por Educación a Debate y La Silla Rota coincidieron en que los temas sobre los cuales los candidatos se han manifestado tienen que ver más con cuestiones políticas que con asuntos educativos, como es el caso de la influencia que la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, tiene en la educación del país.
Aún así, aunque se hiciera a un lado a Gordillo Morales del funcionamiento del Sistema Educativo Nacional (SEN), los múltiples rezagos que presenta nuestro país en este rubro “no se resolverían, fue otra de las coincidencias entre los académicos invitados al segundo debate denominado “Educación y Candidatos”.
“El fantasma de Elba Esther ronda en los discursos políticos, como si el problema educativo encarnara en la maldad de una sola persona, pero si hiciéramos a un lado a la lideresa del SNTE los problemas que presenta la educación en México no se resolverían”, por lo tanto el “choque” entre Quadri y Josefina durante el segundo debate entre los aspirantes a la Presidencia es una cuestión política más que educativa, reconoció Germán Álvarez.
“En realidad se trata de un conjunto de ofertas que más bien parecen dádivas”, comentó Sylvia Schmelkes, quien también consideró que darle tanta importancia a la evaluación del sistema educativo es “terriblemente simplista”, ya que sólo es un parámetro para conocer en donde se ubican los niveles de aprendizaje, pero “la evaluación no resuelve nada por sí misma”.
Del mismo modo, Aurora Loyo expresó que “los candidatos creen que pueden ganar las elecciones sin profundizar en el tema educativo, eso también habla de la sociedad en la que estamos viviendo”, donde pareciera que la educación, no importa, dijo.
Los aspirantes a la Presidencia parecen tener un desconocimiento de los distintos subsistemas que contempla el SEN, dijo Schmelkes; por ejemplo, en una ocasión el director del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) aseguraba que un estudiante de este sistema representa una inversión de 7 mil pesos al año, mientras un alumno de un sistema escolarizado urbano equivale a una inversión de 37 mil pesos al año.
Pero estos factores los candidatos no los toman en cuenta, concluyó Schmelkes.
Video Debate
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Arturo Fontaine sobre "La Mala Educación" de Fernando Atria
Arturo Fontaine y el lucro en la educación superior: “Vamos a tener un ejército de profesionales de papel”
Por : Arturo Fontaine en Opinión, CIPER, Publicado: 21.06.2012
“Vamos a tener un enorme ejército de profesionales que, en el fondo, creyeron que eran licenciados reales, pero son licenciados de papel”. Esta es una de las duras afirmaciones que hizo Arturo Fontaine, director del Centro de Estudios Públicos, durante la presentación del libro de Fernando Atria “La Mala Educación”. En estos días en que los estudiantes de las universidades privadas se suman a las manifestaciones callejeras y una comisión de diputados acusa a varias instituciones de lucrar, Fontaine hace un descarnado análisis sobre el sistema que tenemos: “lo que se ha hecho es lucrar y engañar a la juventud -sobre todo a la más modesta- con una promesa que la universidad en muchos casos no puede cumplir”.
Presentación del libro “La Mala Educación: ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile” de Fernando Atria, realizada el lunes 18 de junio en el ex Congreso.
Estamos ante un libro absolutamente brillante. Felicitaciones a CIPER, felicitaciones al autor. ¡Chapeau, Fernando!
Tomemos, por ejemplo, el llamado “Lugar común número 5″: “Todos lucran con la educación”. Aquí Fernando Atria arremete contra un montón de argumentos tipo “cortinas de humo” que se han levantado para disimular el tema de fondo. Se ha dicho: “Bueno, el técnico en computación de una universidad cobrará una remuneración; luego, persigue lucro. El profesor de cálculo tendrá que recibir un honorario por sus clases; luego, también los profesores persiguen el lucro”. En una línea, Fernando Atria despeja el problema y dice: “La discusión… no es sobre el lucro sino sobre la educación provista con fines de lucro” (Pg.52). Ese es el punto esencial. El libro está absolutamente lleno de frases de este tipo, en las cuales, en una sola oración, queda despejado un concepto que ha llenado páginas de páginas, horas de discusiones en la radio y en la televisión.
Hay otro caso muy común. Se dice: “Si un grupo de profesores estuviera desarrollando un remedio y se consigue una patente. ¿No podrían ellos asociarse con la universidad para que el día de mañana puedan explotar en conjunto las eventuales utilidades que ese remedio pueda generar? Es lo que hacen las grandes universidades de Europa, de Estados Unidos. ¿Por qué no?”, se pregunta. “Algo análogo ocurre con las asesorías que en materias técnicas puede realizar una universidad y obtener lucro por ellas. Luego, todas las universidades lucran”.
Obviamente, esto no tiene nada que ver con la discusión sobre las universidades con fines de lucro. El punto es, a mi juicio, que en ese caso, lo que la universidad estaría consiguiendo, por ejemplo, por la explotación de una patente que fue desarrollada en la propia universidad, es un lucro que proviene de una actividad universitaria. Y todo el punto que CIPER ha ido mostrando con sus investigaciones es que lo que tenemos ahora, de manera encubierta, es un lucro por actividades no universitarias. Por ejemplo, el arriendo de inmuebles. O sea, un empresario inmobiliario se esconde detrás de la careta de una fundación sin fines de lucro para realizar un negocio inmobiliario. Y entonces, como bien señala Atria en este lugar común Nº 5, la universidad o la educación pasa a ser un bien meramente “instrumental”. Es decir, no se puede “ver la educación como una manera de enriquecerse, de modo que si las condiciones de mercado variaran el dinero pase a estar invertido en servicios higiénicos portátiles”… (Pg.51). En las universidades sin fines de lucro, si hay excedentes, su finalidad y destino es la propia universidad.
EL MERCADO NO ES ESTUPIDO
¿Cómo es que esto ha funcionado tanto tiempo? Creo que ha habido una gran ilusión, una especie de gran sueño ingenuo, y del cual estamos empezando a despertar. La ilusión nos dice más o menos así: los intereses económicos de los empresarios que usan las universidades para lucrar (lucro ilegal y encubierto), coinciden milagrosamente con el viejo ideario de “universidad para todos”; estos mismos empresarios se encargan, aparte de ganar dinero, de disminuir la desigualdad en Chile, de aumentar la movilidad social y de aumentar los ingresos del país… Todo coincide: los viejos ideales socialistas y el viejo afán de lucro se dan la mano y tenemos una situación armónica, ideal, en la cual no hay conflicto de interés ninguno.
Entonces, dejemos que haya lucro universitario y sin importar demasiado la calidad de las universidades, pongámonos a esperar. Los resultados serán maravillosos: subirán los ingresos, disminuirá la desigualdad de ingresos y de status, y nos acercaremos a la universidad para todos. Esta ilusión se está desmoronando ante nuestros ojos. Es evidentemente una ilusión cruel, porque lo que se ha hecho es lucrar y engañar a la juventud -sobre todo a la juventud más modesta- con una promesa que la universidad en muchos casos no puede cumplir.
Además, aquí hubo una ceguera respecto a lo que es el mercado. El mercado no es estúpido. Entonces, ante 20 títulos de abogados, periodistas y psicólogos de universidades diferentes, el mercado poco a poco empieza a distinguir entre los profesionales de tipo A, B, C y D. Y eso condiciona los ingresos de esos profesionales (muchos de los cuales jamás trabajarán como tales, por cierto), mantiene las desigualdades y no surge esta igualdad de status que a veces se invoca.
El error fue proyectar al futuro datos del pasado. En los años 60 ó 70 un año más de educación universitaria -y para qué decir un título de licenciado- significaba un salto enorme de ingresos. Luego, se pensó, que al aumentar la oferta de estudiantes con uno o dos o tres años de estudios universitarios, y al aumentar el número de licenciados -aunque la calidad de sus estudios fuera muy inferior y muy deficiente-, igual iban a subir los ingresos de los nuevos universitarios, como en el pasado, y ello disminuiría las desigualdades de ingresos y de status. Es decir, se pensó que un cambio en la oferta no iba a generar efectos en los precios, lo cual resulta de proyectar sin más al mañana resultados históricos.
Pero estudios económicos de Sergio Urzúa están demostrando que cerca de un 40% de las personas que se licencian en Chile, salen para atrás desde el punto de vista de su inversión en educación universitaria. La ilusión era, después de todo, una ilusión.
Tenemos aquí una situación difícil de enfrentar porque se ha convencido a una inmensa cantidad de personas de que ese papel que le entrega la universidad y que dice “periodista” le va a significar que Mónica González lo contratará en CIPER, y que si no lo hace Mónica, lo hará otro medio periodístico. Esto, evidentemente, no está ocurriendo. Vamos a tener un enorme ejército de profesionales que, en el fondo, creyeron que eran licenciados reales, pero son licenciados de papel. El país no está en condiciones de convertir en realidad esa ilusión.
LA MEDICION NO ES NEUTRA
El “lugar común Nº 10″ es uno de los más luminosos e importantes del texto. Muestra Fernando Atria cómo la distinción proceso – producto, que rige en muchas áreas de la actividad humana, no rige de igual manera en el tema educacional. Esto es algo que muchas veces se pierde cuando se pone tanto énfasis en los resultados educacionales. En la educación interesa mucho el proceso y, a veces, más que el resultado mismo. Si el Estado tiene un compromiso con la educación es, al menos, para formar ciudadanos democráticos. Desde ese punto de vista, tal vez el proceso sea lo principal, porque de lo que se trata es de que haya en el ambiente escolar y universitario un tipo de interacción crítica, respetuosa, de examen racional, exigente, que prepare personas ilustradas, capaces de hacer su contribución como ciudadanos democráticos.
Entonces, el proceso es muy importante y el tema de la medición, al cual Fernando le dedica algunas páginas, merece un análisis detenido. Porque la dificultad para medir los procesos educacionales es enorme, pues se trata de procesos multidimensionales. ¿Qué vale más en un colegio? ¿La formación moral que reciben los alumnos, la formación religiosa, los resultados Simce, los éxitos deportivos, el grupo de teatro, con todo lo que eso puede implicar, en términos de sociabilidad? Puede haber un grupo de padres que privilegie por sobre todo un colegio que enseña un idioma y que les importe poco el Simce, con tal que sus niños aprendan ese idioma. ¿Cómo se mide todo esto en el contexto de una educación diversificada en función de las orientaciones de los padres, como es el nuestro? Son muchas variables de ponderaciones disímiles, y más cuanto más diversa sea la oferta de proyectos educacionales. Lo multifacético que es el proceso de formación de una persona es lo que las mentalidades economicistas pasan por alto.
Por otra parte, en Estados Unidos hay estudios hechos por el Premio Nobel de economía, James Heckman, por ejemplo, que demuestran que, desde el punto de vista predictivo del ingreso que alguien va a obtener, lo más importante son las llamadas “habilidades blandas”, es decir, virtudes, hábitos, costumbres. Eso influye más en el futuro laboral de una persona que los datos duros, sus resultados en las pruebas de matemáticas, por ejemplo. Es decir, evaluar el proceso educacional es muy complejo y cada vez que se escogen tres, cuatro o cinco factores a medir, eso tiene en efectos en el proceso educacional mismo, porque el colegio se adapta y maximiza esas variables, sobre todo si hay ingresos involucrados.
Entonces, cada vez que el Estado interviene para medir, modifica lo que mide. No es neutra la medición. Por eso estos sistemas de intervención hay que tomarlos con mucha cautela. De lo contrario se transforman en gigantescos ejercicios de ingeniería social plagados de consecuencias no buscadas e impredecibles.
Y en cuanto al resultado, bueno, el objetivo no es, por cierto, producir robots maximizadores de ingresos sino formar seres humanos.
LA EDUCACIÓN PÚBLICA SE MUERE SOLA
“La gente vota con los pies contra la educación pública”, se dice. ¿No es obvio que la gente se está arrancando de la educación municipal? Es otro de los lugares comunes que analiza Fernando Atria. En 1981, un 78% de los alumnos estaba en la educación pública. Hoy, cerca de un 46%. ¿Qué más decir? Hay una encuesta CEP del año pasado en la cual el 79% de la población indica que prefiere un colegio particular subvencionado a uno público. Y el año pasado, un año de protestas estudiantiles, entre los jóvenes de entre 18 y 24 años ese porcentaje sube a 84%.
¿Qué destino tiene seguir molestándose por la educación pública si se está muriendo sola? ¿Y por qué ocurre esto? Atria da una razón. Yo creo que hay más (y volveré sobre esto), pero la que da Atria es válida: los padres valoran mucho el ambiente social donde se educan sus hijos y ese ambiente social, en muchos casos, está vinculado con un determinado nivel socioeconómico. Este es uno de los factores que se utilizan para escoger un colegio. Los colegios particulares subvencionados seleccionan y pueden expulsar alumnos, lo cual permite ambientes controlados. Pero Fernando Atria cree que es, de lejos, el principal motivo por el cual el colegio particular subvencionado es y será preferido por los padres al colegio público. Su argumento al respecto, me parece, va en la línea de Bruce Ackerman. Voy a volver sobre este punto.
EL DERECHO Y LA LIBERTAD
Estos son botones de muestra de lo que es la primera parte del libro. Luego viene un asunto más conceptual, escrito en un estilo más analítico, donde Atria distingue entre lo que él llama “un derecho” de lo que denomina “una libertad”. Donde la libertad, si entiendo bien, es lo que Isaiah Berlin llamaría una “libertad negativa”, es decir, fundamentalmente una prohibición.
Por ejemplo, CIPER tiene libertad de expresión en tanto el gobierno no lo censura. Sería típicamente una “libertad” en el concepto de Fernando Atria. Pero hay otro tipo de situación, a la cual Atria llama “derecho” (sería, si comprendo bien, una “libertad positiva” según el concepto de Berlin), donde el Estado se compromete a realizar una prestación. El derecho a la salud o a la educación, por ejemplo. Un derecho no puede estar condicionado por la capacidad de pago de las personas; una libertad sí. “En el mercado yo no tengo derecho a contratar, porque nadie tiene el deber de contratar conmigo si no quiere; sólo tengo libertad de contratar, en el sentido de que contratar no me está prohibido”. (Pg. 92) Pero un derecho, en el sentido de Atria, no es tal “si el tamaño de mi libertad está dado por el tamaño de mi cuenta corriente”. (Pg. 100)
Luego pasa a explicar que un derecho, como el derecho a la salud o a la educación, ofrecido de forma mixta, o sea, coexistiendo con una libertad, se traduce en segregación. En otras palabras, en la educación particular subvencionada con copago habrá segregación, y si compite con un sistema público gratuito, se producirá una fuga hacia el sector particular subvencionado. “La existencia paralela de estos dos tipos de establecimientos implica que el sistema”, dice Atria, “tenderá a segregarse cada vez más”. (Pg. 95) Y “la segregación limita la libertad”. (Pg.102)
La crítica más importante de Atria es que tendemos a entender la función del Estado al modo de lo privado, “pensamos en los establecimientos municipales como instituciones privadas, con la única diferencia que su sostenedor es una municipalidad”. (Pg.93) La educación como derecho -es decir, gratuita y, por tanto, no relativa al ingreso como ocurre en la particular subvencionada debido al financiamiento compartido- se materializa entonces en escuelas que tienden a ser “un gueto de marginación social y económica”. (Pg. 97)
Es muy posible que el planteamiento tenga un fondo de verdad. Pero no sé si lo he entendido bien. Por ejemplo, ¿qué pasa con el derecho a la vivienda, que está consagrado en la carta de los derechos humanos? Supongamos que el Estado da una vivienda mínima y eso se complementa con lo que la gente pueda aportar y agregar por sobre ese mínimo. ¿Significa eso que no hay derecho a la vivienda? La analogía es con el financiamiento compartido. El Estado da un subsidio mínimo y los padres aportan un plus para mejorar la educación de sus hijos. Si los padres tienen derecho al financiamiento compartido, o sea, a complementar el subsidio educacional del Estado, ¿significa que se anula la educación como derecho? Tengo serias dudas sobre este punto.
¿POR QUÉ NO A LA SEGREGACION?
Lo central del libro es la segregación. Lo que preocupa al autor surge por la aplicación de un criterio fundamental de segregación y sólo uno: el ambiente social, el estrato socioeconómico, el dinero. Hay otras opciones de segregación que no considera, o que no considera relevantes. Por ejemplo, el color de la piel, la religión, las conductas de riesgo (colegios donde pueda haber muchos niños violentos, pandillas, o donde pueda haber mucha droga. Esto puede ocurrir, y ocurre, en colegios particulares pagados. Eso no necesariamente está vinculado con el nivel socioeconómico). Puede haber segregación por enfoques sobre género u orientaciones sexuales, por ejemplo.
¿No podría ser ese un criterio para que los padres dijeran “me gusta este colegio porque tiene una actitud respecto de estos temas más acorde con lo que yo quiero”? ¿No puede causar eso un tipo de segregación? En los últimos años hemos tenido pocas tensiones políticas polarizadas en Chile, pero eso podría ser otra variable: “Este colegio no me gusta porque es de izquierda o muy de derecha”… Entonces, no veo que la única forma de segregación relevante -porque se corresponde con escisiones socialmente significativas- sea la del nivel socioeconómico por importante que sea hoy y, por cierto, vaya a seguirlo siendo mañana.
Ahora, lo que echo de menos en el libro es que no se fundamenta por qué la segregación, y específicamente esta segregación socioeconómica, es tan negativa, como para ser casi un valor por sobre todos los demás bienes o fines que puede perseguir un sistema educacional, tales como la diversidad (que resulta de la libertad de elegir de los padres si la sociedad es pluralista) o la calidad académica, por ejemplo.
Da la impresión de que lo que preocupa al autor es un sólo aspecto: la segregación. Es decir, fundamentalmente, la posibilidad de excluir a un alumno de una escuela por razones socioeconómicas. Y extrapola de modo excluyente el bien que busca conseguir: la inclusión. Por consiguiente, el financiamiento compartido pasa a ser rechazado. Por ejemplo, Bruce Ackerman, que aborda esto, ofrece una justificación.
La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué estamos en contra de la segregación y cuánto estamos dispuestos a sacrificar (¿Libertad de los padres? ¿Diversidad del sistema educacional? ¿Calidad académica? ¿Y hasta qué punto?) para conseguir un colegio inclusivo o una universidad inclusiva. Menciono tres posibles razones por las cuales se podría estar en contra de la segregación. Es posible que haya otras más.
1) La inclusión es un método eficaz de interacción de personas heterogéneas y ese ambiente, que no es solamente una disciplina académica, sino que es un modo de relacionarse en la vida real con personas que son distintas de uno, es la mejor escuela para formar ciudadanos en una sociedad pluralista y democrática. Este es el antiguo argumento de John Dewey: un colegio inclusivo es una escuela de ciudadanos, porque es un lugar heterogéneo, diverso, plural y esa convivencia no es algo que se pueda sustituir con la lectura de en un libro. Puede estar señalado en un libro, pero es distinto convivir con una persona distinta que leer sobre las ventajas de la tolerancia. Ese es un argumento.
2) Otro argumento es el de Bruce Ackerman: lo que necesitamos son jóvenes que tengan autonomía y capacidad crítica respecto de sus propios padres. Los colegios familiares, los colegios que reproducen la cultura de la familia, generan “pequeñas tiranías”; los hijos, afirma Ackerman, no logran así liberarse sino con esfuerzos extraordinarios del yugo de los padres. La educación por los padres es importante pero debe darse al interior de la familia, dice Ackerman. Si pueden elegir la escuela, como padres que son, van a preferir una protegida, donde se refuercen sus valores. Lo que habrá serán colegios familiares que reflejen el imago mundi de los padres. El Estado, en cambio, debe ofrecer una educación pública para que ese hijo se mezcle con otros diferentes a él, interactúe, genere su propia manera de pensar y se desarrolle como sujeto autónomo. De lo contrario, será una especie de pequeño siervo colonizado por la formación familiar. Para Ackerman esto tiene que ver con la democracia y con la diversidad, porque a su juicio una sociedad diversa dependería de esa interacción. El argumento tiene una consecuencia radical: no debería haber educación privada.
3) Un tercer argumento -me parece que también está subyacente en el libro- dice: la segregación ofende la dignidad de las personas. La racial tiene, sin duda, esta característica. Nos oponemos a la segregación racial no porque implique una desventaja económica, sino porque hay algo en la dignidad de la persona que está en juego ahí. En algunos momentos el autor hace esa analogía. Por ejemplo, en la página 98, dice que la segregación por ingresos que produce inevitablemente el sistema de financiamiento compartido, sería una especie de equivalente de la segregación racial. Pero esto, pienso, habría que desarrollarlo y justificarlo más.
El libro no le da mucha importancia a la educación privada cien por ciento pagada. Tal vez porque es pequeña, cerca de un 7%. Pero, por ejemplo, en México, un 17% de la educación es particular. En un sistema que es gratuito y estatal, no es tan poco un 17%.
Y ocurre que ese sector se ha mantenido constante en Chile: en 1981 era del mismo tamaño que hoy. Incluso, ha tendido a caer un poquito ahora último, porque los particulares subvencionados que cobran 70 mil pesos de copago le compiten. Pero ese grupo, ese 7%, que es más o menos lo mismo que hay en Estados Unidos, lo mismo que hay en Inglaterra, tiene mucho poder.
¿Nos importa cómo se educa esa gente? Si se acepta el argumento de que la única manera de educar demócratas es que haya inclusión, ¿no importa que esa gente no esté en un colegio inclusivo? Y no estoy pensando sólo en el Kínder: se trata de que la educación básica, la educación media y luego la universidad de personas de ese grupo pueden no ser inclusivas. O sea, ese joven puede vivir en un ambiente que es simplemente el reflejo de la visión de mundo de sus padres hasta que se titula, a los 25 años. Y luego entra a trabajar a la oficina del tío, del primo, del padre… Y ese puede ser un gran líder después, puede ser, por ejemplo, un político. ¿No nos importa cómo se educó ese diputado, ese senador? Si, por ejemplo, el argumento en contra de la segregación es el de Ackerman, eso debería preocupar. Dejo la pregunta planteada al autor.
LAS PROPUESTAS
Las propuestas del libro. Uno: eliminar el financiamiento compartido, porque obviamente esto disminuiría la segregación. Y dos: no a la selección académica. ¿Razón? Evitar que se cuele por ahí la segregación socioeconómica. Entonces, en el caso de que haya más demanda que oferta de matrículas en un colegio, se aplica un sorteo. Es un sistema que se usa mucho en Estados Unidos en las escuelas públicas y en el mundo británico se usa incluso en las escuelas privadas. Mi sospecha es que en Chile esto tendría relativamente poco efecto, porque los colegios aumentarían la oferta. Tendría un efecto transitorio. No cabe duda de que estas dos propuestas -y en especial la eliminación del financiamiento compartido- tienden a disminuir la segregación, es decir, apuntan a un sistema más inclusivo.
Pero las propuestas, después de tanto (riendo), son esas dos y yo les encuentro gusto a poco, estimado Fernando (Risas).
¿Qué pasa con criterios de selección no derivados del estrato socioeconómico? ¿Son aceptables o deben prohibirse? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un colegio particular subvencionado sin financiamiento compartido pero que se quiere dedicar a formar futbolistas y selecciona por capacidad deportiva? ¿Y si un colegio selecciona por dotes para la música? ¿Puede seleccionarse según la religión? Un colegio particular subvencionado gratuito y de orientación judía ortodoxa, ¿podría excluir a los alumnos musulmanes y a los no religiosos o no? Dejo la pregunta.
La experiencia muestra que, a veces, (a pesar de lo que dice Ackerman) cuando hay alta calidad educacional en un colegio inclusivo, eso es muy atractivo para los padres. Es el caso del Instituto Nacional, un colegio público. Ahí hay un 20% de alumnos vulnerables y hay también un porcentaje importante de alumnos que podrían estar en la educación particular pagada, pero que prefieren el Instituto, que es inclusivo. No, quizás, porque busquen la inclusión per se. Lo que quieren los padres es asegurarse de que ese joven llegue a una buena carrera en una buena universidad selectiva. O sea, la calidad también tiene un poder y puede romper la segregación. Hay gente dispuesta a tolerar la heterogeneidad con tal de conseguir calidad. ¿Por qué ese tipo de selección académica debería prohibirse en nombre de la segregación que justamente ayuda a combatir?
Entonces, después de críticas tan formidables, las propuestas de Fernando (riendo) significan, en el fondo, volver a Pinochet (Risas). El financiamiento compartido se adoptó en 1996, siendo Presidente don Eduardo Frei Ruiz-Tagle y ministro de Educación, don Jorge Arrate. Lo que teníamos del año 81 al 96, fue educación particular subvencionada pero gratuita, compitiendo, en ese aspecto, en igualdad de condiciones con la educación pública.
Pregunto: ¿Qué proponen los jóvenes que dirigieron el movimiento del año pasado, y que están aquí presentes, en qué consiste la gran revolución de la educación? (Risas) ¿Qué propone Fernando, considerado por ellos mismos como líder intelectual de este inmenso movimiento que quiere cambiar Chile? ¿Llevarnos de vuelta al año 85? ¿Regresar a lo que teníamos en tiempos de Pinochet? (Risas)
¿Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA?
Los Presidentes y sus ministros, los parlamentarios de todos los colores políticos, los dirigentes gremiales de los profesores, quieren mejorar la educación pública. En esto hay consenso. La cuestión es cómo.
El libro de Atria no se ocupa específicamente del tema. Sí plantea, como vimos, que el sistema mixto (colegios públicos gratuitos y colegios con financiamiento compartido que pueden excluir alumnos) agudiza de manera creciente la segregación y transforma a los colegios públicos en guetos marginales.
Quisiera ir más allá y antes de terminar mencionar cuatro aspectos en los cuales la educación particular ha competido con ventaja. (Adelanto aquí un trabajo que estamos haciendo con Sergio Urzúa sobre el tema). La educación pública no ha sido derrotada en un combate en igualdad de condiciones. Estos son los cuatro aspectos.
Los colegios particulares subvencionados -como destaca Atria- pueden seleccionar y expulsar alumnos; la escuela pública, no (o puede hacerlo con muchas dificultades). Eso tiene enormes efectos en el mundo educacional, sobre todo cuando hay competencia, y en el colegio de al lado echan al alumno cuya madre es drogadicta y en la escuela pública, no. Eso genera una desigualdad importante. Cualquier profesor va a estar de acuerdo con este planteamiento. Muchos lo viven.
Segundo, la municipalización significó una enorme pérdida de rango para la educación pública. Por ejemplo, una encuesta CEP de 1987, cinco años después de la municipalización, arrojó que un 82,5% de la población prefería liceos dependientes del ministerio que liceos dependientes de la municipalidad. Ya con la experiencia de cinco años la inmensa mayoría de la población sintió esto como una pérdida, como una “capitis diminutio”, para usar un término jurídico.
En tercer término, se instauró una institucionalidad muy difusa, que significa, por ejemplo que el director de la escuela no nombra a los profesores y tampoco puede despedirlos (Hace un año y tanto, se dio un paso y ahora es posible despedir hasta un 2% bajo ciertas condiciones. En todo caso, la asimetría con las atribuciones del director de la competencia subsisten). El director de un colegio, por lo tanto, no es el líder de esa comunidad educacional, no puede conformar sus propios equipos y compite con quien sí puede hacerlo (Hay un trabajo de Lucas Mac-Lure sobre esto).
Esto tiene efectos muy concretos. Por ejemplo, el sector particular subvencionado paga menos a sus profesores y consigue profesores que obtuvieron mejores resultados en la PAA y en la PSU que los que están en el sector municipal. Lo que se debe a la gestión del director, consecuencia de las diferencias entre el marco institucional de los colegios particulares y el de los colegios públicos (En un proyecto reciente del gobierno actual se plantea este tema). La desigualdad institucional implica una tremenda desventaja competitiva para los colegios públicos.
Luego, y finalmente, el financiamiento compartido significa que el sector estatal compite con menos plata y eso, obviamente, incide muchísimo en su calidad. Competir con menos recursos representa otra desventaja para los colegios públicos.
En suma, la educación pública boxea con una mano amarrada. No es raro que haya la fuga que estamos presenciando. Es el resultado de un diseño donde la educación pública no compite en igualdad de condiciones y eso es lo que hay que corregir. Hay que reflexionar a fondo acerca del sentido de la educación pública.
Si queremos salvar a la educación pública hay que ir más allá de lo que plantea el profesor Atria.
Con todo, este libro es algo más: es como la huella digital de la cabeza de Fernando Atria. Está el hombre, está su estilo. Es un libro acojonantemente lúcido, es un libro valiente, es un libro incisivo, punzante y que siempre toma riesgos, párrafo a párrafo. En ninguno de sus escritos anteriores había visto yo a Fernando Atria con esta indignación y con esta autenticidad.
El libro siempre aborda temas de fondo, siempre remece los fundamentos. Este libro brevísimo hace pensar y repensar más que kilos de literatura especializada sobre el tema. Con su escritura apasionada y vertiginosa pone en juego todo nuestro sistema educacional y nos hace sentir que necesita cirugía mayor. Lo que recorre este libro de parte a parte es una vibración moral, es una condena del abuso, una condena del fraude intelectual y una lucha por la dignidad de las personas.
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El futuro de las editoriales universitarias
Estado actual del debate sobre este tópico.
At Meeting of University Presses, the Future Presses In
By Jennifer Howard, Chicago, Chronicle of Higher Education, June 21, 2012
Be part of the conversation, mind your metadata, and use technology as a bridge to the world: That advice animated sessions at the annual meeting of the Association of American University Presses, held here this week.
This year marks the group's 75th anniversary, and attendance hit a record high, with 787 people registered. The numbers created some logistical hassles but gave the meeting energy, too, tempering nervousness about how to feed the growing e-book market and how to convince budget-obsessed administrators that presses are assets, not liabilities.
People talked somberly about the news that the University of Missouri plans to shut down its press. But so far Missouri has been the exception, not the rule. Most presses have survived the recession and budget cuts. Some, like Princeton University Press, had excellent years, according to Peter Dougherty, the Princeton press's director and the new president of the association.
In a lunchtime address, Mr. Dougherty kept clear of gloom, imagining a robust future for scholarly publishers. He called on the group's members to build what he called "the global university press." Rising literacy is building a worldwide marketplace, he said, and the spread of technology "will make our content available everywhere."
In Mr. Dougherty's vision, technology changes but books remain essential. "In a digital culture that granulates knowledge, books synthesize it," he told the audience. "The greatest asset any university press has is the imagination of its editorial staff."
In an interview, Mr. Dougherty described how the idea of a global university press out of his experience at Princeton, which publishes extensively in science and economics. "Our list travels well," he said. "When we think of markets for our books, we tend to look beyond U.S. borders." When Google's executive chairman, Eric Schmidt, came to Princeton's campus recently and gave a talk about how the Internet keeps growing globally, the press director saw an opportunity for publishers. "All of a sudden these potential readers become more accessible," he said.
Nuts, Bolt, and Metadata
The association and its member presses have work to do at home before they can make the most of a global market. As usual, the meeting served up many sessions on the technical side of publishing, with panels on "Making Your Metadata Better"—"Metadata is marketing," as a panelist at another session said—and on "E-Book Nuts and Bolts." Later this summer, some university presses will see their first checks from UPCC, the new e-book consortium run by Project MUSE. Another e-book platform, Books at JSTOR, should go live in November.
The shifting human element was on people's minds, too. MaryKatherine Callaway, director of Louisiana State University Press, just finished her term as the group's president. In her farewell address, she noted that several press leaders will step down this year. That includes press directors at the Universities of Hawaii, North Carolina, Pittsburgh, and Virginia, and the American University in Cairo, among others. The transitions don't mark a giving-up but a generational shift in press leadership, according to Kate Torrey, who in her mid-60s is about to leave her job as director of the North Carolina press.
The retirements make room for mid-career publishers to step in and try new things. But presses can also be more vulnerable at times of transition, as university administrators take the opportunity to scrutinize operations before they hand the reins to new directors.
Next year, the association's long-term executive director, Peter J. Givler, will also retire, after 15 years on the job. A large part of Mr. Dougherty's presidential year will involve the search for Mr. Givler's successor. The ideal candidate will be "a real star," Mr. Dougherty said, and someone who "understands that there are policy issues that need to be addressed."
Debate Over Fair Use
Those issues include the push and pull between academic libraries and publishers over copyright and fair use. One session dug into the recent ruling in the lawsuit that pitted Cambridge University Press, Oxford University Press, and SAGE against Georgia State University. The publishers claimed that the university allowed professors to use too much copyrighted material in course e-reserves. In May, Judge Orinda Evans of U.S. district court in Atlanta handed down a ruling that threw out most of the publishers' claims.
A lawyer who regularly advises the association analyzed the ruling in a presentation that left many in the room shaking their heads in dismay. Linda Steinman, a partner with the firm of Davis Wright Tremaine, broke down what she called the judge's "cockamamie math" and explained how her application of the standard fair-use tests worked against publishers.
A district-court decision doesn't usually resonate as much as a higher court's, but there's so little precedent in this area that Judge Evans's ruling has outsize importance, according to Ms. Steinman. "It's a decision that will carry considerable weight," she warned. "It's a terrible precedent to have on the books for the future."
Having e-licensing options in place—for instance, via the Copyright Clearance Center, or CCC, which helped pay for the lawsuit—offers some protection, the lawyer said. After the Georgia State ruling, "you're safer" having licensing options in place to make widespread, unauthorized copying harder, she told the crowd.
A show of hands revealed that many presses don't have e-licensing arrangements yet. Still, audience members said, permissions revenue makes a difference—enough to pay for a staff job here or a couple of monographs there.
But licensing can cost presses too, according to one librarian attending the session. Mike Furlough, the associate dean for research and scholarly communication at Penn State University Libraries, said his institution pays a six-figure fee to the CCC. That money comes out of the collections budget, he said, which means fewer dollars to spend on new content from university presses.
Presses in the Crossfire
Other sessions brought attendees up to speed on recent, often fierce debates about public access to research. The now-dead Research Works Act, for instance, would have prevented agencies from requiring public access to federally financed research.
A panel on "Policy Wars: University Presses in the Crossfire" made it clear that such debates aren't Washington abstractions; they have serious implications for university presses. Ivy Anderson, director of collection development and management at the California Digital Library, said many publishers' "attempts to articulate value receive a fair amount of negative feedback."
Her advice on how to respond? "Positioning yourselves as innovators is the most positive thing one can do."
Janet Rabinowich, the director of Indiana University Press, told a story about how policy issues can hit close to home. After The Chronicle ran an article on the Research Works Act and many publishers' opposition to public-access mandates, Ms. Rabinowich said, she was challenged by an influential administrator about whether the university-press association was on the wrong side of the fight to make scholarship more easily accessible. (The group said it opposed the Research Works Act but also objected to the proposed Federal Research Public Access Act, which would require public-access mandates.) The administrator told her the university couldn't support a publishing operation "that basically consorts with the enemy," she said. After more conversation, the threat subsided, but "it did bring to the fore the larger issue of the role the press can/does/should play in advancing the values of the university," Ms. Rabinowich said.
The row over public-access mandates and the ever-louder call for open access puts presses, pushed by their institutions to recover costs, in a bind. "We would be very happy to offer open-access publications if we could recover the costs of their publication, which would no doubt be considerably less than Elsevier's," she said.
Raina Polivka works with Ms. Rabinowich at Indiana's press as the music, film, and humanities editor. In a hallway conversation with The Chronicle, she talked about how it felt to be a publisher put under the microscope. "Our university is suddenly very interested in what we're doing," she said. At first "it was a little frightening, I think, and a little off-putting."
But the scrutiny has been useful too, Ms. Polivka said. "It's been a good exercise for us," she said, "to evaluate how we serve the community."
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Llamado a presentar ponencias para el Congreso Internacional de Efectividad Escolar

Call for Proposals ICSEI 2013 Santiago
The 26th annual conference of the International Congress for School Effectiveness and Improvement will take place in Santiago, Chile, January 3-6, 2013. Proposals will be accepted from Saturday, June 15th, until midnight (Chilean time), Monday, August 6th 2012. Proposals must be addressed to the conference website.
The Academic Program Committee for ICSEI 2013 invites proposals from education researchers, policy makers and practitioners that address the overall conference theme Educational Systems for School Effectiveness and Improvement: Exploring the Alternatives, and sub-themes as described below. The sub-themes with sample topics include:
1) Systems of educational governance for school effectiveness and improvement (national, state, regional, district; subsidized and non-subsidized private; governance at the school level)
• The role of the State in school effectiveness and improvement
• The role of school system administrators/districts in school improvement
• New school management models and their contribution to school effectiveness
• Educational decentralization processes
• Large-scale educational reforms and their impact on school effectiveness
2) Support and accountability Systems for school effectiveness and improvement (public systems of
support, external providers, networks, etc.)
• Experience and effectiveness of external support strategies for school improvement
• Accountability systems for school effectiveness and improvement
• Supervision and inspection systems and their contribution to the effectiveness of educational systems/units
• School Networks: experiences and evidence of their effectiveness
3) The school as a system: keys for improvement
• Leadership organization and distribution within schools
• School-based accountability practices and use of data for school effectiveness
• Teachers professional learning and community
• School-based innovative practices for school improvement
• Teacher supervision
4) The classroom: expression of systemic changes and main learning scenario for students and teachers
• The classroom as an organizational system for effective instruction
• Curriculum, learning, and instructional effectiveness strategies
• Accountability inside the classroom
• Equity in the classroom: effective and inclusive teaching (gender, race, poverty)
• Technology and educational effectiveness in the classroom
• Student involvement in educational decision-making processes
In keeping with the ICSEI’s mission, we invite proposals associated with the conference themes that address (a) findings from empirical research studies (completed or sufficiently in progress to share preliminary findings); (b) advances in research methods for investigating school effectiveness and improvement; and (c) examples of field-based projects to improve the quality of education linked to existing research on and/or trends in school effectiveness and improvement theory and practice.
Selection of all proposals will be refereed by members of the Academic Program Committee for ICSEI 2013. Notice of acceptance of proposals will be announced by mail by mid-October. The official language of this international conference is English. Proposals must be submitted in English to be considered. For accepted proposals, the conference presentations should be in English. Translation services will be provided for the keynote speeches and for opening and closing ceremonies.
Proposals may include individual and/or multiple authored papers, symposia, or poster presentations.
Submissions should indicate clearly which author or authors will actually take part in the presentations if accepted. Individuals may be involved with more than one proposal, however, a limit of two proposals will be accepted for persons listed as “presenters” of papers or in symposiums, in order to minimize scheduling conflicts and to encourage a broad range of experiences and perspectives in the sessions.
Ver el llamado completo aquí
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Próxima conferencia OCDE sobre educación superior masiva y su sustentabilidad
OECD conference on “Attaining and Sustaining Mass Higher Education” to be held at OECD headquarters in Paris, France, from 17 to 19 September 2012
Programme
Conference Chair
Peter Coaldrake
Chair of the IMHE Governing Board
Overview
The programme consists of a range of plenary sessions and parallel sessions, with:
More than 60 cutting-edge sessions
More than 10 “meet the OECD experts” sessions on key OECD research
High-level dialogue sessions instigating profound audience debates
A variety of fast track research forums highlighting the latest research and newest technologies
Networking events every evening to expand your professional network
Monday 17 September
8h00-9h30
Check-in
9h30-9h45
Welcome and Opening Remarks
Peter Coaldrake, Chair of the IMHE Governing Board
Angel Gurría, OECD Secretary General (tbc)
9h45-10h45
Plenary Session 1: Where have we got to in attaining and sustaining mass higher education?
Moderator
Barbara Ischinger, Director for Education, OECD
Keynote 1:
Keynote 2:
Shri Kapil Sibal, Honourable Minister for Human Resource Development and Communications & Information Technology, India
Professor John Sexton, President, New York University, New York, U.S.
10h45-11h15
Break
11h15-12h30
Plenary Session 2: What can higher education contribute to developing skills for the knowledge economy?
Moderator
tbc
Keynote:
Panellists:
Professor Lap-Chee Tsui, Vice-Chancellor and President, University of Hong Kong, Hong Kong, China
- Shri Kapil Sibal, Honourable Minister for Human Resource Development and Communications & Information Technology, India.
- Professor John Sexton, President, New York University, New York, U.S.
12h30-14h00
Lunch
14h00-15h00
Parallel Group Sessions and Research Forums
15h00-15h30
Break
15h30-16h30
Parallel Group Sessions and Research Forums
16h30-17h00
Break
17h00-18h00
Meet the OECD experts - Parallel Group Sessions on:
Higher education in regional and city development
Managing internationalisation in higher education
Open education
Post-secondary vocational education and training (VET)
AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes)
18h15
Reception
Tuesday 18 September
9h00-10h15
Plenary Session 3: How can higher education reconcile its different missions and roles?
Moderator
tbc
Keynote:
Panellists:
Professor Indira Samarasekera, President, University of Alberta, Canada
- The Baroness Brinton, UK (tbc)
- Prof. Maria Helena Nazaré, President of the European University Association (EUA)
10h15-10h45
Break
10h45-12h00
Plenary Session 4: How can higher education maintain and improve quality?
Moderator
tbc
Keynote:
Panellists:
Dr Carol Nicoll, Chief Commissioner, TEQSA, Australia
- Dr. Jorge Guimarães, President, CAPES (the Brazilian Agency for Support and Evaluation of Graduate Education), Brazil
12h00-13h30
Lunch
13h30-14h30
Parallel Group Sessions and Research Forums
14h30-15h00
Break
15h00-16h00
Parallel Group Sessions and Research Forums
16h00-16h30
Break
16h30-17h30
Meet the OECD experts - Parallel Group Sessions on:
PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)
Supporting quality teaching in higher education
Taxes and investment in skills
Future of higher education
Skills platform
Education at a glance (EAG)
17h30
So you’d like to know more about the OECD’s Programme for Institutional Management of Higher Education (IMHE)?
Join the welcome cocktail for new and potential members!
18h15
Dinner: departure from the OECD by coach
Dinner at Le Procope restaurant
To reserve, please contact events@suitevoyage.com
Wednesday 19 September
9h30-11h00
Plenary Session 5: What does the future hold for higher education?
Moderator:
tbc
Keynote:
Panellists:
Andreas Schleicher, Deputy Director for Education and Special Advisor on Education Policy to OECD’s Secretary-General.
- Dr. Imma Tubella i Casadevall, President, Universitat Oberta de Catalunya, Spain
- Dr. Gokhan Cetinsaya, President, the Council of Higher Education, Turkey
11h00-11h30
Break
11h30-12h45
Plenary Session 6: How can higher education deal with the challenges it faces?
Moderator:
tbc
Panellists:
- Dr. François Weil, President, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), France
12h45-13h15
Wrap-up and closing remarks
Peter Coaldrake, Chair of the IMHE Governing Board
Barbara Ischinger, Director for Education, OECD
13h15-
Lunch and tour of the Marais
Lunch at Bofinger restaurant, followed by a tour of the Marais
Departure from the OECD by coach at 13h30
To reserve, please contact events@suitevoyage.com
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Sobre rankings mundiales de la educación superior
Una de las principales voces y analista del debate sobre rankings mundiales de universidades, Ellen Hazelkorn (su libro más reciente en la foto), vice president for research and enterprise and head of the Higher Education Policy Research Unit at the Dublin Institute of Technology, argumenta en la siguiente columna que los efectos perversos de estos rankings continuan presentes pero que hay señas incipientes de una mayor preocupación por las capacidades de los sistemas nacionales en vez de solo considerar universidades aisladas.
Focusing on the Total Quality Experience
The Chronicle of Higher Education, May 15, 2012, 3:28 pm
By Guest Writer
The following is a guest post by Ellen Hazelkorn, vice president for research and enterprise and head of the Higher Education Policy Research Unit at the Dublin Institute of Technology. She is the author of Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence (Palgrave Macmillan).
—————————————————————————–
The university rankings debate is heating up – again. Hopefully, this time it will be different and with better outcomes for everyone.
At a time when many nations are experiencing high levels of public and private debt and higher education is in great demand, university rankings have encouraged a preoccupation with the trials and tribulations of a handful of “world class” universities. This is having a profound–and perverse–effect on higher-education policy making, universities, and public opinion.
Rankings privilege the most resource-intensive and expensive universities on the assumption that such universities offer the best panacea for success in the global economy and world science. Thus, governments worry their institutions are not elite or selective enough, while university leaders say too much attention has been directed at widening participation. As a result, many governments are making the insidious connection between excellence and exclusiveness. They are busy reshaping their systems and institutions, their educational priorities and societal values to conform to indicators designed by others for commercial or other purposes. The public’s interest has become confused with self-interest.
There are, however, some small signs that the pendulum is beginning to swing.
I have argued many times, in these columns and elsewhere, of the importance of focusing on the capacity of “the system as a whole” rather than simply on the performance of a few elite institutions. I have posed the policy challenge in terms of promoting a “world class system” rather than “world class universities.”
The Australian Review of Higher Education pinned its colors clearly to this mast, saying “we must address the rights of all citizens to share” the benefits of higher education. The Irish minister of education and skills said similarly in April of this year: “We need to maintain a clear focus on system performance overall rather than a narrower focus on individual institutional performance.”
A new ranking developed by the Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research follows a path previously furrowed by Quacquarelli Symonds (QS), the Lisbon Council, and Jamil Salmi, former tertiary education coordinator of the World Bank. In their different ways, these initiatives are attempting to assess the quality, impact and benefit of the higher education system as a whole.
In 2008, the Lisbon Council, an independent think tank based in Brussels, created the “University Systems Ranking. Citizens and Society in the Age of Knowledge,” and QS developed its “National System Strength Rankings”; both have been one-off ventures. The former measured the performance of 17 OECD countries against six criteria: inclusiveness, access, effectiveness, attractiveness, age-range, and responsiveness, while the QS ranking used broad four sets of indicators: system, access, flagship, and economic. Both sought to measure participation and government investment levels.
Salmi pointedly devised a benchmarking tool rather than a ranking in 2011. His aim was to evaluate how well a tertiary education system produces expected outcomes, and the key inputs, processes and enabling factors required to bring about the favorable outcomes. He used two broad indicators “system performance” (attainment; learning achievement; equity; research; knowledge and technology transfer; values, behavior, and attitudes), and “system health” (macro environment; leadership at the national level; governance and regulatory framework; quality assurance framework; financial resources and incentives; articulation and information mechanisms; location; digital and telecommunications infrastructure).
The new “U21 Ranking of National Higher Education System,” is more ambitious than any of these models. It has 20 criteria grouped under four main headings, each weighted differently in the final aggregate score:
• Resources, 25 percent (investment by government and private sector on teaching and research);
• Output, 40 percent (research and its impact, and ability of system to produce an educated workforce which meets labor market needs);
• Connectivity, 10 percent (international students and proportion of articles co-authored with international collaborators);
• Environment, 25 percent (government policy and regulation, institutional and socio-economic diversity and participation opportunities).
It hopes to overcome problems of insufficient data in future editions; this should lead to more countries being included rather than the initial forty-eight.
With the exception of Salmi, these initiatives are rankings rather than benchmarking. What’s the difference and does it matter? Benchmarking uses comparison as a strategic tool, helping governments, university leaders, and others to systematically compare practice and performance with peer institutions or countries. It can also be used as a diagnostic tool underpinning a program of continuous improvement. In contrast, rankings measure higher-education quality through quantification; by aggregating the scores and ranking them sequentially, it establishes a hierarchy of performance.
System-ranking is certainly better than concentrating on individual institutions, but it still reduces quality and excellence to a single digit, and de-contextualizes national circumstances. We still don’t have sufficient understanding of how these different factors work over time to improve the student experience or overall quality, or what policy choices work best in different circumstances.
What are we trying to accomplish? I’ve defined the goal as “making the system world-class”, with the following characteristics.
• Open and competitive education, offering the widest chance to the broadest number of students;
• Coherent portfolio of horizontally differentiated high-performing and actively engaged institutions – providing a breadth of educational, research, and student experiences;
• Developing knowledge and skills that citizens need to contribute to society throughout their lives, while attracting international talent;
• Graduates able to succeed in the labor market, fuel and sustain personal, social and economic development, and underpin civil society; and
• Operating successfully in the global market, international in perspective, and responsive to change.
Without a doubt, it is important that governments and the public can compare national performance. These initiatives are focusing our attention on the capacity of the higher-education system to educate all students and deliver benefits to the whole of society–in other words, to provide a total quality experience. They are a step in the right direction.
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La política del No Child Left Behind a la luz de la psicología educacional
Interesante artículo aparecido en el sitio de educational psychology resources, muy a tono con las discusiones que sobre testing se tienen en Chile.
No Child Left Behind and the Debate in Educational Psychology
The No Child Left Behind Act was passed in 2001 with much bipartisan fanfare. This widespread, federally mandated education reform was designed to hold schools accountable for improvement, assure that students meet basic learning requirements, and improve teacher qualifications. In 2011, after it became evident that a large percentage of schools in some states were failing to meet the mandate, changes were made that gave certain school districts more flexibility in implementing the policy.
One of the most important and highly controversial provisions of the original No Child Left Behind Act was the use of annual standardized tests to measure school performance. The debate over the effectiveness of these tests as a fair gauge of school achievement is fierce, with proponents arguing that standardized tests are the fairest way to compare schools across the board, and opponents claiming that the tests don’t tell the whole story of how a school is performing and improving. Teachers, in particular, are often critical of standardized tests for a variety of reasons: they only measure one aspect of a student’s performance; they force the teaching of specific test-related skills, leaving little classroom time for other tasks; and they might be biased against minorities and the poor, putting already low-achieving schools at a disadvantage.
Because of their interest in determining how children learn best and how educators can best serve students, educational psychologists have also been a part of the discussion around No Child Left Behind and specifically the standardized test issue. From an educational psychology perspective, standardized tests — which are based on more traditional forms of IQ assessment — paint an incomplete picture of human intelligence and have little correlation with future performance in school and in life.
Multiple Intelligence Theories
Howard Gardner’s multiple Intelligence theory has been extremely influential in the context of education in the last thirty years, with wide acceptance among education professionals. Gardner’s theory proposes that human intelligence can be divided into eight categories: logical/mathematical, verbal/linguistic, musical/rhythmic, bodily/kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, visual/spatial, and naturalist. Everyone possesses a mixture of all the intelligences, with strengths in certain areas and weaknesses in others while problem solving requires the use of two or more intelligences working in tandem. Not surprisingly, those with a propensity for logical/mathematical or verbal/linguistic skills are more likely to score highly on multiple choice standardized tests. They are also more likely to do well with a traditional curriculum that relies on rote memorization, sitting still, and following directions. (In contrast, those with bodily/kinesthetic intelligence are more likely to do well in sports, and those with visual/spatial intelligence are more likely to succeed in the applied arts). Teachers have found that Gardner’s theory resonates with their own experiences in the classroom, with several schools across the country implementing multiple intelligence principals as part of their ongoing curricula. And yet, standardized tests continue to place emphasis on a narrow set of skills using a narrow set of measurements. Adherents to Gardner’s multiple intelligence theory argue that No Child Left Behind fails to encourage those students who might be gifted in the arts, for instance, by placing emphasis only on reading and math.
Standardized Testing and the Full Picture
Even psychologists who subscribe to more traditional views of human intelligence agree that current tests rarely tell the whole story. In Beyond IQ: A Model of Academic Competence and Motivation, educational psychologist and psychometrician Kevin McGrew who helped develop the WJ III IQ test asserts that a student’s scholastic performance is linked to a variety of factors, only one of which is cognitive ability or IQ. Stating that cognitive ability only accounts for 40-50% of school achievement, he believes that factors such as motivation, attitude, social skills, learning styles, and behavior are other important determinants of student success. He therefore argues that the job of schools should be to have more influence on those non-cognitive (or conative) factors in children—those things that are “beyond IQ,” and subject to intervention by educators.
This leads to another criticism of standardized testing—namely, that test scores do not accurately predict a student’s future success. Research has found, for example, that high school GPA and class rank are better predictors of success in college than SAT scores, even accounting for such factors as race and socioeconomic status (which have been proven to influence test scores due to inherent biases contained in the tests). This, as McGrew and others have found, is because characteristics such as drive, determination, and confidence lead to high student achievement and continue to influence performance in college and beyond. Another study posits that self-control, which correlates to high report card grades, is as important as intelligence in the success of students. Self-control is related to study habits and behavior, which is a better measure of overall classroom performance and a more accurate reflection of what is actually taught.
What Next
Proponents of No Child Left Behind argue that standardized tests offer the most objective comparison of schools, irrespective of such factors as size, socioeconomic status, or geographic location. Research in educational psychology has shown, however, that qualities measured by standardized tests—the primary tool of assessment in the federal program—might not be the fairest way to define student achievement. It’s unclear how recent findings will affect public policy decisions in the future, but as the issue continues to spark discussion among educators, politicians, and parents, it’s likely the debate isn’t going away anytime soon.
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EEUU: Cambios previstos en programa de doctorado en humanidades
Cómo dar a estos programas relevancia laboral más allá de la academia, es decir, perspectivas profesionales, y cómo reducir el tiempo empleado por los estudiantes para graduarse (8 a 10 años) son los dos problemas principales en discusión.
The Radical New Humanities Ph.D.
By Kaustuv Basu, Inside Higher ED, May 16, 2012 - 3:00am
The warning last year from Russell Berman, who at the time was president of the Modern Language Association, was apocalyptic: If doctoral programs in the humanities do not reduce the time taken to graduate, they will become unaffordable and face extinction.
Now, Berman has taken his ideas home. At Stanford University, where he is a professor of comparative literature and directs the German studies program, he and five other professors at the university have produced a paper that calls for a major rethinking at Stanford -- a reduction in the time taken to graduate by Ph.D. candidates in the humanities, and preparing them for careers within and beyond the academy. The professors at Stanford aren't just talking about shaving a year or so off doctoral education, but cutting it down to four or five years -- roughly half the current time for many humanities students.
The Stanford professors aren’t alone in pushing this kind of thinking. The Department of Comparative Literature at Harvard University, for example, is already testing some ideas, and so is the University of Minnesota. The initiatives at all three places, whether proposed or in its infancy, involve changing academic culture and university policies to refashion the humanities Ph.D. The University of Colorado at Boulder recently announced a four-year Ph.D. in German studies, consistent with the principles being discussed at Stanford, although the Colorado effort applies to one small program while the Stanford and Minnesota initiatives are much broader.
The Stanford document proposes a scenario where students decide on a career plan -- academic or nonacademic -- they want to embark on by the end of their second-year of graduate study, file the plan with their department, and then prepare projects and dissertation work that would support that career. Similarly, departments have to help students make realistic career choices at the end of the second year of graduate study, and advise students regularly. “…[T]hey should aim to balance academic training in a particular discipline and field with the provision of broader professional perspectives that may extend beyond the traditional academic setting,” the document said.
This would represent a dramatic shift from the current norm, whereby many humanities grad students say that their entire program is designed for an academic career, and that they only start to consider other options when they are going on the job market -- a bit late to shape their preparation for nonacademic options.
According to the document, one way to speed up time to degree would be to include “four-quarter” support for students instead of unfunded summers, currently the standard for many humanities Ph.D. programs. Gabriella Safran, a professor of Slavic languages and literature at Stanford, who also worked with Berman to create the proposal, said the key might be to anticipate when Ph.D. candidates are getting bogged down and respond to the issue earlier. “A better use of time might be to use the summers more effectively. Right now, I think there are too many unfunded summers when students don’t make progress,” she said.
Berman, who said that the recent document was mostly an effort directed at administrators to “reform degree trajectories," believes that time to degree can be reduced to four or five years. “The study of the humanities need to be accessible and cheap. And we have to become more transparent about our placement records,” he said.
The document said that departments should have suitable plans in terms of curriculum, examination schedule, and dissertation that will help speed up time to degree. “Scholarly fields have widened, and added a lot of expectations,” Berman said.
He emphasized the need to amplify success stories of students who have ventured beyond the academic world. “We should be telling all their stories,” said Berman, who is also chairing a MLA task-force on the future of the doctorate in the languages and literature.
David Damrosch, a professor of comparative literature at Harvard University, said that Ph.D. students and professors in his department have been thinking more carefully about coursework. “Very often, students drift for extended periods,” he said. Frequent meetings with dissertation committee members are helpful, he said. “All this result in fewer incompletes in coursework … and more consistent progress in the dissertations,” said Damrosch.
“In anthropological terms, academia is more of a shame culture than a guilt culture: you may feel some private guilt at letting a chapter go unread for two or three months, but a much stronger force would be the public shame you'd feel at coming unprepared to a meeting with two of your colleagues,” he said. “It’s also ultimately a labor-saving device for the faculty as well as the student, as the dissertation can proceed sooner to completion and with less wasted effort for all concerned….” With frequent meetings, the students doesn’t lose time on “unproductive lines of inquiry” or “tangential suggestions tossed out by a single adviser,” Damrosch said.
A two-hour oral exam, meetings each semester with “dissertation-stage” students and their committee members, and clearer feedback for students are part of the graduate program in the comparative literature department now. “We also introduced a monthly forum for students to share and discuss their own work; and an ambitious series of professional development talks, on everything from article submission to dissertation planning to alternative careers,” Damrosch said.
The University of Minnesota is also taking a fresh look at its Ph.D. programs. Henning Schroeder, vice provost and dean of the graduate school at the university, said that professors and administrators have been discussing how to give the Ph.D. a narrower focus. “How much coursework do students need before they engage in scholarly research?” he asked.
Getting students into a “research mode” earlier helps save time, Schroeder said. “The question is also, what can we do at the administrative level?” he said. The university has promoted discussion on best practices on advising, and also how the “prelim-oral” -- a test students take before writing their dissertations – can delay research. The university now lets students get credit for research work before the oral examination, in an effort to allow for more flexibility in curriculums and to reduce time to degree.
Debra Satz, senior associate dean for the humanities at Stanford and a professor of philosophy, said that too many students end up spending six to eight years in the Ph.D. program. “There is no correlation between taking a longer time to degree and getting a job in an academic humanities department,” she said. And ultimately, she said, how can the length of time taken by a Ph.D. be justified if the person has to reinvent or retool at the end to be employed?
The discussions should not only be about new career paths and the time taken to graduate, but about how to implement change without affecting the quality of the programs, Satz said. “Many ideas have been floated: creating paths for our humanities Ph.D.s to high school teaching, creating paths to the high technology industry, thinking about careers in public history, and so on,” she said.
And while it is too early to see definite results from these institutions, many believe that the timing is right.
Anaïs Saint-Jude, director of the BiblioTech program – which seeks to bridge the gulf between doctoral humanities candidates at Stanford and jobs outside academe, including those in the tech world -- believes that all this is happening because this is a pivotal moment in higher education. “It was kindling that was ready to be ignited…. We started talking about it, and it created such momentum that we were able to create a veritable program,” Saint-Jude said, referring to the BiblioTech program that began in 2011. Part of the program’s vision includes trying to change the mindset of academics and non-academics alike. “It is about garnering the trust of industry leaders, and trying to break apart and think differently,” she said. The program’s annual conference last week included venture capitalists as well as executives from Google and Overstock.com.
Jennifer Summit, a professor of English at Stanford who also worked on the document with Berman, said graduate programs have been reluctant to try out new ideas because no one wants to take risks. And that’s mainly because the impact on graduate students is unknown. “It has to be part of an effort not isolated to Stanford; we have to have serious conversations across the spectrum,” she said.
These discussions tend to spike whenever the job market is bad, said Robert Townsend, deputy director of the American Historical Association. He agreed with the general ideas outlined in the Stanford document, with the exception of the proposal to reduce time to degree. “That seems to me to run contrary to the notion of creating a more open and diverse set of paths for doctoral students. I also have the sense that expectations for an acceptable dissertation generally require about four years to properly ferment and develop – at least in history,” he said.
Read more: http://www.insidehighered.com/news/2012/05/16/rethinking-humanities-phd#ixzz1v2dcSWvm
Inside Higher Ed
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Junio 21, 2012
Estudio sobre percepción de profesores en los EEUU respecto del uso de TICs
Ver el Informe completo aquí
Bajar copia de la versión PDF aquí
Ver el resumen de Inside Higher Ed, June 21, 2012
Presentación
Faculty members are far less excited by, and more fearful of, the recent growth of online education than are academic technology administrators, according to a new study by Inside Higher Ed and the Babson Survey Research Group.
But professors are hardly the luddites many still assume them to be. Nearly half of the 4,564 faculty members surveyed, three-quarters of whom are full-time professors, said the rise of online education excites them more than it frightens them. And while more than two-thirds of instructors said they believe that students currently learn less in online courses than they do in the classroom, other findings suggest that their estimation of online education quality stands to rise as the technology improves and more professors get firsthand experience with the medium.
Read more: http://www.insidehighered.com/news/survey/conflicted-faculty-and-online-education-2012#ixzz1ySf73FE3
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Colombia: problemas (bien conocidos) de la formación de futuros docentes
Dos reportajed del diario colombiano El Tiempo sobre el problema de las debilidades del sistema de formación inicial de profesores en ese país.
Expertos plantean la necesidad de ajustar currículos en facultades
EL TIEMPO, 21 de junio de 2012
La alerta se dio por los bajos desempeños de sus estudiantes en las pruebas de Estado.
Detrás de la intención del Gobierno de atraer, con atractivas becas crédito a bachilleres brillantes a la carrera docente, está la creciente preocupación por la baja calidad y los pobres resultados que arrojan las facultades que forman a los futuros profesores.
Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) es diciente el hecho de que de 491 licenciaturas ofrecidas por 78 instituciones de educación superior, sólo 72 tienen acreditación de alta calidad; y que de las 419 restantes, hay 18 a las que la entidad no les ha renovado el registro calificado por sus incumplimientos a la hora de funcionar.
Pero si la situación es complicada en las facultades, en las llamadas escuelas normales superiores el panorama no es mejor: de 137 que ofrecen programas de formación complementaria de educadores para el nivel preescolar y el ciclo de básica primaria, 38 tienen registro calificado condicionado.
Expertos en el tema sostienen que ese bajo nivel se refleja en el desempeño de sus estudiantes. Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani e impulsor del Movimiento Pedagógico y Social por una Educación de Calidad, asegura que "de todo el sistema educativo universitario, los futuros profesores son los que muestran en las pruebas Saber Pro el peor balance en comprensión lectora, y esto es una alerta".
¿En qué fallan?
Javier Botero, viceministro de Educación Superior, sostiene que las fallas más recurrentes en programas no acreditados están relacionadas con la planta docente; de hecho, muchos de los profesores de estas facultades no son de tiempo completo, no tienen estudios de posgrado y su producción académica e investigativa es escasa. A eso se suman los problemas de infraestructura física.
Luis Grubert, secretario de asuntos pedagógicos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), admite que la malla curricular de estas facultades se mantiene estática y no va al ritmo del conocimiento; no obstante, se queja de que el Gobierno sólo califique a los estudiantes al egresar, en lugar de supervisar permanentemente los currículos. Este panorama explica el hecho de que el Ministerio de Educación haya puesto en marcha un proyecto de acompañamiento para las 18 licenciaturas que han tenido dificultades para renovar su registro calificado.
Hay atraso
Julián de Zubiría insiste en que estas facultades "tampoco se han adecuado a los cambios que está pidiendo la sociedad, y aun cuando siguen con currículos similares a los de hace 20 o 30 años, a sus estudiantes los someten a las nuevas pruebas de Estado".
Daniel Bogoya, exdirector del Icfes, coincide en la necesidad de introducir reformas; afirma que si bien muchos licenciados tienen gran capacidad pedagógica, les falta un desarrollo disciplinar más profundo, pues esta debilidad hace que algunos colegios prefieran contratar, en lugar de licenciados, a profesionales; los planteles consideran que estos tienen un mejor dominio del campo y que pueden desarrollar habilidades en educación con cursos de pedagogía.
Alumnos con carencias
Las facultades de Educación afirman que sí han renovado sus currículos, que deben lidiar con estudiantes que llegan con muchas carencias de la educación media y que el Gobierno ha roto los canales de comunicación con ellas. Myriam Ochoa, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia, indica que "les viven cambiando" los requisitos para formar a los docentes. "Tenemos que aceptar que hay desigualdades en la formación que estamos empeñados en atender. Hay que fortalecer en nuestros estudiantes sus competencias en el manejo de una segunda lengua y de las TIC", afirma el rector de la Universidad Pedagógica, Juan Carlos Orozco.
Carlos Arturo Sandoval, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofame), afirma que la mayor parte de las facultades sí han hecho un trabajo de renovación curricular y no tiene validez señalar que los currículos son viejos. William Castrillón, decano de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital, admite que es necesario revisar currículos, pues muchos de ellos no miran realidades sociales.
Jóvenes con falencias en lectoescritura, pensamiento crítico, matemáticas e interacción cultural, que en su mayoría vienen de sectores socioeconómicos bajos y con poca convicción de ser docentes, es el perfil de quienes están llegando a muchas licenciaturas.
Daniel Bogoya, exdirector del Icfes, aclara, por su parte, que la capacidad académica de los estudiantes de las carreras de educación es sensiblemente menor que la de quienes optan por carreras profesionales. Los más talentosos -sostiene Hugo Ñopo, investigador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- optan por carreras que exigen puntajes más altos y son más prestigiosas y lucrativas.
Mal en lectura crítica
En las pruebas Saber Pro de 2011 sólo el 17 por ciento alcanza niveles aceptables de inglés, un 43 por ciento lo logra en escritura, en lectura crítica apenas un 14 por ciento obtiene puntajes altos y en razonamiento cuantitativo sólo el 9 por ciento tiene un muy buen desempeño. Entre los programas de educación superior con más bajos resultados en pensamiento crítico en las pruebas de 2010 hay 19 programas de licenciatura y en comprensión lectora hay tres licenciaturas en los últimos lugares. Al comparar los desempeños de los estudiantes de licenciaturas acreditadas con las no acreditadas, los primeros obtienen mejores resultados en general.
ANDREA LINARES
Redactora de EL TIEMPO
Ser maestro oficial, una profesión que está en crisis
El Tiempo, 21 de junio de 2012
Los profesores enfrentan bajos salarios, problemas laborales y pobres desempeños académicos.
Los universitarios que están a punto de convertirse en la nueva generación de docentes que formarán a millones de niños de colegios públicos del país tienen, de acuerdo con los resultados de las últimas Pruebas Saber PRO (2011), pobres desempeños en áreas fundamentales para su labor, como la comprensión de lectura.
Este no es, a juicio de este examen que mide las competencias genéricas de los universitarios que están por graduarse, el único aspecto en el que muestran debilidades preocupantes. También tienen pobres resultados en inglés (solo el 17 por ciento alcanza niveles aceptables) y en la capacidad para resolver problemas sencillos con números. (Lea también: 'Se necesitan estímulos para que sea más atractivo ser profesor').
"Los datos no son una sorpresa. De los desempeños mostrados en las pruebas del 2009 por estudiantes de 43 carreras y programas, en el área de comprensión lectora, siete especialidades docentes clasificaron en los últimos diez lugares", dice Hugo Ñopo, investigador del Banco Interamericano de Desarrollo. (Siga este enlace para ver el video: 'Soy docente por vocación, no por obligación' Lucy Torres).
Un panel de expertos en el tema, convocado por EL TIEMPO, concluyó que estos bajos desempeños obedecen a múltiples causas, ligadas, incluso, al perfil general de los docentes y estudiantes de licenciatura y pedagogía.
En Colombia los jóvenes que optan por la carrera docente no son, a juicio de los investigadores, los de mejores desempeños académicos. Los más "talentosos", sostienen, optan por carreras que exigen puntajes más altos, son de mayor prestigio y pueden ser más lucrativas.
Ñopo advierte, por ejemplo, que en comparación con técnicos o egresados de otras carreras, los maestros están subpagados: "Un profesional con experiencia devenga, en promedio, 80 por ciento más que un recién egresado de su carrera. Eso no pasa con los docentes. Su progresión salarial, durante la vida laboral, es mínima".
Preocupan desempeños
Aunque Colombia es un país acostumbrado a los bajos resultados en educación, hay una creciente preocupación por lo que ocurre con los futuros docentes, no solo porque su papel es vital en el éxito o el fracaso escolar de sus estudiantes, también porque el cumplimiento de las más ambiciosas metas educativas del país depende en buena medida de su labor.
De acuerdo con el plan Educación de calidad, el camino para la prosperidad, que establece los objetivos que se deben cumplir en esta materia para el 2014, el 25 por ciento de los niños de quinto de primaria del sector oficial deben haber mejorado su desempeño en las Pruebas Saber, que miden competencias en lenguaje, matemáticas y ciencias.
Además se busca que para ese año, uno de cada cuatro nuevos bachilleres esté en capacidad de comprender y expresarse en inglés, algo que hoy no ocurre. Según el estudio 'El bilingüismo en los bachilleres colombianos (2012)', del Banco de la República, menos del 2 por ciento supera el nivel preintermedio.
Para investigadores como Julián de Zubiría, es utópico pensar en el cumplimiento de metas como la del bilingüismo en tan corto tiempo, no solo por la regular calidad de los futuros docentes, también por las condiciones actuales del profesorado.
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, ha manifestado su preocupación por los bajos resultados mostrados por los maestros: "En la última evaluación para escalafonar a los docentes, solo el 18 por ciento de los evaluados alcanzaron niveles aceptables de desempeño", dijo la Ministra durante la presentación de dichas pruebas.
Docentes necesitan mayores estímulos
Cerca de 200 mil maestros protestaron ayer por la falta de recursos para el sector, la intervención de los privados en el manejo de la educación pública y el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno, entre estos el incremento salarial del 5 por ciento.
Estos problemas, según Senén Niño, presidente de la Fecode, se suman a las duras condiciones laborales de los docentes. Afirma que trabajan con cursos de 45 niños, bajo amenazas en zonas de conflicto y con pocos estímulos salariales.
"Los nuevos educadores enfrentan inestabilidad laboral y faltan ascensos en el escalafón. No hay estímulos reales para quienes laboran en zonas apartadas", dice.
Desmiente que el gremio solo se haya dedicado a reivindicar derechos laborales y salariales, como dicen los críticos, y afirma que para mejorar la calidad se requieren docentes con reconocimiento social, bien pagados y con un escalafón que estimule el estudio.
'Sí ha habido renovación curricular en las facultades'
Carlos Arturo Sandoval, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade), responde a las críticas sobre la formación docente.
¿Están desactualizados los currículos de sus facultades?
La mayor parte de facultades afiliadas a Ascofade han hecho un trabajo de renovación curricular importante; la ley nos ha exigido la actualización de currículos en número de créditos y de propuestas de titulación. No es válido decir que los currículos están anquilosados. Además, se han creado programas de formación avanzada en doctorado, que se traducen en una alternativa de mejoramiento de las cosas que se hacen.
Los resultados de las pruebas Saber Pro son preocupantes...
Suelen sacarse juicios de valor a partir de un agregado de datos del conjunto de facultades, sin distinguir entre acreditadas y no acreditadas... A las acreditadas nos va bien.
¿Cuál es el perfil de los docentes que se forman?
Tenemos un vacío grande en la procedencia de muchos de los maestros, lo que hace que su propia condición socioeconómica la tengamos que sufrir con procesos de formación más profundos. La mayoría de quienes acceden a la carrera docente vienen de sectores medios y bajos.
¿Cuáles son las fortalezas de los licenciados?
A diferencia de un profesional que no ha sido formado para ser docente, el licenciado tiene elementos técnicos, conceptuales, metodológicos y prácticos para adecuar la enseñanza a las características de los niños y a su contexto.
¿Y las facultades?
Hay que hacer revisión de escuelas
El panel de expertos consultados concluyó que es urgente hacer una revisión profunda de las facultades que forman a los maestros, muchas de las cuales, dicen, enseñan igual que hace 20 años.
Juan C. Orozco, rector de la Universidad Pedagógica, no solo reconoce debilidades en este campo que hay que corregir; también, que hay problemas con la valoración social de la profesión y el reconocimiento salarial, lo cual no disuade a los jóvenes de optar por la docencia. "Nos llegan aspirantes de estratos bajos, con deficiencias en términos de capital cultural y simbólico, lectoescritura y pensamiento crítico, con los que hay que hacer esfuerzos adicionales de formación".
Panel de expertos e investigadores: Julián de Zubiría, impulsor del Movimiento Pedagógico por la Calidad de la Educación; Hugo Ñopo, investigador del BID; Alfredo Sarmiento, economista e investigador; Francisco Cajiao, subsecretario de Educación de Bogotá; Gabriel Torres, investigador y experto en educación, y Gabriel Restrepo, investigador de la Universidad Nacional.
ANDREA LINARES GÓMEZ
SONIA PERILLA SANTAMARÍA
REDACCIÓN VIDA DE HOY
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Sobre el informe del lucro: opiniones personales
Nuevas opiniones sobre un tema que previamente hemos comentado aquí y aquí.
José Joaquín Brunner por informe sobre lucro: ''No es para nada conclusivo''
Clic para Oir el audio de esta nota
José Joaquín Brunner, profesor e investigador del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la U. Diego Portales, comentó en ADN Hoy el informe de la comisión de la Cámara de Diputados, que estableció que diversas universidades privadas cometen lucro.
"Es un instrumento que forma parte del debate actual, pero no es para nada conclusivo, y habrá que ver primero cómo termina su tramitación dentro de la Cámara de Diputados, y qué es lo que hacen otros organismos, como la Fiscalía o el Consejo de Defensa del Estado", sostuvo.
"Sabemos que hay una débil regulación, sabemos que hay poca transparencia en el sistema de educación superior, y tendremos que esperar ahora para formarnos una idea definitiva, sobre todo cuando se indica particularmente a determinadas instituciones, qué es lo que exactamente lleva a este tipo de conclusión", afirmó Brunner.
El ex ministro Secretario General de Gobierno advirtió en ADN Radio Chile que "hay malas prácticas que han podido subsistir porque no se quiso, oportunamente, mejorar el conjunto de las regulaciones que el sistema tiene".
Brunner recordó que "el gobierno dio un paso interesante, que no se ha mencionado suficientemente estos días, que fue pedirle a todas las instituciones información económica detalladísima" que deben entregarla "hasta el 29 de junio. Yo creo que ahí, por primera vez, va a haber un cuadro muy completo de cómo funciona realmente la economía y finanzas de cada una de las instituciones".
No descarta citar a declarar a los rectores de las universidades
Fiscal Nacional abre investigación ante denuncia criminal por lucro en universidades
Sabas Chahuán se reunió hoy con un grupo de diputados de la comisión investigadora del lucro en la educación superior. Tras el encuentro, aseguró que está evaluando nombrar a un fiscal preferente debido a la "magnitud de los eventuales delitos".
por El Mostrador, 21 de junio de 2012
Debido a la “magnitud de los eventuales delitos” que podrían establecerse a partir de la denuncia criminal presentada al Ministerio Público por los diputados de la comisión investigadora del lucro en la educación, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, decidió abrir una indagatoria para esclarecer los hechos.
“Se ha hecho formalmente una denuncia criminal y como toda denuncia la fiscalía tiene que investigarla con un afán claro y dilucidar si existe un delito penal o no existe: Lo que sí está claro es que se va a investigar acuciosamente”, sostuvo.
Agregando que por “la magnitud de los eventuales delitos que se deben investigar creo que debería ser un fiscal preferente (el que lidere el caso) y para ello hablaré con el fiscal regional que corresponda”.
“La comisión ha hecho una denuncia que aún no he leído y en general me han hablado más del problema que de los responsables (…) ha diagnosticado el problema y ha mencionado como ejemplos algunas instituciones, pero la fiscalía va a investigar los hechos y no indaga con predisposición alguna”, precisó Chahuán.
Consultado por la posibilidad de que pueda en el futuro citar a declarar a los rectores de las universidades denunciadas, recalcó que todos los ciudadanos podemos ser citados a este tipo de diligencias. “Es importante, se nos está haciendo una denuncia concreta por supuestos ilícitos. Si no hay delito la fiscalía lo va a decir y si hay delito penal eso se va a formalizar ante tribunales. Lo importante es que se va a investigar”, concluyó.
“Informe es poco serio”
Quien también se refirió al mencionado informe fue el decano de la Facultad de Gobierno y director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán.
En el programa “El Primer Café” de Radio Cooperativa, el directivo sostuvo que el documento “es tan poco serio que se hacen imputaciones al voleo, se hacen afirmaciones de materia muy general con prácticamente un solo antecedente como fuente, y se hacen planteamientos incendiarios”.
“El informe sólo trata tres casos concretos, y se anuncian —no se nombran— cinco casos más, entonces, ¿de qué estamos hablando?”, indicó el también consejero del Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI.
“Las conclusiones son más grandes que los antecedentes propiamente tales: si el documento tiene 50 páginas, hay más de 30 de conclusiones, y es raro escribir de esa manera”, indicó.
Según el decano de la Universidad del Desarrollo, en el informe “hay confusiones: tratan primero a una universidad de privada y después de pública, como es el caso de la Universidad de Concepción, errores conceptuales de ese tipo”.
“Es una cosa impresionante cómo está mal escrito, se ponen cosas pegadas unas con otras, parece más un informe extraído de Ciper —que es un muy buen centro de investigación, pero pareciera que copiaron todo eso—, entonces nos podrían haber dicho que fuéramos directamente a internet”, concluyó el economista.
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Junio 20, 2012
Tras el informe de la Comisión de la Cámara de Diputados sobre el lucro en la educación universitaria
Continuan las reacciones referidas al informe entregado por la Comisión Investigadora del Lucro en las universidades de la Cámara de Diputados.Opiniones de diputados miembros de la Comisión, de la Presidente de la Comisión, del Ministro de Educación, de diputados opositores, de rectores de universidades aludidadas en el Informe, Federaciones de Estudiantes de universidades privadas, CONFECH y nuevo reportaje de CIPER.
Bajar el Informe completo aquí
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Mi opinión entregada ayer 19 de junio 2012 en entrevista con Pilar Molina, Radio Agricultura, Podcast desde el minuto 32 en adelante.
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Diputados piden fiscal exclusivo para investigar lucro en universidades
Presidenta de la comisión investigadora, Alejandra Sepúlveda, dijo que el trabajo de esta instancia "no sólo va a ser votado en la Cámara" sino además debe tener "continuidad en un proceso en tribunales".
Martes 19 de junio de 2012| por Nación.cl - foto: UPI
Un fiscal de disposición exclusiva para que investigue los casos de lucro en la educación superior pidieron al Ministerio Público los diputados PRI y opositores que conforman la comisión que investigó durante 7 meses el financiamiento de estas entidades.
La instancia investigadora –con los votos en contra de los diputados de la Alianza- determinó que hay sospechas fundadas contra la Universidad de las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, AIEP, Santo Tomás, Uniacc, del Desarrollo y del Mar.
Tras una reunión con los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) Gabriel Boric, Noam Titelman y Camila Vallejo, la presidenta de la comisión Alejandra Sepúlveda (PRI) sostuvo que el trabajo realizado "no sólo va a ser votado en la Cámara" sino además debe tener "continuidad en un proceso en tribunales".
Acompañada de sus colegas Mario Venegas (DC) y Cristina Girardi (PPD), Sepúlveda dijo que "el ministro (Harald) Beyer tiene la obligación de fiscalizar todas las universidades, y con mayor razón las universidades privadas. Él no necesita tener ninguna denuncia para ejercer su función. El ministerio tiene que velar no sólo por los recursos públicos sino por todas las personas que están representadas a través de la Confech y también de los estudiantes de las universidades privadas".
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Sepúlveda (PRI): “El lucro es legítimo en una empresa, no en una universidad”
La diputada enunció entregarán los resultados de la comisión investigadora a la fiscalía.
por El Mostrador, 20 de junio de 2012
La presidenta de la comisión investigadora especial sobre el lucro en las universidades de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, comentó los resultados obtenidos tras siete meses de indagatoria, señalando que los establecimientos que cometen irregularidades —que les permiten lucrar pese a que la ley se los impide— son: U. de las Américas, U. Andrés Bello, U. Viña del Mar, U. Santo Tomás, Uniacc, U. del Desarrollo, U. del Mar y AIEP.
Al respecto, sostuvo que el “esperar ganancias por la actividad que se desarrolla es legítimo en las empresas, pero no en las universidades”.
En entrevista con Radio Cooperativa, la legisladora del PRI aseguró que “se puede esperar retorno económico por la actividad que uno hace, pero no en una universidad. En una empresa está bien. En la universidad si tienes utilidades, que es absolutamente lógico, lo tienes que reinvertir en la universidad. No lo sacas para beneficio del directorio o de los dueños. Eso puede ser legítimo en una empresa, pero no en una universidad”.
“Hay universidades que fueron compradas por grupos económicos, lo que hace preguntarnos por qué grupos económicos que hacen inversiones en otro tipo de negocios que sí permiten lucrar compran universidades que no permiten el lucro. Y hay otras en que están detrás las sociedades espejo con fondos de inversiones, inmobiliarias y que les traspasan sus recursos en términos de arrendamiento o externalización de servicios relevantes de la universidad”, explicó Sepúlveda.
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Beyer ningunea informe de comisión investigadora sobre lucro de universidades y afirma que no tiene sustento. Dijo que "tenemos que actuar sobre la base de denuncias serias"
"Entendemos que hubo planteamientos respecto de que habría eventual lucro, pero nosotros no hemos recibido ninguna denuncia concreta, formal, que nos permita validar ese tipo de denuncias", señaló el ministro sobre el documento al que tuvo acceso El Mostrador, y que contiene las declaraciones de su antecesor Felipe Bulnes, quien afirmó que no podía "dar fe" que las instituciones de educación superior efectivamente cumplieran con la ley.
El Mostrador, 19 de Junio de 2012
Poco crédito le dio el ministro de Educación, Harald Beyer, al informe que emitió la comisión investigadora sobre el lucro en las universidades y que identificó a varios planteles que estarían vulnerando la ley.
“Entendemos que hubo planteamientos respecto de que habría eventual lucro, pero nosotros no hemos recibido ninguna denuncia concreta, formal, que nos permita validar ese tipo de denuncias”, afirmó el secretario de Estado respecto del documento que menciona los casos de las universidades Santo Tomás, del Desarrollo, Uniacc, Las Américas, Andrés Bello, del Mar, Viña del Mar y el instituto AIEP y al cual tuvo acceso El Mostrador.
Beyer enfatizó que “como autoridad, tenemos que actuar sobre la base de denuncias serias y no sobre afirmaciones que muchas veces no tienen mucho sustento” y señaló que el Mineduc, a través de su División de Regulación de la Educación Superior, se aboca a investigar todas las denuncias que recibe y aplica sanciones si éstas corresponden.
A modo de ejemplo citó el caso de la Universidad del Mar, la cual aseguró que está investigándose de manera “permanente” y que prueba de ello es que se dispuso de inmediato una auditoría académica.
El titular del Mineduc aprovechó también de resaltar el aporte de las instituciones de educación privada en el país. “En Chile el 75% de los estudiantes lo hacen en universidades no tradicionales, que han permitido aumentar fuertemente la cobertura”, aseguró, agregando que hay instituciones “muy valiosas” y otras que “han tenido problemas y nosotros estamos investigando y en los casos que lo amerite vamos a establecer sanciones”.
Lo que dijo Bulnes
Beyer se había referido al tema del lucro a comienzos de mayo cuando el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric lo emplazó públicamente por esta materia. “No hay universidades que lucren, de acuerdo a la ley”, respondió en esa oportunidad el secretario de Estado, en contraposición con una de las citas relevantes que recoge el informe de la comisión investigadora.
En la sexta sesión de la instancia parlamentaria, realizada el 12 de octubre del año pasado, el ex ministro Felipe Bulnes señaló, respecto a la normativa que prohíbe el lucro, que “esa ley tiene 30 años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente algunas de las universidades no la estén burlando. Incluso, es público y notorio —algunas personas se refirieron a ello antes de que surgiera esta polémica— que las universidades representaban un buen negocio, en el sentido de que, así lo entendí yo, era una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe”.
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Diputados no descartan acusación constitucional contra Beyer
Cristina Girardi aseguró que el titular de Educación "tiene una responsabilidad muy grande" en relación al lucro al interior de universidades.
por Fabiola Melo - La Tercera, 19/06/2012 - 12:58
Tras los resultados de la investigación de la Cámara Baja en relación al lucro en las universidades, diputados no descartaron que se presente una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer.
Así lo señaló la diputada Cristina Girardi, quien dijo que "uno de los elementos que vamos a presentar y que luego tenemos que discutir y votar, es la acusación constitucional". "Beyer tiene una responsabilidad muy grande", agregó.
Por su parte, la presidenta de la comisión investigadora, Alejandra Sepúlveda, agregó que "la acusación constitucional se estudió dentro de la comisión, sin embargo estamos hablando de 20 años", refiriéndose a la responsabilidad de los ministros que se desempeñaron en Educación durante los gobiernos de la Concertación.
Al respecto, Girardi acotó que "hay un notable abandono de deberes por parte del Estado que incluye desde los ministros de la Concertación hasta el actual ministro de Educación". "Todos sabían que se estaba lucrando con la educación, era evidente que había sociedades espejos, por lo tanto todos los gobiernos tienen responsabilidad respecto de no fiscalizar, de no modificar la ley, y no cumplir con su deber".
"Hay lucro", agregó, "y eso implica que hay un delito que debe ser sancionado".
El informe de la comisión de diputados fue revelado durante la tarde de ayer, y apuntó a que siete instituciones de educación superior estarían lucrando. Los antecedentes serán puestos a disposición de la Fiscalía, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, porque aseguraron que "hay fraude" y debe perseguirse el delito.
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Rectores de universidades privadas rechazan informe de comisión que las liga al lucro
Directores de planteles aseguran que estas instituciones “no se transan ni se venden”.
por Paula Césped, La Tercera, 20 de junio de 2012
Altos sueldos de miembros del directorio, sociedades espejo y venta de factoring. Esas fueron algunas de las acciones que detectó el informe entregado por la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior de la Cámara de Diputados y que permitirían encubrir el lucro en esta actividad. Una anomalía en que, según el texto, incurrirían al menos siete universidades, de acuerdo con los antecedentes que logró recabar el ente.
Algunos planteles criticaron las conclusiones de la instancia parlamentaria, que fue aprobada sólo por los siete integrantes de la Concertación, ya que los representantes de la Alianza se marginaron. Estos argumentaron que no existían antecedentes suficientes para denunciar a estas casas de estudios.
Desde la Universidad Uniacc, una de las aludidas junto a Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, Santo Tomás, Del Mar y Desarrollo, su rector, Juan Enrique Froemel, aseguró que no fue llamado para declarar en la investigación. Indica que esa casa de estudios fue puesta en venta y adquirida por el grupo Apollo en 2008. “Lo que se puede transar es la participación de los socios, pero no la universidad, porque es una corporación”, afirmó.
Agregó que Apollo nunca ha retirado utilidades del establecimiento. “La universidad desde 2008 no ha tenido utilidades. La firma Apollo ha gastado US$ 20 millones en contribuciones como equipamiento para la universidad”, explicó Froemel.
En tanto, el rector de la Universidad Andrés Bello, Pedro Uribe, declaró que “las universidades no se compran ni se venden. Sólo hay personas que forman parte del directorio o no”. Uribe precisó que la información definitiva se conocerá cuando se hagan públicos los informes financieros de los planteles. Estos deben ser entregados antes del 30 de junio.
La Universidad Santo Tomás también fue consignada en el informe, debido a que fue comprada por el fondo de inversiones Linzor Capital. En un comunicado, ese plantel valoró el esfuerzo de la comisión investigadora, argumentando que este tipo de estudios ayuda al perfeccionamiento del sistema nacional de educación con respecto a la calidad y cobertura. Asimismo, se mostraron disponibles para aportar con la investigación.
“Santo Tomás colaborará con las distintas autoridades respectivas, como siempre lo ha hecho, para consolidar un proyecto cuya misión y valores se sustentan en la calidad de la educación”, dijo el plantel.
La Universidad del Desarrollo declinó referirse al tema. La Tercera también consultó a las universidades Las Américas y Viña del Mar, sin obtener respuesta.
Por su parte, y requerido con respecto al informe de lucro en las universidades, el ministro de Educación, Harald Beyer, aseguró que “no hemos recibido ninguna denuncia formal”. Agregó que investigan y sancionan periódicamente a los planteles. “En el caso puntal de una universidad, donde recibimos una denuncia concreta estamos realizando una auditoría y vamos a seguir trabajando”, dijo Beyer.
Beyer rechaza congelar agenda educacional
Congelar la agenda legislativa de educación por 60 días, para hacer una pausa reflexiva sobre cambios profundos al sistema, es una de las conclusiones aprobadas el lunes por la comisión investigadora del lucro en universidades privadas, con los votos a favor de siete diputados de oposición y el de la parlamentaria PRI Alejandra Sepúlveda.
Sin embargo, la propuesta encontró la negativa del ministro de Educación, Harald Beyer. “No compartiremos esa disposición. Necesitamos aprobar proyectos que benefician a los estudiantes y futuros egresados”, afirmó el secretario de Estado. Además, agregó que la agenda de educación también se hace cargo de conclusiones levantadas por la comisión investigadora.
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Federaciones de Universidades Privadas llaman a movilización tras conocer informe que acusa lucro
El Dínamos, 19 de junio de 2012 - 19:08
Esto tras la constatación de la Comisión Investigadora que se estableció para estos temas, de que, al menos, en siete establecimientos se incurriría en lucro y fraude al Fisco representado en la compra y venta de universidades.
Los presidentes de las federaciones y agrupaciones de estudiantes de universidades privadas convocaron para el próximo jueves 21 de junio a una marcha de manifestación en contra de la “lógica mercantilista de la educación superior”.
Esto tras la constatación de la Comisión Investigadora que se estableció para estos temas, de que, al menos, en siete establecimientos se incurriría en lucro y fraude al Fisco representado en la compra y venta de universidades.
Asimismo, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UDP, Fernanda Sandoval, agregó que también se manifiestan “por nuevos espacios democráticos dentro de las distintas instituciones, ya que hoy día se prohíbe en muchas universidades poder formar orgánicas estudiantiles dentro de estos mismos espacios”.
En tanto, Sandoval realizó un llamado al Gobierno de que “tome conciencia de que es lo que está pasando en estas instituciones, de que los únicos afectados somos nosotros los estudiantes; de que acá se está lucrando en beneficio de unos pocos y en desmedro de los miles de estudiantes que hoy en día se están endeudando para poder estudiar”.
“La educación tiene que ser un derecho y el Estado tiene que garantizar la educación y es por eso que el Gobierno se tiene que hacer cargo de que personas del mismo Gobierno son parte de estas corporaciones en donde se está lucrando. Deben haber sanciones para estas personas”, enfatizó.
La convocatoria es a nivel nacional, donde ya han confirmado su participación las federaciones de la Región de Valparaíso, donde se esperan reunir en la Plaza Vergara de Viña del Mar; la Región de Antofagasta, Iquique y Magallanes.
Además invitaron a todos los estudiantes, “no sólo aquellos que pertenezcan a las Universidades no tradicionales para que salgan a las calles” este jueves como una antesala a la gran convocatoria que realizó la Confech para el 28 de junio.
La marcha de los estudiantes privados, parte en Portugal con la Alameda a las 11:00 horas, continúa por Blanco Encalada para luego terminar en Ejército con un acto cultural.
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Confech afirma que es hora que los empresarios de la educación paguen por infringir la ley
Tras conocerse los resultados de la comisión de diputados que detectó irregularidades en siete instituciones, los universitarios llamaron a que "el informe no se quede en palabras y hayan cambios que incidan en la estructura de la educación superior"
por Fabiola Melo - La Tercera, 19/06/2012 - 09:44
"Este informe abre las puerta por primera vez para que los dueños de las universidades que han estado violando las normativas sean penalizados con todo el rigor de la ley". Así el presidente de la Feuc, Noam Titelman se refirió al informe de la Comisión de Diputados que detectó irregularidades en siete instituciones de educación superior.
Su par de la Fech, Gabriel Boric señaló que "las conclusiones señalan de manera clara lo que los estudiantes venimos diciendo desde el año pasado: en Chile la educación es un negocio, ilegal, empresarios de la educación que están delinquiendo a costa de los sueños de miles de chilenos".
El líder de la Fech agregó que "la demanda de lucro, que se tildó como una consigna vacía, ideologizada, hoy día tiene víctimas con nombres y apellidos, tiene universidades y tiene responsables".
Asimismo, sostuvo que "lo que estamos pidiendo es algo tan básico como que se cumpla la ley en Chile. Hoy quien piratea un disco se puede ir preso, pero los empresarios de la educación que han lucrado a vista y paciencia de todos, no se les puede tocar con el pétalo de una rosa. Eso es inaceptable".
Ambos dirigentes concordaron además en que el informe no debe quedarse en palabras o guardado en un cajón de La Moneda, sino que debe incidir en cambios estructurales para la educación superior. "Hay quienes están encubriendo los delitos por medio de velo corporativo y es hora de develarlos, y que a rostro descubierto se enfrenten a la ley al igual que cualquier ciudadano", aseguró Titelman.
"Hay gente que tiene que responder, hay ministros que tienen que responder. El señor Larroulet, Lavín. No fue mencionada la Universidad Autónoma, pero sería interesante que también el Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, señalara la estructura financiera de la universidad", increpó Boric.
El presidente de la Fech aseguró también que ahora "de pedir a que se cumpla la ley, vamos a pasar a una nueva fase, que es pedir transformar la legislación. No nos vamos a quedar solo en la queja, sino que en avanzar hacia una transformación propositiva de la actual legislación chilena en materia de educación".
PROYECTO DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El líder de la Fech Gabriel Boric señaló que "el proyecto de superintendecia es impotente frente a los casos que acá se mencionan", por lo que hizo un llamado al gobierno a "escuchar a la comisión y que actúe en consecuencia y modifique el proyecto".
Asimismo, Titelman dijo que "luego de lo sucedido en la U. del Mar y este informe, es necesario empezar a hacer algo y no habamos de la superintendecia que tiene amarrada las manos, sino que de una institucionalidad que permita castigar a aquellos que están violando la ley".
La idea de los universitarios no es lejana a la propuesta de la propia comisión de diputados que investigó a las instituciones, ya que dentro de las recomendaciones está "que antes de seguir con las tramitaciones de los proyectos de ley que el gobierno está enviando al Congreso, solicitamos al gobierno que suspenda la tramitación por un periodo de 60 días".
Esto, con el objetivo de que entregue su posición formal frente a los resultados de la comisión y exponga una batería de medidas y proyectos destinados a mejorar la situación, ya que "el sistema de educación superior está demostrando sus deficiencias, abusos e inequidades y que no puede ser remendado sino que modificado".
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Lapidario informe parlamentario: Mineduc lleva décadas sin fiscalizar la educación superior
Por : CIPER en Actualidad y Entrevistas Publicado: 19.06.2012
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que fiscaliza el lucro en la educación superior ya tiene listo su informe final. CIPER accedió a las conclusiones del documento, donde los parlamentarios acusan que el Mineduc pasó décadas sin fiscalizar a las universidades “quebrantando con ello la fe pública en el Estado como garante de una educación de calidad para sus ciudadanos”. El reporte agrega: “analizados todos los antecedentes, esta Comisión concluye que no sólo existe lucro en la educación superior, sino que además, todo el marco normativo que regula el sistema no funciona”.
No solo hay universidades que demostradamente lucran; tan importante como eso es que ese lucro se ha hecho y se hace gracias a que el aparato fiscal renunció a fiscalizar y a hacer cumplir la ley que expresamente lo prohíbe. Estas son las dos principales acusaciones que contiene el informe que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el “Funcionamiento de la Educación Superior”, presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda, preparó luego de 24 sesiones y después de recibir –desde su creación en agosto de 2011– a más de 70 invitados entre los que no se contó ninguna universidad privada, no porque no las hayan invitado, sino que porque prefirieron no participar.
El informe, que será dado a conocer en las próximas horas y cuyas conclusiones CIPER adelanta en este artículo (ver conclusiones de los parlamentarios), recoge los casos de la venta a inversionistas internacionales de las universidades Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, Santo Tomás y Uniacc. El documento también describe las estructuras societarias que hay detrás de la Universidad del Desarrollo y la Universidad del Mar, explicando que se trata de una arquitectura de “sociedades espejo” a través de las cuales se puede trasgredir la prohibición expresa de que las universidades no deben lucrar.
Junto con eso, la Comisión acusa la indolencia con que ha actuado el Fisco frente al negocio de las instituciones de educación superior. Esta “industria”, como la llama el informe, funciona “cuasi totalmente desregulada” y tuvo en 2009 “un volumen de negocio del orden de 2,4% del PIB ($2,4 billones, de los cuales las familias financiaron $1,6 billones)”.
La desregulación de la industria, señalan los diputados, se debe esencialmente a la desaparición del Fisco como ente fiscalizador. La Comisión precisa que durante los 30 años que lleva de existencia el sistema de educación superior privado, ni el Ministerio de Educación ni la División Superior de Educación ni la Comisión Nacional de Acreditación han realizado “alguna fiscalización, auditoría o simple revisión en orden a determinar la existencia de fines de lucro en alguna de las instituciones que han lucrado con ventas millonarias o bien han dado a conocer lo ventajoso del negocio de la educación superior a través de estudios académicos, publicaciones y reportajes de investigación”.
En ese punto el informe se refiere, entre otros casos, a dos ventas de universidades que se difundieron públicamente: la compra que hizo en 2000 la empresa norteamericana Sylvan International Universities que adquirió la Universidad de Las Américas (UDLA) en US$ 26 millones; y la compra que la misma Sylvan – hoy se llama Laureate International- hizo en 2003, al adquirir el 80% de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB) en US$ 37 millones.
Ambas transacciones fueron comentadas en los medios de comunicación y Laureate las describió como “compras” y “adquisiciones” en sus informes ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, la agencia que tiene la responsabilidad principal de regular y hacer cumplir las leyes federales de valores (vea el reporte de Sylvan por la compra de UDLA en la página 17 y la compra de la UNAB en la página 49).
Ambos reportes han estado disponibles en la web, sin que el Ministerio de Educación, durante casi una década los haya mirado para pedir explicaciones respecto a cómo se vende y genera utilidades algo que según la ley no tiene lucro.
¿POR QUÉ NO INVESTIGARON?
En un reportaje de agosto de 2011 CIPER consultó a cuatro ex ministros de Educación de los gobiernos de la Concertación que estuvieron en ejercicio cuando estos balances estaban disponibles. ¿Por qué no investigaron?
Mariana Aylwin, ministra entre el año 2000 y 2003, señaló: “No es que no hayamos sabido que eso existió, yo creo que todos saben que existió, lo que pasa es que se ajustaba a la ley. Además, la información que llega al Ministerio se refiere a los cambios de estatutos, y aquí lo que hubo fue un cambio de socios. Y no hay en la legislación vigente la obligación de que se informe eso al ministerio. Es un tema muy difícil de fiscalizar, porque en rigor los traspasos que se hicieron cumplieron con la ley. No hubo retiro de excedentes sino que hubo cambio de socios, y la verdad es que en ese momento nuestra preocupación fundamental tenía que ver con crear un sistema de acreditación que resguardara la calidad”.
Sergio Bitar, jefe de la cartera entre el 2003 y 2005, afirmó: “En los análisis que hicimos no había forma legal de contener aquello. Hice varias denuncias públicas que había que detener esto porque estaba violando el espíritu de la ley. Incluso en un momento pensamos en hacer alguna acción judicial. Pero en ese tiempo la preocupación era la ley de acreditación de calidad y ampliar el acceso de los jóvenes a las universidades”. Y concluye: “No había bases legales para poder actuar, no había mucho sustento si no cambiábamos las leyes.”
Martín Zilic, quien asumió el 11 de marzo de 2006 y solo estuvo cuatro meses en el cargo, dijo que se reunió con todos los rectores de las universidades privadas para explicarles que “había que hacer un cambio de la legislación, porque hoy se estaba torciendo y trasgrediendo la ley en una forma legal. Hoy día sigue así. Esto no sólo le compete al ministerio, cualquier persona podría haber ido a los tribunales de justicia y haber dicho ‘mire sabe que…’ El problema es que la forma como se hace está muy bien pensada para evadir la ley”.
Yasna Provoste, quien estuvo dos años en esa cartera desde 2006, comentó: “Lo más probable es que esto haya quedado radicado en la División de Educación Superior y por lo menos a mí en ese momento no se me comentó nada. Además, durante mi período nosotros estuvimos radicados una buena parte de nuestro tiempo a la reforma legislativa en el Parlamento, producto de la derogación de la LOCE, entonces yo por lo menos no tuve conocimiento. Ni el jefe de la División de Educación Superior ni la subsecretaria me informaron porque tú comprenderás que el ministro no está viendo por Internet las cosas. No son esos sus canales de información habituales”.
Las explicaciones de los ministros son enfrentadas y contradichas por el informe de la comisión parlamentaria que insiste en que existan normas para fiscalizar el lucro y que esa responsabilidad recaía sobre los ministros de educación. “En opinión de la Contraloría y del ministerio de Justicia y de esta comisión investigadora corresponde al Mineduc ejercer este control”, dice el informe.
Pero el reclamo parlamentario no se detiene ahí: también se afirma que el Mineduc falló en exigir antecedentes a las instituciones para la transparencia del sistema. “El Mineduc no ha ejercido sus funciones legales en relación a solicitar, entre otros, los antecedentes a las instituciones de educación superior que deben entregar para la transparencia del sistema, por ejemplo, respecto a los conflictos de interés existentes y denunciados de los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, de las agencias acreditadoras, de la omisión de antecedentes de las dotaciones académicas, de sus recursos financieros, de infraestructura, de sus balances o de cuestiones relativas a publicidad engañosa”.
Los diputados agregan en su informe: “Esta Comisión Investigadora, una vez analizados los antecedentes y escuchados los planteamientos del Contralor General de la República, al Ministro de Justicia así como expertos en la materia, se formó la convicción que conforme a la ley y normativa vigente, es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar el correcto funcionamiento del sistema de educación superior en Chile, responsabilidad que no ha ejercido quebrantando con ello la fe pública en el sistema de educación superior y en el Estado como garante de una educación de calidad para sus ciudadanos y ciudadanas”.
LAS CRÍTICAS AL DISEÑO DEL SISTEMA
El abandono de las facultades fiscalizadoras produjo que se viera frustrada una gran oportunidad para el país. Según describe el informe, mientras se producía una “formidable expansión virtual de la universalización de la cobertura de la educación superior…” también creció el número de jóvenes endeudados “con títulos universitarios de muy bajo valor en el mercado laboral que no logran compensar el esfuerzo realizado hipotecando así la vida laboral de los jóvenes y sus familias que apostaron por una educación superior que respondiera a una anhelada movilidad social, lo que termina generando un sentimiento de frustración, impotencia y rabia”.
En las críticas al diseño general, la comisión repara también en una de las grandes paradojas del sistema chileno: a los jóvenes pobres el Estado no les dio una beca para estudiar, sino que optó por endeudarlos. “Las becas no son para los alumnos que más las necesitan, pues no cumplen con las exigencias de los 550 puntos en la PSU”. Por ello, el 14% del primer quintil (los más pobres) acceden a la PSU mientras que el 42% de los que tienen CAE son de ese quintil.
Esta constatación lleva a la comisión a sostener que la vía de solución pasa por hacer que el Estado haga su tarea. “El Estado ha tenido y tiene una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación, transgrediendo los principios de calidad, equidad, responsabilidad, integración y transparencia, todos ellos inspiradores del sistema educativo chileno, según la Ley General de Educación”.
Aunque no están contenidas en el documento al que tuvo acceso CIPER, el informe de la Comisión incluye cerca de 50 propuestas para “modificar sustantivamente” el sistema de educación superior, “de modo tal que se le pueda garantizar a todos nuestros jóvenes una educación superior de calidad, a costos razonables de financiamiento mixto y dónde no haya joven en Chile con capacidad y deseos de estudiar que quede fuera del sistema por falta de recursos para ello”. El detalle de esas propuestas debería conocerse en cuanto la Cámara haga público el informe íntegro en las próximas horas.
El texto cierra con una petición al gobierno que a la vez es un desafío: “Antes de seguir con las tramitaciones de los proyectos de ley que el gobierno está enviando a este Congreso y, a la luz de 30 años de vigencia de un sistema de educación superior que está demostrando sus deficiencias, abusos e inequidades, solicitamos al gobierno que suspenda la tramitación de los proyectos de ley que están en el Congreso por un período de 60 días y que, en el mismo plazo, entregue su posición formal a cada una de estas propuestas y toda su batería de medidas y de proyectos de ley destinados a mejorar el sistema de educación superior para el Chile del mañana”.
Posted by jjbrunner at 05:32 PM | Comments (0) | TrackBack
Junio 19, 2012
Cámara de Diputados: Informe sobre el lucro
Discusión sobre el lucro en instituciones de educación superior da un paso adelante con informe de la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga la materia.
Documento denuncia que existen antecedentes sobre siete casas de estudio: Informe de la Cámara revela ocho formas de lucro en universidades
Ventas, sociedades espejo, altos sueldos y alza de aranceles son algunos mecanismos. Oficialismo rechazó el texto, asegurando que no hay antecedentes suficientes para apuntar a planteles específicos.
Macarena Toro Valdivia , El Mercurio, 19 de junio de 2012
"Analizados todos los antecedentes, revisadas las declaraciones y los informes tenidos a la vista por esta Comisión Investigadora, se concluye que no sólo existe lucro en la educación superior, sino que además todo el marco normativo que regula el sistema de educación superior, en especial respecto del cabal cumplimiento del requisito establecido en la ley respecto al lucro, no funciona".
Más de siete meses de trabajo, con 50 entrevistados y decenas de documentos dieron forma ayer al informe final de la comisión investigadora del lucro en universidades, texto de 400 páginas, de las cuales menos de 20 encendieron la polémica.
La última sesión de la comisión partió a las 11:00. Al mediodía, los diputados oficialistas se retiraron de la sala, acordando que a las 15:00 sería la votación. Finalmente, recién pasadas las 18:00 horas, los diputados salieron para comunicar la votación.
Con siete votos a favor (de la oposición) y seis en contra (de la Alianza) se aprobó el texto que revela las técnicas con que las universidades lucrarían y que además expone antecedentes sobre siete planteles (ver recuadro). Fue esto último lo que imposibilitó el consenso: los diputados oficialistas se opusieron a que en el informe se consignaran las siete universidades sobre las que hay antecedentes de eventual lucro.
"Por primera vez se ha levantado información que no se conocía sobre el funcionamiento de la educación superior, pero hay que actuar con mucha responsabilidad (...) lo que nosotros hemos planteado es que no tenemos los antecedentes que nos permitan afirmar que en esas instituciones hay lucro", dijo Romilio Gutiérrez (UDI).
Argumento rechazado por la presidenta de la comisión, Alejandra Sepúlveda (PRI): "Hemos hecho un trabajo serio y no sólo se van a hacer públicas las conclusiones, sino también las sesiones y fundamentos que se entregaron para colocar cada uno de los nombres que aparecen".
Los diputados analizan llevar los datos al fiscal nacional, Sabas Chahuán, para que inicie una investigación por presunta violación a la ley y posible fraude al fisco si se acredita que parte del lucro se logró con recursos públicos.
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INTERROGAN A EX PRESIDENTE DE LA CNA
Durante seis horas, y como imputado, declaró en la Fiscalía Oriente el ex presidente (s) de la Comisión Nacional de Acreditación Luis Eugenio Díaz. Los fiscales le preguntaron sobre su relación y asesorías a universidades mientras ejerció el cargo. Díaz podría ser formalizado por negociación y eventual cohecho.
Mecanismos consignados
1. Compra y venta
Operaciones con grupos económicos nacionales o extranjeros. El informe afirma que hay antecedentes de esta práctica en la U. de Las Américas, U. Andrés Bello y U. de Viña del Mar (todas del grupo Laureate), además de la U. Santo Tomás (fondo de inversiones Linzor Capital) y la Uniacc (comprada por el grupo Apollo).
2. Matrícula y aranceles
Se aumentan, mientras se minimizan los costos de operación, "sacrificando calidad en la actividad académica y manejo financiero".
3. Salarios en el plantel
Sólo en universidades "se pueden pagar sueldos más altos que en las demás empresas a personas relacionadas, sin sufrir consecuencias tributarias negativas".
4. Sociedades espejo
Como las utilidades de las universidades no pueden retirarse, se "externalizan servicios" a empresas que sí pueden distribuir sus ganancias. También ocurriría que los planteles pagan los sueldos de los ejecutivos de esas firmas. El informe afirma que hay denuncias por esto sobre la U. del Desarrollo (Inmobiliaria Ainavillo) y U. del Mar (Inmobiliaria del Mar, Terramari; e inversiones Rancagua, Doña Teresa, La Serena, Los Placeres y Valaparenas).
5. Familiares
Se incorporan en el directorio o las empresas paralelas "con el objeto de repartir un mismo ingreso eventualmente alto", disminuyendo su base imponible.
6. Cartera de deudores
La universidad puede venderla a una empresa de factoring relacionada a sus fundadores. Así, el plantel queda sin deuda y la empresa señala la cartera como un "gasto necesario para producir la renta".
7. Donaciones
Las empresas relacionadas hacen aportes para permitir que la institución se siga expandiendo.
8. Pagos a terceros
Se ejemplifica con los royalties , patentes "u otros conceptos a nacionales o extranjeros".
Dirigentes de la Confech piden que "haya cambios"
Llegaron en la mañana y en la tarde. Pidieron entrar para escuchar a los parlamentarios y, como no fue posible, esperaron afuera. Sólo al revelarse el informe de la Cámara los voceros de la Confech quedaron más tranquilos. "La demanda, que ayer se tildó de ideologizada y vacía, hoy tiene víctimas con nombres y apellidos. Queremos que este informe, que es bastante contundente, no se quede sólo en palabras, sino que haya cambios", afirmó el presidente de la FECh, Gabriel Boric.
Asimismo, Noam Titelman, de la FEUC, calificó como "básico" que, después de 20 años, recién exista un informe que pida que se respete la ley. "Esto no es culpa del ministerio (de Educación) actual, pero sí ha recaído en ellos la oportunidad de hacer algo al respecto y ese es el llamado que queremos hacer". Para mañana, los secundarios llamaron a una marcha, a la cual se sumarán los estudiantes de la educación superior.
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Diputados entregan informe sobre lucro en la educación superior
por Carolina Araya, La Tercera, 19 de junio de 2012
Partieron la discusión a las 11.00 y recién concluyeron pasadas las 17.00. La Comisión Investigadora sobre la Educación Superior, conformada en agosto de 2011, terminó de sesionar ayer, con un informe final que sólo aprobaron siete de los 13 diputados que participaron en ella.
Según las conclusiones del documento, el Estado ha fallado en su rol como ente fiscalizador de los planteles. “En 30 años de existencia del sistema de educación superior privado jamás ha habido alguna fiscalización, auditoría o simple revisión en orden a determinar la existencia de fines de lucro”, dice el texto.
También se señala que durante los gobiernos de la Concertación hubo un aumento en la cobertura, sin asegurar “los elementos indispensables para que este acceso fuera exitoso”.
Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales del informe, y también uno de los que generó mayor discusión, es el que señala cuáles son las instituciones que lucran. Según el texto, se pudo establecer en ocho planteles dos formas de lucro: por compra y venta de universidades, y por la relación que tienen con sociedades inmobiliarias (sociedades espejo). Aunque, según la misma investigación, no se descarta “que esta sea una práctica generalizada en la industria de la educación superior del país”.
“Fueron denuncias que recibimos por distintos medios”, dijo la diputada por el PRI Alejandra Sepúlveda.
En tanto, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Romilio Gutiérrez, señaló que “no estamos de acuerdo (los parlamentarios de la Alianza) en que se mencionaran instituciones, porque según las intervenciones del contralor, del ministro (de Educación) y del jefe de la División de Educación Superior no había antecedentes suficientes para considerar que había lucro”.
Comisión investigadora del lucro: al menos 5 universidades vulneran la ley
En votación dividida, de 7 votos a favor y 6 en contra la Comisión investigadora especial sobre el lucro aprobó el informe en que se publican las instituciones que vulneran la ley que les impide lucrar. Entre ellas las universidades de las Américas, Viña del Mar, Santo Tomás, del Mar y Andrés Bello.
Lunes 18 de junio de 2012| por Nación.cl
El informe que mantuvo dividida la comisión investigadora después de siete meses de trabajo, resolvió entregar los nombres de las instituciones que vulneran la ley que les impide lucrar en la educación superior, buscando resquicios para burlar la normativa. El informe ahora deberá ser debatido en sala y los antecedentes serán entregados al Ministerio Público, Mineduc y al Consejo de Defensa del Estado.
La comisión investigadora determinó que hay sospechas fundadas por compra y venta de universidades en el caso de la U. de las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, AIEP, Santo Tomás y Uniacc. y por usar el mecanismo de sociedades espejos, las Universidades del Desarrollo y del Mar.
Los parlamentarios llegaron a la convicción que en las instituciones investigadas existe el lucro y usan mecanismos como elevados sueldos a ejecutivos dueños de las universidades, triangulación de dineros a las inmobiliarias que también les pertenecen, principalmente a través del pago de arriendo y la externalización de servicios relevantes.
Entre las medidas que propone el informe está una reforma constitucional donde se establezca que la educación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado.
"Las propuestas legislativas apuntan a modificar el modelo completo, desde la Constitución hasta regular, realmente, contar con un sistema de Educación Superior que asegure que haya Educación Pública Superior de calidad, primero; segundo, que solo el Estado puede colaborar con aquellas instituciones que realmente van a cumplir con los estándares de calidad y que no puede hoy día seguir entregándose financiamiento a diestra y siniestra sin que se cumplan con los mínimos estándares para funcionar como institución de Educación Superior", señaló la presidenta de la Comisión Alejandra Sepúlveda.
Boric emplaza a ministros Lavín y LarrOulet
El presidente de la FECH, Gabriel Boric, sostuvo que "una persona que piratea un disco se puede ir preso, pero estos empresarios de la educación que han lucrado ilegalmente, a vista y paciencia de todas las autoridades, no se les puede tocar con el pétalo de una rosa, eso es inaceptable" y emplaza a las personas responsables de esta ilegalidad, aludiendo a "ministros que van a tener que responder, el señor Larroulet, el señor Lavín. No fue mencionada la Universidad Autónoma, pero también sería interesante que el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, señalara cuál es la estructura financiera de la universidad. Y de pedir que se cumpla la ley, hoy vamos a entrar a una segunda fase, que es transformar la legislación".
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Un MOOC (massively open online course) con 400 mil alumnos desde Stanford

Las cosas que están por venir ya empiezan a aparecer.
Social Network for Class of 400,000
By Elise Young, Inside Gigher ED, June 19, 2012 - 3:00am
Stanford University began sharing recordings of events and faculty presentations on iTunes U in 2005, and since then it has steadily increased its online offerings. With the launch of the updated iTunes U app in January, Stanford began to offer supplemental materials, such as assessments, quizzes and exams, with its 13 courses.
And this summer, for the first time, Stanford is adding another component to one of its online courses -- interaction with other students.
Brent Izutsu, senior program manager for Stanford on iTunes U, said the updated app, which allows universities to post supplemental materials along with lecture videos, allowed the university to present a much fuller course experience, but not a complete one: “What was missing from that -- and it still is kind of missing from that from the Apple point of view -- is social interaction,” he said. “We think that’s a really important part of the learning experience.”
So Stanford is partnering with Piazza, a free program that allows students to interact with professors, teaching assistants and other students in real time, to allow online subscribers to one of its computer programming courses the opportunity to ask questions and discuss the material.
The course, iPad and iPhone Application Development, is the most popular of Stanford’s 13 iTunes U offerings, with more than 400,000 subscribers to the fall 2011 set of videos. The course, taught by Stanford Professor Paul Hegarty, already uses Piazza for its on-campus students, Izutsu said. The course is one of Stanford's many experimental MOOCs (massively open online courses), he said. Stanford also offers courses through Coursera, a company which provides MOOCs internationally.
“It would be a good fit and an interesting experiment to see how that would translate to the broader online audience,” he said. “What we’re kind of interested in is to see if there really is an interest to take the course with a cohort of their peers and see how much richer that experience could be.” Izutsu said he expected to see additional interest in the program with the addition of the social learning component.
He said Stanford has offered the course on iTunes U for a few years and has seen ad hoc groups, such as Google groups, surface for students to connect. “Now we’re providing a more central place where they can do that, along with getting the assistance from course facilitators to provide additional interaction.” Izutsu said the course organizers are not planning on splitting the massive amount of students into subgroups, but the option has not been ruled out if they end up seeing a need for smaller discussion groups.
Course facilitators -- essentially teaching assistants -- will moderate discussion on Piazza and answer students’ general questions. Izutsu said students will be encouraged to use those general answers to figure out assignments, but they can pose more specific questions to their peers as well. He said Hegerty will not participate in the online course’s Piazza discussions.
Pooja Sankar, founder and CEO of Piazza, said the program has been engineered to handle classes of 100,000 students. Class sizes for the online programming course might be much larger than that, as enrollment for the last iteration of the course exceeded 400,000 students. But Sankar remained confident that the system will be able to maintain its normal functions with such a potentially large amount of users: "We're really confident that the way we have architectured the system, we can maintain that dynamic real time aspect of Piazza for even very, very large classes."
This summer will mark the first time an institution has included a social learning component in an iTunes U course offering.
Sankar said she’s excited about the opportunities that will follow from introducing Piazza to the growing market for online courses: “Why I think this one pilot with Stanford and iTunes U is very promising and very powerful is it’s an indicator of what can happen when you think of taking all that content that is available,” she said, adding that she thinks interest in using Piazza will increase after the pilot program. “This will be an indicator to many other institutions and professors that they can do the same thing now with their class materials.”
Depending on the success of the pilot program, Stanford will look at adding more courses to iTunes U that use social learning. “We’ve already been in talks with some other faculty who are very interested in perhaps doing this down the road,” Izutsu said. “We’re trying to see how this works over the summer and then reevaluate it afterwards -- right now, we are kind of in an experimental phase.”
But one option that Stanford is not yet ready to offer is certification for its iTunes U courses.
“On iTunes U, one of the big hurdles is how do you verify that the person who enrolled in the course is the person actually taking the course? How do we authenticate that?” Izutsu said. “If we have any big inroads to that, maybe we’ll do it with iTunes U, but right now that’s still a big question that we haven’t found a good answer for.”
Read more: http://www.insidehighered.com/news/2012/06/19/stanford-adds-social-learning-component-free-online-course#ixzz1yFZ85fYE
Inside Higher Ed
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Junio 18, 2012
Comentario a "Educación Superior en Iberoamérica - Informe 2011"
Comentario publicado por la Revista Argentina de Educación Superior (RAES) de la la Dra. Julieta Claverie. Investigadora del Área de Educación Superior del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) / CONICET, del libro de Brunner, JJ y Ferrada Hurtado, R. (editores), Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2011, Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), 2011
Ver el comentario aquí
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El ranking ocupado por los estudiantes de la media como parte del proceso de selección para la educación superior
A continuación la mejor columna de opinión y análisis sobre este tema aparecido en la prensa en la última semana.
Acceso a la universidad: ¿Por qué el ranking?
18 de junio de 2012 - 03:05 | Por: Fco Javier Gil / Magdalena Gil |
/AgenciaUNO/AgenciaUNO, El Dínamo, 18 de junio de 2012
Con esta medida, estamos convencidos, se mejorará tanto la calidad como la equidad de nuestro sistema universitario en gran medida. Aunque sabemos que la utilización del ranking no soluciona el problema de fondo de inequidad de nuestra educación, es un paso que se puede y se debe dar. Sin esperar.
A varios ha sorprendido que el Consejo de Rectores anunciara que el sistema de admisión a las universidades chilenas incluirá el ranking de las notas del alumno en el colegio a partir del proceso 2013. Pero para muchos, éste ha sido el resultado esperado de años de trabajo y esfuerzo por hacer que nuestras universidades seleccionen mejor y de manera más equitativa a sus estudiantes.
El ranking de las notas del alumno en el colegio refleja su rendimiento relativo, comparado con sus pares, y es uno de los indicadores más usados para seleccionar alumnos entre las mejores universidades del mundo. En Estados Unidos, en universidades como Columbia, un 99% de sus pupilos estaban en el top 10% de su generación en el colegio, y el 100% de ellos estaban en el top 25%. En Harvard, Stanford o el MIT nunca menos del 97% de sus alumnos provienen del top 10%. Incluso si miramos las 100 primeras universidades estadounidenses, mínimo un 42% de sus alumnos eran top 10% en su colegio y un 77% provienen del top 25%.
Y consecuentemente, estas universidades no cuentan con alumnos que hayan estado en el 25% más bajo de su generación (todos los datos son del University Compass-U.S News). En caso de que quede alguna duda, esto es independiente de su puntaje en los SAT (la PSU estadounidense). No es que no tomen en cuenta los SAT, por supuesto que lo hacen, pero un buen puntaje SAT con un mal ranking no te permite entrar a Columbia. Algunos estados, como Texas, van más allá y ofrecen admisión automática en las universidades estatales para todos los alumnos que hayan estado en el 10% superior de su colegio, independiente de su puntaje SAT. En California, de manera similar se exime de la prueba al 4% superior.
Estas universidades le dan tanta importancia al ranking porque se ha demostrado que es uno de los mejores indicadores del posterior rendimiento en la Universidad, así como también de retención de los alumnos. Las universidades estadounidenses mencionadas anteriormente, por ejemplo, tienen alrededor de un 98% de retención, es decir, la mayoría de sus alumnos se gradúan y suelen hacerlo dentro del periodo diseñado para ello (datos de University-Compass).
En Chile, solo uno de cada dos estudiantes que acceden a las universidades adscritas al CRUCH logra titularse. Esta mayor retención de las grandes universidades estadounidenses puede deberse a distintos factores, pero sin duda el haber afinado los instrumentos de selección es uno de los más importantes. Y como ya hemos mencionado, todas seleccionan a sus alumnos dentro del 10% superior de cada colegio. En Chile en cambio, 1 de cada 3 de los 27.500 mejores puntajes en la PSU, no ponderan más de 450 en NEM, es decir tenían menos de un 5,2 en sus notas de enseñanza media. Es altamente probable que este hecho influya gravemente en las bajas tasas de retención.
En Chile, existen varios trabajos sobre la relación entre ranking en el colegio y rendimiento en la universidad. Así, un estudio con datos de la Universidad Católica concluye que “el sistema de ingreso de la PUC sería más eficiente utilizando el ránking de los estudiantes en la educación media para seleccionar a sus alumnos”. Luego, un equipo de nueve investigadores repitió el estudio agregando los datos de la Universidad Católica con los de la Universidad de Chile y los de la Universidad de Santiago, “obteniendo evidencia a favor del Ranking en el Colegio como predictor de rendimiento universitario”.
Un estudio más detallado desarrollado en la PUC señala que “estar en el mejor 10% del colegio equivale a al menos 28 puntos más en el puntaje de ingreso”. Hay también estudios para la carrera de Derecho UC, la Universidad Católica de Temuco y la Universidad Católica de Valparaíso. Todos apuntan a lo mismo: incluir el ranking hará nuestro sistema de selección más eficiente, permitirá seleccionar mejores alumnos.
Un problema que tienen estos estudios es que están hechos tomando los datos de quienes ya entraron a la universidad con el sistema actual. Existe una excepción, la Universidad de Santiago durante 10 años tuvo una bonificación de un 5% adicional al puntaje ponderado de admisión, para los estudiantes pertenecientes al 15% de mejor rendimiento de su colegio.
La evaluación de este programa muestra que los rendimientos de los alumnos bonificados fueron superiores a los de sus compañeros de carrera que ingresaron con 100-150 puntos más en la PAA (hoy PSU). Y “un estudiante perteneciente al mejor 15% de rendimiento en su generación obtendrá en promedio casi 3 décimas más en su rendimiento durante el primer año en relación a un estudiante similar pero no bonificado”, es decir un estudiante que no estaba en el 15% superior.
Una bonificación similar ofrece la Universidad Alberto Hurtado al 15% mejor evaluado. Del mismo modo, tanto la beca Alberto Hurtado de la PUC como la beca Juan Gómez Millas del MINEDUC, así como la “Beca Complementaria” creada en el año 2005 por la USACH exigen -entre otros requisitos- estar en el 10% mejor evaluado de los egresados de cada colegio.
Finalmente, iniciativas propedéutico como tienen hoy día doce universidades chilenas han demostrado que incluso estudiantes que sacan menos de 450 puntos en la PSU pero están en el top 10% de su generación en el colegio son capaces de sacar adelante una carrera universitaria cuando existen programas de nivelación (aquí el estudio).
Actualmente, la Beca de Excelencia Académica del MINEDUC, los Cupos supernumerarios de las universidades del CRUCH, el programa Talento Inclusión de la PUC y también “Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa” de la U. de Chile se ofrecen a estudiantes con notas en el 5-10% superior de sus respectivos colegios. Los resultados de todas estas iniciativas han sido extraordinariamente buenos.
En definitiva, el ranking permitirá seleccionar a mejores alumnos, que en promedio obtendrán mejores notas en las universidades. Esto porque la posición relativa del alumno nos muestra, más que conocimiento al momento de ingresar, la habilidad de la persona de sobresalir entre sus pares, de aprovechar los recursos educativos que tiene a su disposición y, cómo han intentado mostrar otros estudios (resultados aquí), su gusto y disciplina por el estudio. Y por esto, el ranking permite seleccionar a alumnos con mejores proyecciones académicas.
Ahora bien, por qué usar el ranking y no solamente las Notas de Enseñanza Media (NEM). La respuesta es muy simple, las notas no son comparables entre colegios porque no están estandarizadas. Es de conocimiento general que en algunos colegios ponen mejores notas que en otros. Al igual que hay colegios en que la dispersión de notas es mayor mientras que en otros es más reducida. Es decir, un 6 en un colegio no significa lo mismo que un 6 en otro.
En este sentido es interesante ver cómo los colegios particular pagado son los que tienden a poner mejores notas (gráfico). Algunos podrán decir que los alumnos de los colegios particulares pagados se sacan mejores notas porque saben más, lo que quedaría demostrado por sus mejores resultados en PSU. Sin embargo, como ya se ha dicho antes, no todos los buenos puntajes PSU eran buenos alumnos en el colegio, ni viceversa.
Por lo demás, cuánto sabe un alumno al momento de entrar a la universidad es solo uno de los indicadores de calidad en la universidad. Y para eso ya tenemos la PSU, que ayuda a seleccionar en este aspecto. El ranking, como se ha dicho antes, permitirá mejorar el sistema incluyendo un nuevo elemento de selección de habilidad, de gusto y motivación por el estudio, lo que se ha comprobado que aporta a seleccionar mejor.
A algunos les preocupa que la inclusión del ranking en el sistema de ingreso genere un ambiente hostil en los colegios. A nosotros nos preocupa también. Por eso es que la propuesta es calcular el lugar relativo del alumno usando los datos de tres generaciones anteriores del mismo colegio. De este modo, se cumple el propósito de estandarizar las notas y conocer el lugar relativo del alumno, al mismo tiempo que se recoge la posibilidad de que en una generación haya más alumnos buenos que en otra y se evita la competencia deshumanizante.
A otros les preocupa que los estudiantes seleccionados con este cambio al ingresar al sistema no tengan los conocimientos mínimos para desarrollarse en la universidad. Mientras se combine el uso del ranking con la PSU será muy difícil que esto ocurra. Los alumnos buenos (con alto puntaje ranking) de colegios con extremadamente malos resultados PSU seguirán necesitando de iniciativas como los propedéuticos, que incluyen programas de nivelación. O mejor aún, que finalmente se logre un sistema educacional donde no existan colegios malos.
Son los alumnos buenos, de colegios con resultados PSU promedio los que van a aumentar sus posibilidades de ingresar a la universidad con este nuevo sistema. Durante los 12 años en que la USACH ofreció su bonificación (1/3 de las vacantes aproximadamente), los alumnos beneficiados no recibieron ningún apoyo diferente al de sus compañeros de carrera, y sin embargo rindieron en promedio mejor que los no bonificados (vea el grafico en este estudio).
Todo indica que estos alumnos, que ya han demostrado sus habilidades e interés por el estudio, no tendrán problemas en terminar sus carreras ni necesitarán nivelación. Es más, muchos de ellos ya se encuentran en el sistema, pero con el nuevo proceso de selección aumentarán sus posibilidades de ingresar a una universidad más selectiva.
Finalmente, se ha dicho que esta iniciativa aumentará la equidad en educación superior. Todo indica que será así y es, claramente, lo que más nos ha motivado para sacar adelante este proyecto. Desde 1980 que se ha recopilado abundante y contundente información confirmando que los estudiantes de menores recursos económicos tienen más bajos resultados en pruebas estandarizadas como la PAA o PSU.
Aun así, los alumnos en el top 10% de todos los colegios sacan mejores puntajes PSU que sus compañeros, aunque no siempre lo suficiente para entrar a la universidad. Además, sabemos que son los colegios particular pagados quienes ponen mejores notas (NEM). Tomando en cuenta solo estos dos indicadores (PSU y NEM) el sistema está diseñado para seleccionar a quienes poseen más recursos económicos (para qué decir si le sumamos factor preuniversitario).
En el último proceso de admisión, el 60 % de los postulantes obtuvo un puntaje PSU inferior a lo que será su puntaje ranking. O sea, les fue peor en la PSU que lo que les fue en el colegio. Los puntajes ponderados de todos ellos habrían sido superiores si se les hubiese ponderado el ranking. Y no es de extrañarse, el 42,5% de estos alumnos egresaron de colegios municipales.
Con la ponderación del ranking, a algunos les habría alcanzado para mejorar su posición y entrar a la universidad, a otros para entrar a una universidad más selectiva (y a algunos, no les habría servido de nada puesto que su puntaje era igualmente demasiado bajo). Es por ello que la media apunta tan directamente a la inclusión, sin perder calidad.
Los talentos están igualmente distribuidos sin importar el nivel socioeconómico, cultura y raza y a los 18 años no es demasiado tarde para generar oportunidades de desarrollo en quienes han demostrado poseer habilidades. No podemos esperar 2 o 3 generaciones hasta tener un sistema de educación decente. Menos cuando hay jóvenes que llevan 13 años demostrando sus capacidades dentro de las posibilidades que el sistema les permite.
Al incluir ranking dentro del sistema de selección se compara a cada alumno con sus iguales, con quienes han tenido las mismas oportunidades educativas. Esto no solo nos permite incluir el factor habilidad, resilencia, gusto por el estudio, etc, sino que se está generando una variable en la que todos los alumnos de Chile tienen una oportunidad de sobresalir.
La oportunidad de sobresalir en la PSU seguirá existiendo a su vez. Quienes saquen 700 puntos en la PSU difícilmente se quedaran fuera del sistema. Pero esta nueva fórmula tenderá a seleccionar primero a alumnos top 10% de colegios con puntaje PSU promedio que a alumnos de ranking bajo de colegios con promedios PSU alto.
Con esta medida, estamos convencidos, se mejorará tanto la calidad como la equidad de nuestro sistema universitario en gran medida. Aunque sabemos que la utilización del ranking no soluciona el problema de fondo de inequidad de nuestra educación, es un paso que se puede y se debe dar. Sin esperar.
Agradecimientos: Sr. Juan Zolezzi, Rector Universidad de Santiago de Chile, Sr. Ignacio Sánchez, Rector Universidad Católica de Chile. Sra. M. Soledad Ureta Z., Sra. Norma Grez, Sr. Máximo González, Sra. Fernanda Kri académicos USACH, Sr. Jorge Sequeira, Sra. Paz Portales y Sra. Rosa Blanco OREALC UNESCO., Sra. Ana María Foxley y Sra. Patricia Lobos, Comisión Nacional Chilena UNESCO., Srta. María Antonieta Saa, Diputada., Sres. Francisco. Meneses, Claudio Castro, Nicolás Grau y Néstor Marín, CONFECH. Sra. Pamela Díaz Romero, Sr. Jaumet Bachs, Fundación EQUITAS., Sr. Gonzalo Navarrete, Alcalde Municipalidad de Lo Prado., Sr. Pablo Valenzuela, Fundación Emanuel., Sr. E. Schiefelbein F. Ex. Ministro de Educación., Sr. Igor Saavedra, Fundación Andes., Pbs. Andrés Moro, Tomas Sherts y Srta. Reneé Viña, VPU. , Prof. Jorge Chapa, Illinois University, USA, Dra. Erika Himmel, Premio Nacional de Educación., Mons. Carlos Oviedo, (QEPD)., Sr. Viterbo Apablaza, CPU (QEPD). , Pb. Patricio Cariola, CIDE (QEPD). Sra. Magdalena Gil U. y Srta. Francisca Gil U.,, mis hijas, A decenas de otras personas.
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Transición desde la secundaria a la educación superior (terciaria)
Presentación de base empleada para conversación con alumnos de cuarto año de la ensñenza media del Colegio Alemán de Santiago, 18 de junio de 2012.
Bajar la Presentación aquí
1,45 MB
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Junio 17, 2012
Y sin embargo se mueve
Y sin embargo se mueve
JJ Brunner, La Tercera, Concepcion, 17 de junio de 2012
Nuestra discusión sobre educación superior es frustrante. Un oscuro pesimismo recorre los medios de comunicación y encuentra eco en la opinión pública. Por el contrario, el análisis y los discursos balanceados son descartados.
Eppur si muove. Hace unos días, el más reciente ranking de universidades pone a las instituciones chilenas a la cabeza de la región. Pero hay más: entre los países de similar desarrollo tenemos una de las tasas superiores de participación de jóvenes en la educación terciaria, la mayor inversión en este nivel educativo como porcentaje del PIB, uno de los sistemas con más amplia representación de los tres quintiles de menores ingresos, y una de las mejores cifras de generación de capital humano avanzado. Todo esto con un gasto por estudiante inferior a la mitad del gasto promedio de la OCDE.
¿Cómo entender entonces esa contradicción?
Más allá de fenómenos de psicología social y opinión de masas, uno de los factores incidentes son las comparaciones internacionales mal entendidas. Por ejemplo, se ha difundido la idea que nuestro sistema sería extraordinariamente ineficiente porque los estudiantes demoran un tiempo superior para graduares al de sus pares en la zona OCDE. Sin embargo, tal comparación no es válida, pues la organización curricular en dicha zona es diferente a la chilena. Allá el primer grado académico se concede después de tres o cuatro años; aquí, no antes de cinco o seis. Si no se incluye esta diferencia en la ecuación, cualquiera comparación resultará necesariamente negativa para Chile. Lo que correspondería es comparar programas de igual duración (nominal) y luego contrastar el porcentaje de estudiantes que se gradúa oportunamente, el de quienes lo logran con atraso y el de quienes abandonan antes de completar los estudios. En caso de procederse así, la eficiencia comparativa de la graduación chilena no saldría mal parada. Incluso, a nivel agregado puede observarse que nuestra tasa de graduación terciaria viene mejorando ostensiblemente --es de 7,2 graduados por mil habitantes el año 2010-- similar o mejor a la de buena parte de los países de la OCDE.
No cabe duda que el sistema chileno adolece de fallas y enfrenta desafíos de magnitud, como vemos estos días . Pero tiene una gran vitalidad (no exenta de desorden a veces) y, mirado en perspectiva, está desarrollándose al mejor nivel de América Latina. Puede no ser todo lo que deseamos, mas está lejos de ser un sistema para desarmar y desechar.
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Avances en educación
Avances en educación
JJ Brunner, Diario de Concepción, 17 de junio de 2012
http://www.diarioconcepcion.cl/?2012061701#3
Nuestra discusión sobre educación superior es frustrante. Un oscuro pesimismo recorre los medios de comunicación y encuentra eco en la opinión pública. Por el contrario, el análisis y los discursos balanceados son descartados.
Eppur si muove. Hace unos días, el más reciente ranking de universidades pone a las instituciones chilenas a la cabeza de la región. Pero hay más: entre los países de similar desarrollo tenemos una de las tasas superiores de participación de jóvenes en la educación terciaria, la mayor inversión en este nivel educativo como porcentaje del PIB, uno de los sistemas con más amplia representación de los tres quintiles de menores ingresos, y una de las mejores cifras de generación de capital humano avanzado. Todo esto con un gasto por estudiante inferior a la mitad del gasto promedio de la OCDE.
¿Cómo entender entonces esa contradicción?
Más allá de fenómenos de psicología social y opinión de masas, uno de los factores incidentes son las comparaciones internacionales mal entendidas. Por ejemplo, se ha difundido la idea que nuestro sistema sería extraordinariamente ineficiente porque los estudiantes demoran un tiempo superior para graduares al de sus pares en la zona OCDE. Sin embargo, tal comparación no es válida, pues la organización curricular en dicha zona es diferente a la chilena. Allá el primer grado académico se concede después de tres o cuatro años; aquí, no antes de cinco o seis. Si no se incluye esta diferencia en la ecuación, cualquiera comparación resultará necesariamente negativa para Chile. Lo que correspondería es comparar programas de igual duración (nominal) y luego contrastar el porcentaje de estudiantes que se gradúa oportunamente, el de quienes lo logran con atraso y el de quienes abandonan antes de completar los estudios. En caso de procederse así, la eficiencia comparativa de la graduación chilena no saldría mal parada. Incluso, a nivel agregado puede observarse que nuestra tasa de graduación terciaria viene mejorando ostensiblemente --es de 7,2 graduados por mil habitantes el año 2010-- similar o mejor a la de buena parte de los países de la OCDE.
No cabe duda que el sistema chileno adolece de fallas y enfrenta desafíos de magnitud, como vemos estos días . Pero tiene una gran vitalidad (no exenta de desorden a veces) y, mirado en perspectiva, está desarrollándose al mejor nivel de América Latina. Puede no ser todo lo que deseamos, mas está lejos de ser un sistema para desarmar y desechar.
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Nueva dirigencia del estudiantado: en la UDEC. Y la agenda del movimiento en trámite

Presidente de la Federación de Estudiantes de Concepción: El nuevo "ultra" del movimiento estudiantil
Se autodefine "anticapitalista". Dice que no cree en "la institucionalidad" del Gobierno ni de la Concertación. Enfrenta un proceso por ataque a Carabineros con bombas molotov. Es Recaredo Gálvez (U. de Concepción), quien este año busca liderar al sector más radical de la Confech.
Claudia Sánchez Picker, El Mercurio, 17 de junio de 2012
"El concepto ultra no responde a una intención política. Es mejor definirse como de izquierda revolucionaria". Así describe su tendencia el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC), Recaredo Gálvez, uno de los líderes -según su propia definición- "más radicales" del movimiento estudiantil del 2012.
Si los llamados "ultra" marcaron parte del movimiento estudiantil el año pasado, esta vez podrían volver a ser protagonistas. Por lo menos así lo cree Gálvez.
"La 'U. de Conce' tiene una herencia histórica potente de romper con lo normal, con lo establecido, y hay que mantenerla", dice.
"Criticamos al empresariado y a las políticas del Gobierno. No creemos que la institucionalidad sea la respuesta para estar en el sistema. Si eso se ve como radical, así somos", plantea.
El estudiante de 22 años cursa el último semestre de Ciencias Políticas y trabaja hace 3 años con el movimiento de izquierda Fuerza Universitaria Rebelde (FUR), que se formó en 2005 con presencia en Temuco, Chillán, Concepción y Santiago.
Gálvez tiene experiencia en el movimiento estudiantil. El año pasado fue secretario de su federación, y en septiembre de 2011, mientras participaba en una marcha en apoyo a los pobladores de Dichato, fue detenido por Carabineros. En esa ocasión, fue acusado de portar una bomba molotov y atentar con ella en contra de cuatro carabineros. Su responsabilidad está siendo investigada y tendrá que declarar el 9 de julio. Incluso tuvo que enfrentar las indagatorias de la PDI en la casa central de la Universidad de Concepción.
Él dice que todas las acusaciones son "un montaje", pero que el proceso le da "un impulso más fuerte de seguir adelante, porque es necesario cambiar este sistema".
Organizado desde antes de la "Revolución Pingüina"
Cuando estaba en el colegio Claudina Urrutia de Lavín, en Cauquenes, dice que nacieron sus vínculos con los sectores sociales. "Pertenecí desde la básica a organizaciones socioambientales que promovían el trabajo en equipo y el aprendizaje político, lo que me dio experiencia", cuenta.
Durante la "Revolución Pingüina" de 2006, Gálvez cursaba 3° medio y organizó distintas marchas. Luego, cuando salió del colegio, se fue a Concepción, ahorró dinero trabajando como bombero en estaciones de bencina y como cajero de supermercado. Con ese dinero paga el arriendo de la casa que comparte con amigos. Sus estudios los financia con la Beca Bicentenario y con otra que le dio su universidad.
Sus inicios en la política tradicional son de 2008, cuando postuló a un cupo de concejal por Cauquenes. Compitió apoyado por el Juntos Podemos y obtuvo sólo 137 votos. Ahora descarta volver a intentarlo y dice que no es por la baja adhesión, sino porque "ya no cree en la institucionalidad".
"En Santiago han estado flojos"
Su principal objetivo es que "el movimiento estudiantil trascienda a lo social", como habían acordado las federaciones en marzo de 2012. Pero Gálvez acusa una desorganización en la Confech. Piensa que el problema está en la capital. "En Santiago han estado flojos. Han dejado de lado el fortalecimiento social. Hacia el sur hemos tenido éxito con los trabajadores portuarios, en poblaciones y hemos desatado movilizaciones", dice.
Paralelo al trabajo con la Confech, el movimiento de Gálvez ha organizado jornadas de debates, seminarios, marchas y tomas en apoyo a los trabajadores portuarios, y es tradicional que se levante a las ocho de la mañana para ir a los puertos para acompañarlos e incluso jugar cartas con ellos.
Para él, esa actitud fortalece el acercamiento. "Si lográramos repercutir esto a nivel nacional, estaríamos en otro pie del movimiento", señala Gálvez, y profundiza: "A veces interfieren intereses de sectores de la Confech que están ligados a partidos políticos, y ése es el problema. Siguen dialogando con el Gobierno, y el año pasado decidimos que no era un interlocutor válido".
Gálvez ha intentado instaurar en esa instancia su idea de "no dejarse seducir por acuerdos políticos de la Concertación o del Gobierno". Y asegura que asume ese papel "sin miedo".
Algunos dirigentes, como la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, Marjorie Cuello, reconocen su capacidad de líder. "En el sur se ve harto su protagonismo". Por otro lado, el ex presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Austral de Valdivia, Rodrigo Salazar, quien dejó su cargo el lunes pasado, plantea que "es de ideas más radicales, pero está abierto a buscar acuerdos".
Quienes lo conocen dicen que tiene una estrategia en la Confech: prepara sus discursos y sabe controlarse en los debates. Pese a sus ideas radicales jamás se lo ve insultar o retirarse de una reunión.
Gastón Urrutia, vicepresidente de la Federación de la U. del Biobío, quien también pertenece al zonal sur al igual que Gálvez, dice que "las tiene todas" para poder ejercer la representación de la zona, y agrega: "La FEC tiene la capacidad de competir con la U. de Chile y la U. Católica, y Recaredo es una de las vocerías que pueden entrar a competir con Santiago".
A Boric y Titelman "les ha faltado agilidad" y "cercanía"
Gálvez también critica la forma en que lo han hecho los presidentes de las federaciones de estudiantes de la U. de Chile, Gabriel Boric, y Noam Titelman, de la FEUC. Dice que "les ha faltado agilidad para estar en ciertos conflictos y transmitir cercanía con los actores sociales", e insiste en "que en el Biobío se ha logrado dar este tipo de señales", pero eso falta en Santiago. Así que Gálvez espera gestos de estos dirigentes. "Sería necesario que se haga hincapié en procesos regionales que son importantes, para generar una visión del panorama a nivel nacional", dice.
Cuando Boric ganó la elección de la FECh, se pensó que se radicalizarían las movilizaciones y los paros. Por eso, Gálvez, quien avala los paros y las tomas, pero dependiendo de cómo actúe La Moneda, esperaba de Boric "una postura más cercana a politizar lo social". "Podría haber sido osado", dice. "Por ejemplo, hubo un momento en que nos entrampamos en la medida de ajuste tributario y debimos haber dado un no tajante y no tantas excusas".
De Titelman afirma que "ha caído en el discurso rebuscado, técnico y sencillo en torno al cuestionamiento al sistema, lo que nos aleja de la discusión de fondo", dice.
Las otras fuerzas políticas de la Confech
La federación que lidera Gálvez es una de las 27 que han cambiado de directiva a la fecha, de un total de 32 que componen la Confech. Y Gálvez señala que hay al menos 16 federaciones de izquierda que apuntan a generar nuevos espacios organizativos.
En este año 2012 se aprecia una diferencia con respecto a 2011 en las fuerzas políticas, aunque la tendencia es cercana a la izquierda. Los sectores que adhieren a movimientos de izquierda o que son independientes de esta tendencia suman 23 federaciones, dentro de las que se cuentan la corriente de Boric, Titelman, y la Federación Mapuche, entre otras.
Si hay una fuerza que ha visto disminuido su poder son las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), ya que si en 2011 tenían 8 federaciones, entre las que se contaba la Fech liderada por Camila Vallejo, hasta la fecha tienen 5.
Pero, pese esta disminución de su poder, en la "Jota" apuestan a la disciplina del partido para tomar las riendas de los debates ante lo que llaman "una izquierda desordenada" y se plantean este escenario como una oportunidad para posicionarse en el Confech del 23 de junio.
En este escenario, quienes repaldan a Recaredo Gálvez apuestan a que se convierta en líder de los llamados "ultra" y que busque enfrentarse tanto al gobierno como a la Concertación en las futuras negociaciones.
El avance de las demandas de la Confech por parte del Gobierno
Luego de las movilizaciones, la Confech planteó una serie de demandas a las que La Moneda respondió con una reforma educacional. Este es el detalle del avance según el análisis que se realiza al interior del gobierno.
Aumento de becas y reemplazo del CAE
La Confech pide aumentar el gasto público en educación superior y reestructurar el sistema de becas, y desde el Gobierno señalan que de los US$ 12 mil millones que hay de presupuesto para educación, US$ 340 millones son para tales efectos, y señala que aumentó el presupuesto de las becas, para cubrir al 60% de los estudiantes más vulnerables. Aumento de las becas de 150 mil en 2010, a 280 mil en 2012 y 400 mil en 2014, y el aumento del 20% en el monto de las becas para la educación técnico-profesional.
Los estudiantes pidieron un solo sistema de créditos, eliminar el CAE y la banca. El Gobierno respondió creando un sistema único, que reemplazará al CAE -rebajando su tasa al 2%- y al Fondo Solidario, y se eliminó a los bancos del sistema. Se demandó la reforma tributaria, por lo que el Gobierno envió el proyecto al Congreso, cuya recaudación será destinada en un 100% a la reforma educacional.
Creación de la Superintendencia de Educación Superior
La Confech pidió una superintendencia para transparentar las situaciones financieras y académicas, además de la publicación de informes financieros. El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, que fiscalizaría el uso de los recursos y el cumplimiento de la ley respecto al lucro.
Reforma constitucional sobre calidad
La Confech pide garantizar la educación como un derecho fundamental y un bien público. El Gobierno señala que se promulgó una ley que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y envió al Congreso una reforma constitucional sobre calidad y financiamiento de la educación.
Los estudiantes también pidieron un nuevo sistema nacional de acreditación. El Mineduc está trabajando en un proyecto de ley que será enviado al Congreso durante el segundo semestre de 2012.
Ranking de notas para selección
La Confech pidió disminuir ponderación de la PSU y avanzar en la creación de mecanismos complementarios de acceso. El Gobierno respondió con la realización de una evaluación externa a la PSU y con el ranking de notas del colegio para la selección.
Fiscalizar el lucro
Los estudiantes pidieron terminar con el lucro, a lo que el Gobierno respondió señalando que será la Superintendencia de Educación Superior la que se encargará de fiscalizar.
Desincentivo a las alzas injustificadas
La Confech exigió que todas las universidades se sometan a una revisión completa de los montos arancelarios mediante una fórmula conocida y que los aranceles no sufran alzas, y el Gobierno señala que el proyecto de ley contempla una nueva fórmula de cálculo y que el nuevo sistema de financiamiento desincentivará las alzas injustificadas de los aranceles.
Incremento de aportes basales
Los estudiantes pidieron la creación de un aporte basal a las universidades públicas para frenar el autofinanciamiento y un fondo de Revitalización de la Educación Pública. Desde el Gobierno explican que la Ley de Presupuestos 2012 incluye un incremento de aportes basales para las universidades tradicionales, la creación de éstos para universidades estatales y tradicionales, y un fondo de apoyo a la Educación Superior Regional.
Los estudiantes pidieron la creación de una Red Nacional de Educación Técnica, y el Gobierno dice que la Ley de Presupuestos 2012 contempla un Fondo de Desarrollo Institucional y la creación de un fondo de desarrollo de instituciones de educación superior regionales.
La Confech en cifras
32 federaciones componen la Confech.
5 aún no realizan elección y no han cambiado de directiva.
23 son independientes de izquierda o adhieren a movimientos de esa tendencia.
5 son de las Juventudes Comunistas.
4 pertenecen a la Juventud Socialista (2) o son cercanos a la Concertación.
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Revista Argentina de Educación Superior
El director de la Revista Argentina de Educación Superior ha enviado la siguiente carta circular
Estimadas/os colegas:
Tenemos el agrado de comunicarles que ya está editado el número 4 de la Revista Argentina de Educación Superior, publicación de la Red Argentina de Posgrados en Educación Superior (REDAPES).
Este número, que se puede consultar libremente en http://www.untref.edu.ar/raes/numeros.htm , incluye ocho artículos -evaluados de forma rigurosa y sistemática-, reseñas de publicaciones y de proyectos de cooperación ALFA de la Comisión Europea y el anuncio de la realización del XV Congreso Mundial de Educación Comparada, en junio del 2013, en Buenos Aires.
El Índice es el siguiente:
Editorial del Director, Norberto Fernández Lamarra
Evaluadores de este número
Los procesos de gobierno y gestión en universidades regionales durante el Proceso de ‘Reorganización Nacional’. El caso de la UNCPBA.
María Cecilia Di Marco
Cooperación académica internacional: entre la política y la gestión universitaria
Estela Miranda y Daniel Salto
Notas sobre la ley de educación superior a partir de su debate parlamentario: entre la imprecisión del financiamiento y la regulación de la autonomía
Cristián González
El ideario socialista en la Universidad. Argentina y España. Apuntes para una educación comparada.
Ivonne Laus
Argumentar y explicar en el contexto de la formación universitaria en Biología
Aníbal Bar
Cotas e ações afirmativas: a importância de estudar e aprender com as experiências
Mary Rangel y Jane do Carmo Machado
As relações entre as concepções de estado no Brasil e as políticas públicas educacionais.
Carla Imenes
Políticas nacionales enfocadas a la investigación y su impacto en los académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
Teresa Guzmán Acuña y Josefina Guzmán Acuña
Reseña de Libros.
Ensayos e Investigaciones sobre la problemática Universitaria. Nelly Mainero coord..
Por Jaqueline Noriega
Reformas e democratização da educação superior no Brasil e na América Latina. Maria do Fatima Costa da Paula y Norberto Fernández Lamarra coords.
Por Hustina María Vargas
Una inclusión excluyente. Ana Ezcurra.
Por Mónica Marquina y Heber Ostrovievsky
Educación Superior en Iberoamérica, Informe 2011. José Joaquín Brunner y Rocío Ferrada Hurtado eds.
Por Julieta Claverie
Entre la tradición y el cambio. Perspectivas sobre el gobierno de la universidad. VV.AA.
Por Raquel San Martín
Proyectos ALFA
Aseguramiento de la Calidad: Políticas Públicas y Gestión Universitaria VertebrALCUE
Por María José Lemaitre
Tuning América Latina: Innovación Educativa y Social
Por Pablo Beneitone
Realización en Argentina del XV Congreso Mundial de Educación Comparada
Por Norberto Fernández Lamarra y Cristian Pérez Centeno
Esperamos que este nuevo número de la Revista Argentina de Educación Superior contribuya -desde lo académico- al mejoramiento y a una mayor pertinencia y calidad de la educación superior tanto en la Argentina como en otros países y se constituya en un ámbito adecuado para la reflexión, el análisis y el debate sobre la situación actual y el futuro de las universidades.
Invitamos a todos los colegas de Argentina, de otros países de América Latina y de otras regiones a enviarnos artículos para ser evaluados y publicados en los próximos números de la Revista. Los artículos –en idioma castellano o portugués- deberán ser enviados a raes@untref.edu.ar .
Para mayor información se puede consultar las condiciones para elaborar los artículos en http://www.untref.edu.ar/raes/normas_publicacion.htm.
Solicitamos darle a esta información la máxima difusión posible.
Les saludamos muy cordialmente
Norberto Fernández Lamarra - Director, RAES.
Martín Aiello - Secretario de Redacción, RAES.
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Necesidad de cambios en régimen de acreditación
Reflexiones y propuestas en torno a la necesidad de reformar del regimen de acreditación en Chile. Opinión del Rector de la UCH, editorial del diario La Tercera.
Acreditación de educación superior en Chile
Víctor Pérez Vera, Rector Universidad de Chile, El Mercurios, 17 de junio de 2012
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/06/17/acreditacion-de-educacion-supe.asp
Uno de los impactos más negativos de décadas de desregulación en educación superior ha sido la pérdida de credibilidad en instituciones encargadas de impartirla. Los heterogéneos niveles de calidad entre ellas, el comportamiento errático de la oferta educacional y el creciente endeudamiento de los estudiantes y sus familias son costos sociales cuyas repercusiones ya están expresándose en el malestar de la ciudadanía con un impacto global difícil de vislumbrar.
El resultado para el sistema educacional terciario es la pérdida del valor del título universitario per se. Y cuando eso sucede se desprestigia el proceso que le precede, que es justamente el proceso formativo.
En Chile, una institución que no está acreditada, que le es rechazada la acreditación o que la obtiene por uno o dos años, no sólo puede continuar operando, sino que, haciendo uso de la autonomía que le confiere la ley, puede ampliar su oferta educativa, abriendo nuevos programas y sedes. Esto demuestra que la autonomía de las instituciones de educación superior y la libertad de enseñanza son principios férreamente resguardados que se valoran por encima del derecho a tener una educación de calidad y equitativa.
Se podría argumentar que el objeto de la acreditación no es regular, sino discriminar según niveles de calidad. Así, lo que aportaría la acreditación es información para que un "consumidor racional" tome decisiones, optando libremente entre un conjunto de opciones dentro de un mercado donde existe transparencia y simetría de información. No hay que indagar demasiado para percatarse de que estos supuestos son particularmente complejos de aplicar al ámbito de la educación.
Si aún así se concede que la acreditación busca discriminar, ¿qué calificativo se podría asignar a un sistema de educación superior en el cual el 90% de las universidades están acreditadas? ¿Somos todos tan excelentes? No. De las 52 universidades acreditadas en Chile, una tiene un año de acreditación y a otras seis se les ha extendido una certificación sólo por dos años, en una escala entre uno y siete años. Fue justamente una de estas universidades, con una matrícula cercana a 20 mil estudiantes, que se vio recientemente envuelta en un escándalo por incumplimiento de obligaciones con sus trabajadores mientras se hacían millonarios pagos vía arriendo de inmuebles, todo ello favorecido por la grave desregulación que caracteriza al sistema universitario chileno y por la aplicación falsa de la ley que establece que las universidades deben ser corporaciones sin fines de lucro.
Ante este panorama, cualquier propuesta para un real "aseguramiento de la calidad" que no sea integral, drástico, contundente, resultará sólo en una suerte de política de "control de daños". Porque eso es lo que la desregulación ha causado a la educación superior chilena, un grave daño que hoy, ante la visibilidad creciente de sus heridas, se busca revertir.
¿Cómo revertimos este daño que se arrastra por más de 30 años? Simple: regulando en primer lugar el sistema de educación superior. Es dentro de un sistema regulado de educación terciaria que un sistema de acreditación resulta verdaderamente útil. Una Acreditación 2.0 sólo cobra sentido en un contexto de Educación Superior 2.0.
El sistema educativo debiera tener una normativa clara y fiscalización de los conflictos de interés, imponiendo a todas las instituciones educativas que reciben directa o indirectamente recursos fiscales, sean públicas o privadas, el control del uso de esos recursos por parte de la Contraloría General de la República y cumplir con la Ley de Transparencia.
En lo inmediato, es posible mejorar significativamente la acreditación como la conocemos: acreditación obligatoria e integral, que no separe la evaluación institucional de la de programas; acreditación con resultados más nítidos, con una escala de acreditación más simple e informativa; acreditación pareja, que no diferencie áreas de acreditación; acreditación orientada a resultados, y no sólo a procesos, que incorpore resultados de empleabilidad, desempeño en pruebas y análisis de estándares verificables, entre otros.
Restaurar la credibilidad en las instituciones de educación superior y la fe pública requiere con urgencia una reforma mayor de todo el sistema. Sólo entonces vale la pena hablar de una Acreditación 2.0.
Posted by jjbrunner at 10:14 AM | Comments (0) | TrackBack
Necesidad de cambios en régimen de acreditación
Reflexiones y propuestas en torno a la necesidad de reformar del regimen de acreditación en Chile. Opinión del Rector de la UCH, editorial del diario La Tercera.
Acreditación de educación superior en Chile
Víctor Pérez Vera, Rector Universidad de Chile, El Mercurios, 17 de junio de 2012
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/06/17/acreditacion-de-educacion-supe.asp
Uno de los impactos más negativos de décadas de desregulación en educación superior ha sido la pérdida de credibilidad en instituciones encargadas de impartirla. Los heterogéneos niveles de calidad entre ellas, el comportamiento errático de la oferta educacional y el creciente endeudamiento de los estudiantes y sus familias son costos sociales cuyas repercusiones ya están expresándose en el malestar de la ciudadanía con un impacto global difícil de vislumbrar.
El resultado para el sistema educacional terciario es la pérdida del valor del título universitario per se. Y cuando eso sucede se desprestigia el proceso que le precede, que es justamente el proceso formativo.
En Chile, una institución que no está acreditada, que le es rechazada la acreditación o que la obtiene por uno o dos años, no sólo puede continuar operando, sino que, haciendo uso de la autonomía que le confiere la ley, puede ampliar su oferta educativa, abriendo nuevos programas y sedes. Esto demuestra que la autonomía de las instituciones de educación superior y la libertad de enseñanza son principios férreamente resguardados que se valoran por encima del derecho a tener una educación de calidad y equitativa.
Se podría argumentar que el objeto de la acreditación no es regular, sino discriminar según niveles de calidad. Así, lo que aportaría la acreditación es información para que un "consumidor racional" tome decisiones, optando libremente entre un conjunto de opciones dentro de un mercado donde existe transparencia y simetría de información. No hay que indagar demasiado para percatarse de que estos supuestos son particularmente complejos de aplicar al ámbito de la educación.
Si aún así se concede que la acreditación busca discriminar, ¿qué calificativo se podría asignar a un sistema de educación superior en el cual el 90% de las universidades están acreditadas? ¿Somos todos tan excelentes? No. De las 52 universidades acreditadas en Chile, una tiene un año de acreditación y a otras seis se les ha extendido una certificación sólo por dos años, en una escala entre uno y siete años. Fue justamente una de estas universidades, con una matrícula cercana a 20 mil estudiantes, que se vio recientemente envuelta en un escándalo por incumplimiento de obligaciones con sus trabajadores mientras se hacían millonarios pagos vía arriendo de inmuebles, todo ello favorecido por la grave desregulación que caracteriza al sistema universitario chileno y por la aplicación falsa de la ley que establece que las universidades deben ser corporaciones sin fines de lucro.
Ante este panorama, cualquier propuesta para un real "aseguramiento de la calidad" que no sea integral, drástico, contundente, resultará sólo en una suerte de política de "control de daños". Porque eso es lo que la desregulación ha causado a la educación superior chilena, un grave daño que hoy, ante la visibilidad creciente de sus heridas, se busca revertir.
¿Cómo revertimos este daño que se arrastra por más de 30 años? Simple: regulando en primer lugar el sistema de educación superior. Es dentro de un sistema regulado de educación terciaria que un sistema de acreditación resulta verdaderamente útil. Una Acreditación 2.0 sólo cobra sentido en un contexto de Educación Superior 2.0.
El sistema educativo debiera tener una normativa clara y fiscalización de los conflictos de interés, imponiendo a todas las instituciones educativas que reciben directa o indirectamente recursos fiscales, sean públicas o privadas, el control del uso de esos recursos por parte de la Contraloría General de la República y cumplir con la Ley de Transparencia.
En lo inmediato, es posible mejorar significativamente la acreditación como la conocemos: acreditación obligatoria e integral, que no separe la evaluación institucional de la de programas; acreditación con resultados más nítidos, con una escala de acreditación más simple e informativa; acreditación pareja, que no diferencie áreas de acreditación; acreditación orientada a resultados, y no sólo a procesos, que incorpore resultados de empleabilidad, desempeño en pruebas y análisis de estándares verificables, entre otros.
Restaurar la credibilidad en las instituciones de educación superior y la fe pública requiere con urgencia una reforma mayor de todo el sistema. Sólo entonces vale la pena hablar de una Acreditación 2.0.
Debilidades del sistema de acreditación universitaria
Se requiere una revisión profunda que aclare bien sus objetivos y evite confusiones como las que hoy se dan.
La Tercera, 17/06/2012 - 09:00
http://www.latercera.com/noticia/opinion/editorial/2012/06/894-467022-9-debilidades-del-sistema-de-acreditacion-universitaria.shtml
LAS DENUNCIAS formuladas por el ex rector de la Universidad del Mar, respecto de la forma como se administraban los recursos de la entidad, han puesto en tela de juicio no sólo la suficiencia de las regulaciones que deben cumplir los planteles de educación superior, sino también la eficacia del sistema de acreditación como herramienta para asegurar la calidad de la educación que imparten.
Conforme se han conocido más antecedentes, la gravedad del caso ha aumentado, al divulgarse que quienes tenían responsabilidades directivas en la Comisión Nacional de Acreditación y, por lo tanto, habían participado en el proceso de acreditación de la Universidad del Mar prestaron asimismo asesorías a ese plantel, lo que podría constituir un caso de negociación incompatible. Estas denuncias son de extrema seriedad, y deben ser investigadas hasta determinar su alcance y las eventuales responsabilidades de los aludidos.
Sin perjuicio del resultado de esa investigación, subsiste el cuestionamiento de fondo al sistema de acreditación, cuyas falencias son evidentes y deben ser subsanadas. Un primer error ha sido utilizar la acreditación para finalidades para las que no es idónea, como garantizar la calidad y servir de criterio diferenciador para entregar beneficios como, por ejemplo, el acceso al Crédito con Aval del Estado. La acreditación como es concebida en los países desarrollados sólo busca determinar el cumplimiento por parte de cada plantel de las regulaciones fundamentales que rigen su funcionamiento y el grado de consistencia de su operación con el proyecto educativo que ofrecen.
Por una parte, la evidencia demuestra que esas regulaciones son hoy en día insuficientes, porque no contienen normas claras y exigentes que impidan que se otorgue el carácter de “universidad” a organizaciones que en realidad no lo son y, por lo tanto, hacen una promesa imposible de cumplir a los alumnos que captan. Más aún, la acreditación en la versión chilena tiende a confundir a los estudiantes y sus familias, con clasificaciones como el otorgamiento por dos, tres y hasta siete años de “acreditación”. Como bien ha señalado el ministro de Educación, debería apuntarse simplemente a que el sistema diera o negara la categoría de universidad. Por otro lado, tratándose de un mal indicador de calidad, se requiere sustituirlo como criterio dirimente para el otorgamiento del financiamiento estatal para, por ejemplo, las becas y otorgamiento de crédito para el pago de las matrículas. En este punto se ha planteado, por parte del ministerio, la idea de utilizar un nuevo sistema de aranceles de referencia, que asociaría el apoyo estatal al valor efectivo de cada carrera y las posibilidades de ingreso que brindarán en el futuro a los egresados, buscando al mismo tiempo evitar una inflación excesiva en los montos cobrados por las universidades a costa de los fondos fiscales.
Esta última idea parece razonable, pero debe ser estructurada en forma técnica e independiente, para evitar el riesgo de que por esa vía se traslade al Estado la definición de un único modelo de educación, perdiéndose así los beneficios de diversidad y flexibilidad que ha reportado el actual sistema de educación superior. En la gestión de muchos de los planteles universitarios que posee, el Estado ya ha demostrado su incapacidad para garantizar los estándares de calidad que se buscan.
Posted by jjbrunner at 10:14 AM | Comments (0) | TrackBack
Junio 16, 2012
Talentos perdidos por Claudia Peirano
He aquí una interesante columan de opinión.
Talentos perdidos
Claudia Peirano, El Post, 16 de junio de 2012
La OECD identificó recientemente que las habilidades serán la unidad de valor del siglo 21. Sólo los países que inviertan en tener una población competente podrán sortear los efectos de las crisis, el desempleo, la posibilidad de tener un sector productivo que agregue valor y en definitiva, acceder al crecimiento y el desarrollo.
El desarrollo de habilidades envuelve principalmente la educación media, la educación superior y la posibilidad de seguir entrenándose y aprendiendo a lo largo de la vida y una vez más se impone la demanda de calidad por sobre la cobertura.
En Chile, de cada 10 alumnos que termina la educación básica, cerca de 7 egresa de 4° medio. De los siete que egresan, ¿cuántos realmente han logrado desarrollar habilidades básicas de lectoescritura, razonamiento matemático y uso de tecnología?
Las últimas pruebas SIMCE reportan que 11% de los jóvenes alcanzan el nivel esperado en matemáticas y el 27% lo hace en lectura (8° básico). Sólo el 3 por ciento de los estudiantes presenta habilidades avanzadas en uso de tecnología (3° medio) y el 11% comprende frases y textos breves en inglés. Esto sin contar que además, sólo el 9 por ciento presenta una condición física satisfactoria (8° básico).
Si uno combina todos estos datos, con suerte 1 de cada 10 jóvenes en Chile está desarrollando las habilidades necesarias para poder acceder a mejores trabajo y a tener una mejor vida en el futuro.
Este es un panorama alarmante, que ha quedado olvidado por la eterna discusión de la institucionalidad y la regulación que debiera cerrarse pronto para avanzar a entender cómo se organizará el país en los próximos años, para generar las condiciones para contar con personas competentes.
Por lo pronto, la atención a la educación media ha sido mínima. La urgencia de transformar la educación técnico profesional se ha contenido con mayores recursos para equipamiento, los que sin una política clara no tendrán mayor efecto. En términos de financiamiento, la subvención escolar preferencial para educación media recién comenzará el 2014 y con valor equivalente a 1/3 de la subvención para 4° básico. ¿Cuáles son los antecedentes para definir que la formación de un joven es menos costosa que la un niño?
Por otra parte, se estima que el grupo de jóvenes que ni estudia ni trabaja (el grupo conocido como “ni-ni”) está entre 12% y 16% de las personas entre 15 y 24 años. Estos son jóvenes que no encuentran opciones en la educación formal o que no logran integrarse al mercado laboral por una amplia combinación de factores.
El efecto de perder el potencial de talento de los jóvenes de devastador, tanto para ellos como para el país. Las personas con menos habilidades tienen mayor probabilidad de estar desempleadas, de recibir bajos ingresos, de no participar en actividades voluntarias o comunitarias, de no entender los problemas políticos del país, tener menos confianza en las personas y tener peor estado de salud, entre otros.
En un conjunto amplio de países, los jóvenes que muestran un mayor desarrollo de habilidades son los que acceden a educación superior, ya sea que sólo estudien o que lo combinen con opciones laborales. Los jóvenes que sólo trabajan también progresan, sin embargo logran alcanzar en promedio, menores niveles de competencias. Los “ni-ni” no progresan y probablemente serán personas con bajo nivel de habilidades en sus etapas siguientes.
El 2013 van a estar disponibles los resultados de PIACC, Evaluación internacional de competencias en adultos mayores de 15. Ojalá que no esperemos hasta entonces para reflexionar como país sobre la importancia de la formación de los jóvenes y la urgente necesidad de flexibilizar y ampliar la oferta de caminos para la transición del estudio al trabajo en ambientes de calidad que permitan que cada joven pueda desarrollar sus talentos por su bien y el de la sociedad.
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Junio 15, 2012
Entradas en este Blog

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Financiamiento público de la educación superior
Interesante Informe dado a conocer por la Contraloría General de la República sobre el financiamiento fiscal de la educación superior.
Según explica allí que:
"en esta ocasión se presenta el Financiamiento Fiscal a la Educación Superior 2011, el cual va dirigido a la comunidad y a todas las personas que por sus responsabilidades, tengan interés en el quehacer de las finanzas públicas y necesiten información relacionada al financiamiento fiscal dirigido tanto a estudiantes como a Instituciones de Educación Superior.
El propósito de este informe consiste en dar a conocer, en forma anual los aspectos relacionados al
financiamiento fiscal para las Instituciones de Educación Superior, tanto a nivel general como desagregado, además de informar sobre los distintos tipos de recursos que van dirigidos a los estudiantes ya sean estos, becas o créditos. Lo anterior de acuerdo a la ejecución de cada ítem correspondiente a los programas Educación Superior (Subsecretaría de Educación), Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología (CONICYT) y Becas y Asistencia Estudiantil (JUNAEB), de la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2011.".
Bajar el documento completo del Informe aquí
4,6 MB
Resulta interesante observar que el Informe aporta antecedentes cunatitativos no suficientemente conocidos hasta ahora; distingue correctamente entre universidades estatales, privadas con subsidio y privadas sin subsidio (que es la convención estadística internacional, y no la usada por el Mineduc que distingue nada más que entre universidades CRUCH y privadas nuevas); que existen grandes diferencias entre los aportes fiscales por estudiante (per capita) entre las universidades pertenecientes al CRUCH, las cuales no siempre resulta fácil justificar; muestra que el financiamiento fiscal beneficia fundamentalmente a las universidades estatales, especialmente en lo relativo al financiamiento institucional; asmismo, muestra que las universidades privadas subsidiadas son las que mayor ventaja obtienen en términos de financiamiento estudiantil (spobre todo becas) y, por último, que también entre las universidades estatales hay grandes diferencias en cuanto al apoyo que les presta el Estado.
Antecedentes cuantitativos contenidos en el Informe
Financiamiento Fiscal a estudiantes e instituciones por tipo de IES, 2011 (M$)

Distribución de Financiamiento Fiscal Total a estudiantes e instituciones por tipo de IES, 2011

Financiamiento Fiscal Total a estudiantes e instituciones por tipo de IES, 2011

Financiamiento Fiscal Total a estudiantes e instituciones pertenecientes al CRUCH, 2011 (M$)

Financiamiento Fiscal Total a estudiantes e instituciones por Universidad Estatal, 2011

Distribución de Financiamiento Fiscal a estudiantes por tipo de IES, 2011

Distribución de Financiamiento Fiscal a instituciones por tipo de IES, 2011

Conclusiones del Informe
Una vez revisados y analizados los datos de éste informe, se puede concluir que el 66,9% de los
M$ 925.001.393 disponibles para financiar la Educación Superior, se encuentran dirigidos hacia los estudiantes, el restante 33,1% corresponde a los fondos distribuidos entre las Instituciones de Educación Superior.
Considerando a los alumnos de todas las IES, se observa que del total de fondos disponibles para el
sistema de Educación Superior, el 37,5% está dirigido a créditos y un 29,4% a becas.
Dentro de los distintos tipos de financiamiento a estudiantes, destaca el CAE debido a que representa un
25,6% de los fondos para financiar la Educación Superior en Chile, doblando el 11,9% que se destina para financiar el FSCU.
El CAE es precisamente el método de financiamiento, causante de que los alumnos de las Universidades
Privadas sean los que reciben un mayor financiamiento fiscal para costear sus estudios, asignándoles a éstos un 17,6% del total de recursos fiscales sólo a través de este financiamiento, cifra que es bastante superior al 1,9% que reciben los alumnos de las Universidades Tradicionales No Estatales y al 1,4% de los alumnos de las Universidades Estatales, mientras el restante 4,7% es distribuido entre las otras instituciones.
Con respecto al FSCU, este sólo es distribuido entre los alumnos pertenecientes a las universidades del
CRUCH, con un 6,6% para los alumnos de las Universidades Estatales y un 5,3% para las Universidades
Tradicionales No Estatales, lo anterior con respecto al total de fondos distribuidos a la Educación Superior durante el 2011.
Como se mencionó anteriormente, un 29,4% del total de fondos para financiar la Educación Superior
corresponde a becas, recordando que éstas se clasifican en Becas de Arancel (17,7%) y Otras Becas (11,7%) -que corresponde al conjunto de becas otorgadas por la JUNAEB y la Becas Nacionales de Postgrado otorgada por CONICYT-, dentro de las Becas de Arancel, Bicentenario es la beca que más destaca debido a que representa un 9,9% del total de fondos disponibles, y sólo es asignada a las universidades pertenecientes al CRUCH.
Con respecto al conjunto de becas denominadas “Otras Becas”, como ya se mencionó anteriormente,
representan un 11,7% del total de financiamiento a la Educación Superior, destacando entre ellas la Beca de Mantención de Educación Superior (BMES), que representa un 7,8% del total de fondos para financiar la Educación.
Si se considera el total de recursos existentes para financiar a los estudiantes (M$ 619.053.693), se tiene que los alumnos pertenecientes a las Universidades Tradicionales No Estatales, reciben un monto promedio que hace a estas instituciones las mayores receptoras de financiamiento fiscal a estudiantes con M$ 15.760.048 cada casa de estudio, cifra muy superior a los M$ 10.501.531 que recibe en promedio cada Universidad Estatal y a los M$ 5.675.851 de las Universidades Privadas. Una causa de esto es que las UTNE son nueve instituciones y muchas asignaciones son sólo para las universidades del CRUCH, provocando que los alumnos de estas universidades se vean mayormente beneficiados.
Ahora, enfocándose exclusivamente al financiamiento que reciben los estudiantes de las Universidades
Estatales (18,2% del total de financiamiento a la Educación Superior), la Universidad de Chile es la que se lleva la mayor parte de estos fondos, con un 3,3% del total disponible para Educación Superior, seguida por la Universidad de Santiago de Chile (2,4%) y la Universidad de Valparaíso (2,2%).
Desde el punto de vista del financiamiento que reciben las instituciones (33,1% del total de financiamiento a la Educación Superior), se observa que este va dirigido en mayor proporción a las Universidades Estatales, las que reciben un 19,0% del total de fondos. Esto se respalda en el aporte que reciben por concepto de AFD, el cual representa un 9,9% del financiamiento disponible para la Educación Superior, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de 2011.
Sin embargo, al igual que otros medios de financiamiento, el AFD es exclusivo para las universidades del
CRUCH, lo que se traduce en que al igual que en el financiamiento a estudiantes, sean en promedio las
Universidades Tradicionales No Estatales las principales adjudicadoras del total de financiamiento a IES,
recibiendo M$ 13.032.465, monto mayor al recibido por las Universidades Estatales y Universidades Privadas, los cuales reciben M$ 10.989.475 y M$ 251.667, respectivamente.
Con respecto al financiamiento que reciben las Instituciones de Educación Superior, como instituciones
propiamente tal, se observa que dentro de las clasificadas como Universidades Estatales (19,0%), la Universidad de Chile recibe un 8,1% de los recursos totales, lo que se explica en mayor medida por el AFD, recursos CONICYT y por dos fondos que recibe de manera exclusiva: Convenio Universidad de Chile y Desarrollo de las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Artes.
Complementando el análisis del financiamiento fiscal a estudiantes e instituciones, se obtiene que del 100% de recursos fiscales entregados por tipo de IES, sólo el 37,2% lo reciben las dieciséis Universidades Estatales mientras las nueve Tradicionales No Estatales se reparten un 28,0%, quedando el restante 34,8% para las Universidades Privadas, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Escuelas Matrices de las FF.AA y de Orden.
Al profundizar esta revisión por entidad, las 10 instituciones que reciben más financiamiento (considerando la asignación de fondos tanto a las instituciones como a los alumnos que estudian en ellas) en conjunto alcanzan un 46,7% del total de fondos disponibles para financiar la Educación Superior en Chile, 3 corresponden a Universidades Estatales, 5 a Universidades Tradicionales No Estatales y 2 a Universidades Privadas, las cuales son detalladas en la siguiente tabla:

Como conclusión final, de este informe se obtienen cuatro puntos a destacar:
1. Los recursos fiscales disponibles para financiar la Educación Superior en 2011 fueron entregados en
mayor medida a los estudiantes que a las Instituciones de Educación Superior.
2. Las entidades que en promedio se ven más beneficiadas en cuanto al financiamiento hacia los
estudiantes e instituciones son las Universidades Tradicionales No Estatales, debido a que reciben
montos muy similares a las Universidades Estatales, pero están compuestas solamente por nueve
instituciones.
3. El principal financiamiento para los estudiantes, es el que se otorga a través del CAE, el cual va
asignado en su mayor proporción a los estudiantes de las Universidades Privadas.
4. Dentro de las 176 instituciones que componen el universo de Instituciones de Educación Superior, la
Universidad de Chile es la que reúne la mayor cantidad de recursos fiscales, llevándose entre aportes
a estudiantes e instituciones un 11,3% del total disponible, seguida por la Universidad de Concepción
(6,8%) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (5,6%), ambas Universidades Tradicionales No
Estatales.
Según informe de Contraloría: Universidades privadas captaron 27,3% de fondos estatales en 2011. U. Santo Tomás es el plantel particular que recibe más recursos desde el Estado.
S. Sottorff y N. Gutiérrez, El Mercurio, 15 de junio de 2012.
El miércoles, al inaugurar el nuevo edificio de la Contraloría en Temuco, el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, se refirió a la situación de la U. del Mar. Dijo que ha recibido varias peticiones de alumnos y parlamentarios para indagar al plantel, por lo que hizo una aclaración: "Éstas son entidades privadas que se constituyen en el marco de la educación superior y nosotros no tenemos mucho que hacer".
Pese a esto, agregó, "son también entidades que recogen en alguna medida un financiamiento (fiscal), a veces directo o indirecto, a través de los créditos. Hay un aspecto sobre información financiera pública que nosotros vamos a subir el día viernes a nuestro sitio web, donde se van a sorprender por la cantidad de universidades privadas que reciben financiamiento estatal".
El informe, al que tuvo acceso "El Mercurio", revela cómo se repartió la torta de $804 mil millones que entregó el Estado a universidades el año pasado.
De ellos, el 27,3% fue a 34 universidades privadas, mientras que 72,7% se transfirió a planteles del Consejo de Rectores. Las transferencias estatales corresponden a crédito con aval del Estado, fondo solidario de crédito, becas, aporte fiscal directo y aporte fiscal indirecto, entre otros.
La U. de Chile es la que recibe mayor aporte (13% del total) y también mayores fondos por alumno ($3.188.000 en promedio). Entre las privadas, la U. Santo Tomás es la que recibe el aporte más significativo (3,7% del total) y la U. Autónoma es con mayores ingresos per cápita ($1.184.000).

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Junio 14, 2012
Voces rectoriales
Más recursos para fines públicos y mejores regulaciones para los mismos fines demandan rectores de universidades del Estado y privadas sin subsidio directo del Estado.
El reduccionismo del lucro vs. la complejidad de las universidades
Juan Manuel Zolezzi, Rector de la Universidad de Santiago y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, http://www.juanzolezzi.cl/, El Mostrador, 14 de Junio de 2012
Quienes estamos en la porfía diaria por lograr un nuevo trato del Estado para con sus universidades, observamos inquietos el lento proceso de la tramitación del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior y el relativo a los requisitos de funcionamiento de universidades no estatales en relación al lucro.
Esto, pues hemos sido testigos de cómo un ex rector advierte a la autoridad ministerial y a todo Chile que existen empresarios de la educación superior que son capaces de vulnerar, mediante “triquiñuelas”, un sistema a todas luces desregulado y feble para obtener beneficios económicos. ¿Qué ha hecho la autoridad? Al respecto, estamos a la espera de señales claras.
Por de pronto, desde la otra vereda nos cabe a nosotros sugerir que las políticas de financiamiento para las universidades estatales debieran tener un fundamento menos tecnocrático, debido al carácter de formación integral inherente a estas instituciones de educación superior y a su valor social que es mucho más importante que la oferta, la demanda y la ganancia.
En consecuencia, es necesario comprometerse con ideas en torno al tipo de sociedad que deseamos construir. Si aspiramos a un sistema social que sólo reproduzca la inequidad, entonces podemos seguir siendo complacientes con la exacerbada interpretación y aplicación del modelo económico actual a la asignación de recursos a las universidades públicas.
Sacar a los bancos del sistema de créditos es un gran avance, pero junto con ello también debería haber una mayor preocupación por la forma cómo vigorizamos las universidades públicas mediante políticas públicas con sentido país. El esfuerzo por parte del Gobierno, no debe limitarse únicamente a la asignación de financiamiento según la demanda; más bien, le corresponde evaluar la oferta educativa de acuerdo a su calidad, sin considerar el lucro y con un sentido público de responsabilidad social.
Por el contrario, si pretendemos que la educación superior posibilite una real movilidad social, debemos basar todo el proceso de asignación de recursos en este criterio. No es posible argumentar que el surgimiento de una sociedad de oportunidades menos desigual y más inclusiva, sea el resultado de concepciones que visualizan a las universidades públicas desde la perspectiva del dinero y la ganancia a partir de la etapa inicial en que se les asignan incluso, los recursos más básicos.
No es razonable formar profesionales socialmente responsables, disminuir los niveles de desigualdad y generar una sociedad más justa si, de partida, un proceso como la definición de los aranceles depende crucialmente de qué tan demandada sea una carrera en el mercado de la educación.
Es injusto para estos planteles supeditar sus complejos procesos de formación de profesionales a una lógica reduccionista y simplificadora en la que prevalece sólo la demanda por determinadas carreras, la competencia con universidades privadas que cuentan con recursos millonarios y la definición de aranceles según la rentabilidad futura de esas carreras. La rentabilidad social de algunas carreras como Historia, Filosofía y Música, por ejemplo, requiere una mirada desde el punto de vista de sus externalidades positivas para la sociedad, más que su rentabilidad en el mercado. En consecuencia, un trato diferencial por parte del Estado.
El valor de los aranceles debería considerar el costo de la educación y el hecho que la calidad con que es entregada por las universidades no radica solamente en sus procesos de instrucción, sino en la idea de una formación integral. Es por esta razón que el concepto de universidad compleja que integra docencia, investigación y extensión no calza con una definición de aranceles que sólo considera la demanda por determinadas carreras o cuánto ganarán los futuros profesionales.
Por ello mismo, se necesita un modelo de financiamiento que contemple aportes basales permanentes y de mayor cuantía, lo que implicaría una disminución de los aranceles de pregrado, incrementar la investigación y potenciar la vinculación con el medio, entre otros beneficios. Esto es especialmente urgente si se tiene presente que el aporte basal a las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Aporte Fiscal Directo) sólo cubre, en promedio, el 20% de su presupuesto de operación, mientras en algunas universidades públicas apenas llega al 4% del presupuesto de operación. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con sus instituciones de educación superior? Desde el punto de vista financiero, es escaso y preocupante.
El cambio radical del fundamento de las políticas de financiamiento es urgente, porque en el escenario actual las instituciones que lucran con la educación impactan negativamente en la sociedad, pues contribuyen al aumento de la exclusión social.
Sin duda, sacar a los bancos del sistema de créditos es un gran avance, pero junto con ello también debería haber una mayor preocupación por la forma cómo vigorizamos las universidades públicas mediante políticas públicas con sentido país. El esfuerzo por parte del Gobierno, no debe limitarse únicamente a la asignación de financiamiento según la demanda; más bien, le corresponde evaluar la oferta educativa de acuerdo a su calidad, sin considerar el lucro y con un sentido público de responsabilidad social.
Finalmente, se debe tener presente que la calidad de la educación universitaria no es el resultado de un contexto en el que imperan sólo la competencia, la ganancia y los indicadores tangibles. Esta condición depende crucialmente de la formación integral de profesionales no sólo capacitados para ser competitivos en el ámbito laboral, sino que, además, de la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo país. A eso apuntan las universidades públicas e invitamos al Gobierno a sumarse a este compromiso.
Regular las universidades
Andrés Benítez
Rector Universidad Adolfo Ibáñez
Orlando Poblete
Rector Universidad de los Andes
Carlos Peña
Rector Universidad Diego Portales
El Mercurio, Jueves 14 de Junio de 2012
Uno de los principales problemas que aqueja al sistema de educación superior lo constituye su heterogeneidad. Esta se expresa en la calidad de los distintos planteles y en los fines y objetivos que persiguen, creando confusión y una desconfianza que afectan la legitimidad del sistema como un todo. Casos recientes, como el sucedido en la Universidad del Mar o aquellos en que se han visto involucrados miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, son ejemplos claros de este problema.
La legitimidad, es decir, la convicción de que hay razones para ser merecedor de la confianza, es una parte fundamental de la tarea educativa. Si esa confianza no existe, entonces la tarea de esas instituciones se hace cada vez más difícil y las miles de familias que cifraron sus esperanzas en ellas experimentan una creciente frustración.
Una de las razones que explican lo anterior está, al menos en las instituciones creadas a partir de 1981, en la deficiente regulación del sistema. En esa oportunidad, se dispusieron un conjunto apenas mínimo de reglas para su funcionamiento. Se pensó que al exigir que las universidades se organizaran como fundaciones o corporaciones, es decir, como entidades sin fines de lucro, su orientación pública estaría asegurada. Y si bien eso fue así en una serie de instituciones que hoy han alcanzado prestigio y realizado un aporte significativo, implicó también que otras se alejaran del espíritu del legislador, con consecuencias que han sido nefastas para el sistema.
El modo de corregir esa situación y el primer paso para reconstruir la legitimidad del sistema como un todo lo constituye una mejora de la regulación a que están sujetas las universidades privadas en Chile, tanto las surgidas antes de 1981, como las que se crearon luego de esa misma fecha.
Hoy día, cuando se mira la legislación, se advierte que las universidades poseen el mínimo de regulación aplicable a las personas jurídicas en Chile. Los deberes de entrega de información al público, sus obligaciones de rendir cuentas, la necesidad de contar con consejos o juntas directivas independientes y responsables, poseen hoy una expresión apenas mínima. Y esa circunstancia ha permitido que algunas instituciones se administren con conflictos de interés en la medida que algunos de sus miembros tienen a su cargo tutelar la universidad y a la vez conducir las empresas con las que ella, a veces, se relaciona.
La misma circunstancia -la mínima regulación del sistema- es la que ha permitido también que algunas instituciones se mal administren, dañando las esperanzas de miles de familias. Y es en fin esa misma circunstancia la que ha creado la sensación creciente -que daña a todo el sistema- de que, a pesar que la ley lo prohíbe, hay algunas instituciones que, en los hechos, poseen fines de lucro y no reinvierten la totalidad de sus excedentes.
Creemos entonces que un primer paso para la mejora del sistema es incrementar la regulación a un nivel parecido, por dar un ejemplo, al que poseen hoy instituciones como las sociedades anónimas abiertas. No deja de ser paradójico que hoy en Chile una sociedad anónima posea mayor regulación que una institución universitaria. Pero eso no es todo. Una vez que esa mayor regulación se produzca -y la creación de la Superintendencia en actual trámite es un primer paso para lograrlo- será necesario atender a la economía política del sistema.
Desde 1981 y hasta ahora, las universidades privadas creadas luego de esa fecha, se han financiado casi en su totalidad con aranceles pagados por las familias con cargo a su renta actual o futura. El nivel de los aranceles se explica en muchos casos porque con cargo a ellos las Universidades sostienen sus comunidades académicas, realizan esfuerzos de investigación y expanden la planta física indispensable.
Al corregirse los aranceles -una tarea en la que el Gobierno está correctamente empeñado- se cambiará radicalmente esa economía política. Si los aranceles expresan sólo los bienes que benefician inmediata y directamente al estudiante, habrá otro conjunto de bienes, investigación y comunidades académicas entre ellas, que muchas instituciones no podrán sostener. Habrá entonces que pensar cómo se financiarán esos otros bienes o si acaso el Estado se resignará a su pérdida. Por supuesto -y en esto lo estudiantes tienen razón- los subsidios públicos y los otros cambios en la economía política del sistema, si los hubiera, sólo podrían aplicarse una vez que la regulación se haya incrementado en la manera que indicamos.
Sin mejorar la legitimidad del sistema -algo que sólo se alcanza mediante una mejor y mayor regulación- ningún cambio en su economía política tendrá éxito.
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Junio 13, 2012
Sistema de educación superior chileno aparece como líder en America Latina
En el QS World University Rankings dado a conocer hoy, Chile lidera en dos aspectos fundamentales: tiene 4 de las 10 mejores universidades de la Región, por encima de Brasil, México y Argentina, y es el sistema nacional con más universidades (30) dentro de las 250 top en relación con la población del país. Además llama la atención la existencia de 13 universidades chilenas entre las 100 mejores; la mejora experimentada por un buen número de nuestras universidades respecto al año pasado y el peso de las universidades privadas, con y sin subsidio directo del Estado, entre las mejores 13 chilenas o 100 del continente. De las 25 universidades CRUCH, 22 califican entre las 250 "de la fama"; solo quedan fuera las dos universidades pedagógicas y la UTEM que aun no se recupera de su profunda crisis. 8 universidades privadas nuevas, sin subsidio directo del Estado, entran en el cuadro de honor.
¿Significa algo importante estar entre las 250 mejores del continente? Si, sinifica ocupar un lugar dentro del 7% superior de las alrededor de 3.900 universidades o instituciones equivalentes que existen en América Latina.
El ranking de las universidades chilenas es el siguiente (número indica posición dentro de la región latinoamericana):
2 PUC
4 UCH
9 UDEC
10 USACH
34 PUCV
36 UTFSM
41 UAUCH
62 UAI
64 UNAB
70 UTAL
82 UDP
92 UFRO
100 UANDES
103 UV
106 UCN
142 ULS
143 UAH
150 UA
151-160 UTAR
151-160 UBB
161-170 UDD
181-190 ULA
191-200 UCEN
191-200 UMAG
201-250 UNAP
UCRSH
UCSC
UCT
UCM
UATA
COMENTARIO SOBRE CHILE proprcionado por los organizadores de este ranking (que contiene varias afirmaciones equivocadas factualmente y otras equívocas, igualmente es interesante):
While Brazil has unmatched strength in depth, perhaps the most eye-catching progress has been made by Chile, which now claims four of the top ten spots, more than any other nation. Just months after spiraling tuition fees prompted student riots in Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile (2) and Universidad de Chile (4) are joined in this year’s top ten by Universidad de Concepción (9) and Universidad de Santiago de Chile (10).
Whereas accessibility clearly remains a major issue, in terms of research performance Chile’s universities are among the best in the continent.Three Chilean universities make the top 15 for papers per faculty, led by Universidad de Chile in 6th - the only country to break the Brazilian whitewash in this indicator. Pontifica also makes the top 10 for citations per paper, with Pontifica and Universidade de Chile making the top 20 for both citations per paper and papers per faculty, a feat matched by only one other university (UNIFESP).
Therefore, in termes of research quantity combined with impact, they can lay a credible claim to be Latin America’s foremost research institutions. As this year’s events show, research performance is only one aspect of a complex situation for Chilean universities, and these rankings also point to significant areas for improvement.There is no Chilean university in the top 50 for faculty/student ratio, and none in the top 30 for staff with a PhD.With Chilean students paying more than most for their education, this indicates that for all their research strength there is plenty of work to be done when it comes to providing a first-class learning environment.
If Chile’s heavily privatized universities have been helped up the table by the manner in which they have prioritized research, this year’s rankings suggest Argentina’s heavily state-subsidized university system has struggled to keep up with the pace of change elsewhere in the continent.
INTRODUCCION
Ben Sowter, Head of QS Intelligence Unit
The QS World University Rankings® were recently published for the eighth consecutive year, and have become the world’s most widely referenced source of comparative information on global universities. In 2011, the world rankings featured 712 universities – a record to date, but still only a fraction of the some 20,000 higher education institutions in the world as estimated at the recent UNESCO forum on global rankings.
Following the launch of the QS Asian University Rankings™ in 2009, 2011 has seen the launch of the QS World University Rankings® by Subject, and QS Stars – a new broad-based rating system – both designed to provide more comparative intelligence on a greater number of universities.
QS recognizes that while rankings have become an increasingly important influence on the decisions facing prospective international students, they have their limitations. A single methodology cannot be adequately used to compare all universities of all types in all regions. This year’s subject rankings aim to reveal global excellence in individual disciplines – much of which is overlooked by the generalist approach taken in the world rankings. This work will be extended further in future. QS Stars reveals excellence not only in the round but in each of eight key areas; and the regional rankings in Asia and now Latin America are designed to drill down deeper beneath the fabric of higher education in some of the fastest-moving regions of the world.
QS University Rankings – Latin America™ represent an achievement which eight years ago would have been unthinkable. In 2004, when all this began, Latin America was among the most challenging regions in the world from which to identify appropriate contacts and gather the necessary data. Today things are different. Universities in the region have been very welcoming and extremely cooperative in helping us compile these results and the team at QS has been augmented with the necessary language capabilities to communicate effectively in the region.
The methodology has been adapted to the needs of the region, following an extensive survey of academics and institution leaders in the region conducted early this year to ascertain the factors considered most indicative of institutional strength. The “Staff with PhD” indicator was cited as the most important indicator and has been included here for the first time in any QS evaluation.
Other concepts considered important in the survey included inclusion, student satisfaction, and the quality, number, and depth of relationships with universities outside the region. All of these feature in plans for the future and, in many cases, data has already begun to be collected.
A special acknowledgement must go to Cybermetrics Labs in Madrid, publishers of the well-known and extremely inclusive “Ranking Web of World Universities” (www.webometrics.info) whose data has been drawn upon to form 10% of these new rankings. While web metrics have not been taken into account before due to the heavy advantage offered to institutions operating principally in English, they form a very interesting component in a region where no country or institution has an innate advantage in this respect. The QS indicator has been compiled by dropping the “Scholar” component from the main Webometrics score (due to its overlap with our analysis of SciVerse Scopus) and up-scaling the other components to compensate. Much like other evaluations, these results will evolve in their early years as the institutions involved become familiar with the system and the data requested. But these inaugural results already reveal a fascinating picture of an increasingly important region on the higher education map.
Mas información en:
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings
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Reflexiones de ex-dirigente estudiantil G Jackson sobre el movimiento de 2011
A propósito del próximo lanzamiento de un libro de Fernando Atria, Jackson (en la foto, Wikipedia) reflexiona sobre el movimiento estudiantil del 2011.
“La Mala Educación: ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile”
Por : Giorgio Jackson en Opinión, CIPER, 11.06.2012
El próximo lunes 18 de junio a las 12.30 horas Fundación CIPER lanzará el libro “La mala educación: ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile”, del abogado Fernando Atria. Algunos de los textos incluidos en esta edición, como la estupenda serie “10 lugares comunes falsos sobre la educación chilena” fueron conocidos y disfrutados por los lectores de CIPER. Ahora llegan en formato libro junto a otras imprescindibles reflexiones de este autor que, como explica Giorgio Jackson, ayudó a los estudiantes a comprender dónde estaban las trampas lógicas que se usan para defender el lucro en el actual sistema educativo. El libro será presentado por Arturo Fontaine, Francisco Figueroa, Hernán Larraín, Mónica González y Giorgio Jackson. De este último es el texto que les ofrecemos a continuación y que tiene el gran mérito de ser una buena síntesis de los aciertos y de los errores cometidos por el movimiento estudiantil.
Con Atria en la mochila
Escribir la presentación de esta colección de columnas del abogado Fernando Atria es para mí un honor, pues durante este importante e intenso año 2011, en que nuestro sistema educativo fue objeto de un debate muy a fondo, su serie de artículos titulada “10 lugares comunes falsos sobre la educación chilena” me acompañó en muchos momentos importantes. Me acompañó literalmente, pues yo andaba con sus columnas impresas en la mochila, corcheteadas y subrayadas.
Me acuerdo que me llamó la atención especialmente el primer texto de la serie, “La angustia del privilegiado”, porque sintetizaba una de las ideas que en la CONFECH queríamos transmitir: que nuestro sistema educacional era altamente injusto y que nosotros —los más “favorecidos”— no seríamos merecedores de nuestros privilegios: es decir, no estábamos en buenas universidades o carreras solo gracias a nuestras capacidades o “méritos”, sino que gracias a un sistema que hacía falsa la reiterada promesa de meritocracia. “Esfuérzate y lo lograrás” o “el que quiere, puede”, son algunos de los populares dichos que ignoran la importancia del entorno social asociado al aprendizaje y que, finalmente, se traducen en mayor sensación de fracaso, frustración y una posterior resignación en quienes no logran acceder al mundo de las oportunidades.
En mi caso, egresado de un colegio particular, sentía esa angustia del privilegiado; y a cada universidad a la que asistí, para explicar el sentido del movimiento, desde la Universidad de Los Andes o Adolfo Ibáñez hasta los más diversos colegios particulares, siempre me interesó plantear ese tema con fuerza. Creo que una de las funciones que tuvimos los universitarios este año —en particular los de las mejores universidades de Chile— fue el buscar que los estudiantes privilegiados tomaran conciencia de su situación, y les generara angustia, culpa y rabia. No es fácil para nadie aceptar que los privilegios de los que goza son a costa de la discriminación de otros. Y fue un signo alentador darme cuenta de que éramos cada vez más —de verdad muchos— quienes queríamos desprendernos de dichos privilegios, o al menos ponerlos en juego para vivir en un país más justo. Esto se manifestó en los cientos de miles que se sumaron a la causa estudiantil por una educación sin fines de lucro, gratuita y de calidad, que no sería a beneficio propio sino de las futuras generaciones.
Las magistrales columnas de Fernando Atria formaron parte de un esfuerzo hecho por una gran cantidad de actores sociales, académicos y estudiantes por desentrañar la manera en que funciona la educación chilena y por explicar sus mecanismos con claridad, para que se entendiera que las críticas que hacíamos no era voluntarismo, ni orden de partido, ni infantilismo, ni ninguno de los adjetivos con los que trataron de descalificarnos. Sus columnas nos ayudaron a comprender que los problemas complejos a veces pueden encontrar una respuesta sencilla. No fue un aporte menor. Probablemente la capacidad que tuvimos de explicar con claridad nuestras demandas fue una de las grandes diferencias con el movimiento de los “pingüinos” de 2006. En el reclamo de los secundarios era muy fuerte la sensación de injusticia, pero quizás fue menos asertivo a la hora de hacer comprensible a los chilenos la forma cómo se conectaban los distintos mecanismos que producían dicha injusticia. El suyo fue un reclamo moral que remeció al país porque daba cuenta de algo real. Lamentablemente no tuvo el “peso académico” para transformar su protesta en argumento de debate en una sociedad conservadora que se escuda en la tecnocracia para no producir cambios.
Estoy seguro, incluso, de que la mecánica exacta de cómo funcionaba el proceso educativo era un misterio para una gran parte de los estudiantes. Porque la educación, como cada tema importante donde confluyen intereses enormes, tiene como primera arma defensiva el mostrarse incomprensible a las personas, de modo que estas no puedan reclamar.
Pero el esfuerzo de los secundarios de 2006 no fue en vano. En este 2011 muchos de los que participaron en ese movimiento y en el de 2008 entraron a la educación superior. Tenían la invaluable experiencia de la derrota, pues tras decenas de comisiones y mesas de trabajo, su esfuerzo culminó sin las reformas buscadas (el fin al lucro en la educación era una de ellas). La recordada fotografía que se sacó la presidenta Bachelet con los dirigentes de la derecha y de la Concertación, todos con las manos entrelazadas y en alto, fue el triste final para un movimiento que terminó doblegado, mientras la clase política hacía creer que la educación había dado un gran salto (por esos las manos entrelazadas) cuando no se habían movido las estructuras. Esa experiencia, sin embargo, hizo que esta generación entendiera mejor dónde estaban las trampas del sistema político y alimentara la desconfianza necesaria para no caer en ellas nuevamente.
En nuestro caso, comenzamos hace varios años a estudiar el modelo a fondo, sus cruces, sus rincones ocultos. La verdad es que el sistema educativo chileno es enmarañado como un plato de tallarines. Leímos los informes de la OCDE, de diversos think tanks, empezamos a ir a cientos de foros y armamos asambleas. Lentamente se fue formando un capital cultural con la gente que nos rodeaba, que nos iban retroalimentando, ayudando a entender. Luego, en la CONFECH, nos enfrentamos al problema de cómo expresar esas ideas con claridad, para generar empatía en la ciudadanía. Desde la FEUC, miramos con atención la experiencia de Punta de Choros, donde los organizadores de la campaña ChaoPescao.cl lograron impedir que en ese santuario se instalara la termoeléctrica Barracones. Nos asesoramos comunicacionalmente y entendimos que había que concentrarse solo en dos o tres temas fáciles de transmitir, y hablarle a la mayor cantidad de público posible.
La dificultad inicial radicaba en que tanto los gobiernos anteriores como el actual exhibían orgullosos las cifras de cobertura: casi un millón de estudiantes continuaban estudios superiores. El dato más potente era el que mostraba que de cada 10 estudiantes, 7 son hijos de padres que solo terminaron el colegio, es decir, son los primeros en llegar tan alto académicamente en sus familias. No parecía posible mostrar que detrás de esos logros se incubaba un fracaso y que estábamos frente a una crisis del sistema.
Pero tras esos grandilocuentes números había una realidad oculta; los temas que elegimos para comunicar esas injusticias fueron inicialmente tres:
El primero hacía referencia a la desigualdad en el acceso. Las dificultades para que los sectores más vulnerables lleguen a la educación superior eran evidentes, no solo porque la PSU es un tipo de prueba que agudiza las desigualdades de base, sino por el costo que significaba financiar los estudios. Era un tema fácil de explicar y estaban los gráficos para mostrar que solo 2 de cada 10 jóvenes del decil más pobre acceden a la educación superior, contra 9 de cada 10 del decil más rico.
Pero no solo se trataba del acceso sino también de la alta deserción que hacía aun más grande la brecha entre los titulados “ricos” y los titulados “pobres”. El segundo eje hablaba del financiamiento. Todos los estudios dicen que Chile tiene uno de los sistemas de enseñanza superior más privatizada del mundo. Además es uno de los más caros —si no el más caro—, financiado en un 80% por las familias y menos del 20% por el Estado. La promesa de dar acceso a los más vulnerables que hicieron los gobiernos de la Concertación venía con la letra chica del crédito con aval del Estado, que hoy tiene a miles y miles de familias angustiadas y atrapadas en la deuda.
Finalmente, como tercer eje de nuestro diagnóstico estaba la estafa: el cuestionamiento acerca de la existencia de instituciones y empresas que, con todo descaro, violan la ley que establece que no deberían lucrar, abren carreras que no tienen mercado laboral y otras que funcionan sin mínimos de calidad o transparencia. En el fondo, la promesa de crecimiento y expansión de la matrícula en educación superior vino sin un marco de regulación necesario para que no se produjera esta enorme diferencia entre las expectativas generadas a los estudiantes y sus familias a través de multimillonaria propaganda con una realidad mucho menos prometedora.
Y eso fue. En un comienzo decidimos no hablar más que eso, aunque la educación es un tema mucho más complejo. En cada declaración no podían estar ausentes esos tres aspectos. Solo se agregó la democratización de las universidades, que es un reclamo histórico de la CONFECH y que hace mucho sentido con la construcción de ciudadanía y la responsabilidad cívica.
Al principio estos temas parecían tocar solo los intereses de los estudiantes y de sus familias, y nuestra tarea fue llegar a cada persona afectada, hablándole de su particular problema. Buscamos convocar a quienes no pudieron acceder a la educación superior, a los que habían llegado pero estaban endeudados, a lo que tenían a un hijo estudiando una carrera sin futuro o en una universidad evidentemente mala. Pero poco a poco lo que parecía gremial fue decantando y mostrando lo mucho que tenía de nacional: porque el sueño de una educación de calidad sin distinción de clases no es el sueño de un grupo, sino el sueño de un país mejor.
Creo que nuestro movimiento tuvo ese gran mérito: despertó una sensación que no recorría nuestro país hacía décadas. Era la sensación de comunidad, de que aún tenemos sueños colectivos que nos unen y por los que vale la pena hacer sacrificios. Durante un largo período de 2011 más del 80% de los chilenos nos creyó y nos envió un mensaje: “Aunque implique costos, vayan a buscar lo que piden porque nos beneficia a todos, porque es posible, pero sobre todo porque es justo”.
Me gustaría hacer énfasis en algo relevante a la hora del impacto que se tuvo: nosotros no inventamos nada nuevo, solo comunicamos una verdad incómoda y la gente hizo suyos estos problemas. Creo que el acierto que tuvimos como estudiantes, apoyados fuertemente por la sociedad civil, fue que teníamos un alfiler en la mano en el momento en que la burbuja educativa chilena se había hinchado al máximo.
Los movimientos son un tipo de animal político muy particular. Tienen una vida corta y luminosa. No están destinados a perdurar pues consumen mucha energía ciudadana y giran en torno a un tema. Salvo excepciones, vencen o son vencidos con rapidez porque la gente que los alimenta necesita continuar con sus vidas. Si el movimiento universitario prolongó su existencia durante casi un año, fue en una parte importante porque se benefició de una serie de circunstancias inusuales. Una muy importante es que en Chile gobernara la derecha. Estoy seguro de que la eficacia del movimiento habría sido distinta si hubiera debido enfrentarse a un Gobierno de la Concertación. Ese conglomerado, pese a sus errores, podía hablar en el mismo lenguaje que los estudiantes. Podía decir que en los 90 recibió el país con 40% de pobreza y Chile tenía otras prioridades.Y podía blindar sus concesiones a los bancos y a los intereses económicos de las universidades apelando al argumento moral que ellos trabajaron para terminar con la dictadura. ¿Existió un bloqueo y veto de la derecha a proyectos más “atrevidos” de la Concertación en esos 20 años? Claro que sí. Pero también es cierto que la Concertación nunca tuvo una sola voz respecto de la educación pública y de calidad; y que muchos de sus dirigentes convivían de lo más bien con el lucro en colegios y universidades.
En 2011, en cambio, la Alianza por Chile no tuvo dónde escudarse, ni a quién culpar a la hora de no cumplir con las demandas sociales. Ellos eran los principales detractores de la educación pública y los principales sostenedores del lucro en la educación. No pudieron, por eso, elaborar un argumento para disminuir la fuerza creciente del movimiento. Tras la primera y masiva marcha nos dijeron: “Los que reclaman son los privilegiados”. Respondimos que, considerando los niveles de endeudamiento, deserción y falta de inserción laboral, se nos considera privilegiados; no teníamos miedo en declarar que lo somos y que no queremos seguir siéndolo. Lo que pedimos no es para nosotros, sino para las generaciones que vienen.
Debieron aceptar entonces que nuestras aspiraciones eran “legítimas”, pero argumentaron que no habían suficientes recursos para materializarlas. Cuando planteamos una reforma tributaria o discutimos la soberanía de los recursos naturales, como el cobre, nos acusaron de ser “sobreideologizados”. A eso contestamos: “Claro que es ideológico lo que planteamos, pero el Gobierno es más ideológico que nosotros porque cree en la educación como un bien de consumo y defiende el lucro que no ha demostrado ningún beneficio en educación, salvo a los dueños de las universidades, los sostenedores y a los bancos”.
Mientras la estrategia del Gobierno era intentar imponer eslóganes y lugares comunes, la nuestra era intentar desarmarlos, mostrar la mentira que había en esas afirmaciones que parecían tan verdaderas. Es por eso que siento que hay una gran coincidencia entre los planteamientos de la CONFECH y las columnas de Atria que comenzaron a aparecer en esos momentos. Sus acertadas reflexiones alimentaron este debate, que terminaron por callar los últimos argumentos de los sectores más conservadores. Sus columnas sobre el lucro, financiamiento compartido y gratuidad en la educación fueron claves para despejar dudas sobre la legitimidad de nuestras demandas. Es más, camino al Congreso a debatir el proyecto del lucro en la educación, junto a Camila Vallejo y Francisco Figueroa, repasamos varias veces los argumentos de sus textos.
En todo ese período el Gobierno tuvo un único gran éxito y hay que reconocérselo. Como el debate educacional lo había perdido por completo, su estrategia para bajar el apoyo popular a nuestras demandas fue criminalizarnos; prohibir y reprimir las movilizaciones de modo que se fuera produciendo frustración, impotencia y desorden. Al principio esa estrategia no funcionó y las escenas de jóvenes controlando a los pocos encapuchados que aparecían eran un nuevo mentís para el Gobierno. Pero la autoridad, que debía garantizar el orden y la convivencia democrática, insistió en manchar al movimiento.
Y terminó ganando: a través de la nula respuesta a las demandas, la negación de permisos de Intendencia y de la represión policial, transformó marchas que eran carnavales en manifestaciones que comenzaban y terminaban en violencia.
El Gobierno apostó en muchos momentos a tergiversar nuestras demandas, llevarlas al absurdo o recurrir a cualquier mecanismo para bajar la adhesión social al movimiento. ¿Por qué hacía eso? Hay que recordarlo para el futuro, hay que tenerlo presente en las luchas que vienen: en 2011 la derecha usó sus dientes y sus uñas para defender posturas ideológicas que no sirven a nadie más que a los intereses económicos que rigen la educación. Posturas implantadas a la fuerza durante la dictadura militar.
No pretendo narrar aquí todos los derroteros del gran movimiento universitario del que fuimos parte. Alguna vez quizás valga la pena hacerlo. Me interesa dejar claro, eso sí, que aunque no conseguimos las grandes metas que nos propusimos, tuvimos el gran triunfo de revivir el debate público. De revitalizar nuestra democracia y contribuir con la sana politización de la ciudadanía. De un momento a otro, argumentos relacionados a la injusticia social, los niveles de endeudamiento y la estafa, empezaron a repetirse en las conversaciones de sobremesa, en los espacios públicos, medios de comunicación, redes sociales, etc. Decía que los movimientos tienen corta vida, pero si hay un aspecto por el cual le veo proyección a este es porque logró despertar la política. Porque puso en evidencia la dificultad estructural de nuestra institucionalidad para poder hacer los cambios que las mayorías quieren. En ese sentido creo que este movimiento llegó para quedarse.
Es muy difícil que el tema educativo vuelva a provocar una movilización tan extensa e intensa como la que hubo en 2011. Eso hace que la estrategia deba cambiar: hay que pensar en el mediano y largo plazo. Una tarea, me parece, es lograr detectar las trampas que existen en nuestro sistema político y que impiden que las mayorías se expresen. Si se logra hacer eso, la posible sensación de fracaso y frustración por no haber conseguido las reformas en educación que se esperaban, se convierte en energía y en movimiento, esta vez para generar las transformaciones democráticas que necesitamos.
Hay que ir hacia las reformas constitucionales. El hecho de que tengamos una demanda que apoya tanta gente —un 80% en algún momento— y que el Gobierno haya podido hacer caso omiso de esta, demuestra que hay una contradicción profunda en nuestra democracia. El hecho que un Parlamento no pueda hacer mucho contra un presupuesto mezquino también muestra las limitaciones de un régimen tan presidencialista como el nuestro. Todo eso se suma a la ya conocida “política de los consensos” entre los dos bloques hegemónicos que mantienen sus niveles de poder gracias al sistema binominal. Los dirigentes de la CONFECH tratamos de instalar esa contradicción en el debate público y siento que a la gente le quedó dando vuelta el tema; creo que ahí está el germen para que la ciudadanía se active, y para que la siguiente tarea deba ser explicar muy claramente los lugares comunes con los que se defiende un sistema que no es del todo democrático.
Aquí es donde nuevamente aparece el aporte insustituible de Fernando Atria. Su lucidez para explicar, de manera clara y sencilla, las trabas y los cambios necesarios en nuestra Constitución, lo transforman nuevamente en un actor fundamental para llevar al sentido común los complejos problemas de nuestra institucionalidad.
Es un tema que parece lejano, árido, tal cual como se veía el sistema educacional en sus comienzos. Pero es el momento de empezar a convencernos que la transición a la democracia se terminó y que debemos dar paso a una democracia moderna y profunda, que le entregue más poder a la ciudadanía y permita que todas las visiones puedan ser representadas. Va a demandar mucho esfuerzo intelectual, comunicacional, político y social para aclarar esas trampas que hoy impiden que haya una democracia real.
El adelanto que nos presenta Fernando en la primera columna de este libro es parte de ese trabajo, donde, como es su estilo, trata de desmenuzar e iluminar esa maraña llamada Constitución, que es la primera línea de defensa que hoy tiene el poder establecido.
Creo que los años que vienen serán sumamente interesantes. Espero que emerja de ellos un Chile por fin más justo y más libre.
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Cómo comparar los mejores departamentos de investigación: el caso de Canadá
Siguiendo adelante con su interesante estudio bibliométrico sobre investigadores canadienses a través del Ínide H, Usher muestra hoy cómo medir la performance normalizada disciplinariamente de los mejores departamentos universitarios del Candá.
Bibliometrics: Who’s the Best?
Alex Usher, HESA, Canada, June 13, 2012
Today, we released the full version of our bibliometric paper, showing H-index averages on a discipline-by-discipline basis. You can find it here.
(Keep in mind while reading it that the H-index isn’t a wholly straightforward statistic to interpret. If one discipline has an H-index of 10 and another has an H-index of five, you can’t simply say that professors in one discipline publish twice as much as the other. An H-index is just the largest number of publications for which one also has at least the same number of citations – five papers with at least five citations gives an H-index of five, etc. So it’s possible that the discipline with an H-index of 5 might see just as many publications as the one with 10, just fewer citations.)
Now, because we know the H-index of every professor at the 71 institutions in our survey, we can aggregate their data on a departmental basis to find out how every academic department in the country fares against every department in the same field. Which means, basically, that we can pick out the “best” departments in each field, at least in the sense of the departments which have the highest average levels of scholarly productivity and impact, which is what the H-index measures. And we know how everyone loves rankings.
Do check part II of our paper for details, but the table below shows you which schools come out tops in each of the 55 disciplines we examined.

This is an interesting chart for a couple of reasons. First, the rank order of institutions with top departments doesn’t quite line up with the traditional perception of the rank order of top universities in Canada. In particular, UBC rarely gets top billing ahead of McGill and U of T, and Alberta isn’t usually seen as being behind Guelph and Saskatchewan. We wouldn’t read too much into that; even if it is the very best in just one field, Alberta is strong in a large number of fields (albeit many of them are in medicine, an area which our study wasn’t able to examine).
Queen’s standing in this listing is higher than it is in most research comparisons, but that’s because it does very well in disciplines which tend not to count much in traditional science-based indicator sets (e.g., literature and philosophy). When these fields are given equal weight, Queen’s does better.
A final point of interest is how widely excellence is spread: Lakehead and Wilfrid Laurier don’t usually make anyone’s list of major research universities, and yet, in certain areas of academia they can compete with the best.
More again tomorrow.
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Junio 12, 2012
El próximo tsunami de la educación en línea
Invitación del Programa Columbus a participar en Videoconferencia
El próximo tsunami de la educación en línea
En los últimos meses algunas universidades de élite han comenzado a ofrecer cursos en línea gratuitos. Harvard y el MIT han comprometido US $ 60 millones a EDX, una asociación que publica algunos de estos cursos con los materiales de aprendizaje en línea y pruebas complementarias. Del mismo modo, Stanford, ofreció recientemente un curso en línea de Inteligencia Artificial que contó con más de 160.000 suscriptores, 20.000 de los cuales completaron el curso. Como dijo el presidente de Stanford, John Hennessy, "Se viene un tsunami".
Este "tsunami" plantea algunas cuestiones importantes para las universidades tradicionales: ¿Por qué estas universidades de élite realizar este tipo de proyectos? ¿Cuál será el impacto en las instituciones de educación superior? ¿Cómo los avances en las tecnologías de aprendizaje (como los sistemas tutoriales inteligentes, entornos de simulación, y sistemas de aprendizaje “peer-to-peer”) están creando oportunidades para mejorar la educación en competencias como el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos, así como facilitar la evaluación con mayor eficacia de estas competencias? ¿Cómo estas tendencias podrían redefinir el papel de los profesores?
Si bien es evidente que este desarrollo no pondrá en peligro de inmediato la relevancia de la universidad contemporánea, el aumento exponencial de los cursos gratuitos en línea de universidades de élite sí constituye un cambio importante en el contexto estratégico de las universidades tradicionales, con ramificaciones en todos sus sectores de actividad.
Le invitamos a una videoconferencia sobre este tema que se llevará a cabo el 25 de junio de 15h30 a 16h30 (hora de París) con la colaboración especial del Profesor Peter Haddawy, Director del Instituto Internacional de Tecnología de Software de la Universidad de Naciones Unidas, en Macao, China. La conferencia se llevará a cabo en inglés en la plataforma Web de Columbus. Dado que los cupos son limitados, los interesados en participar deben inscribirse enviando un e-mail a Alessia Bandini: a.bandini@columbus-web.org. Gracias.
De particular interés para: responsables de las políticas de educación superior, líderes institucionales, profesionales involucrados en la aplicación de las TIC en la educación superior y en la innovación de los paradigmas de enseñanza y aprendizaje.
Secretariado de Columbus
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La preocupación por la evaluación de resultados del aprendizaje universitario: Debates recientes en EEUU
From Denial to Acceptance
Inside Higher ED, June 11, 2012 - 3:00am
By Kaustuv Basu
NEW YORK – Margaret A. Miller, a professor at the University of Virginia’s Center for the Study of Higher Education and an expert on learning outcomes, likes to compare the state of the student assessment movement to the different stages of grief.
After she listened to presentations by prominent researchers and educators at a Teagle Foundation meeting over the weekend called “What Works and What Matters in Student Learning?” she reaffirmed a conclusion that she had reached earlier this year: The assessment movement has moved on from a stage of denial in its early years to a state of (reluctant) acceptance now.
The Spellings Commission report drew national attention to the issue, she said, and when Academically Adrift (a 2011 book that painted a devastating picture of student learning) arrived, people were ready to hear it. “I think what is happening here is that the education community is beginning to work together on these problems for analysis and solutions," she said. The Teagle meeting, she said, reinforced her sense that there are “islands of serious activity that are growing and spreading their influence.”
And while many of those present at the meeting could be classified as true believers in the assessment movement, almost everyone who was there agreed that there is a wider embrace of the movement, and talk that might have been considered “strange” a few years ago is now considered normal.
Evidence of this was on display at the meeting Friday in a session called “A Marketplace of Ideas,” where presenters talked about topics related to assessment such as institutional cultures, cognitive science and its links to student learning, and why certain teaching strategies might work and some might not.
One presenter, G. Christian Jernstedt, a professor of psychological and brain science and director of the Center for Educational Outcomes at Dartmouth College, used the example of how different techniques used in the Olympic sport of long jump over the years have led to improvements in performance in the last century, and how something similar might be possible with student learning outcomes.
Another idea discussed at the meeting was the use of e-portfolios by students -- online compilations of their academic work and their learning experience -- to assess student learning. J. Elizabeth Clark, a professor of English at LaGuardia Community College, where students use e-portfolios, said that they enable students to think about what they are learning. “Many campuses are using it to aid assessment, to understand how students are developing while they are at the institute,” she said. At LaGuardia, the e-portfolios were used in a recent accreditation process as evidence of assessment of student work, she said.
Russell Berman, a professor of comparative literature and director of the German studies program at Stanford University, said that as a result of what he heard at the Teagle meeting, he had a better understanding of e-portfolios and how they were more than a career preparing dossier. Berman, a former president of the Modern Language Association, said there is an opportunity to do something exciting with student learning outcomes, but more institutional leaders have to commit to change. “If we don’t transform, we will have an ever tinier tier of institutions and population enjoying an ever more nostalgic college experience while every one else gets treated badly,” he said.
So how do experts view the current state of the student assessment movement?
David Paris, executive director for the New Leadership Alliance for Student Learning and Accountability, said the question has shifted away from whether assessment is necessary to evidence that “things are coming together” -- be it the Teagle meeting, which had a special focus on the humanities, or the Council of Independent Colleges using the Collegiate Learning Assessment in a seven-year project to measure student learning outcomes at numerous institutions.
"If there is continual tinkering [with using assessment], there will be significant changes over time,” said Fred Ohles, president of Nebraska Wesleyan University. “There are good instruments available. Regional accreditors have incorporated [student learning outcomes] in their framework. The climate is generally more positive than the political rhetoric suggests."
Richard Morrill, president of the Teagle Foundation, said in his closing address that there is now a “mature set of activities” around the student assessment movement, as compared to the prevailing landscape around assessment at a similar meeting in Durham, N.C., about five years ago. Morrill said there was less anxiety, and a “wonderful pluralism of opportunities.”
While many observers would agree that the movement to assess student learning continues to build support, most of the attendees at the Teagle meeting tend to be among the supporters of the movement. Many faculty members -- while not objecting to assessment per se -- continue to argue that an emphasis on national norms may not be the best way to improve many colleges. They fear that administrators have been quick to add assessment requirements and paperwork without actually using the results. And many say that professors have largely been left out of these conversations.
Richard Arum, co-author of Academically Adrift, who gave the opening address at the meeting, said he had no doubt that a growing community of educators have an interest in student learning and assessment. “For example, you could measure the number of staff in colleges and universities involved in learning and assessment,” he said.
“This is encouraging, but it is far from the transformative change you would truly need in higher education to truly address these problems,” he said. Arum said an exogenous shock might be necessary to shake things up, be it disruptive technology or fiscal pressures. “Unless you change the incentive structure, you will see very few major gains,” he said.
But when that time comes, discussions like the one this weekend at Teagle, Arum said, will mean that no one will be starting from scratch. “We have a knowledge base and a community, and a lot of useful ideas,” he said.
Read more: http://www.insidehighered.com/news/2012/06/11/conference-considers-state-student-assessment#ixzz1xazmFWEX
Inside Higher Ed
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Junio 11, 2012
Aranceles de referencia, fórmulas de calculo y el caso de la U del Mar
Análisis y opiniones en torno a la propuesta ministerial.
La U. del Mar y las puntas de lanza de la Educación Superior chilena
Pablo Soto, Director Ejecutivo Centro de Estudios FECh (CEFECh), El Mostrador, 11 de junio de 2012
Al igual que en las discusiones relativas a la distribución del ingreso, es fácil hacer trampas mediante el uso de las cifras agregadas. Tal como se ha discutido sobre si los cerca de 17 mil dólares de ingreso per cápita son o no tan per cápita en realidad, el aumento de la cantidad de personas que comienzan estudios superiores (uno de los indicadores más vociferados como medida de nuestro supuesto desarrollo económico y social) por sí solo, lo único que indica es que más hogares tendrán que pagar por los aranceles educativos más caros del mundo.
Lo anterior a estas alturas no es novedad. La “cuestión” de la Educación Superior en Chile ha desencadenado procesos de movilización social de masas inéditos en nuestra historia reciente, y hay elementos para pensar que el conflicto real al interior de las instituciones recién comienza. Esto, debido a que la coyuntura relativa a la crisis que atraviesa la Universidad del Mar aporta nuevos antecedentes para pensar que el tamaño real de este problema es más grande y profundo de lo que se piensa.
En efecto, la renuncia del Rector de la Universidad del Mar, el abogado Raúl Urrutia, hace unos días permitió el destape de la cara más grosera del problema: mientras se mantienen deudas salariales y previsionales, los dueños se pagan una suma cerca a los 600 millones de pesos a través de sus propias sociedades inmobiliarias. Esto se suma a otros problemas ya descritos en una serie de artículos, sobre todo en relación a su oscuro proceso de acreditación, cuyo único resultado fue la garantía de un ingreso de 3.500 millones de pesos provenientes de los estudiantes que ahora podrían postular al Crédito con Aval del Estado (CAE).
Lo relevante desde el punto de vista económico y social no es solamente el hecho de que una institución presente ostensibles irregularidades, sino el hecho de que es posible considerarlas como una norma para el segmento institucional que es el mayor responsable sobre la dinámica del sistema en su conjunto: las instituciones no tradicionales (formadas con posterioridad a 1981) y no selectivas (aquellas donde el puntaje PSU promedio es inferior a 550 puntos).
Dentro de lo anterior, destacan instituciones con una gran capacidad expansiva en su matrícula tales como Universidad de las Américas, la Universidad San Sebastián, la UNIACC, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Autónoma, la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, la Universidad Central y la ya mencionada Universidad del Mar.
Además, son instituciones en las cuales ya han sucedido escándalos que nos dicen que algo huele mal. Escándalos como el ocurrido recientemente con la UNIACC, los intentos de compra de la U. Central el 2011 que gatillaron movilizaciones de sus estudiantes, los conflictos de interés como el rol del Consejo Nacional de Educación en el proceso de acreditación de la Universidad de Las Américas el 2008, o por motivos que se relacionan con la honestidad clasista de nuestra élite académica, como las declaraciones del ahora ex Decano de la Facultad de Arquitectura sobre la “cultura y sofisticación de sus estudiantes” en la Universidad San Sebastián.
Por un lado, más allá del escándalo, es necesario recalcar que las instituciones mencionadas anteriormente concentran una suma de 161.020 estudiantes, lo cual constituye el 70% del total de este mercado y donde el costo de estudiar un año (matrícula más arancel) bordea los 2,3 millones de pesos al año en promedio. La mayoría de sus estudiantes provienen de establecimientos escolares precarios, es más, forman gran parte de ese 7 de cada 10 estudiantes que podrían ser el primer profesional de su familia. En suma, son las instituciones que alimentan socialmente el cada vez menos defendido discurso sobre la promoción social de nuestro modelo de Educación Superior.
Por otro lado, los primeros resultados de una investigación desarrollada por el Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (CEFECh)[1] dan cuenta de la profundidad económica y social del problema. Del total de los ingresos esperados sólo por docencia del pregrado, estas instituciones tienen una participación equivalente a 72% del total esperado del mercado en el que participan[2].
Al mismo tiempo, son las instituciones que han evidenciado la síntesis de los problemas de un sistema de acreditación realmente cosmético. En efecto, este grupo de las Universidades que presentan un gran poder económico, explicado tanto por la cantidad de matriculados que presenta y por los precios de sus aranceles-matrículas por concepto de docencia de pregrado, y a su vez pertenecen a la categoría de las No Tradicionales y No Selectivas, son Universidades que concentran las peores tasas de eficiencia en titulación (de una generación, en promedio, sólo se titula el 38%), no realizan investigación (sólo 5 de 100 investigaciones se llevan a cabo en universidades privadas no tradicionales en general), cuentan con baja tasa de contratación de planta en docencia (85% de sus docentes son “a horas”), y sus estudiantes tienen un promedio de menos de 5 libros por alumno y en algunos casos sólo tienen 2 ejemplares por estudiante (encontrarían más variedad en una recepción de una ISAPRE).
En términos de la configuración de la matrícula, este tipo de instituciones son las que explican gran parte de su expansión, con un crecimiento del 81% para el período 2005-2010. Presentan bajos niveles de retención de matrícula tanto para el primer año (57%) como para el segundo (55%); tienen bajo nivel de acreditación institucional (3,3 años promedio… ¿permitirían los defensores del actual modelo que sus hijos cursen estudios allí?); presentan un promedio de PSU de sus alumnos de 503 puntos, lo cual da cuenta de una ya conocida relación con el tipo de establecimiento de educación secundaria, estrato social al cual pertenecen y trayectoria familiar ligado a los estudios superiores.
En este sentido, no es aventurado sostener que las dimensiones en que estas instituciones se han desempeñado con especial eficiencia, son las relacionadas con las estrategias para aumentar la extracción de la renta de los hogares, sea aumentando sostenidamente sus aranceles y/o su cobertura, o mediante las garantías que ofrece el CAE cuando el hogar no puede cubrir los costos directamente. Básicamente, y como se suele decir, negocio redondo. De aquí que una de las puntas de lanza del movimiento estudiantil apunten al lucro no como un problema de principios de filosofía moral (como lo han querido colocar algunos académicos y autoridades), sino como el mecanismo económico y social que explica el aumento en los ingresos de las instituciones como el resultado de la extracción a destajo de la renta de los hogares.
En la otra vereda, el gobierno está mostrando una voluntad al cierre de instituciones como esta, eventual medida que puede sonar atrevida como intento de ofensiva y a la cual se han sumado gran parte de quienes alimentaron a esta bestia económica y social —la Concertación—, pero que no se hace cargo de qué es lo que sucederá con los estudiantes de dichas instituciones, y de qué forma puede garantizarse una alta cobertura que no vaya acompañada de la extracción progresiva de los ingresos de los hogares ni la reproducción de la precariedad educativa en el nivel superior de aquí en adelante. En definitiva, que sea capaz de cumplir con el horizonte que los principales promotores políticos y académicos del modelo han reclamado para sí, y que los porfiados hechos —una vez más— han logrado desmentir: la existencia de una modernización efectiva, y no espuria, de nuestro sistema educativo.
1 El estudio consiste en una caracterización de los mercados universitarios, poniendo énfasis en sus precios, para lo cual se utilizó los datos de la base Índices (CNED). Para mayor información sobre sus primeros resultados, ver: http://fech.cl/mercados-en-la-educacion-superior-universitaria/
2 US$763.100.000 de un total de US$1.054.860.000 que los hogares destinan al pago de aranceles y matrícula de Universidades No Tradicionales No Selectivas.
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* Equipo de investigación: Rodrigo Fernández Sociólogo y Magíster(c) en Economía Aplicada, Andrés d’Alencon, Ignacio Cassorla y Camilo Araneda Sociólogos Universidad de Chile.
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Los efectos de los nuevos aranceles de referencia sobre las universidades
Fórmula del Mineduc considera empleabilidad, sueldo y corrige por nivel socioeconómico.
por E. Simonsen/ P. Salazar, La Tercera, 10 de junio 2012
http://diario.latercera.com/2012/06/10/01/contenido/pais/31-110975-9-los-efectos-de-los-nuevos-aranceles-de-referencia-sobre-las-universidades.shtml
A más de una semana de haber recibido, por parte del ministro de Educación, Harald Beyer, la propuesta del nuevo cálculo del arancel de referencia, un grupo de rectores de planteles tradicionales trabaja afanosamente en su análisis. El grupo está formado por los rectores de las universidades de Tarapacá, del Bío-Bío, Católica de Valparaíso y Federico Santa María. La fórmula recoge información de empleabilidad, sueldos, deserción, entre otros factores.
El tema sobre cómo se definirán a futuro los aranceles de referencia es crucial. Las ayudas estudiantiles estatales, como becas y créditos, cubren sólo hasta ese monto, salvo en el caso de algunas becas, como la Juan Gómez Millas, cuyo beneficio es menor ($ 1,1 millón al año). Sin embargo, a contar de 2013 esta beca se equiparará al arancel de referencia, a lo que se agregará la ampliación del resto de los beneficios, con lo que el gobierno pretende llegar a 175 mil becas adicionales.
“Hoy, para las universidades privadas, prácticamente este arancel no tiene importancia. A futuro será clave. Habrá más recursos por esta vía”, dice Ricardo Paredes, quien presidió la comisión que analizó el financiamiento estudiantil.
Además, las universidades deberán hacerse cargo de la brecha entre el referencial y el real en el caso de los alumnos más pobres. “Es un tema de fondo, por los recursos involucrados, los incentivos que genera en el sistema y los cambios en la oferta de carrera”, explica el rector de la U. Santo Tomás, Jaime Vatter.
1 Los efectos
El nuevo cálculo será más libre de presiones. El informe de Paredes señala, por ejemplo, que el actual modelo para fijar el mecanismo es poco transparente, puesto que clasifica a las universidades en grupos y los planteles con investigación se clasifican automáticamente en el grupo de aranceles más alto. “Si bien parece deseable que existan universidades de este tipo, también parece importante que existan otras menos complejas”, dice el informe.
2 Corrección
Los sueldos de los egresados están influidos no sólo por la universidad, sino también por el nivel socioeconómico familiar. Según el Mineduc, por cada $ 100 mil adicionales de ingresos de la familia, un egresado gana $ 80 mil más. Por eso, la fórmula propuesta incorpora, como variable de ajuste, el nivel socioeconómico de los estudiantes. Sin embargo, a juicio del rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, su ponderación no es suficiente. “El cálculo correlaciona el monto a recibir por el plantel con el ingreso de los futuros egresados. Sin embargo, hay un conjunto de factores que no son responsabilidad de las universidades como son la cuna y redes sociales”.
3 Disminuirá la brecha entre universidades de investigación y docencia
Hoy día el factor de investigación y de publicaciones de un plantel es uno de los puntos relevantes a la hora de definir el arancel de referencia. Por eso, esos planteles tienen valores más altos que los que ejercen solo la docencia. A juicio de Paredes, en la nueva fórmula, este factor está considerado de manera indirecta, por lo que “el diferencial de aranceles va a ser relativamente menor”. En ese caso, según varios rectores, el financiamiento de investigación debiese tener un carril distinto.“Al invertir sólo en la docencia es necesario otro mecanismo que financie la investigación. Sin embargo, en algunas universidades es difícil separar los costos de docencia con investigación”, explica Emilio Rodríguez, rector de la U. de Tarapacá.
4 Se podrían crear nuevos nichos de universidades
Hoy día el mercado universitario está segmentado por nivel socioecónomico de los alumnos. Esto podría cambiar, según Vatter, ya que si un plantel logra que sus alumnos tengan buenos niveles de empleabilidad pese a provenir de niveles socioeconómicos bajos puede competir con uno de mayor reconocimiento.
5 Podrían cerrar carreras
“Puede que haya universidades que generen carreras con bajos salarios y que vendan una ilusión que no se cumple, por lo que recibirán arancel de referencia bajo y pocos estudiantes y cerrarán”, dice Paredes. Esto, no es visto con buenos ojos por los rectores que temen que las universidades centren su oferta en carreras rentables. “Se anticiparía la segregación del mercado laboral, porque Ud. va a tener un arancel de referencia según la empleabilidad que hayan tenido aquellos que estudiaron en los años anteriores. Por tanto, lo van a clasificar desde antes de su egreso”, dice Valle.
6 Falta el factor regional
“Un doctor en Física Cuántica en Arica no vale lo mismo que en Santiago. Es importante considerar el tema regional que está ausente”, dice Rodríguez. A él se agrega las aprensiones de Vatter sobre cómo se medirá el autoempleo. En nuestra universidad tenemos altos porcentajes que son independientes en un inicio y no sabemos cómo el sistema capturará su nivel real de ingresos”.
Zolezzi dijo que brecha entre aranceles reales y de referencia debe llegar al 10 por ciento
Terra, 04 de junio de 2012 • 17:32
El vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), Juan Manuel Zolezzi, expresó su preocupación respecto de cómo las universidades cubrirán la diferencia entre el arancel de referencia y el real, precisando que ayudaría que los porcentajes entre ambos parámetros se redujeran al 10%.
Zolezzi asistió a la firma del proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento para los estudiantes que cursan estudios superiores.
El vicepresidente del Cruch manifestó que desconoce cómo las universidades cubrirán la diferencia entre el arancel de referencia y el real, montos que aún no se conocen y que serán determinados a partir de una nueva fórmula de cálculo de los aranceles de referencia y que fue dada a conocer por el ministerio de Educación la semana pasada.
"Financiar el primer y segundo quintil es un tema delicado para nosotros. La brecha entre arancel de referencia y arancel real, en promedio para las universidades del Consejo de Rectores, se mueve entre un 20 y 25 por ciento de diferencia. Si se logra reducir esa brecha a un 10 por ciento, se aliviaría la forma de llevar este proceso", expresó el vicepresidente del Cruch y rector de la Universidad de Santiago.
El Presidente Sebastián Piñera, y el ministro de Educación, Harald Beyer, firmaron este lunes el proyecto de ley que establece un nuevo sistema de financiamiento estudiantil para la Educación Superior.
En líneas generales se propone crear un crédito estatal único para todos los estudiantes de la Educación Superior, que será administrado por la Tesorería General de la República, excluyendo definitivamente el sistema a los bancos.
El secretario de Estado sostuvo que el nuevo crédito propuesto en el proyecto de ley, tendrá una tasa de interés del 2 por ciento anual y estará disponible para el 90 por ciento de las familias chilenas, quedando excluido el 10 por ciento más rico de la población.
"Se pagará una vez que el egresado comience a trabajar y la cuota se fijará en función de su sueldo, que no podrá superar el 10 por ciento de éste", detalló.
El nuevo crédito se pagará en 180 cuotas, y si queda un saldo pendiente, será condonado por el Estado.
"El cobro lo realizará la Tesorería General de la República con el apoyo del Servicio de Impuestos Internos. El pago será similar al de las cotizaciones previsionales, el empleador podrá retener y pagar al Fisco el monto correspondiente", precisó la autoridad ministerial.
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Bibliometria: sobre el uso del Indice H
En su post del dia de hoy, Alex Usher da a conocer el resultado de un extenso estudio sobre producción e impacto de los académicos canadienses, utilizando para se efecto el Indice H normalizado por disciplina. Este último aspecto es novedoso. El conjunto del estudio es pionero y confirma el esfuerzo que, más modestamente, hemos estado realizando con Felipe Salazar en dos artículos publicadis aquí y próximamente aquí.
Back to Bibliometrics
Posted on June 11, 2012 by Alex Usher
About two months ago, we did a series on bibliometrics (if you missed it the first time out, you can catch up here), and promised we’d be back shortly with some new results. Well, we’ll those results will be released Wednesday, and we think they’re so interesting that we’ll be spending all week telling you about them.
For bibliometrics to be really useful, they need to (a) be able to capture information about both productivity and impact, (b) be easy to use and understand and (c) take account of differences in disciplinary publication cultures (or, to put it in the prevailing jargon, they need to be “field-normalized”). As we noted eight weeks ago, the H-index meets the first two criteria, but is still of only limited value because it doesn’t meet the third.
Until now. Over the past year, we at HESA have been building a database which contains the H-index data of over 60,000 professors employed at 71 Canadian universities in all fields of study except medicine (which we excluded on the eminently practical grounds that we can’t for the life of us distinguish teaching faculty from clinical faculty on institutional websites – if anyone wants to enlighten us, we can include them too). This is a pretty demanding job, as you can imagine: there’s a lot that goes into checking and double-checking publication records to make sure they all correspond correctly to individual professors. We then used these records to look at how H-index scores differ across fields of study.
When we release the full document Wednesday, you’ll be able to see the results down to the level of the individual discipline, but for now the main results are below:
Mean H-Index Scores By Field of Study

As you’d expect, professors in science, agriculture and engineering have significantly higher H-indexes than other disciplines. After that, you’ve got the social sciences, which come slightly ahead of the applied health disciplines (the publications profile of academics in dentistry, nursing, kinesiology, etc, is really nothing like those in the biological sciences), followed by business and the humanities. Below that, there is design & architecture and fine arts, neither of which really seems to use the printed word as the primary means of scholarly communications; the median professor in these disciplines has either never published or never been cited in a scholarly publication.
You might think of this as a bit of a “so-what” finding. But it’s a big deal for two reasons: first, no one has ever done this systematically with the H-index before and second, now that it’s been done, it opens up an enormous amount of potential research on research and impact to be conducted – and we’ll be giving you a taste for the rest of the week.
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Carta del Presidente de la FECH
Cartas
Lunes 11 de Junio de 2012
Sistema educativo
Señor Director:
El Mineduc, mediante carta de Loreto Cox a su medio, sigue omitiendo la discusión central que ha planteado la sociedad chilena, a saber, qué tipo de sistema educativo estamos construyendo.
Los estudiantes hemos sido claros. Queremos un sistema educativo en que todos nos podamos encontrar como iguales y que esté en función de construir un desarrollo más justo y armónico para todos. Creemos que eso sólo es posible con un sistema de hegemonía pública en que la educación sea un derecho para todos y esté orientada por un proyecto nacional de educación.
En contraposición, el Gobierno sigue fortaleciendo el mismo modelo de los últimos 30 años, produciendo una segregación educativa única en el mundo. El modelo de focalización del gasto que tan decididamente defiende sólo se preocupa de garantizar un nivel mínimo de educación; por lo tanto, todos los que pueden pagar algo para recibir más de ese mínimo lo harán, generándose un sistema educacional necesariamente segregado según la capacidad de pago de las familias, tal como el que tenemos en Chile.
Entendemos que el camino es largo y estamos dispuestos a llegar a acuerdos para avanzar hacia un mejor sistema educativo. Pero eso no es posible si no nos ponemos de acuerdo en cuál es la dirección hacia donde vamos. Nosotros hemos sido claros y nos hemos manifestado por más de un año con el amplio apoyo de la ciudadanía. Esperamos que el Gobierno deje de eludir la discusión central y se atreva a discutir con todos los chilenos el modelo educativo y la sociedad que vamos a construir.
Gabriel Boric
Presidente FECh
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Junio 10, 2012
La idea de universidad en tiempos de masificación
Artículo de J. J. Brunner, La idea de universidad en tiempos de masificación, publicado en Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES), México, UNAM-IISUE/Universia, vol. III, núm. 7
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Resumen
A partir de los más recientes datos que caracterizan la evolución de la educación superior iberoamericana se analiza el impacto de la masificación y universalización de este nivel educacional sobre la plataforma institucional que lo provee, especialmente en su componente universitario. Se describe el paso de la universidad ideal, espiritual, de élite, a la universidad masiva, heteróclita y posmoderna y las reacciones de la inteligentsia frente a este proceso.
Palabras clave: universidad, moderna, élite, masas, instituciones, intelectuales.
A idéia de universidade em tempos da massificação
Resumo
A partir dos mais recentes dados que caracterizam a evolução da educação superior ibero-americana se analisa o impacto da massificação e da universalização deste nível educacional sobre a plataforma institucional que o provê, especialmente no seu componente universitário.Descreve-se o passo da universidade ideal, espiritual, de elite, para a universidade das massas, heteróclita e pós-moderna, e as reações da inteligentsia diante deste processo.
Palavras chave: universidade, moderna, elite, massas, instituições, intelectuais.
Universities in times of massification
Abstract
Based on the most recent data that characterize the evolution of higher iberoamerican education this article analyzes the impact of massification and universalization of this educational level on the institutional platform that provides it, particularly with regard to the university component. It describes the ideal, spiritual, elite, mass, heteroclite and post-modern university and the reactions of the intelligentsia in face of this process.
Key words: university, modern, elite, masses, institutions, intellectuals
Recepción: 4/1/12. Aprobación: 22/2/12.
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Educación parvularia: ¿calidad con 72 mil pesos?
Valiosa columna de opinión del investigador Sergio Urzua, CEP
Educación parvularia: ¿calidad con 72 mil pesos?
Sergio Urzua, Opinión, El Mercurio, Domingo 10 de Junio de 2012
El Gobierno ha desplegado una completa agenda para reformar el sistema de educación. Ésta incluye cambios sustanciales, que esperamos tengan efectos positivos.
Sin embargo, no ha recibido la atención que merece un problema importante, que no afecta a quienes egresan de la media, sino a quienes están prontos a entrar al sistema de educación básica: la situación del financiamiento de la educación parvularia en Chile.
La evidencia ha demostrado que una educación temprana de calidad tiene efectos positivos permanentes. Ésta puede mejorar el desempeño académico y laboral e incluso se ha demostrado que puede disminuir la delincuencia. Pero, ¿está el Estado invirtiendo suficientes recursos en este nivel educacional?
Dos instituciones son las encargadas de entregar la educación temprana pública en nuestro país: Junji y Fundación Integra. Privados también pueden recibir fondos públicos a través de transferencias que Junji realiza a organismos sin fines de lucro que entreguen educación parvularia a niños en situación de pobreza. Las salas cuna y jardines infantiles que operan bajo esta modalidad son conocidos como VTF (Vía Transferencia de Fondos). Durante 2011, la matrícula de Junji alcanzó los 161 mil 233 niños, de los cuales 63 por ciento asistió a instituciones VTF, mientras Integra atendió a un poco más de 72 mil niños.
Veamos cuánto invierte el Estado en la educación de estos niños. La información entregada por Integra en su reporte 2011 indica que el promedio mensual de atención por niño superó levemente los 102 mil pesos. Si bien los datos para Junji no están disponibles, un simple cálculo a partir de lo reportado en la Ley de Presupuesto 2011 sugiere que en el caso de los centros de administración directa de Junji (no VTF) la inversión mensual por niño alcanzó los 138 mil pesos, mientras que para instituciones VTF el monto estuvo en torno a los 72 mil pesos.
Un análisis completo de este tema requiere considerar las diferencias en costos por niveles educacionales y regiones. Sin embargo, llama la atención que las instituciones VTF -aquellas destinadas a atender a niños que se encuentren en condiciones de pobreza- son las que operan con menores recursos. Éstas, además, explican gran parte del crecimiento en la oferta de educación preescolar pública. Pero lo más preocupante son las diferencias de los montos invertidos por el Estado respecto de los valores de mercado. Hoy en Chile no es difícil encontrar jardines privados cuyo costo mensual supere los 150 mil pesos ¡por media jornada!
Para cerrar las brechas e igualar la cancha desde la cuna, el Estado debe prestar mayor atención a las desigualdades que se producen tempranamente. ¿Se puede asegurar calidad con 72 mil pesos mensuales? Asegurar una educación de calidad temprana es caro, pero efectivo. Allí hay que dar la batalla.
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Junio 09, 2012
Universidad del Mar y necesidades de acreditación
El mal desempeño de la Universidad del Mar y sus dueños, amen de causar un daño al sistema en su conjnto y, en particular, al sector de instituciones privadas, genera presión sobre el gobierno para el pronto cambio del actual régimen de acreditación. Sería conveniente que el Gobierno apurara su respuesta ante esta demanda pues, de lo contrario, corre el riesgo de que el tema se le imponga en las calles.
Propuesta para una modificación del régimen de acreditación de Hernán Raneda, Andrés Bernasconi, J. J. Brunner y Maria Jose Lemaitre ver en:
http://mt.educarchile.cl/MT/jjbrunner/archives/2012/05/ideas_para_el_c.html
Caso Universidad del Mar coloca entre la espada y la pared a las agencias acreditadoras de la educación superior
Los negocios para obtener la acreditación entre la cuestionada U. del Mar y el ex miembro del Consejo de Acreditación, Eugenio Díaz, agregan sal a los fuertes cuestionamientos que enfrentan la educación superior y el lucro, poniendo el foco en uno de los pilares del sistema educacional chileno. Vínculos, conflictos de interés y la extendida práctica de las “sillas musicales” en el ambiente de las acreditaciones son algunas de las características que hacen agua en el sistema que en 2006 abrió las puertas a las agencias acreditadoras privadas. Estas entidades, según la ex secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación, María José Lemaitre, deberían ser eliminadas.
por CLAUDIA URQUIETA CH.COMENTARENVIAR RECTIFICAR, El Mostrador, 8 de junio de 2012
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/06/08/caso-universidad-del-mar-coloca-entre-la-espada-y-la-pared-a-las-agencias-acreditadoras-de-la-educacion-superior/
El allanamiento realizado por la PDI a la casa y oficina del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), Eugenio Díaz, forma parte de una trama que desde hace varios meses tiene a la Contraloría y a la Fiscalía Oriente investigando el cuestionado negocio que había montado con la Universidad del Mar. Sin embargo, más allá de los millones que se embolsaría Díaz, la historia saca a la palestra la poca credibilidad que para muchos tiene el actual Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, en el cual el juego de las “sillas musicales” y los conflictos de interés en el negocio de la acreditación empañan la fórmula que opera desde 2006.
Para Rodrigo Cornejo, del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), el conflicto de Díaz y las serias críticas que paralelamente enfrenta la Universidad del Mar, sólo demuestran que “la acreditación no tiene credibilidad”. Y recalca que “lo importante para generar conciencia en la gente es entender que esto podría pasar con muchas otras universidades y gente con puestos importantes en la CNA”.
Si bien un contrato de las características del firmado por Eugenio Díaz con la cuestionada entidad universitaria es un caso extremo, los vínculos en el ambiente de la acreditación y las casas de estudio superior se dan en distintos niveles. Uno de ellos es el traspaso de profesionales encargados de acreditar instituciones a puestos directivos en las mismas, lo que se ha dado tanto en CNA-Chile —donde 7 de sus 15 miembros son asignados por las propias instituciones que deben fiscalizar— así como en las agencias acreditadoras, responsables de dar garantía pública de la calidad de carreras y programas impartidos por las instituciones de educación superior autónomas.
Ejemplos sobran. Entre ellos la cuestionada designación como rectora de la Universidad de las Américas de la vicepresidenta del entonces Consejo Superior de Educación (CSE), apenas dos meses después de que por primera vez y en contra de lo resuelto por la CNA, el organismo le diera el ansiado sello que permite acceso a financiamiento estatal y becas a dicha casa de estudios. El escándalo fue tal que los ejecutivos de Laureate, la agrupación educacional dueña de la universidad, dieron pie atrás y no la nombraron en el cargo.
Por otro lado, en general las agencias acreditadoras, que son ocho y han acreditado a más del 90% de programas y carreras que han evaluado, están en manos de personas directamente ligadas a universidades. Situación que alerta sobre la validez y credibilidad de las acreditaciones.
Como botón de muestra: la Agencia Akredita QA en cuya constitución jurídica figura el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, fue sancionada por parte de la CNA en 2010 por el conflicto de intereses que enfrentaba el académico, que a pesar de ser presidente del Instituto Profesional Los Leones y miembro del Consejo Académico Superior de ese instituto, entregó la acreditación a través de Akredita QA a la carrera de Educación Parvularia.
En octubre de 2011 la Universidad Andrés Bello, logró acreditar por cinco años el Programa de Formación de Especialistas en Psiquiatría del Adulto en manos de la agencia Apice Chile. Un par de meses antes el decano de la Facultad de Medicina de la UNAB, Pedro Uribe, renunciaba al cargo para hacerse cargo de la rectoría. Con la salvedad que también renunciaba al directorio de Apice Chile.
Pablo Baraona, fue uno de los fundadores de la Universidad Finis Terrae. Esto no impidió que en 2011 la Agencia Acreditadora de Chile, de la que es presidente, visara la carrera de Educación de Párvulos de la casa de estudios.
AGENCIAS ACREDITADORAS BAJO LA LUPA
Hace seis años, la ex secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Educación, María José Lemaitre, valoraba y promovía la creación de agencias privadas de acreditación. Hoy, su visión ha cambiado.
“Fue un error. Cuando se propuso la creación de agencias privadas de acreditación promoví su existencia, pero no pensé que llegaríamos al nivel de inconsistencia y cosas muy poco serias que existen hoy. Creo que hay que eliminarlas”, señala Lemaitre.
Esta mirada es compartida por el académico de la Facultad de Educación de la PUC, Andrés Bernasconi, quien asegura que estas agencias “no tienen razón de existir” y está de acuerdo con su desaparición.
Ambos, junto a José Joaquín Brunner, académico y consultor de políticas de educación superior y Hernán Araneda, gerente del Centro de Innovación en Capital Humano de Fundación Chile, forman la subcomisión de expertos del Mineduc como parte de la Comisión que evalúa el actual sistema de certificación de la educación superior. Hace unas semanas presentaron una serie de propuestas al Mineduc sobre el tema, entre las que destaca la creación de una agencia acreditadora pública que sea la única encargada de certificar la calidad de las instituciones académicas, ya que como explica Bernasconi, “las privadas por más bien que hagan su trabajo siempre tendrán problema de inconsistencia de dónde ponen la vara en la medición de las carreras. No hay ninguna forma de garantizar que 3 años en la carrea de Periodismo acreditado por una agencia es lo mismo a que lo acredite otra agencia”.
Lemaitre aclara que casos como el de Díaz y su relación con la Universidad del Mar “es corrupción y no tiene que ver con que funcione o no la acreditación”. Junto a Bernasconi son enfáticos a la hora de respaldar la existencia de un sistema de acreditación, pero recalcan que necesita profundos cambios. Entre ellos, por ejemplo, que los miembros de la CNA sean designados por un sistema como el de Alta Dirección Pública y que sea un trabajo de tiempo completo, como en el Banco Central, lo que “tendría dos ventajas: mayor independencias de la institución de origen y mayor tiempo para dedicarle a la acreditación de las carreras”, asegura el Máster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard.
Además, proponen que la acreditación se realice por tramos más gruesos. Bernasconi explica que hoy “la única consecuencia de no obtener la acreditación es la no elegibilidad para ayuda financiera. Conexión que no debiera existir”.
Según Lemaitre, “se cayó en la situación de que para no perjudicar a los estudiantes y dejarlos sin créditos se acreditaron instituciones por un año, lo que es una barbaridad. No tiene sentido ni lógica: es no entender que la acreditación está para proteger a los alumnos de no ir a instituciones de mala calidad. Eso no pasó”.
Hace unas semanas el ministro de Educación, Harald Beyer, anunció que para poder acceder al nuevo sistema de financiamiento estudiantil, las instituciones de educación superior deberán contar con al menos tres años de certificación. Anuncio que en vista de la caja de Pandora que ha destapado la Universidad del Mar podría una vez más no entregar garantía a los estudiantes de que accederán a una educación con estándares mínimos de calidad.
Bernasconi concluye que el actual sistema “no está dando las garantías de confianza que está llamado a dar. La palabra acreditación viene de creer, en este caso, en que una institución acreditadora cumple normas mínimas de funcionamiento que garantizan viabilidad en el mediano plazo. Y que no se producirán problemas como los que vemos hoy en algunas”.
En todo caso aclara que existen avances, especialmente porque “hace seis años la gente no aceptaba como una buena idea tener un sistema de acreditación: creían que el mercado debía regularlo”.
Los puntos negros que "desacreditan" el actual sistema de acreditación universitaria
La forma en que se eligen los miembros de la CNA y que no existan estándares comunes para el proceso son algunas de las preocupaciones de los actores del sistema. Mineduc ya recibió 8 informes para elaborar una propuesta de cambio.
por: Por Jéssica Henríquez D./La Segunda viernes, 08 de junio de 2012
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/06/753457/los-puntos-negros-que-desacreditan-el-actual-sistema-de-acreditacion-universitaria
"Hace como un año y medio vez me vinieron a ver de una agencia acreditadora para hacerme una oferta: ellos me acreditaban tres o cuatro carreras por el precio de dos. Lo encontré el colmo (...) Más aún cuando me di cuenta que los encargados eran académicos que antes estaban en las mismas universidades que ahora acreditan".
Así describe el rector de una universidad que prefiere mantener su nombre en reserva, la impresión que tiene del sistema de acreditación. El mismo sistema que se supone entrega una suerte de sello de calidad de lo que hacen los planteles y que durante estas últimas semanas ha estado en el ojo del huracán luego de que se ventilarán los problemas en la Universidad del Mar y su relación con algunos ex miembros de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNA Chile).
Pero los cuestionamientos venían de antes y, el propio ministro Harald Beyer adelantó que se aumentará la exigencia al sistema porque "es débil", anunciando una gran reforma que se materializará en un proyecto de ley que enviará los últimos meses de este año.
El trabajo ya comenzó. Tras un par de reuniones, el ministerio ha recibido al menos 8 informes (de diversos actores del sistema) con propuestas de cómo mejorar. En dos semanas más esos textos darán vida a un documento que se entregará a una delegación de 5 expertos de la OCDE que vendrán a Chile en agosto a hacer una evaluación.
¿Cuáles son los puntos negros?
Los informes entregados al Mineduc -a los que accedió La Segunda- los advierten de manera clara, al igual que los propios actores del sistema:
1.- La forma en que se eligen hoy los miembros de la CNA porque "los integrantes son representantes de instituciones que son parte de todo el proceso, lo que les hace perder independencia, especialmente cuando se actúa corporativamente", advierte el vicerrector del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi.
Por ello, expertos convocados por el ministerio plantean redefinir la composición de sus miembros y que sean elegidos por Alta Dirección Pública, ratificados por el Senado.
2.-No existen estándares de acreditación comunes . Por ello, no todas las agencias utilizan los mismos criterios para dar la certificación. El rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, acusa que "el sistema vigente no es creíble y se llega a absurdos como que algunas instituciones tienen acreditación pese a no cumplir con estándares mínimos aceptables. Esto es grave porque se está engañando a miles de estudiantes".
3.-Las agencias acreditadoras se transforman en clientes de las universidades, porque terminan realizando labores que no están contempladas en sus contrato. Por ejemplo, hacen asesorías para que logren la acreditación o recomiendan evaluadores determinados. "Operan en un mercado desregulado, lo que lleva o puede llevar a que primen consideraciones comerciales", advierte el investigador José Joaquín Brunner .
4.- El sistema se concentra en acreditar procesos y no resultados , lo que significa que nunca se sabe con certeza si el plantel efectivamente generó un valor agregado al alumno y si es eficiente en el proceso enseñaza-aprendizaje, señalan los expertos.
5.-Que no existan moratorias dentro de la CNA para evitar el conflicto de intereses entre sus miembros y los planteles que acreditan. El informe del CRUCH ejemplifica diciendo que hay "autoridades de instituciones que participan como pares evaluadores", que hay "académicos activos que participan en agencias" o "grupos económicos miembros de agencias de acreditación".
6.- Definir bien las jerarquías entre la CNA y el Consejo Nacional de Educación. "No puede ser que un plantel que es rechazado dos veces por la CNA apele a la CNE, y éste lo apruebe. Las decisiones de la CNA deben ser inapelables", dice Zolezzi.
7.- Abrir espacio para que agencias internacionales de reconocido prestigio realicen las acreditaciones porque el mundo universitario en Chile es muy pequeño y todo el mundo se conoce.
8.- Que las agencias se acrediten ante un órgano que examine no sólo su solvencia económica, sino también la académica "porque muchas de ellas no cuentan con equipos suficientes y de calidad, y terminan subcontratando los servicios. Al final son solo una empresa gestionadora que renta por esa coordinación", señala Zolezzi.
9.- Que no haya criterios claros en la asignación de número de años a acreditar . "Hoy este proceso es totalmente incierto, es muy difícil saber qué hace diferente a una institución que recibe 3 años de una de 4 o 5", advierte el informe de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica (Conifos).
10.-Que la acreditación no es obligatoria y no se sanciona a los planteles no acreditados. "Las instituciones que no participen en este proceso debería perder su reconocimiento oficial", señala el informe de cuatro expertos en el tema convocados por el Mineduc.
El informe entregado por el CRUCH agrega que "la ley debería contemplar sanciones, más allá de la no asignación de becas, a las instituciones y programas no acreditados (...) Por ejemplo, que se cierren".
Aunque los ocho informes aún no son públicos, todos coinciden en dos cosas: Primero, valoran la existencia del sistema y plantean la urgente necesidad de mejorarlo . Y segundo es que consideran que la composición de la CNA es muy corporativa , "lo que debe cambiar para superar los conflictos de intereses y la desconfianza que hoy provoca".
Y el gran disenso de los documentos se centra en el tipo de agencia que debe implementarse . Las posturas van desde una agencia única estatal, a la proliferación de agencias nacionales e internacionales.
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Junio 08, 2012
Revista Iberoamericana de Educación Superior
Circula desde ayer la Revista Iberoamericana de Educación Superior, Vol. 3, Nº 7, mayo 2012.
Acceder a los artículos aquí
Territorios
Polarización y tensiones en la educación superior venezolana HTML PDF
Carmen García Guadilla
Reformas curriculares y cambio sistémico: una articulación ausente pero necesaria para la innovación HTML PDF
Frida Díaz-Barriga Arceo
Factores asociados al rezago en estudiantes de una institución de educación superior en México HTML PDF
José Ángel Vera-Noriega, Dora Yolanda Ramos-Estrada, Mirsha Alicia Sotelo-Castillo, Sonia Echeverría-Castro, Dulce María Serrano-Encinas, Javier José Vales-García
Genealogías
Los programas de mano. Fuente documental de gran significación para el estudio de la formación dancística mexicana HTML PDF
Roxana-Guadalupe Ramos-Villalobos
Contornos
La escritura de textos en colaboración. Una práctica de construcción de representaciones sociales en el aprendizaje de las ciencias HTML PDF
Víctor Armando Gálvez Díaz
Enseñanza de capacidades comunicacionales en estudiantes y profesionales de la salud: situación actual y perspectivas HTML PDF
Ana Grilo
Leer para aprender y aprender a leer en la universidad. Entre lecturas estéticas y eferentes HTML PDF
Marcela Rapetti, Gisela Vélez
Visiones
La idea de universidad en tiempos de masificación HTML PDF
José-Joaquín Brunner
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Posiciones de Obama y Romney frente a la educación
Copio nota y referencias circuladas por Jeffrey Puryear & Marcela Gajardo, Codirectores, PREAL.
A pesar de tener opiniones diferentes sobre muchos temas, el presidente de Los Estados Unidos, Barack Obama, y el candidato presidencial, Mitt Romney, están mayormente de acuerdo en la política educativa. Ambos se han pronunciado a favor de las escuelas “chárter” (que son de gestión privada, pero financiada por el gobierno con base en el número de estudiantes que atraen) y ambos coinciden en que los profesores deben ser responsables del aprendizaje estudiantil. La mayoría de los sindicatos de maestros se oponen a ambas posiciones. En lo que no están de acuerdo es en el tema de los vales escolares o “vouchers”, o en si el gobierno debe pagar la matrícula de los estudiantes que asisten a escuelas privadas. Obama se opone a hacerlo, pero Romney está a favor alegando que promueve la innovación y aumenta la competencia entre los proveedores. Para Romney, esto aleja el poder y el dinero de las entidades que administran los sistemas escolares poniéndolas en manos de los padres – lo cual puede ser el cambio más fundamental.
Los artículos que siguen (en inglés) presentan la posición de Romney y el contraste con las de la administración de Obama.
“Why Romney, Obama Are Education Twins” – 27 de mayo de 2012. Por Jay Mathews, Washington Post
http://www.washingtonpost.com/local/education/why-romney-obama-are-education-twins/2012/05/27/gJQAVtZHvU_story.html
“Romney Calls Education ‘Civil Rights Issue’ of Our Era’ and Urges Shift” – 23 de mayo de 2012. Por Trip Gabriel, New York Times
http://www.nytimes.com/2012/05/24/us/politics/romney-calls-failing-schools-civil-rights-issue-of-our-era.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20120524
“Mitt Romney promotes school vouchers in attack on Obama’s education policy” – 23 de mayo de 2012. Por Lyndsey Layton and Philip Rucker, Washington Post
http://www.washingtonpost.com/nationall/education/mitt-romney-promotes-school-vouchers-in-attack-on-obamas-education-policy/2012/05/23/gJQAZN37kU_story.html?hpid=z1
Why Romney, Obama are education twins
By Jay Mathews, Published: May 27
Poor Mitt Romney. He appoints a splendid group of education policy advisers, smart people with great ideas. Then he learns that he has to give a speech explaining how he differs from President Obama on schools when those same advisers have spent their careers making that nearly impossible.
The two major parties mostly agree on education policy. This has been true for a generation. This is good for schools, but during presidential campaigns it makes speech writers miserable. Here is an example from Romney’s education speech last week to the Latino Coalition’s Annual Economic Summit:
“Dramatically expanding parental choice, making schools responsible for results by giving parents access to clear and instructive information, and attracting and rewarding our best teachers — these changes can help ensure that every parent has a choice and every child has a chance.”
That’s a nice sentence. The only flaw is that it sums up the views of the Obama administration pretty closely. There is a new emphasis on transparency rather than accountability in the Romney plan, but it is too esoteric for most voters.
Republican and Democratic presidential candidates have been happily copying each other since a group of Democratic governors (including Bill Clinton) started the school accountability movement in the 1980s and several Republican governors (including George W. Bush) joined in. Many of Romney’s advisers, like Nina Rees and Bill Evers, have been a part of that bipartisan effort, but don’t crow about it.
Instead the two parties pound each other with an education issue that makes them look tough to their most partisan supporters. That convenient weapon is vouchers, tax-supported scholarships for students who want to attend private schools. Obama has cut funds for a voucher program in the District so Romney embraces it. “I will be a model for parental choice programs across the nation,” he said in the speech.
The split doesn’t affect the bipartisan approach to schools much because vouchers have no chance of ever expanding very far. There aren’t nearly enough available spaces in good private schools to meet the demand. Any significant growth in vouchers would lead to heavy government interference in private schools and kill any allegiance conservative Republicans had to it.
The most significant change in U.S. education, and the most likely to give parents more choice, is the growth of public charter schools. There Romney and the president are soulmates. “Charter schools or similar education choices must be scaled up to meet student demand,” Romney said. Obama has pressured several states to raise or eliminate quotas on charters.
In the education speech, Romney tried one more standard GOP ploy to put some ideological distance between himself and the Democrats: He attacked the teachers unions. Romney said they “oppose even the most common-sense improvements.”
That should get him a few Pinocchios from my Fact Checker colleague Glenn Kessler. The unions have become more willing to rate teachers and tolerate charters as their younger members embrace such changes. The Obama administration has ignored the unions on these issues, accelerating the transformation.
One sign of how difficult it is to portray teacher unions today as reactionaries is the quote Romney used to prove their obstinance. He said an unnamed “long-time president of the American Federation of Teachers” once said: “When school children start paying union dues, that’s when I’ll start representing the interests of children.”
No teachers union leader today would ever utter such words. The person to whom the quote is usually attributed, the late AFT leader Albert Shanker, probably didn’t either. It first appeared unsourced in the Meridian (Miss.) Star in 1985, and so far there is no proof he said it.
It is unlikely Romney will be saying much more about schools this year. The economy is the issue. That’s good. Leaving education out of the debate will reduce partisan impediments to getting things done.
Romney Calls Education ‘Civil Rights Issue of Our Era’ and Urges Shift
By TRIP GABRIEL
Published: May 23, 2012
Lamenting that millions of American children receive “a third world education,” Mitt Romney on Wednesday called for poor and disabled students to be able to use federal funds to attend any public, private or online school they choose.
In an already feverish campaign contest with President Obama that has focused largely on the economy, Mr. Romney, the presumed Republican nominee, turned his attention to the issue of education.
It might have seemed an unlikely choice, given how insignificantly education has figured in recent presidential elections. But the campaign has long planned to flesh out Mr. Romney’s agenda and move beyond daily tit-for-tat criticism of the president.
Mr. Romney’s sudden emphasis on education is reminiscent of George W. Bush’s forceful embrace of the same issue in 2000, a pillar of his “compassionate conservatism” that was credited with softening his image with moderate voters in the general election.
Another hint of Mr. Romney’s political aims was his audience: a meeting in Washington of Hispanic voters, a constituency that polls consistently show cares deeply about education, and one that Mr. Romney must court as he tries to win critical states like Florida and Colorado.
Mr. Romney said that the failure of so many American schools with minority students “is the civil rights issue of our era,” echoing a mantra of the school choice movement. “It’s the great challenge of our time.”
The challenge for Mr. Romney is that many of the ideas he touched on — increasing the number of charter schools, holding teachers more accountable for student success — have already been adopted by the Obama administration, whose education policies have all but co-opted traditional Republican positions.
In response to Mr. Romney’s proposals, the Obama campaign released a compilation of Republican governors’ past praise for the president’s education policies, including comments from Gov. Chris Christie of New Jersey and Gov. Susana Martinez of New Mexico.
Mr. Romney told donors at a private gathering in Florida last month that he would reduce the size of the Education Department or fold it into another agency. But on Wednesday he gave no hint of the cuts he would make to education spending. He said he would consolidate $4 billion in current expenditures on teacher quality across 10 federal agencies, and send the money to states as block grants.
He also promised to break logjams that still hold up reforms by taking on teachers’ unions, which he called “the clearest example of a group that has lost its way.” He accused Mr. Obama of quavering before the unions because of their power within the Democratic Party. “President Obama has been unable to stand up to union bosses — and unwilling to stand up for our kids,” he said.
In fact, Mr. Obama has crossed teachers’ unions, notably in 2010 when he praised a mass firing of teachers in Rhode Island in a showdown over an administration policy to radically overhaul failing high-poverty schools.
In a policy paper released on Wednesday, the Romney campaign called for the elimination of such federal intervention.
James Kvaal, policy director for Mr. Obama’s campaign, accused Mr. Romney of wanting “to stop the clock on decades of reform by no longer insisting action be taken” to reform struggling schools.
In place of overhauling failing schools, which can include replacement of the staff or conversion to a charter school, Mr. Romney would substitute a “public report card,” one exposing a school’s failures so that parents, presumably, could steer clear. It is uncertain how that proposal differs from existing report cards now required under the No Child Left Behind law enacted under President Bush.
Mr. Romney’s biggest departure from existing policy was his call for poor students and those with disabilities to be able to attend any public school in their state — “or a private school where permitted by law” — and to have federal funds follow them, rather than the current system in which the money stays with a student’s local school.
The inclusion of private schools suggested that Mr. Romney favors voucher programs that use public dollars to pay private tuition, long a controversial idea but one that has lately been embraced by Republican lawmakers in Indiana and Louisiana.
“For too long, we’ve merely talked about the virtues of school choice without really doing something about it,” Mr. Romney said.
Chester E. Finn Jr., president of the Thomas B. Fordham Institute, an education policy group, said Mr. Romney’s proposal would significantly shift how the two largest Education Department programs for kindergarten through 12th grade students — those for poor students and those with disabilities — are now run.
“It’s a fundamental structural change of focus away from districts and schools to focus on kids and families,” Mr. Finn, an education official under President Ronald Reagan, said. “It changes the allocation of power as well as money, from people running school systems to parents choosing schools.”
But apart from the symbolism, the shift might not lead to many students choosing better schools, since the federal government pays only about 10 percent of education costs for students. States and school districts, which provide the balance, have in many cases already embraced the portability of financing when students choose a school beyond their neighborhood.
“Frankly, it catches up the federal policy to what is already state policy” in many places, Mr. Finn said.
Michael Barbaro contributed reporting.
Mitt Romney promotes school vouchers in attack on Obama’s education policy
By Lyndsey Layton and Philip Rucker, Published: May 23
Calling it a “national education emergency,” Mitt Romney said Wednesday that poor and disabled children should be allowed to escape failing public schools by using federal money to attend private schools and other alternative settings.
Under a banner that read “A Chance for Every Child,” the likely GOP presidential nominee seized on K-12 education, an area that had so far been overlooked on the campaign trail. It is considered one of President Obama’s strengths, bringing him more bipartisan support than any other issue and winning him accolades from Republican governors such as Chris Christie of New Jersey and John Kasich of Ohio.
Romney borrowed from Obama, calling education “the civil rights issue of our era,” but then tried to draw a sharp contrast, saying the president is beholden to teachers unions and blaming him for rising college costs, among other things.
During his speech at the Latino Coalition’s Annual Economic Summit in Washington, Romney said he would “do everything in my power to reverse this decline” in America’s schools, adding that if it were not for the struggling economy and the housing crisis, education would be “the great cause of this campaign.”
Romney said he wants to expand choices for families so children can flee failing schools. His campaign released a white paper highlighting his support for federal vouchers — a plan to reroute tax dollars sent to public schools to help educate poor and disabled children, instead letting that money follow the students to private schools. The federal government will spend $48.8 billion this year on poor and disabled students.
Romney did not discuss how he would fix troubled public schools. He said No Child Left Behind, the federal education law signed by President George W. Bush in 2002, was too prescriptive in requiring failing schools to adopt specific turnaround strategies. Instead, he suggested that schools would feel pressure to improve if they had to issue public report cards documenting their performance, although No Child Left Behind already requires them to report such data.
Progressive groups said Romney’s approach would return the nation to a time without accountability. “We have a long history in this country — and you can see it in the civil rights struggle to desegregate schools — of states and districts not doing anything to provide an equal educational opportunity for all students,” said Cynthia Brown of the Center for American Progress.
Romney slammed the Obama administration for not funding next year’s budget for the D.C. Opportunity Scholarship Program, created by Congress in 2004 as the first and only vehicle to provide federal money for private-school vouchers for low-income children. He said he wants to expand the program to make it a “national showcase.”
A 2010 study by the Department of Education found “no conclusive evidence” that the D.C. program improved achievement, noting that students with vouchers had reading and math test scores that were statistically similar to the scores of students without them, although they were more likely to graduate from high school.
Congressional supporters of the program, including House Speaker John A. Boehner (R-Ohio) and Sen. Joseph I. Lieberman (I-Conn.), have been pushing the administration to fund the vouchers.
But the president believes the vouchers drain resources from public schools and do not help most students, James Kvaal, policy director for the Obama campaign, told reporters Wednesday. “Vouchers, which might serve a small number of students, will do nothing for the vast majority of students left behind in public schools,” he said.
Teachers unions are steadfastly opposed to vouchers.
“What Romney fails to understand is that when teachers and public schools have the resources they need, students win,” said Randi Weingarten, president of the American Federation of Teachers. “Real public education improvement comes from teachers, administrators, parents and communities rolling up their sleeves and working together to help all kids, not just some kids, succeed.”
The idea of vouchers, which has floated around for decades, began gaining traction across the country in 2010 after Republicans won majorities in several state legislatures. Louisiana, Indiana and other states have passed programs that allow poor and even middle-income children to use state tax dollars for private-school tuition. Some legal challenges have arisen regarding the constitutionality of giving public money to private religious schools.
The Friedman Foundation for Educational Choice, created by the late economist and free-market advocate Milton Friedman, welcomed the introduction of vouchers into the presidential campaign. “If you want to dramatically improve education, you have to give all parents the freedom to choose,” said Susan L. Meyers, a spokeswoman for the foundation.
In his speech, Romney lashed out at teachers unions, which he said are entrenched interests opposed to common-sense reforms.
“When your cause in life is preventing parents from having a meaningful choice or children from having a real chance, then you are on the wrong side,” he said. “You might even be in the wrong vocation, because good teachers put the interests of children first.”
This week, Romney announced a team of education advisers that includes Rod Paige, a former education secretary who drew fire in 2004 when he called the National Education Association, the largest teachers union, a “terrorist organization.”
Romney also attacked Obama for his connections to the politically powerful unions, saying the president is talking about reform while “indulging” the groups that are blocking it. “He can’t be the voice of disadvantaged public school kids and the protector of special interests,” Romney said. “We have to stop putting campaign cash ahead of our kids.”
Teachers union leaders were attending a conference Wednesday to discuss ways to work with management to improve schools. “His speech demonstrates a complete disdain for public schools and educators,” said NEA President Dennis Van Roekel. “He’s completely out of touch with what is happening in schools and classrooms across the country.”
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Junio 07, 2012
Más y más sobre la Universidad del Mar
Para el dossier sobre la Universidad del Mar, nueva información, tomas de posición de autoridades y actores de la Universidad, reacciones de parlamentarios, el Ministro de Educación y reportajes de CIPER sobre la gestión de esta institución.
Beyer y U. del Mar:“Si se prueba” lucro se pedirá que se revoque su reconocimiento
Titular de Educación dijo que el plantel “ha mostrado la voluntad” de entregar la información que se la ha solicitado en el marco de la auditoría que realiza un equipo de la División de Educación Superior del ministerio.
Miércoles 6 de junio de 2012| por Nación.cl
El ministro de Educación, Harald Beyer, sostuvo que la Universidad del Mar “ha mostrado la voluntad” de entregar toda la información que se le ha solicitado en el marco de la auditoría que realiza un equipo de la División de Educación Superior de la Secretaría de Estado.
Hace una semana renunció a su cargo el ex rector de esta casa de estudios, Raúl Urrutia, quien denunció irregularidades, entre ellas el no pago de sueldos y cotizaciones previsionales a los docentes y trabajadores siendo que se realizaban pagos millonarios a inmobiliarias.
Beyer señaló que tienen “disposiciones legales que nos obligan a pedir la revocacion del reconocimiento oficial (de la universidad) si demostráramos que esa institución está violando sus estatutos, en particular la norma que establece que no puede tener lucro”.
“Si tenemos la prueba suficiente vamos a pedir esa revocación del reconocimiento oficial, pero esa es materia que se está investigando recién”, indicó.
El secretario de Estado remarcó que la indagatoria que se efectúa “no perjudica" a los alumnos que cursan estudios en el plantel. "Nuestro deber es velar porque terminen su carrera, los programas que han elegido”, apuntó.
Por eso llamo a los estudiantes a "que vayan normalizando la situación, que vuelva a clases (mantienen movilizaciones en algunas sedes), porque esta auditoría es independiente del proceso académico”.
INFORME FINANCIERO
Harald Beyer dijo que hasta ahora no ha recibido los informes de los estados financieros que solicitó a todas las universidades en el marco de una “mayor transparencia”.
Los informes deberán ser entregados al mineduc antes del 30 de junio próximo.
El ministro añadió que se está solicitando una “información más amplia” que la que se pedía en los años anteriores. “Tenemos todas las facultades legales para exigir esa información y si no llega usaremos las atribuciones legales para obligar a las instituciones a entregarla”, indicó.
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Reclaman la cancelación de la personalidad jurídica de universidades privadas que lucren
Los senadores Guido Girardi y Juan Pablo Letelier se reunieron con el Contralor General de la República, para formalizar tal solicitud.
Senado de la República, 6 de junio de 2012
Que la Contraloría General de la República ordene al Ministerio de Justicia y de Educación, iniciar el proceso de cancelación de personalidad jurídica, o establecer sanciones contra las universidades privadas que lucran, solicitaron los senadores Guido Girardi y Juan Pablo Letelier, tras reunirse con el contralor Ramiro Mendoza.
Asimismo, los legisladores le solicitaron que se investigue y se establezcan cuáles y quienes componen las sociedades que triangulan estos recursos.
En julio de 2011 cuando los senadores Girardi y Letelier ocupaban la Presidencia y Vicepresidencia de la Corporación, realizaron una presentación a la Contraloría solicitándole oficie al Ministerio de Educación y a la cartera de Justicia, informar cuáles de las 35 universidades privadas lucraban y quienes componían las sociedades que triangulaban estos recursos.
"Diez meses después, y sin recibir ningún tipo de respuesta", dijeron los senadores "nos reunimos nuevamente con el Contralor General de la República, para solicitarle se obligue a ambos Ministerios a investigar e informar públicamente los hechos".
Puntualizaron que "no hemos recibido información respecto a la fiscalización, siendo que la Ley establece que las Universidades privadas no pueden tener fines de lucro, y como tenemos en Chile universidades que violan la Ley, violadores de Ley de cuello y corbata, le estamos pidiendo al Contralor que obligue a los Ministerios a iniciar sumarios".
El senador Girardi, añadió que "lo que sucede en la Universidad del Mar es una vergüenza pero es la punta del iceberg, se deben cancelar las personalidades jurídicas de todas las universidades que lucran, porque lucrar está prohibido por ley".
Precisó que también se espera que se determinen cuáles son las sociedades que triangulan y quiénes son sus dueños. "Acá hay absoluta complacencia y complicidad del Ministerio de Justicia y Ministerio de Educación con la violación de la Ley, porque están permitiendo que las universidades privadas de manera inaceptable, tenga utilidades y lucren por medio de la triangulación".
Los parlamentarios subrayaron que se debe sancionar a las universidades privadas que lucran de manera ilegal, y revocarles su personalidad jurídica, lo que se hace aún más urgente ante el anuncio del Ministerio de Educación de transferirle mayores recursos a estas casas de estudio. "El ministro (de educación) conoce mejor que nadie cuáles son las universidades que tienen lucro y vamos a usar todos los mecanismos de la ley para obligar a que se investiguen estos hechos. Acá se viola la ley a vista y paciencia de autoridades que no quieren investigar", enfatizaron.
Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier indicó que la auditoría administrativa solicitada al Contralor, se sustenta en la obligación legal de los Ministerios de Justicia y Educación, de asegurar que las universidades privadas cumplan la Ley y no tengan lucro.
"La denuncia del rector de lo que pasa en la Universidad del Mar es grave y lo curioso es que los Ministros de Justicia y Educación, no han querido investigar a pesar de obligación, por eso queremos que la Contraloría fuerce a los ministerios para que se haga esa investigación".
Puntualizó que "el país ha sido testigo de una denuncia de un delito, y lo curioso es que las autoridades no han tomado ninguna acción al respecto para caducar la personalidad jurídica. Los estudiantes han exigido por más de un año que no se lucre, un rector lo denuncia y el estado se ha quedado callado".
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Primera reunión triestamental se realizó ayer: Alumnos ocupan casa central de U. del Mar y buscan evitar el cierre del establecimiento
Presidente de la junta directiva niega afanes de lucro y asegura que en julio quedarán al día las deudas previsionales que afectan a los funcionarios.
AUDÉNICO BARRÍA NAVARRO, El Mercurio, 6 de junio de 2012
Cerca de 400 estudiantes iniciaron ayer la ocupación de la casa central de la Universidad del Mar, y radicalizaron el movimiento iniciado hace una semana luego de la crisis que desató la renuncia del rector Raúl Urrutia y que se hicieran públicas diversas falencias financieras, administrativas y académicas, que están siendo investigadas por el Ministerio de Educación.
Representantes de la universidad salieron al paso de la situación y anunciaron que en julio regularizarán las deudas impagas por sueldos e imposiciones previsionales de académicos y profesores.
Al mediodía de ayer se realizó una reunión triestamental en la que participaron representantes de los alumnos, académicos y controladores de la universidad, en la cual se acordó buscar formas de trabajo para evitar que la crisis termine con el cierre del plantel.
El presidente de la federación de estudiantes del plantel, Alejandro Silva, explicó que la ocupación de la casa central y de seis sedes (otras siete están en paro) busca presionar a los dueños de la universidad para que no sigan interviniendo en la administración y, además, buscar una fórmula para hacer viable el establecimiento.
El presidente de la junta directiva, Mauricio Villaseñor, negó ayer que haya afanes de lucro y desmintió desvíos de fondos a terceros. Admitió que hubo pagos a inmobiliarias que arriendan edificios a la universidad y aseguró que eso ocurre en todas las casas de estudios privadas.
Reconoció que han existido falencias económicas, pero que en octubre pasado se realizó una intervención que significó relevar a varias autoridades de la universidad para ordenar la administración.
Pese a ello, admitió que hay deudas previsionales por $600 millones, pero que ellas corresponden a cotizaciones promedio de dos meses, las que serán cubiertas en julio. Aseguró que se pagaron los sueldos de mayo, pero que algunos bancos "nos retuvieron los movimientos de dinero", luego de denuncias públicas, por lo que es posible que algunos cheques no hayan sido pagados.
No obstante, precisó que la universidad tiene inversiones por $30 mil millones y que cuenta con infraestructura propia en diversas sedes, como Viña del Mar, La Serena y Curicó.
Explicó que existen cuentas por cobrar a los alumnos, con cifras cercanas a los $70 mil millones, acumuladas durante los últimos años. "Entonces, cuando esta universidad ha entregado más de $70 mil millones en créditos para que alumnos de familias carenciadas puedan estudiar, es muy claro dónde están los dineros", dijo.
"Sería una pena que se nos presente como símbolo del lucro en la educación, porque no está demostrado para nada que eso exista".
MAURICIO VILLASEÑOR,
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
"Queremos que los 22 mil estudiantes tengan continuidad en sus carreras y que el Estado se haga cargo de haber amparado el lucro".
ALEJANDRO SILVA,
PRESIDENTE CONFEDERACIÓN DE ESTUDIANTES
Habla el doctor Francisco Acevedo Toro
Ex decano de la Universidad del Mar describe el daño que hizo el lucro en la carrera de Medicina
Por : Juan Andrés Guzmán, CIPER, 6 de junio de 2012
Alumnos de UVM Marcharon por calles de Reñaca
Ya en 2007, el decano de Medicina de la U. del Mar (sede Viña del Mar) denunció que 270 alumnos pagaban un arancel de $800 millones al año y la universidad gastaba sólo $400 millones y “no han asistido nunca a un parto ni a una actividad quirúrgica mayor; no han tenido actividad académica práctica de oftalmología, dermatología, traumatología ni salud mental”. El resto, iba a los bolsillos de los dueños. Cuando Acevedo le advirtió a uno de ellos, Sergio Vera, que era peligroso que los jóvenes egresaran con tan mala base, “él dijo que no había más recursos. Y sí había. Yo los veía cambiar el Mercedes cada tres meses”.
En 2003 el doctor Francisco Acevedo, directivo académico superior de la Universidad del Mar, tuvo el encargo de materializar uno de los planes más ambiciosos de esa casa de estudios superiores: crear una facultad de Medicina en la sede de Viña del Mar. El proyecto estaba destinado a darle a esa universidad un perfil único y prestigioso que la distinguiera del resto de las privadas. Cuatro años después de iniciada su tarea, Acevedo renunció denunciando públicamente que la falta de recursos impedía a los alumnos alcanzar el nivel académico mínimo. Su reclamo lo estampó ante las organizaciones de facultativos e incluso lo llevó ante las autoridades de los ministerios de Salud y Educación y también a la Cámara de Diputados.
“Nadie hizo nada” dice Acevedo, mirando incrédulo la cara de sorpresa con que distintas autoridades analizan hoy la grave crisis que se ha desatado de la Universidad del Mar al quedar en evidencia la forma desembozada en que sus dueños han privilegiado el retiro de ganancias a través de sus inmobiliarias en desmedro de la función educativa. Cuatro años atrás el doctor Francisco Acevedo denunció lo mismo y lo único que obtuvo fue una querella en su contra por parte de la universidad, acción judicial que no prosperó.
Hoy, cuando los aproximadamente 20 mil estudiantes de la Universidad del Mar enfrentan la incertidumbre de lo que pasará con sus carreras, las acusaciones de Acevedo ponen el dedo en la parte más delicada de esta crisis. Mientras los estudiantes dicen que el problema de la Universidad del Mar es el lucro de sus dueños, pero no el nivel académico; el relato de Acevedo muestra lo obvio: que el desvío de recursos a los bolsillos de sus propietarios sí afectó la calidad, como lo demuestran también los resultados de la Prueba Inicia (que mide a los egresados de Pedagogía), en la que la Universidad del Mar fue la peor evaluada del país.
¿Qué hacer entonces? ¿Cerrar una universidad que genera profesionales de dudosa calidad, perjudicando a miles de jóvenes? ¿Permitirle a esa casa de estudios seguir formando médicos que, en un alto porcentaje no tiene los conocimientos mínimos? ¿Dejarla formar profesores que sin duda van a mal formar a miles de niños? Y por último: ¿aceptar todo este daño para que los dueños de esa empresa puedan obtener su justa retribución por el riesgo que han corrido?
Sin duda las preguntas que abre la crisis de la Universidad del Mar van también dirigidas a todo el sistema de educación superior.
Vea aquí las cartas de Francisco Acevedo a distintas instituciones denunciando en 2007 la situación de la Universidad del Mar).
-En sus cartas de 2007, usted acusa que la Universidad del Mar retira de Medicina (Reñaca) el doble del dinero que invertía en la formación de los alumnos. Es muy parecido a lo que ha dicho en estos días el ex rector Raúl Urrutia.
Así es. En una de mis denuncias digo que los alumnos pagaban cerca de $ 800 millones al año en aranceles mientras la universidad gastaba en esa carrera cerca de $400 millones. Los otros $400 millones no sé a dónde iban.
-¿Cómo está tan seguro de esas cifras?
Porque yo sabía lo que se gastaba y las apreturas que pasábamos. Yo no podía contratar suficientes docentes y tampoco podía invitar profesores. Una vez tuve que ir a Canadá por actividades de la universidad y me tuve que pagar yo mismo el viaje. Era una pelea constante por los recursos.
-En la carta que envió usted a la Asociación de Facultades de Escuelas de Medicina hace una descripción muy dura del nivel académico de los alumnos de quinto año de Medicina de la Universidad del Mar (Reñaca). Dice que no han asistido nunca a un parto ni a una actividad quirúrgica mayor; no han tenido actividad académica práctica de oftalmología, dermatología, traumatología ni salud mental. ¿Esas carencias se deben a la falta de recursos?
Absolutamente.
-Es decir, no había presupuesto para completar la educación mínima de un estudiante de Medicina.
Exactamente. Y esos alumnos se licenciaron. Les faltaban dos años de internado. Uno debería suponer que son médicos ya.
-¿Qué me puede decir hoy de la calidad de esos médicos?
Bueno, hay un examen nacional (se refiere al Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina, EUNACOM, ver recuadro). En 2010, la mitad de los estudiantes de la Universidad del Mar (Reñaca) salieron bien y la otra mitad mal. Tuvieron el peor resultado de todas las escuelas de medicina del país. Creo que ese dato es muy claro sobre la calidad.
-Entiendo que los que reprueban el Eunacom no pueden ejercer en el sistema público, pero sí pueden tener una consulta privada, por ejemplo.
Sí. Pero tampoco tiene acceso a atender por Fonasa y eso los deja bastante limitados.
-¿Dónde están trabajando?
Estos muchachos no pueden trabajar ni en hospitales públicos ni en consultorios municipales. Sé a que a algunos los han contratado las empresas mineras, por ejemplo. Van como médicos generales a los campamentos. Ahí los contratan con un buen sueldo. Estos jóvenes van a cualquier parte, hay muchos que han salido fuera de Chile también.
-Me gustaría aclarar un punto al respecto. ¿A qué atribuye la mala formación de los alumnos de Medicina de la Universidad del Mar, de Reñaca? ¿A la incapacidad de los alumnos? ¿A la falta de recursos?
Sin duda que a la falta de recursos. No se les dio la educación adecuada y eso es responsabilidad de la universidad. Con una buena preparación serían tan buenos como cualquiera.
-Usted denunció estos problemas ante el Colegio Médico, los decanos de medicina y también fue al Congreso. ¿Alguien hizo algo?
Nadie hizo nada.
-¿Conversó con autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) de la época?
El Ministerio de Educación estaba al tanto. Le mandé una carta a Marisol Barría, mi compañera de partido -soy socialista-, porque ella era ministra de Salud. No pasó nada. En la sesión de la Cámara de Diputados, cuando hice estas acusaciones, estaba presente el director de Educación Superior del Mineduc de esa época, Julio Castro. También estaba Eugenio Díaz (ex presidente de la CNA), al que ustedes denunciaron por haber firmado un contrato con la Universidad del Mar. Todos miraban para el techo.
-¿Por qué cree que parlamentarios de derecha e izquierda, y los funcionarios de Salud y de Educación, decidieron no hacer nada hasta ahora?
No quiero suponer mala intención, al menos no en todos los caso. Me parece que lo que pasó es que simplemente este sistema no tenía control.
-La falta de control es un acto irresponsable de parte de las autoridades.
Por supuesto. Porque además, esto siguió pasando. Mi sucesor en el cargo, el doctor Néstor Irribarra, renunció a la Universidad del Mar por los mismos motivos dos o tres años después (ver recuadro).
-En conclusión, este desastre tiene autores pero tiene también muchos cómplices por omisión.
Así es. Y debo decirle que lo de Eugenio Díaz me dolió mucho, porque somos de la misma generación. A este hombre yo lo conozco de los tiempos de la FECH, fue un hombre muy idealista y durante la dictadura trabajó mucho en la clandestinidad. Entonces, verlo ahora corrompido, me da un dolor tremendo. Cuando fui a la Cámara de Diputados a hacer la denuncia, hablé con él. Me dijo: “Te voy a escuchar con detención”. A la salida de la reunión seguimos conversando. Él sabía lo que pasaba. Y miró para el techo. Estaba absolutamente corrupto ya.
-Medicina es una carrera cara. ¿Quién estudia esa carrera en la Universidad del Mar?
En esa carrera se matriculaban, fundamentalmente, jóvenes de clase media y media alta. La mitad de los estudiantes eran de colegios privados. Ellos podían pagar su mensualidad o accedían a créditos de la propia universidad. Muchos estudiaban con mucho endeudamiento. Y había mucha deserción también por falta de recursos.
-¿Cómo llegó usted a esa universidad?
Yo era director del Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota y me fueron a buscar Héctor Zúñiga y Mauricio Villaseñor, dueños de la universidad. Yo conocía a Villaseñor por razones sociales. Llevaba nueve años en el servicio y pensé que era un bonito desafío hacer una Facultad de Medicina en la Quinta Región. Me entusiasmé.
-Entiendo que quien controla la universidad es otro de los socios: Sergio Vera.
Sí, Vera es la cabeza y siempre ha manejado los recursos. Yo me relacionaba directamente con él.
-¿Usted le explicaba la situación de los egresados de Medicina de Viña del Mar, le decía que su falta de formación podía resultar hasta peligrosa?
Así es. Y Vera contestaba que no había más recursos. La verdad es que sí había recursos, pero él decía que no. Yo los veía cambiar el auto Mercedes cada tres meses. Y a los otros no les iba mal. Héctor Zúñiga, que hace 25 años era el piloto de El Argonauta (un barco que hacía turismo en la bahía de Valparaíso), tiene ahora un palacio en un terreno de más de dos hectáreas en Reñaca. Zúñiga fue el rector durante mucho tiempo. Ninguno de ellos pueden decir que no hay plata.
EL DESASTRE DE MEDICINA.
Según la ley, en Chile cualquier persona puede abrir una universidad y enseñar las carreras que estime conveniente. Y por falta de fiscalización, también puede aplicar los programas a su antojo. El Estado solo ha puesto dos limitantes a la creatividad emprendedora: las pruebas “Inicia” (para las pedagogías) y Eunacom (Examen Único Nacional de Conocimiento de Medicina), para los egresados de las carreras del área de salud. “Inicia”, ya se sabe, es un masivo desastre; Eunacom no, salvo en el caso de la Universidad del Mar.
En 2009 la primera camada de egresados de la U. del Mar de Viña del Mar rindió el Eunacom con resultados aceptables: de 45 alumnos, sólo tres reprobaron. Pero al año siguiente, la Universidad del Mar empezó a ocupar el último lugar entre las instituciones que se someten a la prueba. En 2010, de los 50 alumnos que dieron el examen, 24 lo reprobaron (48%).
El ex decano de esa facultad, el doctor Néstor Irribarra, explica que en 2010 le pidió al rector de la universidad y socio de la misma, Héctor Zúñiga, recursos para apoyar a los alumnos en la preparación de esa prueba.
-Zúñiga me contestó que no autorizaría esos recursos porque estimaba que el Eunacom era un asunto que solo interesaba a los alumnos. Dijo que la universidad cumplía con los jóvenes entregándoles la formación médica universitaria, y era responsabilidad de ellos aprobar el examen. Su idea era que si salen bien, es una ganancia para ellos; y si salen mal, es una pérdida para ellos -cuenta Irribarra.
Los últimos resultados del Eunacom 2011 volvieron a ubicar a la Universidad del Mar (sede Viña del Mar) como la entidad con peor rendimiento en esa prueba. De 51 alumnos, el 20% la reprobó (10 alumnos).
“Esa fue la gran razón por la cual terminé saliendo de la universidad”, dice el doctor Irribarra. Agrega que los recursos que no le dieron estaban comprometidos por la universidad en la acreditación de la carrera:
-No se me entregaron los recursos que permitían cumplir con los compromisos que habíamos adquirido durante el proceso de acreditación de la carrera frente a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En ese proceso dijimos que habría recursos para preparar el EUNACOM. Pero no se cumplió.
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Raúl Urrutia acusa que dineros van a las inmobiliarias y no a sueldos e imposiciones
Universidad del Mar: renuncia del rector deja en evidencia cómo opera el lucro en la educación superior
Por : CIPER, 31 de mayo de 2012
El abogado Raúl Urrutia develó en su carta renuncia cómo opera una universidad privada que tiene 20 mil alumnos en todo el país y que, a través de sus inmobiliarias, obtiene ganancias millonarias mientras acumula deudas por el pago de sueldos e imposiciones a sus docentes. Ya CIPER había revelado el irregular proceso que le permitió acreditarse y los graves cuestionamientos a la educación que imparte. El ex presidente del Consejo para la Transparencia había llegado a la rectoría hace dos meses. Hoy sólo hay incertidumbre entre sus alumnos por el destino de una universidad que ha carecido de toda fiscalización.
El abogado Raúl Urrutia no alcanzó a cumplir dos meses en el cargo de rector de la Universidad del Mar, una de las entidades de educación superior privada más grandes del país, con 20 mil alumnos y sedes en todo Chile. El abogado y ex presidente del Consejo Para la Transparencia, presentó ayer su renuncia reclamando que mientras se adeudaban $550 millones en imposiciones a los docentes y empleados, los dueños se auto pagaban $600 millones a través de inmobiliarias de su propiedad.
En enero pasado CIPER publicó dos investigaciones denunciando graves irregularidades en la acreditación de esta casa de estudios. Todas ellas apuntaban a una educación de muy mala calidad y una gestión explícitamente centrada en el lucro y que logró, a pesar de ello, obtener el aval del principal ente estatal: la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). (Vea reportajes: El imperio de la Universidad del Mar (I): Cómo lucra y las sospechas sobre su acreditación ante la CNA y El imperio de la U del Mar II: Quiénes son sus dueños, cómo construyeron su imperio educativo y la crisis que vive hoy esa casa de estudios).
Estos dos reportajes provocaron la renuncia del ex presidente de la CNA, Eugenio Díaz, y abrieron un intenso debate sobre el escaso control que tiene la autoridad pública sobre entidades que, sin disfraz, se manejan como negocio. Si bien Díaz, uno de los responsables de haber otorgado la acreditación irregular a la Universidad del Mar, fue presionado para renunciar; la universidad siguió con su proceso de matrícula en el presente año, ofreciendo a miles de jóvenes y sus familias –a través de su publicidad- una educación de calidad que no se sustentaba.
Ya en 2010, cuando consiguió la acreditación irregular, dos mil alumnos de esa universidad obtuvieron el Crédito con Aval del estado (CAE), lo que le permitió a los dueños de la Universidad del Mar apropiarse de $3.500 millones.
Durante el año pasado, a los docentes de todas sus filiales a lo largo del país, a los que les adeudaban el pago de sueldos e imposiciones, les pagaron avances y cuotas con las que mantuvieron un cerco de silencio sobre la real situación de la entidad. Pese a que se han seguido sumado evidencias sobre la calidad deficiente de la formación que entrega y del lucro como objetivo central de sus dueños, la Universidad del Mar no ha recibido sanción alguna.
En la última Prueba Inicia –que mide los conocimientos de los egresados de Pedagogía- los jóvenes de Universidad del Mar tuvieron el peor resultado de Chile. El 94% de los que la rindió obtuvo “insuficiente”. La permanencia en el mercado de una universidad con estas características es, para muchos, la palpable evidencia de que el sistema está funcionado con un concepto errado sobre lo que es una universidad y sobre el rol de la autoridad. Todo ello hace de este caso uno muy emblemático para entender cómo opera de verdad el sistema de universidades privadas.
La sorpresiva renuncia de Raúl Urrutia a la rectoría, quien llevaba apenas dos meses en el cargo, y los términos de su carta, provocaron un remezón en todas las sedes de la Universidad del Mar al punto de paralizar las actividades. En ella desnuda las prioridades con que operaban los dueños de esa casa de estudios. Urrutia acusa que mientras “al viernes 25 de mayo de 2012, faltaban por cumplir compromisos con nuestros trabajadores por más de $250 millones”, y las deudas previsionales alcanzaban a los $554 millones, los dueños decidieron privilegiar sus intereses económicos pagando a las inmobiliarias a través de las cuales traspasan ganancias $600 millones.
LA CARTA DE RENUNCIA DE RAUL URRUTIA
Mauricio Villaseñor Castro
Presidente
Junta Directiva
Corporación Educacional Universidad del Mar
De mi consideración:
Por la presente, vengo en renunciar al cargo de Rector de la Universidad del Mar, para el cual fui designado por la Junta Directiva el pasado 10 de abril del año en curso.
Los motivos de la renuncia son los que a continuación expongo:
a) El viernes de la semana pasada me encontré con la sorpresa de un correo electrónico por el cual se me sindicaba como incumplidor de un acuerdo que había asumido la Universidad para pagar deudas a la Compañía de Seguros Security, la cual a través de su abogado don Sergio Riveaux así me lo indicaba, quien me manifestaba que el señor Sergio Vera le señaló que habiendo flujo de caja no se quería pagar este compromiso.
Como es de conocimiento de los miembros de la Junta Directiva, mi trabajo durante este último tiempo se centró fundamentalmente en obtener los dineros suficientes para pagar las remuneraciones del personal a contrata y sus cotizaciones previsionales, como también los honorarios de nuestros docentes. Al viernes 25 de mayo de 2012, faltaban para cumplir los compromisos con nuestros trabajadores más de $250.000.000.- sin contar con el pago de las cotizaciones previsionales.
Mi preocupación es cumplir con quienes son parte del quehacer universitario, es decir nuestros trabajadores, quienes no tienen responsabilidad en el riesgo de la institución, sino que este debe ser asumido por quienes ostentan la calidad de controladores o dueños de la Universidad.-
En el pasado, este riesgo lo asumieron los trabajadores y no los dueños: Se les pagó en cuotas las remuneraciones mensuales, y a la fecha la Universidad tiene una deuda de $ 554.000.000 en las diferentes instituciones previsionales.
En cambio, en el mismo período en que se pagó parcializada las remuneraciones y no se pagaron las cotizaciones previsionales, si se pagaron más de $ 600.000.000.- a los controladores en forma directa o indirectamente a través de las inmobiliarias, según informe que se nos entregó a todos los miembros de la Junta Directiva. Es efectivo que este pago a las inmobiliarias, corresponde a rentas de arrendamiento, pero es obvio entender cuales son las prioridades.
b) En atención a lo anterior, tomé la determinación de parar todos los pagos, que no fueran remuneraciones, honorarios y cotizaciones previsionales, pero sin perjuicio de lo anterior, se dio instrucciones para pagar rentas de arrendamiento en una sede de la Universidad, sin siquiera consultar a este Rector.
c) Lo anterior, impide que la Rectoría pueda asumir en plenitud la responsabilidad de conducción de la Universidad.
d) A mayor abundamiento, las presiones de algunos miembros de la Junta Directiva para que se les pague lo adeudado a ellos, o bien a sus inmobiliarias, hacen imposible realizar una planificación de los ingresos y egresos de la Universidad, teniendo siempre presente cual es el giro de esta Institución.
e) Por último, esta Rectoría sintió desde un principio no sólo la presión de algunos integrantes de la Junta Directiva, sino que además no se cumplió con lo acordado en el sentido que ellos dejarían físicamente las oficinas de la Universidad, y que se retirarían paulatinamente de la Junta Directiva. Así se acordó y así se trasmitió a las autoridades educacionales como un avance importante en obtener una Universidad que no se encontrará sumida a los controladores o dueños. Nada ocurrió, y más aún se intensificó el control de algunos de los controladores.
f) Esta rectoría considera que los actuales controladores no tienen interés alguno en el quehacer universitario, lo que se explica por la baja inversión en ella que permita entregar una educación de calidad. Prueba de ello, es la cantidad de bibliotecólogos que tiene la Universidad en todas sus sedes. Esto sólo como una muestra.-
g) Finalmente, las permanentes disputas entre los tres controladores, que son conocidas por toda la Universidad, hacen que esta se transforme en inviable, sino hay un cambio radical, no sólo en actitud, sino en una disposición de crear una estructura organizacional distinta, tendiente a que las decisiones sean tomadas por las autoridades que los Estatutos establezcan sin posterior ingerencia de ellos.-
Por las razones antes expuestas, que son un resumen de lo visto y vivido en estos días, me han hecho tomar esta decisión de renunciar, teniendo presente lo que ello puede significar para la comunidad universitaria.-
Asimismo, renuncio como miembro de la Junta Directiva.-
Saluda atentamente a usted,
Raúl Urrutia Ávila
Rector
Lea también
- El imperio de la Universidad del Mar (I): Cómo lucra y las sospechas que existen sobre su acreditación ante la CNA
- El imperio de la U del Mar II: Quiénes son sus dueños, cómo construyeron su imperio educativo y la crisis que vive hoy esa casa de estudios.
-Video de denuncia del presidente del sindicato de trabajadores de la U del Mar de la sede de La serena, ante la Comisión Investigadora sobre la Educación Superior en la Cámara de Diputados.
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Junio 06, 2012
Protesta estudiantil en Quebec
For Student Protesters in Quebec, It's About More Than Tuition
Pat Kinsella for The Chronicle
By Randy Boyagoda, The Chronicle of Higher Education, June 3, 2012
http://chronicle.com/article/For-Student-Protesters-Its/132089/?sid=at&utm_source=at&utm_medium=en
Thousands of Quebec's university students have been protesting for the past three months. Why? Apparently, because of the government's plans for a $1,625 rise in tuition over five years, which will result in annual tuition of about $3,800 by 2017. In other words, at the far end of these increases, Quebec students will still be paying less for their education than their peers elsewhere in Canada, and far less than most American college students.
On the basis of these numbers alone, it's hard to sympathize with the students' putative plight, let alone condone the protracted, frequently violent protests that it has provoked. The protests have included the smoke-bombing of Montreal's subway system, expressway shutdowns, and attacks on government buildings. They have led to campus shutdowns, suspended semesters at many of the province's colleges and universities, and the resignation of Quebec's education minister. Some supporters of the students invoke the social-protest movements of the late 1960s to suggest their radical bravery, while critics disparage them as enfants roi, or child kings—monstrously entitled brats.
But perhaps this is something more than a romanticized rush to the barricades or a collective temper tantrum. Perhaps the situation in Quebec, like the recent protest-driven votes for outsider parties in European elections and the rise of the Occupy movement in the United States, actually exposes, in the context of higher education, a profound crisis of faith in the socioeconomic frameworks that have structured and advanced societies across North America and Europe since World War II. These recent events register, in their various local situations, a rejection of the premise of the postwar liberal state: that large-scale institutions and elected leaders are capable of creating opportunities for individual citizens to flourish.
In other words, Quebec's students aren't simply protesting tuition hikes meant to cover the expected gap between future public revenues and government funds for higher education. They're protesting their looming entry, through the traditional pathway of postsecondary education, into a broader social system—both locally and internationally—whose capacities, as we're reminded daily, are being undermined by enormous government debts, intractable political divisions, flagging national economies, and widespread unemployment and underemployment, particularly for young people.
And if the very socioeconomic structures, institutions, leaders, and policies that purport to solve these overwhelming problems seem instead effectively responsible for exacerbating them, why would students want to join this system, never mind pay a few hundred bucks more per year for the privilege?
The time has come for us to admit that what has worked for so many, for so long, very likely won't work for many more, for much longer. This is nowhere more apparent than at colleges and universities. These were the postwar liberal state's most effective institutions for the intellectual formation and professional preparation of young people to enter what was, for decades, a consistently expanding work force that offered new graduates opportunities that were reliably equal to, if not higher than, what equivalent graduates enjoyed in preceding generations. How many of us in higher education today are willing to promise the same to the majority of our current students considering any number of professions?
Instead of only despairing about this situation, or narcissistically focusing on preserving the pathways and trajectories that will enable elite students to assume intact elite positions—in higher education, government, law, finance, medicine, and the like—we should strive to make higher education newly promising and purposeful for the majority of young people facing a troubled new age. Such change begins, I propose, with individual faculty members and senior administrators alike admitting that what has worked for most of us and the members of our graduating classes will not work for most of our students and their graduating classes.
Promising evidence of such admissions can already be found in, for instance, the proposed reconceptualization of humanities graduate programs at Stanford, Harvard, and the University of Minnesota, along lines that would require students to complete their studies on strict, shortened timelines while being educationally prepared to pursue nonacademic careers. Meanwhile, New York University and my home institution, Ryerson University, have recently created physical and digital "hubs" to encourage entrepreneurial and technological innovations and collaborations among students, between students and faculty, and between members of the university and the public.
These hubs aren't intended to replace traditional programs of study—a standard worry and criticism raised by faculty committed to increasingly outmoded notions of university education. Instead they provide adjacent venues for students to apply their continued learning in ways that can become viable research and business opportunities with influence and effect beyond the campus.
The Ryerson and NYU initiatives offer fresh, agile lines of potential continuity between university educations and postgraduate careers that, like the new approaches to graduate programming at Stanford and elsewhere, won't necessarily revitalize all of higher education. But they do suggest that conceptual and structural changes in higher education can be both possible and promising, provided that those with the position and capacity to effect these changes can persuade enough of their colleagues and peers to search for new ways to maintain universities as anchor institutions in an otherwise faltering liberal state.
Quebec's striking students, like Europe's protest-minded electorates and the members of the Occupy movement, have identified and often already experienced this failing situation, but their responses have been limited largely to expressing their anger and frustration, rather than to articulating plausible alternatives. This has enabled those already in secure positions—in government, higher education, media, business, and industry—to rest safely in criticizing the protesters' often outrageous, frequently extremist decisions and actions, instead of acknowledging that they might have a point. The protesters make it poorly, sometimes very poorly, but they do have a point.
It's now up to us all to pursue the conceptual and structural changes necessary to restore broad faith in universities, colleges, and other leading institutions of our increasingly threatened social systems before the liberal state's rising new rejectionists—whether it's Quebec's striking student population, European fringe-party supporters, or the Occupy movement—threaten it any further than they already have.
Randy Boyagoda, a novelist and a professor of American studies, was recently appointed chair of the English department at Ryerson University, in Toronto.
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Los efectos de la crisis económica mundial en la educación superior
What Effect Is the Economic Crisis Really Having on Higher Education?
June 5, 2012, 4:40 pm
By Ellen Hazelkorn, ThebChroniclenofnHigher Education, June 5, 2012
http://chronicle.com/blogs/worldwise/what-effect-is-the-economic-crisis-really-having-on-higher-education/29682?sid=at&utm_source=at&utm_medium=en
A march in 2009 to protest the Irish government's handling of the economic crisis.
Over the last two decades Ireland has experienced a remarkable transformation in fortunes. The boom years of the “Celtic Tiger” made Ireland the poster child of the 2000s. In the aftermath of the global financial crisis of 2008, Ireland became the symbol of economic collapse, before being rescued by the “troika” of the IMF, European Commission, and European Central Bank.
Our higher-education institutions, which climbed slowly but consistently upwards in world rankings to great public acclaim, plummeted last year. In 2009, we had two universities in the top 100 of the Times Higher Education-QS World University Rankings; now we have just one in the new QS Top Universities Ranking. All eight of our major higher-education institutions were firmly within the top 500–equivalent to the top 3 percent of universities worldwide–but now no longer. Our national reputation has taken a hammering. Student numbers are rising and there is a real squeeze on resources. But then, other rankings emerge: the Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research for Universitas 21 ranks Irish higher education 16th in the world out of 48 countries, and 12th on resources, and both QS and Times Higher Education produce new rankings of new universities which show positive results for Ireland. What’s going on?
The adjustment phase of the global economic crisis is putting great pressure on higher education to demonstrate greater relevance to, and better value for, individuals and society. The continuing shift to the knowledge-based economy, and the rising demand for and costs of higher education, are occurring at the same time that many governments face serious financial strain–with knock-on effects on higher-education budgets. Many of these challenges were manifest decades ago; but the confluence of factors associated with the new economic reality has intensified their impact. It has become commonplace to say that higher education needs to “do more with less,” but are the changes a sign of a profound paradigm shift in our model for mass higher education or simply a transitory moment?
University presidents and faculty point to falling quality; I’m told “there are now five students in the lab where there used to be only two”–but we know that staff/student ratio is not a meaningful indicator of educational quality. And in any case, this university recruits the smartest students in the country. A researcher says she is overworked–but how is this demonstrated to the satisfaction of the parliamentary public accounts committee which is looking for firmer evidence of value-for-money? Facilities are closed, library purchases restricted, and student services reduced–but the student survey at my own institution rates satisfaction at over 80 percent. A survey by the American Council on Education in 2009 found that 50 percent of American chief academic officers said insufficient funds were a source of frustration–but wouldn’t we be surprised if they said otherwise?
Except for anecdotal accounts, we have a poor understanding of what is actually happening in higher education: on the extent of structural adjustment taking place, and on the impact on the mission of higher education, on students and educational quality, on research and engagement, and on the sustainability of individual institutions and the system-as-a-whole. Some countries are targeting resources on a limited number of institutions, while others are encouraging mergers to enhance viability and visibility in an increasingly competitive world. Many institutions are restructuring themselves in accordance with the new economic realities while others are experiencing the largesse of stimulus investment. As a group, colleges and universities are becoming more efficient and productive, developing new business models, adjusting their strategic ambitions and their organisational shape. What effect are these changes having in the medium and long-term?
Regardless of jurisdiction, questions are being asked about the seemingly unrelenting rise in the cost of higher education–often expressed in terms of tuition fees and public expenditure. Is higher education the next bubble? Even among die-hard proponents of free tuition, there is a growing realization that some form of cost-sharing is necessary. The crisis has exposed fundamental weaknesses in our model of mass (public) higher education, but has also raised questions about not just who goes to college but which college and which program? How can the model be made sustainable? Quality is a complex concept, but what is the relationship between resources and quality?
What are the implications not only for the institutions but also for and on students, of all ages? What is the effect on participation rates, on their choice of institution and program, and their performance? And what is the impact on academic work? Faculty are also under pressure. Calls for greater productivity and accountability challenge traditional work-practices and values–but how do we enhance performance, achieve value-for-money, and maintain quality in very difficult times?
“Managerialism” is a controversial term for sections of the academic literature, variously linked with the loss of university autonomy and the adoption of neo-liberal principles. But, leading an institution in the current climate is very difficult. As a result, university presidents and rectors are adopting a more strategic and professional approach to governance and management. What are the leadership challenges and what choices are being made–and what can institutions learn from each other? To what extent are the issues common across world-regions and institutional types?
The pages of this newspaper regularly provide reportage of the economic crisis and its effects on higher education. Likewise, the European University Association has been monitoring the situation in Europe since the onset of the crisis in 2008. However, I’m not aware of any in-depth international or comparative studies which have sought to delve behind the anecdote and the headlines.
To begin to answer these and many other questions, I am conducting an international study, “The Impact of the Global Economic Crisis on Higher Education: Higher Education Leadership and Management Challenges,” in partnership with the International Association of Universities in Paris.
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Junio 05, 2012
Revista Archivos Analíticos de Políticas Educativas

Llamado de Education Policy Analysis Archives (EPAA) para cuatro diferentes números temáticos de la revista electrónica:
Dear Readers,
Education Policy Analysis Archives (EPAA) announces the call for papers for
four special issues:
• Value-Added: What America’s Policy-Makers Need to Know and Understand
Research papers exploring the appropriate role of value-added in teacher and
school evaluation policies, presenting evidence-based arguments about VAMs,
and situating research-based evidence in local, state, or national policy
contexts are encouraged.
Deadline: Monday, July 1, 2012
Expected Publication Date: November/December 2012
Guest Editor: Dr. Audrey Amrein-Beardsley (audrey.beardsley@asu.edu)
Assistant Editors: Clarin Collins (clarin.collins@asu.edu); Dr. Sarah
Polasky (sarah.polasky@asu.edu); Ed Sloat (esloat@asu.edu)
• Democracy’s College: The American Community College in the 21st Century
Research papers exploring the role of community colleges in the 21st century
and how community colleges balance their multiple and possibly conflicting
missions are encouraged.
Deadline: Wednesday, August 1, 2012
Expected Publication Date: January 2013
Guest Co-Editors: Dr. Jeanne M. Powers (jeanne.powers@asu.edu) and Amelia M.
Topper (amy.topper@asu.edu)
• Preparing Teachers Highly Qualified to Do What?
Research papers exploring teacher preparation in an era of pacing
guidelines, benchmark tests, scripted curricula, and program improvement are
encouraged.
Deadline: Thursday, November 1, 2012
Expected Publication Date: March/April 2013
Guest Co-Editors: Dr. Pia Lindquist Wong (wongp@csus.edu) and Dr. Elaine
Chin (elaine.chin@sjsu.edu)
• Social Pedagogy in the 21st Century
Research papers exploring the role of social pedagogy in the 21st century
including issues of social exclusion, democratic participation, and
empowerment of disadvantages groups are encouraged.
Deadline: Monday, December 31, 2012
Expected Publication Date: March 2013
Guest Editor: Dr. Daniel Schugurensky (dschugur@asu.edu)
FOR MORE INFORMATION ABOUT “EPAA/AAPE SPECIAL ISSUES” VISIT
http://epaa.asu.edu/ojs/announcement OR CONTACT THE GUEST EDITORS
Education Policy Analysis Archives Website: http://epaa.asu.edu/ojs
Facebook: https://www.facebook.com/EPAAAAPE Twitter: @epaa_aape
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Twitter: @epaa_aape
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Junio 04, 2012
Más sobre la Universidad del Mar
Continua la polémica en torno a la universidad del Mar. Como escribimos ayer aquí, la crisis de la Universidad del Mar --crisis de conducción, de solidez académica, de fidelidad a su misión y estudiantes, de su compromiso con la sociedad y de sustentabilidad económico-financiera-- pone de manifiesto una crisis adicional: del aparato de Estado en este sector, el cual carece de los mecanismos e instrumentos adecuados de supervisión y sanción.
Ministro de Educación analiza hoy la polémica situación de la Universidad del Mar
El secretario de Estado realizará auditorías a los supuestos responsables de presiones y millonarios desvíos de dinero dentro de la administración del establecimiento, quienes fueron denunciados por el ex rector de la institución Raúl Urrutia.
por: Soychile.cl, La Segunda, lunes, 04 de junio de 2012
Hoy será un día clave para zanjar la polémica situación que atraviesa la Universidad del Mar, tras las acusaciones de su ex rector Raúl Urrutia contra la administración del establecimiento de educación superior. El titular de Educación Harold Bayer analizará en Viña del Mar las denuncias en contra de la institución, realizando auditorías a los responsables por estas supuestas malas prácticas.
Para la ocasión también se espera la llegada de los principales dirigentes de la Confech de la Región Metropolitana, quienes brindarán su respaldo a los estudiantes afectados por el actual momento que atraviesa la casa de estudios superiores, que fue acusada por su ex rector de presiones y millonarios desvíos de dinero.
Los líderes estudiantiles, tanto de Santiago como de la Quinta Región, se congregarán en el frontis de la sede de Reñaca de la universidad. En el lugar manifestarán su repudio frente al momento que vive la institución y la incertidumbre en la que se encuentran los alumnos de su plantel.
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Mineduc inicia el lunes una auditoría a la Universidad del Mar
Terra, 01 de junio de 2012
El ministro de Educación, Harald Beyer, anunció que la secretaría de Estado realizará una auditoría a la Universidad del Mar a partir del próximo lunes, tanto en sus aspectos académicos como financieros, por presuntas irregularidades.
El rector de esa universidad, Raúl Urrutia, renunció a su cargo acusando de incumplimiento de la casa de estudios en el pago de remuneraciones a los docentes y trabajadores, y de presuntos pagos millonarios a inmobiliarias, pese a la existencia de una deuda de cercana a los 250 millones de pesos por concepto de sueldos de los trabajadores, y otras deudas a instituciones previsionales.
Al respecto Beyer expresó que el "ministerio ya estaba en antecedentes de esta situación, había estado visitando una sede en particular, producto de denuncias y estamos siguiendo en esta línea de trabajo. Se va a constituir un equipo de la División de Educación Superior del ministerio producto de estas denuncias que ya recibimos y que nosotros estamos elaborando y vamos a comenzar a hacer una auditoría profunda a partir del próximo lunes. Las denuncias vinieron tanto de profesores como de estudiantes, en el caso particular de estos últimos, en cuanto a que no se estaban entregando los programas ofrecidos".
Respecto a si la Universidad del Mar pudiera perder su acreditación, Beyer dijo que "nosotros no tenemos la facultad de restar o quitar la acreditación, lo que sí podemos hacer es trabajando en conjunto con el Consejo Nacional de Educación porque ese es el órgano resolutivo, evaluar si las denuncias ameritan la pérdida del reconocimiento oficial, y si no tiene reconocimiento no puede ofrecer vacantes y su obligación es concluir con los estudiantes que ya tiene y dejaría de existir, pero eso va a ser producto de las investigaciones más acuciosa en conjunto con el Consejo Nacional de Educación y de la Auditoría que nosotros hagamos a partir del lunes", expresó Beyer.
Respecto a dineros que habrían sido pagados a inmobiliarias, el ministro dijo que "por supuesto que nos preocupa toda institución que no cumpla con sus objetivos prioritarios y estos son entregar la mejor educación posible a los jóvenes que están pagando o eventualmente en el caso que el estado esté financiando, y nosotros tenemos que velar porque esos recursos se usen bien y en eso estamos".
"Hasta ahora no hemos recibido ningún informe financiero de las instituciones, pero nosotros lo pedimos, tenemos todas las facultades legales para hacerlo, y esperamos que lleguen oportunamente, y una vez que lleguen nosotros queremos transparentar toda esa información para que la comunidad pueda analizarla, más allá de los análisis que nosotros hagamos", dijo el ministro.
Agregó que "el llamado a los estudiantes es a que estén tranquilos, que el ministerio de Educación está investigando y que su recorrido académico no está en riesgo. Hay que distinguir claramente, las sanciones la pueden recibir las instituciones, pero los estudiantes no", dijo el titular del Mineduc.
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Deja en evidencia prioridad por las utilidades en vez de inversión educativa
Crisis de la U. del Mar reinstala demanda de fin al lucro en el movimiento estudiantil
La ruidosa renuncia del rector Raúl Urrutia la semana pasada, dejó de manifiesto que el lucro no sólo tiene que ver con cómo hacen negocios los privados, sino que ello afecta directamente a quienes estudian en planteles de educación superior. Mientras el Mineduc ya anunció una auditoría para evaluar los aspectos académicos y financieros de la cuestionada institución, los universitarios se preparan para levantar esta demanda con más fuerza: el 9 de junio el tema será tratado en el Confech y se anuncian emplazamientos directos a grupos económicos como Laureate International y Apollo.
por Alejandra Carmona, El Mostrador, 4 de junio de 2012
El diálogo fue simple y sorpresivo. A mediados de mayo, después que el ministro de Educación, Harald Beyer, terminara un punto de prensa luego de asistir a un seminario sobre los nuevos convenios de desempeño para los planteles, el presidente de la Fech, Gabriel Boric, lo interpeló. Le preguntó si los fondos, que son abiertos, irían a parar a las universidades que han estado lucrando en el sistema. La respuesta del secretario de Estado fue directa: “No hay universidades que lucren de acuerdo a la ley”.
A pesar de que el acto del líder estudiantil fue una motivación personal, refleja una preocupación que cruza al movimiento. De todos los temas que los jóvenes pusieron sobre la mesa, había hasta ahora un sentimiento de frustración profunda con el lucro. “Nosotros venimos levantando el tema del fin efectivo al lucro, que se extienda la prohibición a todo el sistema de educación, pero aquí pasa algo muy paradojal y el gobierno ha terminado naturalizando esta demanda y parece que ya no la escucharán”, se queja Boric.
Sin embargo, el tema volverá al centro de las demandas tras lo ocurrido en la Universidad del Mar, que posee 20 mil alumnos y es una de las universidades más grandes del país, con 12 sedes. La semana pasada se hizo pública una carta del hasta entonces rector de esa casa de estudios, el abogado RN Raúl Urrutia, quien explicaba las razones que lo llevaron a renunciar al cargo. En ella se confirmaban desvíos de dineros a favor de la inmobiliaria dueña del establecimiento de educación superior y el pago de arriendo del inmueble por sobre los compromisos con imposiciones o sueldos de profesores. “Hay un descontrol en finanzas, pérdidas de pagares, salas navegables, ratones en las sedes, irregularidades en los académicos”, declaró en una de las tantas entrevistas que concedió Urrutia.
Al interior de la Confech aseguran que las críticas que vendrán como ofensiva caerán sobre aquellos grupos económicos tras imperios universitarios. “Estas apuntarán no sólo a quienes están detrás de la U. del Mar, sino que también a grandes e importantes grupos económicos como Laureate International (controlador de U. de las Américas y U. Andrés Bello) y Apollo (Uniacc)”.
La importancia de las privadas
Paso a paso, la Confech ha vivido un proceso de integración que ha sumado a federaciones de estudiantes de universidades privadas, que justamente pueden ayudar a la fiscalización de importantes temas, pero desde adentro. Así, en el último tiempo, se han incluido a la lista los nombres de la U. Pedro de Valdivia (sede Antofagasta), Central, U. de las Américas (sede Concepción), Adolfo Ibáñez, Diego Portales, Bernardo 0′Higgins, U. Santo Tomás (Santiago) y Universidad de Viña del Mar (sede Valparaíso). Está en trámite también la incorporación de la U. Alberto Hurtado.
“El 70% de la matrícula esté en el mundo privado. Esto significa que el reclamo no se remite exclusivamente a los que tradicionalmente se movilizaron. Quienes viven las condiciones más violentas son los que estudian en universidades privadas. Aquí hay un problema de fondo que no puede seguir desconociéndose y lo que pasa en la U. del Mar ayuda a resituar y a sacudir la idea de que las cosas son así nomás”, plantea Boric.
Es por esto que lo sucedido con ese plantel, ligado al tema del lucro, será una de las materias que estará en la pauta a tratar por el Confech, el 9 de junio próximo.
“El que haya democracia les echa a perder el negocio”, señala Daniela López, presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. Central, una de las primeras privadas en integrar la confederación. López señala que lo sucedido en la U. del Mar es “el ejemplo más descarnado del negocio”. Y suma quejas: “Nos encontramos con universidades-empresas y se pierde la universidad como proyecto académico serio. Por eso es relevante el tema del lucro y la propuesta de superintendencia no da el ancho para fiscalizar porque no tiene las facultades reales. No necesitamos proyectos testimoniales sino que se prohíba el lucro. Y por eso necesitamos sancionar a las instituciones”, dice, refiriéndose al proyecto del Gobierno que no habría impedido lo que sucedió con la U. del Mar.
El arrastre del lucro
Según Alberto Mayol, sociólogo y académico de la U. de Chile, el sistema educacional de nuestro país —y el modelo económico— intentan plantear casos como el de la Universidad del Mar como excepciones. “Las autoridades señalan que no tienen las herramientas para sancionar. Ambas cosas son falsas y en rigor están vinculadas. Lo que ocurre en dicha casa de estudios es lo regular, no en el sentido de no pagar las imposiciones, sino en la marca de las prioridades: utilidades versus inversión educativa. Y revela algo ya tan obvio y sabido que se nos olvida: es un negocio y cometen una ilegalidad. Y las autoridades señalan que no tienen herramientas para sancionar pues si lo hicieran, tendrían que avanzar por todo el sistema”. Es por esto que para Mayol, las enormes ganancias de algunos planteles, “entendiendo el lucro como abuso”, no es un tema secundario ni menos una queja perdida al final de las propuestas de los estudiantes. “En definitiva, el caso demuestra que el movimiento estudiantil dio en el corazón de un sistema de universidades sin educación cuando planteó el lucro. Y de seguro es una certeza que ya recorre todas las calles del país”.
Si se hiciera un resumen de lo que fue este tema el año pasado, se podría decir que fue una cadena de portazos. Los dirigentes no sólo lo dijeron cada vez que fue necesario, sino que incluso presentaron el tema ante la Contraloría para aclarar las situaciones del entonces ministro de educación Joaquín Lavín y el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet.
El ex presidente de la Feuc, Giorgio Jackson, lo resume así: “El tema no se cerró. Al comienzo el Gobierno comenzó tratando de validarlo (en su propuesta GANE). Luego de la inevitable renuncia del ministro Lavín, y el anuncio del ministro Bulnes sobre crear una Superintendencia y hacer cumplir con todo el rigor la Ley, el tema decantó un poco. Creo que las mejores posibilidades de avanzar concretamente en esta materia están en un proyecto de Ley presentado por un grupo transversal de senadores. En la discusión de ese proyecto, fuimos a exponer como Confech y creo que los argumentos ya están sobre la mesa y son de gran peso. Mi opinión es que el Gobierno, al verse en evidentes conflictos ideológicos y de interés, con esta materia, ha dilatado lo más posible esta discusión, pero la olla está reventando y una vez más se demuestra el carácter reaccionario del Ejecutivo”.
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Junio 03, 2012
Políticas educacionales de gasto y control públicos
Políticas educacionales de gasto y control públicos
En breves dos años, todo ese dogmatismo ideológico ha ido quedando atrás y una nueva concepción de políticas se abre paso en el Gobierno.
José Joaquín Brunner, El Mercurio, 3 de junio de 2012
En medio de la desordenada agenda educacional del Gobierno, nacida más bien por presión de las circunstancias que de un programa propio, es posible discernir dos ejes fundamentales. Por un lado, más dinero fiscal para subvenciones, becas y préstamos estudiantiles (+SBP). Por el otro, más control sobre los mercados educacionales mediante regulaciones, agencias e intervención pública (+RAI).
Ambos ejes -más gasto y control-otorgan a la acción gubernamental un visible sentido de continuidad con la anterior visión de políticas para el sector. Representan, al mismo tiempo, un notorio giro en la orientación del elenco gobernante.
En efecto, recuerdo cómo hace no mucho tiempo, ideólogos y técnicos de la Alianza, entonces en la oposición, criticaban cualquiera demanda por incrementar los recursos presupuestarios destinados a la educación obligatoria. Alegaban que no existía evidencia de que un gasto mayor fuese una condición para mejorar la calidad de los aprendizajes; que los aumentos previos no habían tenido impacto sobre el rendimiento escolar; que cualquier esfuerzo se vería neutralizado por la existencia del estatuto docente, y que mientras no se mejorase la gestión de las escuelas, todo peso adicional iba a fondo perdido.
Predominaba, pues, una estrecha racionalidad de eficiencia económica al momento de concebir el proceso educativo.
En cuanto a las políticas enfiladas a ampliar el radio de control público en este sector y a guiar el mercado en el caso de la educación terciaria, el rechazo era inmediato. Bajo una inspiración neoliberal extrema, se llegó a cuestionar la necesidad de un currículo nacional común.
La acreditación de universidades fue mirada inicialmente con enorme desconfianza. La exigencia de proveer información a los estudiantes y a las familias para evitar el fraude educacional -asunto cuya importancia ya había subrayado John Stuart Mill- era vista como una amenaza de indebida intervención estatal. Era la ideología de los mercados transformada en caricatura de sí misma.
En breves dos años, todo ese dogmatismo ideológico ha ido quedando atrás y una nueva concepción de políticas -favorable ahora a un mayor gasto fiscal y control público de la provisión educacional- se abre paso en el gobierno, su tecnoburocracia y partidos que lo apoyan. Fue lamentable, sin embargo, y un serio error político, su timidez a la hora de proponer aplicar un ajuste tributario en beneficio de la educación temprana y de ciclo obligatorio.
El Gobierno desperdició la mejor oportunidad que tuvo a la mano. Por cierto, en algunos círculos perduran elementos de la dogmática anterior. En los grupos más puristas y antiestatales de la Alianza hay temor frente a las superintendencias educacionales, por ejemplo. O se critica al ministro Beyer por querer endurecer la acreditación y por cerrar colegios fraudulentos.
A los grupos más conservadores, en cambio, les preocupa la decisión del gobierno de seguir ampliando el acceso a la educación terciaria, y presagian un colapso de la empleabilidad de los graduados, invocando (apenas veladamente) la necesidad de reforzar el uso de criterios de selección académica y social para frenar la masificación. Si la educación superior no garantiza un contundente premio salarial -sostienen algunos-, entonces el Estado debería dejar de gastar en discriminación positiva vía becas y créditos estudiantiles subsidiados y los jóvenes limitarse a la educación obligatoria.
En la medida en que tales posiciones puristas y conservadoras sigan siendo periféricas dentro del oficialismo, es posible mantener también la esperanza de que la oposición concertacionista (una vez disipadas sus propias confusiones) actúe constructivamente y participe con sus propias propuestas en la profundización de esas políticas de mayor gasto y control públicos. A fin de cuentas, en su mayoría se gestaron durante los gobiernos de la Concertación y sus ejes principales -+SBP y +RAI- son parte de la identidad político-cultural de la centroizquierda.
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Universidad del Mar: Falta de instrumentos adecuados de fiscalización y sanción

La crisis de la Universidad del Mar --crisis de conducción, de solidez académica, de fidelidad a su misión y estudiantes, de su compromiso con la sociedad y de sustentabilidad económico-financiera-- pone de manifiesto una crisis adicional: del aparato de Estado en este sector, el cual carece de los mecanismos e instrumentos adecuados de supervisión y sanción.
Más abajo, el Ministro de Educación reconoce este hecho.
¿Pero qué propone hacer para dotar a su secretaría de Estado y a los demás organismos públicos involucrados de las herramientas necesarias para evitar que se produzcan situaciones semejantes? Ya antes han ocurrido situaciones semejantes de crisis institucional en el ámbito de la educación terciara--por ejemplo en el caso de la UTEM y de la Universidad de la República--sin que se haya avanzando en soluciones de fondo.
Es hora de hacerlo para bien del sistema nacional de educación superior, el que se ve perjudicado en su conjunto por situaciones como las que aquí se comentan.
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Los hechos de la causa
-- Declaraciones diversas del Rector Urrutia al momento de renunciar y en días posteriores, varias fechas, Noticias de Google
-- Reportaje de CIPER, 31 de mayo de 2012
-- Información de La Segunda, 31 de mayo de 2012
-- Información de Emol, 1 de junio de 2012
-- Habla Presidente de la Junta Directiva de la UMar, 1 de junio de 2012
-- Editorial de El Mercurio, 2 de junio de 2012
-- Declaraciones del ex-Rector Urrutia, 2 de junio de 2012
-- Declaración de la Federación de Estudiantes de la UMar, 2 de junio de 2012
Ministro de Educación, Harald Beyer: "El Mineduc tiene pocas atribuciones de fiscalización
El secretario de Estado aludió al caso de la U. del Mar y subrayó que hoy el Ministerio carece de herramientas para regular financiera y académicamente a las Ues.
por Carolina Araya, La Tercera, 3 de jnunio de 2012
Una intensa agenda en una semana marcada por la educación. El ministro de la cartera, Harald Beyer, lleva varias jornadas de reuniones continuadas, sin respiro, que incluyen la asistencia al último Consejo de Rectores en Puerto Montt, en que recibió de parte de las autoridades académicas el informe comprometido sobre duración de las carreras. El, por su parte, llevó una propuesta de un nuevo modelo para establecer los aranceles de referencia. Ninguna de las partes quedó muy conforme.
Algunos rectores dicen que el nuevo sistema de medición se centra en la pertinencia económica de las carreras, dejando de lado el aspecto social.
Este es un instrumento más dentro de un conjunto amplio de instrumentos. No es aceptable que se entreguen carreras que no son pertinentes y ese es el debate al que yo quería invitar a los rectores. Ellos no se pueden escudar en que hay otros bienes importantes en la universidad, que por lo demás todos reconocemos. No pueden desconocer que ellos tienen una función y un deber con los estudiantes de entregarles un aporte que sea real.
Mañana ingresará el proyecto de ley que crea una agencia a cargo del financiamiento de la educación superior, ¿cómo funcionará?
Decidimos que la División de Educación Superior sea la que realice la oferta de créditos y becas a los estudiantes. El estudiante firma -en caso de que sea un crédito-, eso lo recibe la Tesorería (General de la República) y ésta lo administra y después lo cobra. Posteriormente, (el Ministerio de Hacienda) transfiere los recursos, vía presupuestaria, a las distintas instituciones. Lo tratamos de hacer lo más simple y menos burocrático posible. Se descontarían los recursos por planilla, el empleador tendría que retener y le pagaría a la Tesorería, como le paga los impuestos.
Y ¿cuánto será el costo para el Estado?
Como este es un crédito nuevo, al principio hay sólo desembolso, porque nadie está pagando. El monto máximo de desembolso va a depender de cómo evolucione la matrícula y la demanda por este crédito. Nosotros vemos ahí distintos escenarios, pero no pensamos que sea mayor a los US$ 600 millones (300 mil millones de pesos). Ahora nosotros ya estamos desembolsando muchos recursos por esta vía, por el Fondo Solidario, por el Crédito con Aval del Estado (CAE), que es la recompra, entonces los adicionales tampoco son demasiados. Luego, en la medida que empecemos a cobrar relativamente bien -en un plazo de cinco años- esperamos que el costo a largo plazo sea mucho más bajo, que no supere los 100 millones de dólares.
Rectores de las Ues. tradicionales señalan que mientras no cambien los estándares de calidad, debieran seguir dos sistemas de créditos.
Eso es lo que dicen algunos de los rectores, pero el tipo de requerimiento que ellos tienen, por lo menos lo que alcancé a ver en el documento (sobre financiamiento que iba a recibir en Puerto Montt, pero que por falta de consenso no fue entregado), son cosas que a mí no me hacen mucho sentido. Por ejemplo, uno de estos es que hubiese triestamentalidad (participación de funcionarios, académicos y estudiantes) en los gobiernos superiores en las universidades. Ese es un modelo que va en retirada en el mundo ¿por qué querría tener un modelo de esas características y justificar el financiamiento? (... )A mí me pareció que era un requisito no ha lugar.
¿Si hubiera estado operando la Superintendencia de Educación Superior, se habría podido evitar lo que ocurrió con la U. del Mar?
Lo que busca la superintendencia es tener una mayor capacidad de control de las instituciones en términos de sus decisiones financieras y académicas, y eso es lo que nosotros creemos que hoy día es débil en términos regulatorios. Por eso es que este proyecto apunta en esa dirección y el caso de la U. del Mar tal vez grafica esa debilidad. El Mineduc tiene pocas atribuciones de fiscalización en esta materia, y actúa en función de las acusaciones que le llegan. De hecho, en el caso concreto de la U. del Mar ya estábamos actuando, porque habíamos recibido denuncias de una sede de Copiapó, respecto del incumplimiento de los programas educacionales ofrecidos, y también respecto de los pagos salariales. Estábamos trabajando con el Consejo Nacional de Educación para ver cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir y cuáles son las sanciones que se pueden establecer.
Según su apreciación en este caso, ¿existe lucro?
No sabemos si ese arriendo que se paga es arriendo de mercado o no. Lo fundamental aquí no es eso, lo fundamental aquí es la poca preocupación que ha tenido la universidad por entregar los programas comprometidos. Si uno quiere calidad en el sistema de educación superior, lo que tiene que hacer es asegurar que los programas que la institución ofrece cumplan con las expectativas de los estudiantes y en este caso eso no se está cumpliendo, porque independientemente de estas transacciones, lo que está ocurriendo es que no se les está pagando a los profesores y no se están cumpliendo los programas que se les ofrecieron.
¿Hay disposición del gobierno a reunirse con la Confech?
Estoy abierto al diálogo sobre la base de que tengamos algo de que hablar. Hasta ahora ellos no han hecho un planteamiento en esa materia y no están interesados en dialogar. Bueno, es razonable, porque yo creo que la Confech todavía no tiene una postura clara respecto de cuál es su agenda y qué es lo que les gustaría. Una cosa son las peticiones y claramente estamos muy alejados. No somos partidarios de la gratuidad y, por lo tanto, si el diálogo se va a dar en esos términos no vamos a tener diálogo. Ahora, si de alguna forma se abre el espacio, yo voy a estar disponible y supongo que ellos también.
La Confech se mostró partidaria de incluir el ranking de notas en el sistema de admisión, ¿Le parece?
La decisión recae en los rectores, son ellos los dueños de la PSU, son ellos los dueños del sistema de admisión. Si ellos deciden incorporar el ranking, a mí me parece razonable. Respecto de incorporar esta herramienta para entregar el Aporte Fiscal Indirecto (que se le otorga a los 27.500 mejores puntajes ponderados entre las pruebas de Lenguage y Matemáticas), estamos disponibles.
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Tomas tras denuncias de ex rector: Apoyan intervención a la Universidad del Mar
Pero comunidad universitaria pide que no se revoque su reconocimiento.
MAURICIO SILVA, El Mercurio, 3 de junio de 2012
Con las tomas de las sedes ya paralizadas que la institución tiene a lo largo del país, los estudiantes de la U. del Mar buscan radicalizar su movilización para exigir que el plantel sea intervenido por una corporación sin fines de lucro externa, que reoriente su gestión administrativa a los objetivos de calidad de la educación y no al lucro de su junta directiva.
Así lo planteó el presidente de la confederación de estudiantes de la universidad, Alejandro Silva, quien aseguró que del total de 12 sedes, ya están en toma las de Arica, Iquique, Calama y Punta Arenas, a las que se sumarán el martes las de Antofagasta, Copiapó y La Serena.
Los dirigentes esperan reunirse el lunes con el ministro de Educación, Harald Beyer, quien anunció que ese día se iniciará una auditoría académica y financiera al plantel, en el que se forman 18 mil alumnos en todo el país, que definirá su futuro. El secretario de Estado no descartó que sus resultados obliguen a revocar su reconocimiento oficial.
Silva dijo que la carta de renuncia del rector Raúl Urrutia revela "que hay malversación de fondos en la junta directiva", lo que ha concitado consenso con los estamentos de académicos y administrativos para apoyar la decisión del Ministerio de Educación de intervenir el plantel. Pero no a la idea de quitarle el reconocimiento oficial, que perjudicaría a los alumnos.
El presidente del sindicato de trabajadores de la sede La Serena, César Guisado, aseveró que otras universidades privadas "funcionan igual y hacen lo mismo. No es algo exclusivo de la U. del Mar. Cuando el ministro plantea que va a hacer una auditoría y que le puede quitar el reconocimiento, debería hacer lo mismo con las demás".
El conflicto lo desató la renuncia del rector Raúl Urrutia, quien denunció presiones de los controladores del plantel para privilegiar el pago a las inmobiliarias ligadas a la junta directiva por sobre sueldos y cotizaciones de funcionarios.
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SINDICATO
El presidente del sindicato dijo que habían denunciado en diciembre la situación de la U. del Mar en una querella criminal por apropiación indebida de las imposiciones de 2011.
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Junio 02, 2012
Aranceles de referencia: enunciados iniciales y críticas
En medio de una agenda de asuntos, iniciativas y enunciados que no deja de crecer, el Ministro de Educación formuló en estos días una primera aproximación a la nueva fórmula de cálculo de los aranceles de referencia. Como ya es costumbre, no hay un documento público que acompañe la propuesta ministerial. Esta vez, ni siquiera una presentación en power Point. A continuación el comunicado oficial del Ministerio y las primeras reacciones de algunos Rectores del CRUCH.
Ministro Beyer expone a rectores del Cruch propuesta sobre aranceles de referencia, centrada en los estudiantes
MINEDUC, comunicado oficial, 31 de mayo de 2012
La propuesta, presentada en Puerto Montt, pone por primera vez a los estudiantes que ingresarán a la Educación Superior en el centro, ya que transparenta el sistema y termina con las falsas expectativas.
El ministro Beyer propuso incluir en el cálculo del arancel de referencia, variables como: tasa de deserción, duración de la carrera, ingresos esperados ajustados a su empleabilidad y la composición socioeconómica de los egresados.
El ministro Harald Beyer, presentó la propuesta para establecer los nuevos aranceles de referencia a los rectores de las universidades del Cruch en Puerto Montt, enfatizando que las variables estén centradas en los beneficios de quienes ingresarán a la Educación Superior. Con ello, se busca un sistema más transparente, que no cree falsas expectativas, y que le entregue a los estudiantes una guía para elegir carreras universitarias o técnicas, que les permitan tener buenas perspectivas laborares y de desarrollo en el futuro.
“Este arancel de referencia es una guía para los estudiantes y las instituciones, para que reconozcan cuál es el valor que la institución y la carrera que elijan les aporta realmente” explicó el ministro Beyer.
La metodología actual de cálculo del arancel de referencia consiste en determinar la cantidad de programas de grado único, distinguiendo por nombre, campus de instrucción, tipo de instrucción (por ejemplo diurna, vespertina o a distancia) y versión de grado (esta es una categoría residual que, por ejemplo, distingue programas según su duración).Con la propuesta presentada hoy, se incluirían también las siguientes variables: tasa de deserción, duración de la carrera, ingresos esperados ajustados a su empleabilidad y la composición socioeconómica de los egresados. Con respecto a las nuevas variables, el ministro agregó “Esto permitirá que el valor que reciben los alumnos por estudiar sea comparable con los costos que esa disciplina les significa”.
Este anuncio muestra la clara intención del Ministerio de generar propuestas concretas que van en directo beneficios de los estudiantes. “Queremos que los estudiantes sepan que carreras no les dan buenas perspectivas a nuestros estudiantes, ya los jóvenes y sus familias se sacrifican y se endeudan, porque se crean falsas expectativas”, según explicó el secretario de Estado.
A su vez, en la reunión de hoy, el Cruch le presentó al ministro su respuesta ante la propuesta de acortar el tiempo de duración de las carreras, ya que nuestro país es uno de los que cuenta con los más altos aranceles reales en la Educación Superior y con las carreras más largas.
“Lo que tuvimos con el Cruch fue un intercambio de documentos. Me hicieron llegar la propuesta sobre acortamiento de carreras. Frente a esto nosotros vamos a hacer nuestro planteamiento y avanzar rápido en esa materia, ya que queremos que las carreras sean más breves, para que así los estudiantes se titulen rápido y no seguir afectando los bolsillos de las familias”, explicó el ministro de Educación.
Rectores critican modelo de cálculo de aranceles de referencia
En una “primera mirada” al texto dicen que el planteamiento es “economicista”.
por Carolina Araya, La Tercera, 2 de junio de 2012
Aún no han podido realizar un análisis más detallado acerca del documento que les entregó el jueves el ministro de Educación , Harald Beyer, en el Consejo de Rectores realizado en Puerto Montt. Sin embargo, las autoridades académicas de las universidades tradicionales del país ya tienen una primera mirada acerca de la propuesta del gobierno, que implica cambiar el modelo actual que determina los aranceles de referencia.
Según lo planteado por Beyer, en esta nueva fórmula se considerará la composición socioeconómica de los estudiantes, los ingresos esperados, la deserción, la duración de las carreras, la empleabilidad y la cantidad de años del pago del crédito. Estos factores, entre otros, ayudarían a determinar el arancel de referencia que, finalmente, es el que cubre el Estado a través de becas y créditos.
Para los rectores, la propuesta es economicista. “En una primera mirada, considero que el planteamiento del gobierno es economicista. Está bien que el Mineduc quiera establecer qué carreras son pertinentes, pero no sólo se puede ver esto en lo económico. También hay que ver si son pertinentes en lo social”, dijo el rector de la U. de Santiago y vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, quien agregó que “atenta un poco contra la formación integral”.
Según el rector de la U. de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Aldo Valle, este nuevo modelo “va a menoscabar la autonomía de las universidades. Se trata de un instrumento de fijación de precios que va a tener un impacto en el quehacer de los planteles”, dijo. Esto, debido a que, para Valle, las variables consideradas en la medición sólo van a reflejar “los comportamientos de un mercado segregador”.
“No es lo mismo la deserción que hay en universidades regionales que en la capital, porque son otros los tipos de estudiantes que recibimos y otras razones las que provocan la deserción. No es lo mismo el nivel de empleabilidad en regiones ni el sueldo que los estudiantes reciben y, por lo tanto, esos son factores que deben ser considerados”, dice Valle, señalando que la fórmula planteada por el Mineduc va a establecer un sistema en el que no se consideran las diferencias geográficas, que determinan, en gran medida, algunos factores en la educación superior que sí estarían incluidos en el nuevo sistema de medición.
En esto concuerda el rector de la U. del Bío-Bío, Héctor Gaete. “No he podido ver en detalle la propuesta, sin embargo, tengo algunos reparos que los presentaré en la próxima reunión con el ministro”, dijo, y agregó que “no está la variable territorial ahí incluida. No es lo mismo educar a alguien en Punta Arenas o en Arica, que genera costos adicionales”.
Dentro del documento que presentó ayer Beyer se explica que la idea es poner en el centro a los estudiantes y que frente a las carreras de alta valoración social, éstas se subsidiarán a través de becas o financiamiento institucional. “Nos quedan muchas dudas en ese sentido, ya que no sabemos cuáles carreras van a ser consideradas dentro de este grupo. Para una universidad católica, Teología podría tener alta valoración social”, señala Zolezzi.
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Gobierno propuso dos fórmulas de cálculo a los rectores
Educación prevé que nuevos aranceles de referencia estén operando en el año 2014
Los reformulados montos, que son fundamentales para la entrega de becas y créditos, estarían completamente instalados a finales de la década.
Alejandra Muñoz C., El Mercurio, 2 de junio de 2012
Recién en el año 2014 comenzarían a funcionar los nuevos aranceles de referencia, monto a partir del cual el Estado entrega becas y créditos a los estudiantes de educación superior. Y como su instalación será paulatina, se estima que sólo en 2020 estarán completamente vigentes en el país.
Así lo explica el jefe de Educación Superior del Mineduc, Juan José Ugarte, quien agrega que las dos fórmulas de cálculo de los nuevos montos referenciales -entregadas el jueves al Consejo de Rectores- tienen como fin abrir el debate en torno al tema para elaborar una política consensuada.
"Esperamos que esto sea ampliamente debatido por todos los actores del sistema. Aspiramos a tener un diseño avanzado alrededor de septiembre. Hemos abierto el debate con los planteles tradicionales, lo vamos a hacer con las privadas, centros técnicos, institutos profesionales y centros de estudio, porque queremos que esto quede definido como una política de Estado", dijo Ugarte.
Las fórmulas
Según la autoridad del Mineduc, las dos fórmulas de cálculo propuestas a los rectores tienen un mismo espíritu, "que es rescatar el valor agregado de la educación superior, para traducirlo en el nivel de los aranceles que el Estado provee a las instituciones".
La primera metodología -explica Juan José Ugarte- trae al valor presente la renta futura de todos los egresados de una carrera e institución. A lo anterior se le descuenta el salario mínimo y eso se traduce en el arancel de referencia para ese programa.
"En el segundo caso, se calcula el valor alternativo; es decir, qué significa para una persona el estudiar o no estudiar, en términos de valor agregado", dice Ugarte.
En ambos casos, las fórmulas se ajustarán a partir del estrato socioeconómico de los estudiantes y los niveles de eficiencia de las instituciones, definidos por los niveles de deserción y por la titulación efectiva de los alumnos.
"Va a tener mejor arancel una institución con alto nivel de movilidad social, que retiene a los estudiantes y los titula de manera oportuna y que tiene un alto nivel de eficiencia en sus procesos", afirma Ugarte.
Una vez que estén definidos los nuevos aranceles de referencia, se compararán con los montos reales que cobran las instituciones y con los actuales montos referenciales.
En los casos en que el nuevo arancel referencial sea menor al que hoy rige, este último se congelará en el tiempo, hasta que ambas cifras converjan. Si el valor referencial es más alto que el real, será este último el que regirá.
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Junio 01, 2012
Aporte al debate sobre el acortamiento de carreras universitarias
De acuerdo a la información de prensa (ver más abajo), las universidades agrupadas en el CRUCH habrían propuesto ayer al Ministro de Educación una serie de medidas para acortar la duración real y formal de las carreras que imparten. El documento que contiene la propuesta no aparece sin embargo --hasta hoy (11:00 am)-- en la página del CRUCH.
¿Qué pensar de las medidas propuestas? A continuación algunas reflexiones iniciales.
1. Las medidas enunciadas por el CRUCH sólo representan a una parte menor de la provisión de educación terciaria que existe en el país: un 29% el año 2011, según la información proporcionada por el SIES. Es un error que compromete tanto al CRUCH como al Ministro de Educación el insistir en "encajonar" la delibreción pública dentro de límtes tan estrechos, excluyendo a las instituciones que proveen más del 70% de las plazas de estudio.
2. El debate en sí está mal planteado, pues no se ha explicitado un marco de objetivos de política dentro del cual poder evaluar propuestas sobre acortamiento o alargamiento de carreras. ¿Qué se busca? ¿Reducir el costo de las carreras para los estudiantes y sus familias y/o para reducir el subsidio del Estado vía becas y créditos? ¿O mejorar la calidad de la enseñanza? ¿O incrementar el acceso y crear mayores portunidades en una perspectiva de equidad? ¿O bien producir una modificación en la aqruitectura curricualr y de grados y títulos? ¿O mejor la empleabilidad de la oferta de personal calificado en el mercado laboral? ¿O adoptar estándares de duración de un primer grado (o título) acordes con la mayoría de los países de la OCDE? ¿La intención es abarcar todas las carreras, solo las carreas universitarias, también los programas vocacionales (Tipo 5B del CINE 1997), en cualquier área del conocimiebto o sólo en algunas? ¿Se desea combinar algunos de estos objetivos entre sí, cuáles y cómo? Mientras estas cuestiones de fondo no se aclaren, el debate será artificial, superficial y no conducente.
3. El gobierno debería explicitar cuáles son sus objetivos y, en función de ellos, como suele hacerse en el caso del Reino Unido y otros países --que el Ministro Bayer bien conoce-- consultar a las instituciones de educación superior individualmente en una primera ronda del proceso, pues las diferencias entre ellas son tan significativas como para ameritar respuestas también diferenciadas y no solo la voz de entidades gremial-corporativas, que podrían ser consultadas en un segundo momento.
4. En cuanto a las propuestas del CRUCH para el acortamiento real de las carreras, que es lo que interesa e imporat, cabe señalar lo siguiente:
a. Se propone crear un programa integrado de nivelación de competencias básicas: en la práctica, podría entenderse que las universidades CRUCH proponen una fase o ciclo de nivelación para alumnos con diversas trayectorias formativas que sería el mismo en las diversas instituciones y podría durar entre 1 y 4 semestres. ¡Esto terminaría alargando los programas de estudio! Tampoco resulta claro por qué la nivelación habría de ser un ciclo integrado o único, cuando la demanda estudiantil y la oferta por parte de las instituciones son tan variadas. Ni es claro a quien correspondería ofrecer este ciclo: ¿A la enseñanza secundaria, mediante un año agregado a los cuatro actuales? ¿Para todos sus estudiantes por igual, alumnos secundarios de la enseñanza científico humanista y técnico profesional? ¿A un nuevo, cuarto tipo, de instituciones de educación postsecundaria? ¿A los CFT, IP y las universidades? ¿A todas ellas, independiente de su misión y niveles de selectividad? Resulta evidente que estas interrogantes no pueden responderse al margen de un debate serio sobre la reforma de la enseñanza sceundaria y las modalidades de admisión a la enseñanza terciaria.
b. Se sugiere establecer un sistema de créditos transferibles y, para ello, se reclama mayor financiameinto del Estado. Hace por lo menos 20 años que se viene hablando de la necesidad de flexibilizar el régimen curricular, basándolo en créditos de aprendizaje, medida que debería ser adoptada por las propias instituciones mediante un amplio acuerdo que debe incluirlas a todas. Solo de esta forma podría lograrse una mayor movilidad horizontal y vertical de los estduiantes. Sin embargo, hasta el momento los avances son parciales y más bien escasos, sin que se haya creado un régimen de créditos transparente y universal para el sistema nacional de educación superior.
c. Se propone una formalización de la certificación gradual, para lo cual se necesitaría introducir gradualmente “un mecanismo discreto para el reconocimiento de los logros alcanzados por los estudiantes”, haciéndolo acumulable y reconocible. La cuestión central no aparece respondida, sin embargo: ¿qué valor reconocerá el mercado laboral a los grados intermedios? Tampoco se abordan las preguntas anexas: ¿Qué reformas curriculares deberán hacerse para asegurar empleabilidad a esos grados intermedios? ¿Quedaría esto entregado a cada institución o habría una reforma de alcance-sistema o de sus tres niveles institucionales verticales? ¿Como se ajustarían los vínculos entre el pregrado y el posgrado bajo estas nuevas formas de articulación?
d. Se propone revisar aspectos administrativos y curriculares que demoran la titulación sin aportar aprendizajes. Preguntas: ¿Cuáles y cuántos son esos aspectos? ¿Por qué no se han abordado desde ya? ¿Qué obstáculos hay que remover? ¿Cuál es el diagnóstico universidad por universidad en estas materias de excesivo burocratismo o mal diseño organizacional
e. Completamente ausente de la propuesta parece estar el tema de la relación entre eficiencia interna de las instituciones (en términos de retención y graduación oportuna) y financiamiento estatal, cuestión que la literatura y la experiencia internacionales muestran resulta crucial al momento del diseño de políticas. Varios países vinculan, con éxito y positivo impacto, parte del financiamiento público de las instituciones de educación superior con la duración real de los estudios, ya sea incidiendo sobre los años de duración de las becas (Holanda) o sobre el número de créditos de aprendizaje aprobados válidamente por los estudiantes (Dinamarca). Medidas de este tipo han evidenciado ser las más efectivas.
En suma, un debate mal planteado, sin objetivos, limitado en su representatividad y alcance, y con medidas escasamente innovativas y poco promisorias.
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Plan del Cruch para acortar carreras propone nivelación y grados académicos intermedios
El documento entregado ayer al ministro de Educación en Puerto Montt plantea nueve medidas
por Carolina Araya A., La Tercera, 1 de junio de 2012
Ayer se cumplieron los dos meses de plazo que dio el ministro de Educación, Harald Beyer, a los rectores para presentar un informe que explicara la razón de la extensa duración de las carreras universitarias en Chile y que superan en dos años promedio a la de países de la Ocde. Sin embargo, además del diagnóstico, las autoridades académicas incluyeron en el documento de 67 páginas propuestas que permitirían aumentar la eficiencia y optimizar los procesos de titulación actuales y además comprometerse a estudiar un conjunto de medidas que permitirían acortar el tiempo formal de los programas académicos. Esto, siempre y cuando exista un compromiso del Estado a una regulación de la educación superior, en que además se realice una revisión del financiamiento institucional y estudiantil.
La propuesta señala que es necesario establecer un calendario de trabajo con el Mineduc durante cinco años, en el que en los primeros se establezca un plan de trabajo para abordar el problema, se realicen estudios de profundización y caracterización de las universidades y una revisión de los aspectos curriculares y administrativos.
Acortamiento real de las carreras:
1 Nivelación de competencias básicas: una vez que el alumno haya ingresado a la institución, se plantea establecer un programa integrado de nivelación, donde se realice un seguimiento y un reporte oportuno del estudiante. Esto, porque en varias universidades las carreras toman tres a cuatro semestres en equiparar el nivel académico de los estudiantes.
2 Sistema de créditos transferibles: “Se basa en considerar la carga académica de los estudiantes y hacerlas equivalentes para el conjunto de las instituciones con el objetivo de promover el reconocimiento académico, la movilidad estudiantil”, dice el texto. Según el informe, esta medida ya fue adoptada por las universidades tradicionales; sin embargo, ha sido financiada mediante fondos concursables. Para que se establezca como política institucional, el Cruch señala que es necesario que exista un financiamiento permanente.
3 Formalización de la certificación gradual: según el documento, para acortar el tiempo que toma titularse es necesario “revertir el esquema de todo o nada”, en que todo es estar titulado y nada es sólo tener enseñanza media a pesar de haber pasado por la universidad. Esto implicaría introducir gradualmente “un mecanismo discreto para el reconocimiento de los logros alcanzados por los estudiantes”, haciéndolo acumulable y reconocible.
4 Fortalecimiento de la movilidad estudiantil: el informe plantea que establecer un mecanismo que facilite la movilidad estudiantil dentro de una institución o incluso entre instituciones del Cruch permitiría “abordar la deserción y demora en la titulación por búsqueda vocacional”. Por eso se propone la creación de una Unidad en el Consejo de Rectores que cumpla este rol.
5 Revisión de aspectos administrativos y curriculares: se establece que hay todavía procesos administrativos “prescindibles” que demoran la titulación sin aportar aprendizajes.
Acortamiento formal de las carreras.
1 Nivelación de competencias: se propone establecer un “programa de nivelación de competencias previo al inicio de la carrera”. Esto significaría realizar un diagnóstico al estudiante. Si no está suficientemente preparado para ingresar a la institución, porque tiene deficiencias en su formación secundaria, tendría que realizar un programa de uno o dos años que le permita mejorar su formación.
2 Formación continua: se plantea que debe existir un aumento en la cobertura del financiamiento hacia postgrados que permita que el alumno siga con los estudios de manera más rápida y continua.
3 Marco regulatorio: que exista un mecanismo que permita regular el sistema para transparentar y legitimar los títulos y grados que se entregan independiente de la institución.
4 Habilitaciones profesionales y modificaciones legales: diversos organismos del sistema de administración pública o municipal realizan especificaciones en la cantidad de semestres cursados por los estudiantes para postular a un trabajo. Por lo general, se plantea entre 8 y 10 semestres universitarios como requerimiento.
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Inclusión del ranking de egreso del colegio y fecha de la PSU 2012 al proceso de selección se definirán en 10 días: Consejo de Rectores propone cronograma de cinco años para acortar carreras universitarias
Los planteles presentaron agendas de corto y largo plazo. El ministro Harald Beyer afirmó que el planteamiento no lo deja contento.
Alejandra Muñoz, El Mercurio, 1 de junio de 2012
Dos caminos para conseguir que los estudiantes tarden menos años en conseguir un título universitario presentó ayer el Consejo de Rectores (CRUCh) al Ministerio de Educación.
El análisis de los planteles tradicionales -solicitado por el ministro Harald Beyer hace dos meses- considera una agenda de corto plazo, en la que se comprometen a reducir las tasas de deserción y acercar los plazos de titulación efectivos a los tiempos previstos. En el largo plazo, propone un cronograma de cinco años para abreviar la duración formal de los programas de estudio.
Para el corto plazo, los rectores plantean que se requiere establecer sistemas integrados de nivelación de estudiantes (hoy cada universidad tiene programas independientes), avanzar en el sistema de créditos transferibles que permiten más movilidad entre planteles, organizar las carreras en ciclos que permitan obtener grados intermedios y revisar trabas curriculares y administrativas.
El documento plantea que "la implementación estable de las acciones de intervención para mejorar la titulación oportuna requiere de igual estabilidad de financiamiento. Resolverlo exclusivamente por la vía de fondos concursables mantiene estas acciones como experiencias piloto".
A largo plazo, la idea es abordar aspectos como el perfil de egreso de los estudiantes de la enseñanza media y se especifiquen temas como la formación continua de los profesionales y el tipo de formación que se quiere entregar (grados académicos o títulos profesionales habilitantes para el mundo laboral).
El cronograma de cinco años plantea que en los dos primeros el CRUCh y el Mineduc diseñen un plan de trabajo, hagan estudios sobre el tema y revisen aspectos administrativos y curriculares.
Al tercer año debería estar funcionando un sistema integrado de nivelación de competencias de los estudiantes y, al quinto, formación continua con posgrados amplios y financiamiento.
En forma paralela, el Mineduc debería preocuparse de mejorar el perfil de egreso de los alumnos de enseñanza media. "No es sólo un problema de colegios buenos o malos, sino de que los mismos contenidos de las mallas curriculares de la educación media no tienen las materias que son necesarias en la universidad; por ejemplo, un estudiante que va a ingeniería no sabe integrar, no sabe derivar, eso nunca se lo van a pasar en el colegio", dijo el vicepresidente del CRUCh y rector de la Usach, Juan Zolezzi.
La autoridad académica añadió que desde 2005 las universidades tradicionales han reducido en 10% las brechas entre duración real y teórica de las carreras, lo que implicó un ahorro de $300 mil millones para el país.
Aunque no quiso pronunciarse en profundidad sobre la propuesta, el ministro Harald Beyer afirmó que "no me dejó muy contento". Ello porque no le parece evidente que se requiera de un cronograma y más fondos para avanzar en la reducción de las carreras.
Además de oír a los rectores, el ministro les expuso, en Puerto Montt, su propuesta de fórmula de cálculo de los nuevos aranceles de referencia, que fija el valor máximo que cubrirán las becas y créditos estatales para cada carrera.
La nueva fórmula incorpora aspectos como los ingresos promedio de los egresados de los últimos cinco años, tasa de deserción, duración promedio y composición socioeconómica de los estudiantes de las carreras. Sobre este último punto, el ministro afirmó que la idea es que "en caso de que el nivel socioeconómico de los alumnos de un plantel sea muy bajo, sube el arancel de referencia y si la composición socioeconómica es muy alta, con jóvenes que vienen de hogares acomodados, baja".
Según el Mineduc, su propuesta tendrá efectos positivos: instará a los planteles a mejorar las habilidades de sus egresados, bajar las tasas de deserción y reducir la duración de las carreras.
El cambio de los actuales aranceles de referencia a los propuestos por el ministerio se realizaría en forma gradual. El rector Zolezzi afirmó que analizarán el documento presentado por el ministro y que pedirán simulaciones sobre programas concretos, para ver cómo funciona la fórmula ministerial en la práctica.
Ranking y PSU se definirán en sesión extraordinaria
En la reunión de ayer, el Consejo de Rectores analizó la posibilidad de incorporar el ranking de egreso del colegio del estudiante como factor en el proceso de admisión 2013.
Como algunas universidades regionales pidieron más plazo para analizar la idea, se acordó realizar un encuentro extraordinario dentro de 10 días, donde se zanjaría el tema.
"Algunos rectores quieren ver simulaciones. La idea es ver cómo se redistribuyen los estudiantes del año pasado o del antepasado si incorporamos el ranking y le damos una ponderación del 5%, 10% o 12%", explicó el rector Zolezzi.
El rector de la UC y presidente del grupo de planteles no estatales del CRUCh (G-9), Ignacio Sánchez, se mostró satisfecho con la buena disposición para incorporar esta variable. "Está claro que es un tema importante. Diría que está la voluntad de todos de hacer los mayores esfuerzos para, solucionando las dudas que existen, poder aprobarlo e implementarlo en el próximo proceso de selección", dijo el rector de la UC.
Otro tema pendiente es la fecha de la PSU: ayer se plantearon como alternativas la última semana de noviembre y la primera de diciembre. El tema se zanjará en la misma sesión extraordinaria.
Además, los rectores se reunieron ayer con dirigentes de la Confech, quienes también abogaron por incluir el ranking .
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Rectores entregan propuesta sobre acortamiento de carreras y plantean reducir deserción
El Consejo de Rectores, reunido en Puerto Montt, dio a conocer el informe que les pidió el ministro Harald Beyer sobre la duración de las carreras de pregrado. Titular de Educación, por su parte, les presentó una formula que permite conocer el valor esperado que va a tener el estudiante como pago futuro de la carrera y lo que significa el valor que la carrera le va a aportar a él.
Jueves 31 de mayo de 2012| por Nación.cl
En el Centro de Eventos del Hotel Gran Pacífico, en Puerto Montt, se realizó este jueves la tradicional asamblea de fin de mes del Consejo de Rectores (CRUCH) - reúne a los 25 rectores de las universidades públicas y tradicionales- a la que asistió el ministro Harald Beyer.
En la jornada el vicepresidente ejecutivo del Consejo y rector de la USACH, Juan Manuel Zolezzi, explicó los detalles del informe que prepararon los jefes de las casas de estudios superiores sobre la duración de las carreras de pregrado, tarea que les había impuesto a fines de marzo el titular de Educación.
Beyer, por su parte, les detalló la propuesta para un nuevo sistema de aranceles de referencia.
LÍNEAS DE TRABAJO
En relación al informe sobre la duración de las carreras, el CRUCH planteó dos líneas de trabajo: una que tiene que ver con profundizar la titulación oportuna concentrándose en la disminución de la deserción y otra línea, que se relaciona con comprometerse con el Mineduc en converger en una línea de acortamiento que permitiría que en algunas carreras se pudiera llegar a los estándares que están establecidos en los países de la OCDE.
El Consejo planteó un itinerario de 5 años para cumplir con la propuesta de acortamiento de carreras y en su estudio señaló que es fundamental hacer la distinción de que en algunos países se habla de carreras más cortas pero no se habla de carreras sino de grados que es muy distinto a entregar una carrera que otorgue un título profesional habilitante donde la persona sale directamente al trabajo y no tiene que seguir estudiando.
En este punto, Zolezzi agregó que “no necesariamente se podría reducir la duración del tiempo en todas las carreras, pues depende si lo que queremos es que la persona termine con un título habilitante profesionalmente o que termine con un grado académico y tenga que seguir estudiando”.
Harald Beyer dijo que el ministerio quería tener resultados rápidos en esta materia porque resulta algo de primera necesidad para la familia chilena.
“Queremos avanzar rápido en esa materia, en plazos prudentes, pero queremos tener carreras más breves, que los estudiantes se titulen en forma oportuna, que las carreras no sean prolongadas porque eso afecta sus bolsillos, los de su familia y eventualmente al Estado cuando apoya a los estudiantes”, explicó.
ARANCELES DE REFERENCIA
En cuanto a los aranceles de referencia el ministro presentó una formula que permite conocer el valor esperado que va a tener el estudiante como pago futuro de la carrera y lo que significa el valor que la carrera le va a aportar a él.
Beyer señaló que el objetivo de los aranceles de referencia es regular la pertinencia de las carreras a lo que el rector Zolezzi señaló que es “un tema que preocupa pero que no es válido para todas las carreras”.
Juan Manuel Zolezzi indicó va a “analizar las simulaciones que ha hecho el ministerio, vamos a pedirlas si es que las hay sino vamos a tener que hacerlas nosotros mismos. El ministro dijo que no había un gran apuro sobre este tema, estaba interesado en que se avanzara pero no necesariamente tenía una urgencia inmediata”
En el tema de la Superintendencia, el rector Zolezzi señaló que el proyecto no responde a lo que fue en un momento la aspiración de regular el tema del lucro. “Pensamos que el tema de la calidad debió haber quedado incluido y dado que el proyecto no se ha aprobado, una posibilidad concreta es la de mejorarlo”.
Espacio para acortar las carreras universitarias
Ricardo Paredes, Profesor Escuela Ingeniería UC y ex presidente Comisión de Expertos en Educación del Mineduc
La Tercera, 1 de junio de 2012
EL ALTO costo en el que incurren las familias cuando sus hijos asisten a la universidad obedece en gran parte a la excesiva extensión de los estudios universitarios en Chile. El ministro de Educación ha planteado la necesidad de reducir la duración de las carreras como una forma de reducir este costo, para lo cual solicitó al Consejo de Rectores un informe con propuestas al respecto, documento que le fue entregado ayer.
Si bien las particularidades de cada caso sugieren avanzar con cautela, existe espacio para tomar la petición por parte de las universidades, particularmente las que han liderado el diseño curricular. Para ello es necesario introducir elementos de gestión e incentivos a los alumnos para que terminen sus carreras en los tiempos que teóricamente debieran hacerlo, lo que sin cambios curriculares reduciría la extensión y el costo de la demora.
Es que la varianza de excesos de duración entre carreras es síntoma de que hay espacios para la acción. Según datos del Mineduc, las carreras de agronomía, derecho, ingeniería forestal y medicina veterinaria tienen duraciones reales que exceden el 60% de la duración teórica. Por otra parte, educación, odontología y medicina tienen excesos que no superan el 18%, lo que en parte obedece a los requerimientos legales de tener títulos para la habilitación profesional en este grupo de carreras.
Si las diferencias en los excesos de duración obedecen a los requerimientos legales, es evidente que los requerimientos de habilitación generados no por la ley, sino por las demandas productivas son menores a los que en promedio las universidades determinan en sus currículos. En otras palabras, es posible que el mercado no reconozca como productiva ni habilitadoras las materias o los requisitos que explican parte de la duración de un conjunto de carreras y que, consecuentemente, los estudiantes, sin necesidad de título, ya puedan conseguir trabajos.
Pero aunque hay espacio para reducir la duración por efecto de graduación oportuna (gestión) y curricular, se requiere enorme prudencia. Un currículo que formalmente extiende carreras puede deberse a la necesidad de reforzar o crear una base de conocimiento mínimo que el sistema escolar no entrega, lo que pudiera ser cierto en universidades que reciben alumnos con formación precaria. En este caso el currículo no debiera ser el mismo entre universidades. Alumnos con formación más precaria no requerirían de la misma manera reforzar o crear conocimientos como sí lo requerirían universidades que reciben alumnos con bases más precarias. De ser esa la razón, el currículo formal debiera tener una estructura diferenciada entre universidades. Incluso, la necesidad de reforzamiento o de creación de habilidades básicas pudiera proveerse a un nivel no universitario.
Otra razón que pudiera estar detrás de un mal diseño curricular es el proceso de elaboración y actualización curricular. El puede darse en contextos de capturas de grupos de académicos, que en el diseño y actualización curricular velan por sus nichos e impiden una modernización curricular. De ser éste el caso, los cambios que emerjan de los propios académicos sin directrices serán poco relevantes.
Posted by jjbrunner at 10:10 AM | Comments (0) | TrackBack